Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar parcialmente la Resolución N° 73/2014 (DV RRTU) de conformidad con lo resuelto en el Considerando V.
2Confirmar parcialmente la Resolución N° 73/2014 (DV RRTU) de acuerdo al argumento vertido en el Considerando VI.
3Las costas se imponen en orden a sus respectivos vencimientos.
4Ordenar a la AFIP-DGI para que en el término de treinta (30) días practique la reliquidación de la Resolución N° 73/2014 (cfr. Considerandos V y VI). A tal fin quedan los antecedentes administrativos, por igual término, para ser retirados en la Mesa de Entradas de este Tribunal.
5Diferir la regulación de honorarios de los profesionales actuantes en la causa, hasta tanto se apruebe la liquidación ordenada precedentemente.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2023-45820283-APN-VOCIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 24 de Abril de 2023 En la Ciudad de Buenos Aires, en el día de la fecha, se reúnen los miembros de la Sala “A” Dres. Pablo Alejandro Porporatto (Vocal subrogante de la 3° Nominación), Agustina O´Donnell (Vocal subrogante de la 1° Nominación) y Laura Amalia Guzmán (Vocal titular de la 2° Nominación) a efectos de resolver la causa N° 41.276-I caratulada: “ANTONIO F. LA BRUNA S.R.L. s/recurso de apelación”.
El Dr. Porporatto dijo:
I. Que a fs. 17/20 la actora interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 73/2014 (DV RRTU) de la AFIP-DGI mediante la cual se determina de oficio la obligación tributaria relativa al Impuesto al Valor Agregado -períodos fiscales 08/2008 a 07/2010- con más sus intereses resarcitorios. Asimismo, se aplica - en dicho tributo- una multa con sustento en los artículos 46 y 47 inciso a), b) y c) de la Ley Nº 11.683 (t.o. 1998 y sus modificaciones) equivalente a tres (3) veces el importe del gravamen presuntamente evadido, por los períodos fiscales 08/2008 a 07/2009. Por último, en lo que se refiere a los períodos 08/2009 a 07/2010, se hace reserva expresa de aplicar eventualmente sanciones, en virtud de lo establecido por el artículo 20 de la Ley N° 24.769. Señala que, como consecuencia de la impugnación de determinadas operaciones con proveedores, el ente fiscal procedió a ajustar el débito fiscal en el Impuesto al Valor Agregado, lo que motivo el ingreso de tales diferencias en el régimen establecido por la Ley 26.860, siendo aplicables las liberaciones previstas en el art. 9 inc. c) de dicho cuerpo legal –entre las que se encuentra el mencionado tributo-.
Explica que el Fisco Nacional rechazó su adhesión al régimen de blanqueo a partir de una interpretación equivocada de la ley, pues -a su entender- cuando el artículo señalado menciona “el monto de operaciones liberado”, no refiere específicamente a que se trata de una venta o débito fiscal, sino que, por el contrario, contiene una extensión amplia sin efectuar distingos de ninguna naturaleza.
Por ende, concluye que la restricción establecida surge únicamente del criterio que imprime la AFIP a la normativa aplicable, razonamiento que –según sus dichos- tampoco encuentra sustento en premisas que permitan comprender la conclusión abordada.
Manifiesta que este vacío de razones fundantes impide conocer las razones que dieron lugar al acto y rebatir sus argumentos, afectando el derecho de defensa.
Sostiene que el ajuste sobre el crédito fiscal tiene repercusión en el débito fiscal, ya que se trata del anverso y reverso del mismo impuesto.
Expone que si bien la AFIP acepta que el inciso c) del artículo 9 aplica solo a los ajustes de débito fiscal porque allí habría ventas o servicios omitidos que terminaron transformados en dinero extranjero no declarado, lo cierto es que –a su juicio- sucede lo mismo cuando se impugnan créditos fiscales por operaciones ficticias, generando mayores fondos no exteriorizados.
Destaca como prueba concluyente que su criterio es aceptado por la autoridad fiscal, de acuerdo a los ajustes formulados en el Impuesto a las Ganancias y Salidas No Documentadas -en ambos casos con idénticas circunstancias a las aquí planteadas- lo que da cuenta de la existencia de dinero extraído del circuito formal. En función a ello considera que la postura fiscal no puede ser aceptada, dado que no logra justificar jurídica y/o económicamente la disociación conceptual que propone, la que –reitera- no surge del texto legal. A tenor de lo expuesto, dice que la multa e intereses resarcitorios no pueden prosperar.
Cita jurisprudencia y doctrina que entiende apoyan su postura.
En último lugar, ofrece prueba informativa, hace reserva federal del caso y solicita se revoque el acto apelado, con costas.
II. Que a fs. 26/38vta. el Fisco Nacional contesta el traslado del recurso que oportunamente le fuera conferido, reiterando los argumentos vertidos en el acto apelado y solicita se rechace el recurso de apelación interpuesto, con costas. Acompaña como prueba los antecedentes administrativos de la causa. Hace reserva del Caso Federal.
III. Que, por medio de la PV-2023-35269678-APN-VOCIII#TFN se elevan los autos a consideración de la Sala “A”, y con el IF-2023-39215927-APN-VOCIII#TFN los mismos pasan a sentencia.
IV. Que, a los efectos de un abordaje más claro en la cuestión a debatir, corresponde en forma previa establecer el contexto en el que se desarrollan las presentes actuaciones.
El día 23/12/2011 el ente recaudador procedió a fiscalizar a la responsable en el IVA –períodos 08/2008 a 07/2010- detectando en el Libro IVA Compras operaciones con sujetos que no tenían capacidad económica –de acuerdo a los indicios recolectados en las tareas investigativas- y que fueron incluidos en la base apócrifa, a saber: Empire Norte S.R.L., Casado José Alberto, Vidal José Enrique, Cerrizuela Edmundo y Apóstoles Pinturas S.R.L.
Por otra parte, se detectaron compras de combustibles facturadas a nombre de Petroltuc S.R.L. CUIT N° 33707429289, las que fueron desconocidas por la propia empresa mediante la presentación del F.206, en contestación al requerimiento oportunamente cursado por la inspección.
Asimismo, de la documentación analizada la auditoría fiscal verificó la existencia de créditos fiscales computados en la DDJJ de IVA no relacionados con la actividad declarada por la rubrada, y otros relativos a servicios de hoteles, bares y restaurantes, que de acuerdo a la ley del tributo de marras no pueden ser vinculados con operaciones gravadas.
Finalmente, de la compulsa de las Retenciones y Percepciones de IVA computadas e informadas por terceros, los inspectores observaron una diferencia a favor de la Administración por los períodos 08/2008 a 07/2010, sin que la recurrente haya presentado documentación alguna al respecto.
Frente a tales ajustes, el apoderado de la firma presentó con fecha 07/10/2013 formulario F.206/I, en el cual comunica que procedió a materializar el acogimiento a la Ley 26.860 de “Exteriorización Voluntaria de Tenencia de Moneda Extranjera”, aportando copia de cinco certificados CEDIN.
Seguidamente, el día 24/10/2013 se labró acta en formulario F.8400/L, en la que se dejó constancia que el CPN Japaza –apoderado- ratificó lo expuesto en el F.206/I, aportando nuevamente copia de los Certificados Ley 26.860 CEDIN Nros. 01000024216, 24223, 24230, 24247 y 24254, declarando que afectó la tenencia de moneda extranjera a los ejercicios 2009 y 2010.
Ante dicha presentación, el juez administrativo expone lo siguiente: “Que el artículo 9° apartado c) de la Ley 26.860 establece que: ‘Quedan eximidos del pago de los impuestos que hubieran omitido declarar, de acuerdo con las siguientes disposiciones: … Eximición de los Impuestos Internos y al Valor Agregado. El monto de operaciones liberado se obtendrá multiplicando el valor en pesos de las tenencias exteriorizadas, por el coeficiente resultante de dividir el monto total de operaciones declaradas –o registradas en caso de no haberse presentado declaración jurada – por el monto de la utilidad bruta, correspondientes al período fiscal que se pretende liberar.’ Lo subrayado nos pertenece. Que la normativa citada libera operaciones -de ventas o servicios- no incluyendo ajustes al crédito fiscal. Que como consecuencia de lo expuesto en párrafos anteriores, y no resultando probada la capacidad para realizar las operaciones detalladas referidas a Empire Norte S.R.L., Casado José, Vidal José, Cerrizuela Edmundo y Apóstoles Pinturas S.R.L., para facturar los montos indicados y habiendo negado la firma Petroltuc S.R.L. las supuestas operaciones, se procede a impugnar los créditos fiscales considerados en las DDJJ presentadas por los períodos fiscales 08/08 a 07/10, según planillas que corren agregadas al legajo de IVA, determinándose saldos de impuestos a favor de esta AFIP-DGI, los que fueron puestos a consideración sin que exista conformidad… al respecto cabe resaltar que la Administración Federal ha sentado su criterio cuya interpretación está ajustada a derecho sobre los alcances de la ley 26.860 y Resolución General 3509, donde las mismas prevén la liberación de operaciones –de ventas o servicios- y que por ende no se incluyen los ajustes que el Fisco realizara al crédito fiscal.”
Tras ser tratado el planteo del contribuyente, el Fisco Nacional describe las tareas de investigación llevadas a cabo en cada uno de los proveedores confirmando su criterio, aplica una multa –períodos 08/2008 a 07/2009- de acuerdo a las disposiciones de los artículos 46 y 47 incs. a), b) y c) de la ley de rito, y difiere el juzgamiento de la conducta de la actora por los períodos 08/2009 a 07/2010, culminando el acto aquí apelado.
V. Que en atención al orden de prelación que guardan los distintos aspectos, es preciso tratar en primer término el agravio introducido por la actora, es decir, los alcances de los beneficios previstos en la ley 26.860 sobre los ajustes formulados, puesto que, dependiendo de su resultado, será necesario, o no, expedirse en lo relativo a la cuestión de fondo y su multa.
Al respecto, cabe traer a colación lo resuelto por la Procuradora General de la Nación in re "Copparoni S.A. c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo" a cuyos fundamentos la Corte Suprema de Justicia de la Nación se remitió con fecha 02/07/2020, donde expresó: “…estimo necesario recordar que el título II de la ley 26.860 estableció un régimen de exteriorización voluntaria de la tenencia de moneda extranjera en el país y en el exterior, en las condiciones allí previstas.
Para ello, se consagraron una serie de beneficios que estaban sujetos a que el importe correspondiente a la moneda extranjera exteriorizada fuera afectado a la adquisición de alguno de los instrumentos financieros mencionados en el título I (‘Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo Económico – BAADE’, ‘Pagaré de Ahorro para el Desarrollo Económico’ y ‘Certificado de Depósito para Inversión – CEDIN’).
En el artículo 9° se previó que los sujetos que efectuaran la exteriorización no estarían obligados a informar a la Administración Federal de Ingresos Públicos, sin perjuicio del cumplimiento de la ley 25.246 y demás obligaciones que correspondan, la fecha de compra de esas tenencias ni el origen de los fondos con los que fueron adquiridas.
Asimismo, y en lo que ahora interesa, el inc. c) de ese art. 9° especificó que dichos sujetos: ‘c) Quedan eximidos del pago de los impuestos que hubieran omitido declarar, de acuerdo con las siguientes disposiciones: ... 2. Eximición de los Impuestos Internos y al Valor Agregado. El monto de operaciones liberado se obtendrá multiplicando el valor en pesos de las tenencias exteriorizadas, por el coeficiente resultante de dividir el monto total de operaciones declaradas -o registradas en caso de no haberse presentado declaración jurada- por el monto de la utilidad bruta, correspondientes al período fiscal que se pretende liberar’ (subrayado, agregado).
Ha sostenido V.E. que la primera fuente de exégesis de la ley es su letra y que cuando ésta es clara y no exige mayor esfuerzo interpretativo, no cabe sino su directa aplicación, con prescindencia de consideraciones que excedan las circunstancias del caso expresamente contempladas por la norma (Fallos: 320:61; 305 y 2145; 323:1625, entre otros).
Con base en estas asentadas pautas observo que la ley exime al "impuesto al valor agregado" que oportunamente se omitió declarar, sin distinguir si se origina en débitos o en créditos fiscales inexactos. Cabe recordar aquí el claro principio hermenéutico que postula que no cabe presumir la inconsecuencia o falta de previsión del legislador (arg. Fallos: 315:1922; 321:2021 y 2453; 322:2189; 329:4007, entre otros), quien podría haber excluido de la liberación al crédito fiscal del IVA proveniente de facturas consideradas apócrifas por parte de la AFIP, tal como lo reguló en otros regímenes (cfr. art. 46, inc. c., pto. 2, de la ley 27.260) y, sin embargo, no lo hizo.
En tal sentido, dentro de la propia ley 26.860, el legislador ha sido claro respecto de otros supuestos que quedaban fuera de la regularización, tal como el previsto en el art. 11 de la mencionada norma, en el que fijó: ‘La liberación establecida en el inciso c) del artículo 9° no podrá aplicarse a las retenciones o percepciones practicadas y no ingresadas’.
No tuerce mi razonamiento la interpretación que propone la recurrente, en cuanto busca limitar el beneficio en el IVA únicamente al débito fiscal omitido, pues considera que sólo en estos supuestos pudo obtenerse un capital oculto susceptible de posterior exteriorización.
Por el contario, es claro para mí que tal capital oculto puede originarse tanto en ventas omitidas cuanto en compras ficticias. Es que, por ambas vías -disminución del débito fiscal mediante ventas omitidas o incremento del crédito fiscal por medio de adquisiciones ficticias- el contribuyente declara un IVA menor al realmente adeudado (cfr. arts. 11, 12 y ccdtes., ley 23.349, t.o. 1997), y obtiene así un capital que permanece oculto al Fisco y cuya exteriorización el régimen de la ley 26.860 procura.
Desde mi punto de vista, ello adquiere especial relevancia puesto que uno de los índices más seguros para verificar la razonabilidad de la inteligencia de una norma y su congruencia con el resto del sistema en que está engarzada, es la consideración de sus consecuencias (Fallos: 234:482) y la verificación de los resultados a que su exégesis conduce en el caso concreto (Fallos: 303:917; 307:1018; 310:464; 311:1025; 317:1505; 318:79, entre otros).
Bajo este prisma, nada encuentro en la letra de la ley ni en el espíritu del legislador que permita inferir que se admite la regularización de la deuda nacida como consecuencia del empleo de la primera modalidad (ventas omitidas) mientras se excluye la que tiene su origen en la segunda (compras ficticias o apócrifas), cuando ambas -como se explicó- arrojan un resultado idéntico (disminución del IVA a pagar).” En virtud de las consideraciones que anteceden, y siendo aplicables al sub examine los beneficios dispuestos por la ley 26.860, de conformidad con lo resuelto por el Máximo Tribunal, voto por revocar la resolución apelada.
VI. Que en lo relativo al resto de los ajuste que no se vinculan con la cuestión tratada en el Considerando anterior, esto es el cómputo de los créditos fiscales correspondientes a gastos no relacionados con la actividad gravada y la diferencia detectada en las Retenciones y Percepciones de IVA informadas por terceros, voto por su confirmación sin más, en atención a que la actora no introdujo agravio alguno al respecto en su líbelo recursivo.
En consecuencia, corresponde ordenar a la AFIP-DGI practique las respectiva liquidación, conforme a las pautas indicadas precedentemente. Las costas se imponen en orden a sus respectivos vencimientos.
Las Dras. O’Donnell y Guzmán dijeron:
Que adhieren al voto del vocal preopinante.
En atención a la votación que antecede, por mayoría, SE RESUELVE:
1. Revocar parcialmente la Resolución N° 73/2014 (DV RRTU) de conformidad con lo resuelto en el Considerando V.
2. Confirmar parcialmente la Resolución N° 73/2014 (DV RRTU) de acuerdo al argumento vertido en el Considerando VI.
3. Las costas se imponen en orden a sus respectivos vencimientos.
4. Ordenar a la AFIP-DGI para que en el término de treinta (30) días practique la reliquidación de la Resolución N° 73/2014 (cfr. Considerandos V y VI). A tal fin quedan los antecedentes administrativos, por igual término, para ser retirados en la Mesa de Entradas de este Tribunal.
5. Diferir la regulación de honorarios de los profesionales actuantes en la causa, hasta tanto se apruebe la liquidación ordenada precedentemente.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. - Date: 2023.04.24 11:08:33 -03:00 Date: 2023.04.24 12:46:18 -03:00 Agustina O'Donnell Laura Amalia Guzman Vocal Subrogante Vocal Vocalía I Sala A Competencia Impositiva Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.04.24 16:22:05 -03:00 Pablo Alejandro Porporatto Vocal Subrogante Vocalía III Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.04.24 16:22:06 -03:00
Fin de la sentencia