Abriendo la norma
Tribunal de Casación
Lo que resolvió el tribunal
I. Hacer lugar, sin costas, al recurso de casación interpuesto por la defensa de María Luisa Anyosa Vargas y Richard Braian Juarez Anyosa.
II. Casar la sentencia recurrida y absolver a María Luisa Anyosa Vargas y a Richard Braian Juarez Anyosa por los delitos que se les atribuyeron en esta causa -tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia ilegítima de arma de guerra-.
III. COMUNICAR la decisión aquí adoptada a la Fiscalía General departamental, a los fines indicados en los apartados XVII y XVIII de este pronunciamiento.
IV. Regular los honorarios profesionales del doctor Fabián Eduardo Stillo y de la doctora María Elisabet Palacio, por la labor desarrollada en esta instancia, en un 20% de la suma fijada en origen. Rigen los arts. 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.2.h. de la Convención Americana de Derechos Humanos; 18 y 75 inc. 22, de la Constitución Nacional; 1, 209, 210, 211, 371, 373, 451, 454, 459 y 460, del Código Procesal Penal; y ley 14.967.
"Registrado bajo el Nro. 125 Año 2019"
En la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Sede de la Sala I del Tribunal de Casación Penal (Cf. Ac. 1805 de la S.C.J.B.A.), el 19 de febrero de 2019 se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces doctores Daniel Carral y Ricardo Maidana (art. 451 del Código Procesal Penal), con la presidencia del primero de los nombrados, a los efectos de resolver la Causa N° 90436 caratulada “ANYOSA VARGAS MARIA LUISA S/ RECURSO DE CASACION”, y la causa acumulada N° 90437 caratulada “JUAREZ ANYOSA RICHARD BRAIAN O JUAREZ ANYOSA RICHARD BRIAN S/RECURSO DE CASACIÓN”, conforme al siguiente orden de votación: CARRAL – MAIDANA.
El Tribunal Criminal n° 1 del departamento judicial San Isidro –integración unipersonal-, mediante el pronunciamiento dictado el 26 de febrero de 2018 –en la causa N° 4964/17 de su registro-, condenó a María Luisa Anyosa y a Richard Braian o Brian Juarez Anyosa, a la pena de cuatro (4) años y seis (6) meses de prisión, accesorias legales, costas y multa de cuarenta y cinco unidades fijas, por resultar autores del delito de tenencia ilegítima de arma de guerra, en concurso real con tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización, este último en carácter de coautores (fs. 25/44 y vta.).
II. La defensa de María Luisa Anyosa Vargas interpuso recurso de casación (fs. 48/67).
Argumenta que el fallo condenatorio es arbitrario, pues no existen evidencias suficientes que corroboren la responsabilidad de la acusada por los delitos que se le atribuyeron.
Señala que existieron graves contradicciones en los testimonios de los dos oficiales que dieron inicio al procedimiento (subteniente Ruiz e inspector municipal Chacana), y lo mismo ocurrió con el testigo de actuación (Limberti), pese a lo cual el sentenciante las ignoró. Afirma que corresponde la absolución de su asistida, no solamente porque dentro de su vehículo no había elemento alguno, sino porque además, su rodado fue abierto sin orden jurisdiccional ni motivos de urgencia que habilitaran al personal policial a proceder de esa manera, lo que provoca la nulidad del acta inicial.
En ese orden de ideas, señala que contrariamente a lo afirmado por el oficial de policía Ruiz, al momento del arribo de los preventores al lugar, la camioneta de la acusada se encontraba cerrada y sin ningún ocupante en su interior, encontrándose la señora Anyosa dentro del edificio, “y tuvo que bajar cuando fue llamada y entregar las llaves de la misma, sin motivo alguno valedero para ello…”.
Enfatiza la diferencia que existe entre los motivos que se volcaron en el acta de fs. 1/2 para interceptar a los acusados –un control de tránsito de rutina-, y las razones que los mismos oficiales que firmaron ese documento expusieron al momento de testificar en el juicio. Por otro lado, da cuenta de la existencia de tres testigos que declararon en la audiencia –Esteban Polis Aravena, Yesica Andrea Vidal y Segundo Victorino González-, cuyas narraciones avalaron la versión de los hechos presentada por los acusados; y en el mismo sentido testificó Alison Michel Anyosa Anyosa, hija de María Luisa Anyosa y hermana de Brian Juarez Anyosa, quien además acompañó una filmación que obtuvo con su teléfono celular, de parte de los acontecimientos. También hace hincapié en la declaración incorporada por lectura de Darío Hernán Araujo, quien dijo que aquella mañana concurrió a ver un departamento de la señora Anyosa Vargas que le interesaba alquilar, avalando la versión de los hechos presentada por los acusados.
Transcribe la declaración que prestó la acusada María Luisa Anyosa Vargas en el juicio, oportunidad en la que ratificó que es inocente, y que tanto el arma como la sustancia estupefaciente fue colocada en su camioneta por personal policial, en connivencia con su ex pareja Héctor Alberto Olano, de quien se había separado el año anterior y con quien mantenía una situación conflictiva.
Una versión similar expuso Richard Braian Juarez Anyosa, quien también ratificó su inocencia.
En función de todo ello, postula la absolución de la acusada María Luisa Anyosa Vargas.
En subsidio, cuestiona la calificación legal asignada a la conducta ilícita vinculada con la tenencia de estupefacientes, pues entiende que no se acreditó de ningún modo la ultra finalidad que requiere el tipo penal escogido en la sentencia (art. 5, inc. c, ley 23.737).
III. La defensa de Richard Braian Juarez Anyosa también impugnó el pronunciamiento aludido (fs. 49/65).
Coincidió en lo sustancial con los argumentos desarrollados por la asistencia técnica de la acusada Anyosa, en lo que hace a la denunciada arbitrariedad del fallo en la valoración de la prueba rendida e incorporada al debate.
En ese sentido, señala que el sentenciante no tuvo en consideración la hipótesis de los hechos presentada por la defensa, de acuerdo con la cual “la causa fue armada” pues las pruebas “se plantaron para incriminar a los imputados”. Considera que resulta de aplicación la regla contemplada en el art. 211 del ritual, y cita la doctrina del Máximo Tribunal de la Nación desarrollada en el precedente “Daray” (LL 1995-B-350). También critica la calificación legal asignada a los hechos, pues considera errónea la imputación a dos personas por la tenencia ilegítima de una sola arma, y entiende que no se comprobó la ultra finalidad que requiere el tipo penal escogido en la sentencia (art. 5, inc. c, ley 23.737).
Por último, plantea la inconstitucionalidad de la accesoria prevista en el art. 12 del código sustantivo.
IV. Radicados los recursos en la Sala, se notificó a las partes (fs. 84/86 de este legajo, 83/85 del legajo conexo). El señor fiscal ante este tribunal solicitó el rechazo de los recursos deducidos por la contraparte (fs. 89/91 y vta.). En esa dirección, consideró que el procedimiento de secuestro y aprehensión, que posteriormente contó con la intervención del fiscal y la orden del juez de garantías, es legítimo y respetuoso de las garantías constitucionales.
En punto a las críticas de los impugnantes contra el razonamiento probatorio desarrollado en el fallo, entendió que se trata de una mera discrepancia que no alcanza para demostrar la transgresión a las reglas de la lógica, la experiencia o el sentido común que permitan tacharlo de absurdo o arbitrario.
Y en lo que hace a la versión de los acusados sobre el supuesto complot policial, consideró adecuados los argumentos en los que se apoyó el sentenciante para dar descartarla.
La defensa de María Luisa Anyosa Vargas presentó memorial (fs. 80/90), ratificando los fundamentos esgrimidos en torno a la valoración probatoria del fallo que considera arbitrario. Por otro lado, denunció haber padecido con posterioridad al hecho juzgado en esta causa, un suceso de similares características al que motivara el inicio de estas actuaciones (fs. 92vta/97).
Se realizó audiencia “de visu”, de la que da cuenta el acta de fs. 104/105.
El Tribunal se encuentra en condiciones de resolver, por lo que se plantean y votan las siguientes
Primera: ¿Son procedentes los recursos interpuestos?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el señor juez, doctor Carral expresó:
I. El señor juez de la instancia tuvo por comprobada la siguiente materialidad infraccionaria: “Que una mujer y su hijo mayor de edad, el día 2 de febrero del 2017 fueron aprehendidos por personal preventor en calle Belgrano a metros de la intersección con la arteria 25 de mayo de la localidad de San Fernando, en ocasión en que dichos numerarios del orden efectuaban un control de tránsito de rutina sobre la camioneta Journey dominio KYC-299 tripulada por aquéllos. Que en tales circunstancias, la encartada femenina comenzó a alterarse y ocasionó una situación de escándalo en la vía pública negándose a bajar del rodado, por lo cual se convocó a personal policial femenino y se logró que los incusos descendieran del vehículo y, luego de efectuar una revisión interna de la camioneta, el personal actuante comprobó que debajo del asiento del acompañante (lugar que ocupaba el joven) se hallaban trece (13) envoltorios de nylon de color negro conteniendo una sustancia pulvurenta blanca (cocaína en piedras) con un peso total de 113,32 gramos y se halló también debajo del asiento de la conductora del rodado una pistola Sigsauer calibre 9 mm. con numeración suprimida con seis cartuchos a bala intactos en su almacén cargador no contando con autorización legal para ello” –fs. 27vta-.
II. Sentado lo anterior, corresponde señalar que los impugnantes reiteraron en esta instancia, el planteo de nulidad del acta de procedimiento inicial deducido en el debate, que recibiera respuesta negativa por parte del juez que dictó el veredicto condenatorio impugnado (fs. 1/2 del legajo principal).
El magistrado abordó el reclamo nulificante como cuestión preliminar del veredicto.
Allí consideró que las circunstancias volcadas en el acta cuestionada, revelaban la existencia de un estado de sospecha que justificaba la requisa del interior de la camioneta de los acusados. En esa dirección, entendió que el procedimiento policial se ajustó a las reglas previstas en los arts. 293 y 294 inc. 5 del ordenamiento adjetivo, y que no hubo transgresión alguna a las garantías constitucionales de los imputados. Transcribió –parcialmente- un voto del suscripto en un precedente de esta Sala del Tribunal de Casación, e invocó en apoyo de su decisión, la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Fernández Prieto”, vinculada con el concepto de “causa probable” o “sospecha razonable” como presupuesto habilitante de inspecciones y requisas.
Por esos motivos, desestimó el planteo de nulidad de la defensa.
III. A continuación, el sentenciante examinó los elementos de prueba en los que apoyó su convicción sobre la efectiva ocurrencia de los hechos sostenidos por la acusación.
Comenzó por describir el contenido del acta de procedimiento inicial, que en lo esencial da cuenta de la actuación del oficial de policía subteniente Esteban Julián Ruiz y del inspector municipal que lo acompañaba, Carlos Daniel Chacana.
De acuerdo a lo consignado en ese documento, los nombrados se acercaron a la camioneta cuando estacionó sobre la calle Belgrano casi esquina 25 de mayo, para realizar un “control de tránsito ordinario”, momento en que los ocupantes del rodado se alteraron y comenzaron a levantar la voz e insultarlos. La conductora del vehículo se negó al pedido de los preventores de descender de la camioneta, razón por la cual solicitaron el apoyo de más personal policial. A su arribo, con la presencia de un testigo, y luego de insistir, los ocupantes bajaron del rodado y fueron identificados, tratándose de María Luisa Anyosa Vargas y Richard Braian Juarez Anyosa.
Seguidamente se realizó la requisa del rodado, y se produjo el hallazgo del arma de fuego y la sustancia estupefaciente cuya ilegítima tenencia se les atribuye a los acusados.
El señor juez de la instancia destacó que el acta fue confeccionada de acuerdo a las normas previstas en el ordenamiento adjetivo (art. 119, CPP), y ratificada en todos su términos por los funcionarios policiales intervinientes, y por el testigo de actuación civil convocado a ese efecto.
A continuación, el sentenciante transcribió las manifestaciones más destacadas que brindaron en la audiencia, el suboficial Esteban Julián Ruiz (fs. 29 y vta.), el testigo Gustavo Horacio Limberti (fs. 29vta/30 y vta.), y el inspector municipal Carlos Daniel Chacana (fs. 30vta/31).
También testificaron en el debate los funcionarios municipales Juan Pablo Jaimez y Cristian Escalante, quienes dijeron haber cumplido funciones de chofer, colaborando con el personal policial en aquello que les fue solicitado.
Advirtió el juez, las diferencias entre los testimonios del subteniente Ruiz y el inspector municipal Chacana, en punto a quién había convocado el testigo de actuación y respecto del motivo que los llevó a interceptar la camioneta.
Más allá de esas discrepancias, tuvo en consideración que “…tanto Chacana, Jaimez como Escalante coincidieron en afirmar que la mujer que a la postre fuera identificada como María Luisa Anyosa, estaba muy alterada, y refería que el procedimiento era una situación armada para perjudicarla a ella y por ende a su familia y que en el marco de la requisa llevada a cabo por personal policial todos coinciden que delante del testigo se había encontrado un arma y sustancias estupefacientes, en el interior del rodado tripulado por la mujer mayor” (fs. 31).
Continuó el análisis probatorio, expresando que el desarrollo de los acontecimientos plasmados en el acta inicial resulta coincidente con el testimonio del oficial Gustavo Ariel Vega, incorporado por lectura al debate (fs. 31/vta.).
Expresó el sentenciante que “…a mi modo de ver, no existen en autos elementos serios que permitan dudar de la veracidad de lo expuesto por los testigos atento la simpleza y coherencia de sus relatos, forjándose en mi ánimo la convicción de que no se han apartado de la verdad de lo vivenciado con intención de colaborar con la justicia para la averiguación de la verdad” (fs. 31vta).
Agregó a su evaluación otras evidencias que entendió respaldatorias de los hechos sostenidos por la acusación: el test orientativo de fs. 3 del legajo principal (hoja testigo, envoltorio n° 10), el acta de inspección de los elementos secuestrados (fs. 19: la camioneta, el arma y cuatro teléfonos celulares), el informe de balística sobre la pistola incautada (fs. 94/9), el revenido metaloquímico sobre la numeración del arma (fs. 179), los informes del Registro Nacional de Arma (fs. 184/6), y el peritaje químico de la sustancia estupefaciente (fs. 244, 261/4vta.).
Concluida la descripción y ponderación de los elementos que sirvieron de base para la comprobación de la materialidad infraccionaria, el magistrado se refirió a los testigos presentados por la defensa, evaluando que estas personas “pretendieron con sus dichos referir que ya hacía un tiempo que el auto estaba estacionado cuando inmotivadamente se hace presente el móvil conducido por Chacana en un vano intento por mejorar la situación en que se encontraban sus locadores (los acusados)”.
Así, transcribió la declaración de Esteban Polis Aravena, inquilino de uno de los departamentos que alquilaba la acusada, ubicado en la dirección frente a la cual se desarrolló el procedimiento en cuestión (fs. 32 y vta.).
También fue transcripta la declaración de Yesica Andrea Vidal, domiciliada en el mismo edificio, cuyo departamento tiene una ventana que da hacia la calle, y que le permitió registrar con su teléfono celular una video filmación de parte del procedimiento realizado sobre la camioneta de los acusados (incorporada al debate, y que ha sido compulsada por este Tribunal) –fs. 32vta./34-.
El sentenciante consideró que: “(p)ese a los esfuerzos Defensistas en desvirtuar los testimonios de los funcionarios, para con las razones que los llevaron a realizar la interceptación y posterior requisa, lo único que queda en claro, es que ninguna de las filmaciones dan cuenta de esta secuencia pretérita a la requisa en presencia del testigo a la que aluden Vidal y Polis Aravena y que dado lo rápido se sucedieron los acontecimientos, pudo haber ocurrido que mientras la policía ubicaba el móvil municipal, para identificar a los ocupantes del vehículo, la mujer mayor, bajó del rodado con la intención de dirigirse hacia el primer piso de la propiedad para luego desistir y volver sobre sus pasos raudamente, sin perjuicio de lo cual el joven Juarez Anyosa aún permanecía en el interior del rodado (ver fs. 190/vta.)”.
A continuación, el magistrado examinó los dichos de otro testigo de la defensa, Segundo Victorino González, quien dijo encontrarse en la calle a una distancia cercana del procedimiento, observando el momento en el que un policía metió medio cuerpo adentro de la camioneta, permaneciendo varios minutos sin saber qué hacía. Manifestó que luego llegó otro patrullero, y entonces se fue de allí sin saber qué encontraron en el rodado (fs. 34 y vta.).
El juez no le otorgó valor convictivo a esa narración, pues “el testigo interesado en conservar su trabajo como pintor en los muchos departamentos de la señora Anyosa sólo describe un procedimiento policial acomodando sus dichos para respaldar la versión de sus empleadores”. Seguidamente fue examinado el testimonio de Alison Mischel Anyosa Anyosa, hija y hermana respectivamente de los acusados, quien estuvo presente durante el procedimiento y con su teléfono celular obtuvo una filmación de lo ocurrido, que fue agregada a la causa y reproducida en el debate.
En lo esencial, ratificó la hipótesis que mantuvieron los imputados, en cuanto a que se trató de un procedimiento armado por el personal policial.
Al momento de evaluar el peso probatorio de este testimonio, el magistrado señaló “que la joven Anyosa Anyosa solo puede declarar en favor de su madre y hermano, por tanto tampoco ha de ser considerada como elemento de descargo. Sin perjuicio de lo cual, si advierto en la joven una animosidad hacia el personal, que incluso en el video aportado por ella, no deja de dirigirse hacia ellos con un lenguaje totalmente inapropiado e irrespetuoso, demandando por un lado seguridad urgente cuando llama al 911, y por otro lado endilgándole “corrupción”, “violencia de género” y al igual que su madre y hermano imputando a los efectivos y al testigo un accionar mancomunado para perjudicarlos, como si el resto de las evidencias cargosas no fueran por demás elocuentes para colocarlos en la posición que hoy se encuentran”.
Finalmente, fue examinado el testimonio incorporado por lectura de Darío Hernán Araujo, quien relató que aquella mañana concurrió a visitar un departamento de propiedad de la imputada Anyosa, expresando que quien se lo mostró fue la hija porque la madre –la acusada- “se fue hablando por teléfono y no regresó”.
El sentenciante destacó que Darío Araujo no tenía interés alguno en el resultado de la causa, exponiendo a continuación que el testigo “relató brevemente que no fue tanto el tiempo en que supuestamente estuvo María en el departamento, ya que se lo mostró Alison (la hija) por tanto no sería aventurado decir que la camioneta fue vista por los preventores, y cuando fueron a dar la vuelta para interceptarla, la justiciable subió al primer piso, lo que no se contradice con el procedimiento cabeza de actuaciones”. En la siguiente cuestión planteada en el veredicto, el señor juez consideró demostrada la intervención que le cupo a los acusados María Luisa Anyosa Vargas y Richard Brian Juarez Anyosa en el hecho que se les atribuyó, esencialmente a partir de la prueba examinada en la cuestión anterior.
Descartó que los hechos hayan ocurrido en la forma en que lo expusieron en sus descargos, y recordó “a título de mero indicio, la denuncia de fs. 65 y vta. en la que se da cuenta que la señora Anyosa tiene al menos un arma de fuego, la que resulta conteste con lo que surge del acta génesis de estas actuaciones”.
IV. Los agravios de la defensa contra el veredicto condenatorio dictado, detallados en los antecedentes de este pronunciamiento, pueden resumirse en tres premisas: a) el procedimiento fue nulo porque los funcionarios policiales no tenían motivos ni urgencia para proceder a la requisa de la camioneta sin orden judicial; b) los hechos no ocurrieron en la forma en que lo sostuvieron los funcionarios policiales que intervinieron en el inicio de la prevención; c) se trató de un procedimiento fraguado por el personal policial para incriminar a los acusados, a raíz de la vinculación que existiría entre la ex pareja de la imputada Anyosa Vargas y funcionarios policiales de cierta jerarquía de las dependencias de la zona donde tuvo lugar el hecho.
En el orden expresado en el párrafo anterior, la primera de las premisas se vincula con los motivos esgrimidos por los funcionarios policiales para requisar el vehículo de los acusados, a la luz de las normas contempladas en los arts. 293 y 394 del ordenamiento adjetivo, reglamentarias de las garantías constitucionales que protegen el derecho a la privacidad (art. 18, Const. nac.).
En esa dirección, corresponde señalar que de acuerdo a lo consignado en el acta de procedimiento inicial, el hecho que habría originado la requisa de la camioneta fue la reacción desmedida y “completamente alterada” de la conductora –Anyosa Vargas- ante el pedido del personal policial de exhibir la documentación del rodado.
Si bien los acusados sostienen que los hechos no ocurrieron de esa manera –sobre lo que volveré más adelante-, a modo de hipótesis consideraré en este apartado del fallo que eso fue lo que pasó. Aun así, no encuentro ningún elemento relevante de la conducta que el subteniente Ruiz y el inspector municipal Chacana les adjudican a los acusados, como para presumir alguna relación con un ilícito, y menos razones de urgencia encuentro para proceder a la requisa del rodado sin orden judicial.
Según los propios testimonios de los preventores, y las constancias que volcaron en el acta respectiva, se trataba de un vehículo conducido por una mujer, acompañada por un joven, que transitaba por las calles de la localidad de San Fernando, a las diez de la mañana del día 2 de febrero de 2017, sin haber infringido normas de tránsito u otras notas distintivas en su recorrido que pudieran fundar una sospecha de vinculación con un ilícito.
El subteniente Ruiz introdujo en el juicio una situación que no fue consignada en el acta que firmó, y que incluso se contrapone con la versión de su acompañante en el móvil, el inspector municipal Chacana. Dijo que vio pasar la camioneta “dos veces” por el mismo lugar, y eso lo llevó a acercarse a la camioneta y requerir la documentación del vehículo.
Más allá de las dudas que genera la efectiva ocurrencia de la situación introducida por el subteniente Ruiz en el juicio, aun concediendo la posibilidad de que esto haya ocurrido, tampoco cambia sustancialmente la conformación de un panorama en el que brillan por su ausencia los motivos para justificar razonablemente la intromisión policial.
El funcionario policial no explicó por qué razón le resultó inusual ver que un vehículo pasaba dos veces por un mismo lugar, no hizo mención a particularidades de la zona o del horario del suceso que lo llevaran a pensar –con un mínimo grado de razonabilidad- que los ocupantes de ese rodado podrían tener algún tipo de vinculación con la comisión de delitos. En el pronunciamiento bajo examen, el juez ha citado un precedente de esta Sala, transcribiendo un parte del fallo en el que se destaca la obligación que tienen los funcionarios policiales “de justificar los motivos para actuar sin orden judicial y de motivar la urgencia del acto en datos objetivos que permitan fundar una sospecha razonable…” (fs. 26vta.). Sin embargo, el magistrado no señaló cuáles fueron las circunstancias o motivos advertidos por los funcionarios policiales actuantes en este caso, que –a su juicio- resultaron fundamento suficiente para habilitar la requisa del vehículo.
Se limitó, en cambio, a referirse a “los pormenores de tiempo, modo y lugar relatados en el acta y luego en el debate…”, que son, en definitiva, los ya mencionados: que ante el pedido de documentación, la acusada los insultó y se negó a bajar del vehículo; y que, según la versión novedosa incorporada por el subteniente Ruiz en el juicio, la camioneta “pasó dos veces” por el mismo lugar.
De acuerdo con lo anterior, encuentro que los argumentos del fallo resultan notoriamente insuficientes para rechazar la nulidad reclamada por la defensa.
V. No obstante lo cual, y sin desconocer obviamente las implicancias de la comprobación de una transgresión a garantías constitucionales para la validez de la sentencia condenatoria, la entidad de los agravios planteados en la pieza recursiva en trato impone un análisis más profundo de las evidencias presentadas en el juicio, pues el reclamo de la defensa se enmarca en un contexto mucho más grave, esto es, que determinados funcionarios policiales los incriminaron por hechos que no cometieron o, en palabras de la propia acusada, les armaron una causa. Para sostener su posición, María Luisa Anyosa Vargas y Richard Braian Juarez Anyosa brindaron sendos relatos coincidentes, que ponen en jaque un aspecto trascendental de los hechos que el órgano juzgador tuvo por comprobado, que tiene que ver con las circunstancias ocurridas en el lapso de tiempo comprendido entre el momento en que la camioneta fue estacionada sobre la calle Belgrano –casi esquina 25 de mayo-, y el momento en el que ese vehículo es abierto por el personal policial en presencia del testigo Limberti, produciéndose el hallazgo del arma y la sustancia estupefaciente.
Los imputados sostuvieron que, contrariamente a lo afirmado por la acusación, no existió la negativa a descender de la camioneta que les adjudican, pero más importante aún, señalan que antes del momento de la requisa, y en forma previa al arribo de los móviles de apoyo y del testigo civil, el subteniente Ruiz revisó la camioneta –con la autorización de la señora Anyosa-, momento que el funcionario policial aprovechó para colocar los objetos incriminatorios.
En ese sentido, en lo que aquí interesa destacar, la señora María Anyosa explicó que cuando se encontraba mostrando un departamento de su propiedad a una persona que pretendía alquilarlo, “mi hijo me llama desde abajo a mi celular y me dice que baje, porque personal policial estaba presente queriendo revisar la camioneta porque les parecía sospechoso. Bajé inmediatamente y al llegar advertí la presencia de dos efectivos policiales quienes no se identificaron y un móvil municipal. Uno de ellos me dijo algo así como que alguien había llamado al servicio 911 y me dijo que debía revisar la camioneta. No me pidió documentación mía ni del auto, así que se las ofrecí yo, sé cómo es el procedimiento. Se la di y el efectivo me dijo igual tiene que abrir la camioneta. No me pareció bien porque no había hecho nada, pero le dije que sí. El efectivo más alto se fue del lado del acompañante se puso boca abajo y hacía algo con las manos mientras nos miraba de reojo, yo estaba siempre muy cerca de la camioneta observando lo que hacía y vi que él puso algo debajo de la guantera y debajo del asiento del conductor…”.
Una versión similar brindó Richard Braian Juarez Anyosa. Sostuvo que su madre y su hermana entraron al edificio a mostrarle el departamento al interesado en alquilarlo. “Yo me quedé afuera y como a los tres minutos llegó un móvil policial de color verde, dobló por 25 de mayo y se estacionó delante de la camioneta. Vi que los efectivos me miraron, me preguntaron quién era qué hacía allí y les expliqué. Me dijeron que alguien había llamado al 911 porque alguien andaba dando vuelta por la camioneta. Le dije que la camioneta era de mi vieja que estaba en el departamento y me dijeron que la llame lo que efectivamente hice y mi mamá bajó. El efectivo le pidió que abra la camioneta mi mamá le dio la documentación por propia voluntad y aunque no se la pidieron. Le abrimos la camioneta y el efectivo que tenía puesto como un camperón grande fue al lado del acompañante, abrió la puerta, y abrió un portafolio que estaba en el auto, se lo mostramos nosotros, solo había documentación. Después se dio vuelta de nuevo y se quedó un rato en el asiento del lado del acompañante y mi vieja le dijo qué tanto buscas ahí. Mi vieja le dijo qué estaba haciendo, que estaba poniendo algo. Ahí me acerqué más y vi que este efectivo abrió el compartimiento que está oculto dentro del asiento del lado del acompañante y tiró como algo de material plástico. Ahí mi vieja se altera y el efectivo nos dice que vayamos contra la pared y pidió refuerzos…”.
VI. De lo anterior es dable inferir que un aspecto central de la controversia planteada entre las partes en el juicio, estuvo dado por la forma en que se desarrollaron los acontecimientos con anterioridad a la requisa en la que se produjo el hallazgo del arma y la sustancia estupefaciente. Al enfrentarse a esa controversia, el juez del debate se inclinó por la hipótesis de la fiscalía, y descartó la teoría de la defensa. Es en este punto donde se advierten las serias deficiencias del fallo, pues tal como se verá a continuación, los argumentos desarrollados por el sentenciante para sostener su convicción probatoria, se contraponen con la información que surge de la evidencia descripta en el fallo, y en consecuencia resulta inconciliable con las constancias de la causa.
VII. En efecto, la primera evidencia que corresponde destacar es la filmación aportada por Alison Mischel Anyosa Anyosa, hija de la señora Anyosa Vargas y hermana de Juarez Anyosa, quien estuvo presente y registró con la cámara de su teléfono celular una parte importante de los acontecimientos ocurridos aquella mañana.
El señor juez de la instancia se refirió a esta filmación, y a otra aportada por la testigo Yesica Andrea Vidal, expresando que “…ninguna de las filmaciones da cuenta de esta secuencia pretérita a la requisa en presencia del testigo a la que aluden Vidal y Polis Aravena…” (fs. 34). En mi opinión, la conclusión del juez constituye un error grave en la apreciación de la prueba disponible, pues la información que surge del registro fílmico aportado por Alison Anyosa, demuestra que los hechos no pudieron ocurrir de la manera en que se los reconstruyó en la sentencia. En el comienzo de esa filmación se ve al subteniente Ruiz parado en la vereda, a un costado de la camioneta, del lado del acompañante, mientras que Alison Anyosa, María Anyosa Vargas y Brian Juarez Vargas están parados en la misma vereda; pasados algunos minutos se puede apreciar la llegada de los otros móviles policiales convocados en apoyo, también el arribo del testigo civil Limberti, y luego el momento en que se produce la apertura de la camioneta para ser requisada.
El hecho de que esta evidencia haya sido aportada por un familiar directo de los acusados –hija y hermana respectivamente- no constituye un obstáculo para su valoración, pues la prohibición contemplada en el art. 234 del ritual es para declarar “en contra del imputado”, no a favor, y en este caso la relevancia de la información brindada por la testigo en apoyo de los acusados está dada por la filmación que aportó, cuya autenticidad no ha sido puesta en duda en el debate.
En estos términos, entonces, la evidencia en cuestión muestra que los hechos no ocurrieron en la forma en que se los describió en el fallo. Obsérvese que el juez tuvo por comprobados una serie de acontecimientos que habrían ocurrido sin solución de continuidad: 1- la camioneta estaciona sobre la calle Belgrano; 2- los policías arriban al lugar y le piden la documentación; 3- la señora Anyosa se altera, comienza a insultarlos y se niega a bajar del rodado; 4- los policías requieren apoyo; 5- se produce la llegada de más personal policial, y el testigo civil convocado al efecto; 6- la señora Anyosa y su hijo acceden a bajar de la camioneta; 7- se realiza la requisa y se encuentran el arma y la sustancia estupefaciente. Esa secuencia quedó expresada en la materialidad infraccionaria de la siguiente manera: “…Que en tales circunstancias, la encartada femenina comenzó a alterarse y ocasionó un(a) situación de escándalo en la vía pública negándose a bajar del rodado, por lo cual se convocó a personal policial femenino y se logró que los incusos descendieran del vehículo y, luego de efectuar una revisión interna de la camioneta, el personal actuante comprobó que debajo del asiento…” (fs. 27vta).
Pero la filmación demuestra que esto no fue así, pues se puede ver en el comienzo de ese registro audiovisual, que en el interior de la camioneta no hay nadie, que el vehículo está siendo custodiado por el subteniente Ruiz, y que ya antes de la llegada de los móviles de apoyo y del testigo civil Limberti, los acusados –y también Alison Anyosa- le recriminaban fuertemente al funcionario policial, haber ingresado a la camioneta y colocado algún objeto desconocido (María Anyosa: “qué me metiste en la camioneta?!”; subteniente Ruiz: “chequear”; María Anyosa: “chequear qué?!, chequear qué?!; qué me metió en la camioneta, porqué se me metió en la camioneta…?¡”; subteniente Ruiz: porque estoy trabajando”).
VIII. No es un dato menor que los acusados dieron su versión de los hechos en la primera oportunidad que tuvieron de declarar en la causa (fs. 35/38 de la causa principal), y la mantuvieron en forma consistente hasta el debate (fs. 7/8 y vta. de este legajo), pero como si esto fuera poco corresponde destacar que esa narración, en lo esencial, encuentra apoyo en las circunstancias y manifestaciones que quedaron registradas en la filmación obtenida por Alison Anyosa en forma contemporánea al desarrollo del procedimiento.
En este sentido, interesa destacar que de ese registro audiovisual surge un diálogo entre la señora Anyosa Vargas y una persona del sexo masculino, desprendiéndose de los términos de la conversación que se trataría de la persona que concurrió esa mañana a ver el departamento que tenía la acusada para alquilar.
Ese diálogo se produce durante los minutos previos a la requisa de la camioneta –encontrándose el vehículo custodiado por el subteniente Ruiz-, y consistió en lo siguiente: “La puedo llamar María después, cualquier cosa?”; señora Anyosa Vargas: “Si, por favor, y cómo se llama, te pido un favor cualquier cosa yo te llamo porque es muy importante que vos estés de testigo que yo vine a mostrarte un departamento”; “Si, no hay ningún problema” (minuto 1.11 de la grabación, en adelante).
Luego, ya avanzada la filmación, y mientras la acusada Anyosa Vargas está relatando por teléfono lo que estaba sucediendo, señala: “Está el otro chico que es de la fuerza, de testigo que vino a ver un departamento” (minuto 4.50), coincidiendo esa referencia con la ocupación de Darío Hernán Araujo (radio operador de prefectura), quien ratificó que ese día fue a ver un departamento para alquilar (fs. 190).
IX. La defensa presentó en el debate otros testigos que corroboraron un aspecto trascendental de su versión de los hechos, esto es, que al momento del arribo del personal policial, la señora Anyosa Vargas se encontraba en el primer piso del edificio, exhibiendo el departamento a Darío Hernán Araujo.
Estos testigos resultaron ser dos vecinos del edificio (Yesica Andrea Vidal y Esteban Polis Aravena), y un tercero que habría presenciado la primera parte del procedimiento (Segundo Victorino González), mientras que el nombrado Araujo no concurrió al juicio, y su declaración en la etapa preparatoria fue incorporada por lectura.
La señora Vidal dio su testimonio en el debate, y además aportó una filmación que obtuvo de la parte final del procedimiento en cuestión. La importancia de ese registro audiovisual radica en que permite apreciar con total claridad la cercanía que existía entre el lugar en el que fue estacionada la camioneta de los acusados, y el lugar en el que se encontraba la testigo, ocupante de un departamento ubicado en la planta baja, con una ventana “a la calle”. Desde esa posición había una distancia hasta la ubicación de la camioneta, no mayor a tres o cuatro metros. La testigo Vidal dijo haber escuchado aquella mañana un portazo de un vehículo, se asomó por la ventana correspondiente a la habitación de sus hijos, y vio a María Anyosa que bajaba de su camioneta, junto a su hija Alison, dirigiéndose hacia una puerta de ingreso al edificio. Dio también detalles de por qué estaba atenta a los ruidos que venían de la calle, explicando que estaba esperando a su marido para ir a trabajar.
Continuó su relato diciendo que instantes después "...escucho los pasos de ella (María Anyosa), y la voz de ella hablando, diciéndole a una persona que no sé quién era, que no sabía en qué estado iba a estar el departamento que recién se lo entregaban... estaba como mostrando un departamento...".
Cinco minutos después "escucho la frenada fuerte de un auto, me asomo pensando que era mi marido porque estaba atenta a que él llegue, y era uno de los patrulleros municipales, los verdecitos nuevos de la Municipalidad de San Fernando, volví a hacer lo que estaba haciendo y al ratito, 5 o 6 minutos, empiezo a escuchar los gritos de Alison, que es la hija de ella, me asomo y ´los policías querían que ella abriera la camioneta, había un testigo, que era jardinero...".
Esta narración se compadece con la versión de los acusados, en cuanto afirmaron que llegaron hasta el lugar y estacionaron la camioneta, la señora Anyosa y su hija ingresaron al edificio, mientras que Richard Juarez Anyosa permaneció en la calle, y minutos después se produjo el arribo del móvil municipal.
Otro de los testigos que avaló la versión de la defensa resultó ser Esteban Polis Aravena.
Corresponde destacar, aquí, que ya en su primera declaración a tenor del art. 308 del ritual, al día siguiente del hecho que se le atribuyó, el acusado Brian Juarez Anyosa dijo: “…quiero ofrecer como testigo a un sujeto llamado Esteban que vive en 25 de mayo n° 1513, 1° C, que si bien no vio nada de lo que pasó, sí me vio a mí al lado de la camioneta solo, sin mi mamá (…)” (fs. 38).
Esteban Polis Aravena compareció al debate y ratificó que vivía en ese edificio. Contó que en la mañana en que ocurrió el hecho salió de su departamento, encontrándose con Richard Brian Juarez Anyosa y un móvil policial, pero María Anyosa Vargas no estaba allí, aclarando que escuchó la voz de la señora proveniente de un pasillo del primer piso del edificio. El sentenciante le ha restado valor al testimonio de Esteban Polis Aravena, por la sola circunstancia de que al momento del hecho era inquilino de la señora Anyosa Vargas (fs. 32, cuarto párr.).
Sin embargo, en el veredicto se consignó que a la época del debate Polis Aravena ya no mantenía ese vínculo contractual con la nombrada (ver fs. 32 último párr.), y el juez no dio otras razones que permitan conocer porqué una relación contractual de esas características permitiría dudar de la veracidad de los datos que el testigo suministró. Obsérvese que al ser preguntado por la fiscalía, Polis Aravena expresó: “en ese momento no presencié nada raro ni por parte del personal policial ni por parte de ellos”, frase de la que no es posible inferir un intento del testigo de ayudar a los acusados torciendo o tergiversando alguna situación.
En cambio, el testigo fue claro al afirmar que no vio ningún accionar que pudiera ser calificado como correcto o incorrecto –sea de los funcionarios policiales, sea de los acusados-, y en esas condiciones su aporte carece de toda connotación que pueda interpretarse como un intento -consciente o no- de mejorar la posición de los acusados.
El valor de la información aportada por Polis Aravena resulta relevante, en tanto se trata de un elemento más que contradice la narración de los hechos que se tuvo por comprobada en la sentencia, pues si cuando el nombrado salió del edificio sólo vio a Braian Juárez Anyosa en la vereda, y no vio a la señora Anyosa sino que escuchó su voz proveniente del primer piso, entonces no es cierto que los acusados hayan sido abordados por el personal policial cuando arribaron al lugar y todavía se encontraban a bordo de la camioneta.
Otro de los testigos aportados por la defensa resultó ser Segundo Victorino González.
De acuerdo a lo que surge del acta de debate, el nombrado contó que aquel día iba a dejar un presupuesto “en la calle Belgrano y 25 de mayo, yo venía por las vías del tren del otro lado, venía subiendo y vi un patrullero blanco y verde, y venía despacio, y alcanzo a ver que había un policía muy alto y otro señor gordito pelado. Este muchacho quería revisar la camioneta, y en eso sale la señora del domicilio” (conf. acta de debate: fs. 7).
Además, de acuerdo a lo que se desprende del veredicto, el testigo González dijo haber visto que el policía le dijo “a la señora del domicilio” que le abra la camioneta, “y el policía metió medio cuerpo dentro de la camioneta, y al rato ve a una chica delgadita que va bajando y le dice empezá a grabar, porque el chico se dio cuenta que el policía había visto que pusieron algo dentro de la camioneta. Me arrimé detrás de unos árboles y el muchacho estuvo 10 minutos dentro de la camioneta, no se sabía qué hacía. En eso sale la señora y le dice que se ponga contra la pared”. Por último, expresó González que no sabía qué encontraron en el vehículo (fs. 34 y vta.).
El juez no le otorgó valor convictivo a los dichos de Segundo Victorino González en razón del vínculo laboral que tenía con la señora Anyosa Juárez.
Pero esa conclusión no encuentra correlato en las constancias del legajo (acta de debate y sentencia), que sólo muestran que el señor González habría concurrido a “dejarle un presupuesto” a la señora Anyosa vinculada con su trabajo –pintor-, sin ningún otro agregado que permita conocer si ya había realizado esa actividad para la nombrada, si lo hizo luego de ese hecho e incluso si mantenía algún tipo de relación laboral o contractual al momento de testificar en el juicio.
Sin perjuicio de ello, y aun dando por cierto que existió tal vínculo laboral, el mismo no aparece como un elemento de peso para restarle credibilidad al testimonio de González, pues la información que aportó resulta concordante con la que brindaron otros testigos, y con la que se desprende de las filmaciones a las que se ha hecho mención, en cuanto de todos estos elementos se desprende una secuencia de los hechos distinta de la que el sentenciante tuvo por comprobada.
Por último, el pretenso inquilino Darío Araujo testificó en la etapa preparatoria, y su declaración fue incorporada por lectura (fs. 190 y vta.). Dijo no tener interés en la causa ni conocer a las personas involucradas. Contó que fue a ver un departamento para alquilar en la calle 25 de mayo y Belgrano de la localidad y partido de San Fernando. Manifestó que "Alison es la mujer que me mostró el departamento ya que la madre de ésta –creo que se llama María- se fue hablando por teléfono y no regresó. Me quedé con esa chica Alison que no sabía responder mis preguntas por lo que en diez minutos aproximadamente me retiré del lugar”.
Fue preguntado si observó o presenció algún procedimiento policial respondió: “no, no lo presencié. Cuando me estaba yendo vi que había un móvil policial y otro municipal pero me fui rápido, no sé qué pasó. Le dije chau María y nada más, ella tampoco dijo nada”.
De la narración del nombrado se infiere que ingresó al edificio junto a la señora Anyosa Vargas y su hija Alison, sin ser abordados por personal policial alguno, que llegaron hasta el departamento que Araujo pretendía alquilar -ubicado en el primer piso-, y que instantes después la señora comenzó a hablar por teléfono y se retiró de allí.
X. Los cuatro testimonios mencionados (Yesica Andrea Vidal, Esteban Polis Aravena, Segundo Victorino González y Darío Araujo), se ven complementados con la información que se obtuvo de los teléfonos celulares incautados a María Anyosa Vargas.
La nombrada expresó en su primera declaración (fs. 35/36), que la persona que la había contactado para ver el departamento en alquiler, lo había hecho desde el abonado 11337353 o 35, número que no recordaba con precisión (fs. 36).
De la declaración de Darío Hernán Araujo se desprende que su número de teléfono era el 113-373-3356 (fs. 190).
El acta de fs. 93 incorporada por lectura al debate, indica la existencia de tres comunicaciones en uno de los teléfonos secuestrados a la señora Anyosa, con el abonado 113373-3356, el 2 de febrero a las 9.05, 9.41 y 10.05 horas –esta última de cero segundos-.
En otro de los aparatos de la señora Anyosa se registró una llamada saliente a las 10.01 –con una duración de doce segundos-, al mencionado abonado correspondiente a Darío Hernán Araujo; y por otro lado, se registró una llamada entrante a las 10.06 horas del 2 de febrero, de un contacto agendado como “Brian nuevo”, y una llamada saliente de ese abonado al 356 a las 10.01 con una duración de doce segundos.
Vale decir que los registros de las llamadas telefónicas revelan las comunicaciones que existieron entre la señora Anyosa y Darío Hernán Araujo el mismo día en los minutos previos al procedimiento, y también resultan coincidentes con el relato que hiciera Brian Juarez Anyosa al afirmar que encontrándose en la vereda del edificio, llamó por teléfono a su madre que estaba arriba mostrando el departamento, ante el requerimiento de los funcionarios policiales que pedían la presencia de la dueña de la camioneta.
XI. Las evidencias descriptas y analizadas precedentemente autorizan a sostener, que la supuesta negativa de los acusados a bajar de la camioneta en el medio de una “situación de escándalo en la vía pública”, en realidad no ocurrió.
La señora Anyosa Vargas y sus hijos descendieron de la camioneta y siguieron los pasos ya descriptos (la madre y la hija ingresaron al edificio acompañados por el pretenso inquilino, Darío Hernán Araujo; el hijo Richard Brian permaneció en la vereda parado al lado de la camioneta), y en esas circunstancias se produjo el arribo del móvil municipal con el inspector Chacana y el subteniente Ruiz reclamando la presencia de “la dueña de la camioneta”.
Ahora bien, la comprobación de las circunstancias fácticas mencionadas resulta trascendental, porque ofrece un importante respaldo a la versión de los hechos presentada por los acusados, y como consecuencia de ello, produce una fuerte disminución del peso probatorio de la prueba de cargo en la que se apoyó el pronunciamiento en crisis.
En efecto, el magistrado otorgó un importante valor convictivo a los testimonios de los funcionarios policiales e inspectores municipales que intervinieron en el procedimiento (subteniente Esteban Julián Ruiz, oficial Gustavo Ariel Vega, e inspectores Carlos Daniel Chacana, Juan Pablo Jaimez y Cristian Escalante).
En la evaluación de estos testimonios, el juez consideró que “no existen elementos serios que permitan dudar de la veracidad de lo expuesto por los testigos atento la simpleza y coherencia de sus relatos, forjándose en mi ánimo la convicción de que no se han apartado de la verdad de lo vivenciado con intención de colaborar con la justicia para la averiguación de la verdad…”.
Los términos del razonamiento transcripto revelan una evaluación global de las declaraciones de los cinco funcionarios, que pasa por alto una circunstancia fundamental: sólo dos de esos funcionarios estuvieron presentes desde el inicio del procedimiento -el subteniente Ruiz y el inspector municipal Chacana-, mientras que los tres restantes llegaron varios minutos después, cuando la secuencia de los hechos a dilucidar ya había ocurrido.
Entonces, si bien es cierto que no hay motivos para dudar de la credibilidad de Juan Pablo Jaimez y Cristian Escalante, pues eran inspectores municipales que cumplieron funciones de chofer, también es cierto que arribaron al escenario de los acontecimientos varios minutos después de comenzado el procedimiento, cuando los hechos sobre los que transita la discusión ya habían pasado (fs. 30vta/31).
Si esto es así, de sus declaraciones no puede obtenerse información relevante para inclinarse por una u otra hipótesis. Lo mismo ocurre con el testimonio del oficial Vega, cuya declaración fue incorporada por lectura. Del acta respectiva surge que fue convocado al lugar “con fines de brindar apoyo a un móvil policial que realizaba un procedimiento”, y que al arribar observó la camioneta y a pocos metros de ésta, a los acusados “visiblemente nerviosos”.
Está claro que ninguno de los tres mencionados -Jaimez, Escalante y Vega- estuvo presente durante los minutos en los que se desarrollaron los acontecimientos en discusión.
XII. Quedan entonces los testimonios del subteniente Esteban Ruiz y del inspector municipal Carlos Daniel Chacana, que son en definitiva la fuente principal de apoyo para la reconstrucción de los hechos plasmada en el fallo.
Y al ser confrontadas sus declaraciones con el resto de la prueba presentada en el debate, se advierten notorias incongruencias que impiden otorgarles el valor convictivo que les asignó el órgano juzgador. El subteniente Ruiz y el inspector municipal Chacana afirmaron que la señora Anyosa Vargas y su hijo comenzaron a insultarlos cuando le solicitaron la documentación de la camioneta, a la vez que se negaban a bajar del rodado. Ese habría sido el origen de todo el procedimiento. Pero esa situación no ocurrió.
Ha quedado comprobado que cuando Ruiz y Chacana llegaron hasta el lugar donde estaba estacionada la camioneta, la señora Anyosa estaba en el primer piso, mostrando un departamento para alquilar. Es inconciliable la presencia de la señora Anyosa Vargas en el primer piso del edificio, mostrando un departamento para alquilar, con la situación descripta por Ruiz y Chacana en el acta: “… nos acercamos hacia la camioneta, solicitando a la femenina que apague el motor de la misma, y seguidamente ordenamos que entregue la documentación respaldatoria del rodado, siendo que la femenina contestando inmediatamente al pedido de la documentación, es que se tornó completamente alterada, comenzó a levantar la voz, y luego al ordenarse que descienda de la camioneta ésta comenzó a insultar a viva voz, haciendo un gran escándalo y cuestionando al personal interviniente. Que nuevamente se le ordenó que descienda de la camioneta, y ante la negativa rotunda de la femenina por aportar la documentación del rodado, y negarse a bajar, es que solicité móvil con femenina de apoyo…”.
El subteniente Ruiz afirmó en el juicio, que no perdió de vista a la señora –Anyosa Vargas- en ningún momento desde que bajó del rodado (fs. 29vta).
El inspector Chacana afirmó en la audiencia que la mujer (la acusada Anyosa Vargas) "no se quería bajar de la camioneta no quería mostrar la documentación y hasta que bajó y entregó la documentación” (fs. 30vta/31).
Ambas afirmaciones se vieron desmentidas, a partir de la comprobada presencia de María Anyosa Vargas en el primer piso del edificio, mostrándole el departamento a Darío Hernán Araujo.
En este punto, entiendo que luce claro el error del razonamiento del sentenciante, al afirmar que “no sería aventurado decir que la camioneta fue vista por los preventores, y cuando fueron a dar la vuelta para interceptarla, la justiciable subió al primer piso, lo que no se contradice con el procedimiento cabeza de actuaciones”.
Precisamente allí se encuentra la principal contradicción que demuestra que los hechos no ocurrieron en la forma en que se los reconstruyó en la sentencia.
Si la señora Anyosa Vargas se encontraba en el primer piso mostrando su departamento a Darío Araujo (quien por otra parte ingresó al edificio sin advertir ninguna situación que tuviera que ver con un procedimiento policial), entonces queda descartada la posibilidad de que el subteniente Ruiz le haya pedido a la señora Anyosa Vargas que apague el motor de la camioneta, tal como se consignara en el acta, y de igual manera, queda descartado que la nombrada se haya negado a bajar de su vehículo, pues es obvio, estaba en el primer piso de un departamento.
El análisis expresado demuestra que el subteniente Ruiz y el inspector municipal Chacana faltaron a la verdad al afirmar que los hechos se desarrollaron de una forma que no se corresponde con la realidad.
XIII. La importancia de esa conclusión no sólo tiene que ver con el impacto en la valoración de los dos testigos de cargo principales de la acusación, sino también con un aspecto trascendental en la estructura del hecho histórico reconstruido en la sentencia.
Si la secuencia descripta en la materialidad infraccionaria hubiera ocurrido sin solución de continuidad, esto es si el descenso de los acusados de la camioneta se hubiera producido cuando ya se encontraba el personal policial de apoyo y el testigo civil, e inmediatamente después se hubiera realizado la requisa, entonces las posibilidades de que alguno o algunos de los policías hubieran colocado un arma y material estupefaciente para incriminarlos se reducirían notoriamente.
Sin embargo, la prueba examinada en el fallo en crisis indica que los hechos no ocurrieron en la forma en que la relataron los preventores, y el descubrimiento de esa circunstancia permite apreciar la relevancia que tuvo esa falsa narración para la construcción de la imputación dirigida a los acusados.
Al sostener el subteniente Ruiz y el inspector municipal Chacana, que los acusados se negaban a bajar de la camioneta y los insultaban por el requerimiento de documentación del vehículo, los funcionarios invocaron un hecho que no existió como motivo de la “sospecha” que los llevó a requisar el rodado.
Pero además, con ese relato intentaron ocultar que el subteniente Ruiz ingresó al vehículo con la autorización de la señora Anyosa, en forma previa a que arribaran los “móviles de apoyo” y el testigo civil –Limberti-. Esta secuencia, anterior a la requisa que quedó registrada en las filmaciones, no sólo fue sostenida por los acusados desde un primer momento, sino que además fue observada por el testigo González. En esta línea de ideas, hay dos circunstancias que se desprenden de la compulsa de las filmaciones aportadas por Alison Anyosa y por Yesica Vidal, que deben ser destacadas, porque tienen directa relación con la versión de la defensa de acuerdo con el cual se trató de un procedimiento fraguado por el personal policial actuante para incriminarlos por un hecho que no cometieron.
Las circunstancias que se describirán a continuación demuestran las notorias contradicciones entre lo plasmado por los funcionarios policiales en el acta de procedimiento –que luego ratificaron en el juicio-, y las situaciones que se pueden observar en los registros audiovisuales aportados al debate.
XIV. La primera de ellas está dada por el lugar de la camioneta en el que fue hallada el arma.
En el acta de procedimiento inicial, ratificada por el subteniente Ruiz y el inspector Chacana en el juicio, se consignó que “…debajo del asiento de la femenina, del conductor se incauta un arma de fuego del tipo pistola color negro marca Sigsauer P228, con la numeración suprimida…”. Esta ubicación del arma fue la que se tuvo por comprobada en el fallo (fs. 27vta.).
Si se observa la filmación aportada por Alison Anyosa, se aprecia que un oficial de policía –que no es el subteniente Ruiz-, ubicado afuera de la camioneta del lado del acompañante, señala con un dedo en dirección al habitáculo del acompañante (minuto 4.59 en adelante), y allí se escucha una voz masculina que dice “un arma de fuego al parecer”, y luego otra referencia “está limada”, en clara alusión a la numeración de la pistola hallada.
Tanto el oficial de policía que realiza la requisa, como el testigo, los acusados, e incluso el subteniente Ruiz, se encuentran en la vereda al lado de la puerta del acompañante, vale decir que en esos instantes no había persona alguna cuyo ángulo de visión le permitiera apreciar qué había del otro lado del vehículo, debajo del asiento del conductor.
Esta secuencia indica entonces, que el arma no fue “hallada”
debajo del asiento del conductor, como se consignó en el acta mencionada. La relevancia de esta circunstancia viene dada porque en el acta se afirmó que la señora Anyosa, ubicada en el asiento de la conductora de la camioneta, se negaba a bajar (extremo que como se vio, quedó desmentido por la prueba de descargo), y luego se afirmó en el mismo documento, que debajo de ese asiento fue hallada el arma, incriminando entonces a la nombrada Anyosa por la tenencia ilegítima de ese objeto.
XV. Otra circunstancia que surge de la compulsa de ambas filmaciones, es que no existe una sola referencia, ni del personal policial, ni de los acusados, ni de ninguna otra persona presente en el lugar, que se vincule con el “hallazgo” en ese momento de material estupefaciente. Son varias las manifestaciones que se escuchan del personal policial interviniente, relacionadas con el “hallazgo” del arma de fuego, y también son varios los gritos y muestras de indignación de los acusados y de Alison Anyosa por la actuación de los funcionarios policiales – fundamentalmente en referencia al subteniente Ruiz-, pero todas ellas se circunscriben al arma de fuego.
En ningún momento se menciona la existencia de material estupefaciente, e incluso, en todas las imágenes que se alcanzan a percibir en la compulsa de las filmaciones, no hay ninguna que permita ver la bolsa blanca en la que se habría hallado el material, o las pequeñas bolsas negras en la que habría estado distribuido de acuerdo a la fotografía obtenida en la dependencia preventora (fs. 17 de la causa principal).
Tampoco se aprecian indicaciones al testigo, sean verbales o gestuales, que permitan relacionarlas con el hallazgo de la sustancia estupefaciente en el lugar que se indicó en el acta de procedimiento. Incluso la filmación aportada por Yesica Andrea Vidal permite escuchar varias referencias al hallazgo del arma, a la existencia de proyectiles en su interior, y a la exhibición de estos objetos al testigo, para culminar con frases vinculadas a la forma en que los intervinientes en el procedimiento se distribuirían en los automóviles que los llevarían a la dependencia.
Vale decir que ya avanzada la diligencia y próxima a concluir según se infiere de los registros fílmicos mencionados, no hubo una sola mención a la existencia de sustancia estupefaciente en la camioneta.
Se trata de una nueva inconsistencia en la reconstrucción histórica del hecho sostenida en el fallo, pues si la sustancia fue hallada "...debajo del asiento del acompañante (lugar que ocupaba el joven)...", no se explica por qué razón en ningún momento de las dos filmaciones aportadas se aprecia una mínima mención a ese material, cuando las imágenes obtenidas corresponden en gran medida a la inspección del habitáculo del acompañante.
La ausencia de tales referencias en el momento de la requisa tiene vinculación con un aspecto destacado por Alison Anyosa, de acuerdo con el cual “cuando yo estaba no encontraron droga y camino a la comisaría ya habían encontrado droga” (fs. 35).
XVI. En resumidas cuentas, las filmaciones muestran que el arma no fue hallada en el lugar indicado en el fallo (debajo del asiento de la conductora), y esas imágenes también arrojan serias dudas sobre el lugar y el momento del hallazgo de la sustancia estupefaciente que se tuvieron por comprobados en el veredicto (en la requisa realizada debajo del asiento del acompañante).
En este punto, interesa destacar que por fuera del "hallazgo" del material estupefaciente, no se presentó ninguna otra evidencia que permita vincular a los acusados con alguna actividad relacionada con el tráfico de estupefacientes. Por el contrario, han sido los propios imputados quienes al momento de prestar su primera declaración en la causa, brindaron los códigos de seguridad de sus aparatos telefónicos para que sean compulsados (ver fs. 36vta y 38vta del legajo principal), y ninguna información se obtuvo de allí como para brindarle algún tipo de sustento al encuadre legal establecido en el fallo (tenencia de estupefacientes con fines de comercialización).
Resta señalar que el testigo civil convocado para este procedimiento –Limberti- ha dado varias razones para ser descartado como una fuente de información valedera de los hechos narrados en la sentencia. De acuerdo a los términos consignados en el acta de debate, el nombrado se contradijo al expresar si había declarado en la dependencia policial ("No recuerda haber declarado en comisaría porque en comisaría son todos amigos míos"; para luego afirmar: "Recuerdo que sí tuve que declarar en la comisaría de San Fernando, que salta el azul... simplemente firmé lo que vi, era turquesa, pura"), y tampoco demostró seguridad sobre el lugar del hallazgo de los objetos, más precisamente del arma: "El arma la observé delante del habitáculo, pies a derecha del acompañante, no sé si es verdad" (fs. 3vta.).
Se consignó en el acta del juicio otra manifestación del testigo ("Los oficiales y el comisario me dijo que esto era un seguimiento"), que en caso de ser cierta abonaría la hipótesis de la defensa, pues demostraría que los hechos no habrían ocurrido en la forma en que se los plasmó en el acta de procedimiento inicial; y caso contrario, de ser falsa, terminaría por restarle toda credibilidad a su testimonio.
XVII. Por último, entiendo que en el contexto probatorio analizado precedentemente, no puede asignarse valor convictivo alguno, ni si siquiera “a título de mero indicio” según los términos del fallo (fs. 38), a la copia de la denuncia radicada por el señor Héctor Alberto Olano contra María Luisa Anyosa Vargas –su ex pareja- y contra Brian Richard Juárez Anyosa, por una supuesta amenaza con un arma de fuego.
En ese sentido, los acusados en esta causa han dado sobrados detalles del nivel de conflicto que mantienen con Héctor Olano desde el momento de la separación de la pareja –febrero del año 2016- (ver fs. 7/8vta y 104/106 de este legajo, y fs. 35/38 de la causa principal), y han planteado la posibilidad de que la actuación de los funcionarios policiales intervinientes en el procedimiento tenga relación con el mencionado Olano, dados los vínculos que éste tendría con funcionarios policiales de cierta jerarquía en esa zona.
En apoyo de su versión de los hechos, la señora Anyosa acompaño una copia de la denuncia que presentó el 27 de julio de 2016 - más de seis meses antes de los hechos que se le atribuyeron en esta causa- , ante la oficina de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la Provincia, revelando las relaciones que existían entre el mencionado Olano y funcionarios policiales de la zona, y la incidencia de esa circunstancia en las irregulares situaciones allí denunciadas.
Todo ello deberá ser aclarado en la investigación que se encomendará.
XVIII. Cabe concluir, en razón de todo lo expuesto, que la prueba descripta en el pronunciamiento en crisis no ha sido valorada por el sentenciante de acuerdo con las reglas contempladas en los arts. 209, 210 y 373 del ordenamiento adjetivo, llegándose a una conclusión inconciliable con las evidencias que conformaron el caudal probatorio disponible, y que en consecuencia descalifica a la sentencia condenatoria como acto jurisdiccional válido.
He sostenido en anteriores oportunidades, que el papel asignado a los tribunales superiores -en especial a aquellos encargados de asegurar el doble conforme- también se vincula al control de la valoración realizada para llegar a las conclusiones fácticas que son la base de la condena, teniendo en cuenta que la apreciación de la prueba de cargo disponible no se aparte de las reglas de la lógica, de las máximas de experiencia y de los conocimientos científicos, y que no es, por lo tanto, irracional, inconsistente o manifiestamente errónea.
Desde este prisma de análisis, encuentro que el iter lógico seguido por el “a quo” incurre en serias falencias que lo han llevado a descartar la integral valoración probatoria introducida legítimamente al proceso, denotando así insuficiencias en el camino discursivo escogido, concretamente en lo que hace a la existencia de la materialidad infraccionaria.
No se trata aquí de sustituir a los jueces del tribunal de grado en su apreciada “inmediación”, sino únicamente de controlar la razonabilidad de la motivación que une la actividad probatoria y el relato fáctico que de ella resulta.
Sobre esta base, juzgo inconsecuente la deducción a la que ha arribado el sentenciante, en la inteligencia de que existen errores fundamentales en la interpretación del caudal probatorio reunido durante la audiencia de debate.
De tal modo, encuentro que no se verifica un estado de certeza propio de una sentencia condenatoria, respecto de la ocurrencia de los hechos endilgados a María Luisa Anyosa Vargas y Richard Brian Juarez Anyosa.
Por tales motivos, se impone la absolución de los acusados por los hechos que se les atribuyeron, y por otro lado, ante el tenor de las irregularidades denunciadas por los nombrados, que cuentan con suficiente apoyo en el material probatorio incorporado a este legajo, se impone su investigación con el objeto de establecer la eventual comisión de delitos de acción pública por parte de los funcionarios que intervinieron en la prevención -subinspector Esteban Ruiz e inspector municipal Carlos Daniel Chacana-.
Asimismo, corresponderá evaluar esa situación a la luz de los distintos hechos de violencia de género denunciados por María Luisa Anyosa Vargas por parte de Héctor Alberto Olano, y los vínculos de éste con personal policial (ver fs. 35/37, 119/120 y 383/385 de la causa principal, fs. 104/106 de este legajo, y apartado XVII de este pronunciamiento). A tales fines se comunicará a la Fiscalía General departamental. VOTO POR LA AFIRMATIVA (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 14.5, PIDCP; 8.2.h, CADH; 1, 209, 210, 211, 371, 373, 451, 459 y 460, CPP).
A la primera cuestión el señor juez doctor Maidana dijo:
Que adhiere, en igual sentido, al voto del doctor Carral, por sus fundamentos. VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la segunda cuestión planteada el señor juez doctor Carral dijo:
Que de conformidad al resultado que arroja el tratamiento de la cuestión precedente corresponde: 1) Hacer lugar, sin costas, a los recursos de casación interpuestos en favor de María Luisa Anyosa Vargas y Richard Braian Juarez Anyosa; 2) Absolver a los dos nombrados por los delitos que se les atribuyeron en esta causa -tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia ilegítima de arma de guerra-; 3) Comunicar la decisión aquí adoptada a la Fiscalía General departamental, a los fines indicados en los apartados XVII y XVIII de este pronunciamiento (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 14.5, PIDCP; 8.2.h, CADH; 1, 209, 210, 211, 371, 373, 451, 459 y 460, CPP). ASI LO VOTO.
A la segunda cuestión, el señor juez doctor Maidana dijo:
Que adhiere, en igual sentido, al voto del doctor Carral, por sus fundamentos. ASÍ LO VOTO.
Por lo que se dio por finalizado el Acuerdo, dictando el Tribunal la siguiente:
I. HACER LUGAR, sin costas, al recurso de casación interpuesto por la defensa de María Luisa Anyosa Vargas y Richard Braian Juarez Anyosa.
II. CASAR la sentencia recurrida y ABSOLVER a María Luisa Anyosa Vargas y a Richard Braian Juarez Anyosa por los delitos que se les atribuyeron en esta causa -tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia ilegítima de arma de guerra-.
III. COMUNICAR la decisión aquí adoptada a la Fiscalía General departamental, a los fines indicados en los apartados XVII y XVIII de este pronunciamiento.
IV. REGULAR los honorarios profesionales del doctor Fabián Eduardo Stillo y de la doctora María Elisabet Palacio, por la labor desarrollada en esta instancia, en un 20% de la suma fijada en origen. Rigen los arts. 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.2.h. de la Convención Americana de Derechos Humanos; 18 y 75 inc. 22, de la Constitución Nacional; 1, 209, 210, 211, 371, 373, 451, 454, 459 y 460, del Código Procesal Penal; y ley 14.967.
Regístrese, notifíquese y remítase a la Mesa Única General de Entradas para su devolución a origen.
FDO.: DANIEL CARRAL – RICARDO MAIDANA. ANTE MI: PABLO GASTON GONZALEZ
Fin de la sentencia