Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la Resolución N° 46/2016, en cuanto determina el impuesto a los débitos y créditos en cuentas corrientes bancaria y liquida intereses resarcitorios, con costas.
2Revocar la sanción determinada en la Resolución Nº 46/2016, con costas por su orden en atención a las particularidades de la cuestión.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2023-42159395-APN-VOCI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 17 de Abril de 2023 En la fecha se reúne la Sala “A” del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por la Dra. Agustina O’Donnell (Vocal Subrogante de la 1° Nominación), la Dra. Laura Amalia Guzmán (Vocal Titular de la 2° Nominación) y el Dr. Pablo Alejandro Porporatto (Vocal Subrogante de la 3° Nominación) para dictar sentencia en el Expediente N° 47.308-I, caratulado: “ANZUC S.R.L. s/ recurso de apelación”.
La Dra. Agustina O’Donnell dijo:
I. Anzuc S.R.L. interpone ante este Tribunal el recurso de apelación previsto en el art. 76 de la ley 11.683 contra la Resolución Nº 46/2016, dictada el 31 de agosto de 2016 en la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Tucumán de la Administración Federal de Ingresos Públicos, mediante la cual se determinó su obligación frente al Impuesto a los Débitos y Créditos en cuenta corriente bancaria por los periodos fiscales 4/2010 a 1/2012 y se la intimó a ingresar la suma de $837.829,49, más intereses resarcitorios (art. 37, ley). En dicho acto, además, se le aplicó una multa de $ 86.933,01 equivalente a tres veces el impuesto presuntamente evadido, con sustento en lo dispuesto por el art. 46 de la misma ley (t.v.)
Sostiene, en primer término, que no acaeció el hecho imponible del tributo reglado en la ley 25.413 al no haber incurrido el sistema organizado de pagos que se le endilga, en tanto no hay organización alguna en una empresa que cancela a sus proveedores de diversas formas (transferencias, cesiones de plazos fijos, cheques, depósitos). Explica que el sistema organizado de pagos es un concepto polivalente, sin sentido predeterminado, a tal punto que ni en el informe final de fiscalización ni en el expediente administrativo hay un solo vestigio siquiera de lo que el inspector habría entendido por ello a los efectos de justificar el ajuste y agrega que mal pudo concluirse en su existencia, sin desembocar en una irremediable e inexcusable arbitrariedad.
Hace saber también que el depósito en efectivo en la cuenta del proveedor no era la única manera de pagar sus obligaciones y que si bien recibe gran parte de su cobranza en dinero en efectivo, no puede sostenerse que sustituye sus cuentas bancarias por el mero hecho de administrar el dinero según su mejor economía, fundamentalmente cuando ello está expresamente permitido por el art. 1° de la ley 25.345.
Solicita, en consecuencia, que se deje sin efecto la pretensión fiscal, y del mismo modo la sanción aplicada al no haber cometido ninguna conducta disvaliosa.
Plantea también la nulidad de la Resolución por considerar que el juez administrativo debió efectuar la compensación de oficio prevista en el art. 81 de la ley 11.683 entre lo determinado y el 17% previsto en los ap. 2 y 3 del art. 13 del Decreto N° 380/2001, reglamentario de la ley 25.413, al no haberse computado el impuesto en cuestión del impuesto a las ganancias.
Adjunta prueba documental y solicita la producción de prueba pericial contable e informática y solicita que se revoque la Resolución, con costas.
II. A su turno contesta el traslado del recurso el representante fiscal, que por las razones de hecho y de derecho que invoca, solicita se la confirme, también con costas.
III. A fs. 81 se abre el período probatorio, admitiéndose parcialmente la informativa ofrecida y la pericial contable; sin embargo, a fs. 98 se da por decaído el derecho a producirla por la propia inactividad del recurrente, se clausura y a fs. 111 se elevan los autos a consideración de la Sala. A fs. 112 se ponen los autos para alegar, los que son producidos únicamente por el Fisco Nacional a fs. 116/118. A fs. 120 quedan en estado de dictarse la sentencia.
IV. A la hora de resolver, corresponde tener en cuenta que los agravios de Anzuc S.R.L. se dirigen a cuestionar la existencia del sistema organizado de pagos en que el juez administrativo encuadró su operatoria para gravarla en el impuesto creado por la ley 25.413. Para ello, dice que las compras las pagaba de diversas formas –transferencias bancarias, cesiones de plazos fijos, cheques, depósitos-, es decir, que no era el depósito de dinero en efectivo en cuenta el único medio y, por ende, que no hubo una organización que reemplazara el uso de la cuenta bancaria.
Tal como surge de los antecedentes administrativos, Anzuc S.R.L. tiene como actividades: elaboración de azúcar, destilación de alcohol etílico, servicios inmobiliarios, venta de productos intermedios, desperdicios y desechos, generación de energía, la venta al por menor de combustible para vehículos automotores y motocicletas, venta por mayor de abono, fertilizantes y plaguicidas y servicios de cosecha mecánica.
La determinación aquí recurrida ha sido dictada principalmente por los pagos realizados por la explotación de un Ingenio Azucarero -“Ingenio La Trinidad”-, en virtud de la cual recibe de distintos cañeros y/o terceros la caña de azúcar, ya que no posee caña de azúcar propia, la cual mediante un proceso fabril es transformada en Azúcar Blanco, Azúcar Crudo, Alcohol en sus distintos gustos, bagazo y otros subproductos. En los períodos que aquí importan, Anzuc S.R.L. ejerció dicha actividad bajo el régimen de maquila en el que le corresponde al propietario de la materia prima (cañero y/o tercero) el 60% de azúcar elaborado y el 40% restante a Anzuc S.R.L. En el marco del proceso de fiscalización, se pudo verificar que la mayoría de los pagos a los proveedores y cañeros en el período 4/2010 a 1/2012 se realizaron en efectivo. A fs. 60/66 de los ant. adm. obran agregadas planillas con el detalle de los pagos efectuados en dicha condición –en efectivo- a sus tres proveedores, Ri Mar Alcoholes S.R.L., Guillermina Fuel Gas & Oil S.R.L. y Guchea Hermanos, por un importe total de $67.534.629,81; del mismo modo, a fs. 67/69 se encuentran desagregados por fecha y monto los pagos realizados a los cañeros por un total de $2.284.494,36, también en efectivo.
Se trata en todos los casos de operaciones continuas con las mismas personas, varias en el mismo mes, algunas de las cuales exceden el millón de pesos inclusive.
La información volcada en las planillas, luego base de la determinación de oficio dictada en la resolución recurrida, fue suministrada por Anzuc S.R.L. al contestar el requerimiento que le cursara la fiscalización el 15 de noviembre de 2013 al que adjuntara la documentación agregada a fs. 22/59. Hizo saber allí que “Adjunto planilla en la que se informan los medios de pago utilizados para cancelar las operaciones previamente enunciadas por la inspección”.
La cuestión a resolver entonces es si los pagos realizados por Anzuc S.R.L. por depósito de dinero en efectivo en las cuentas bancarias de sus proveedores y de los cañeros constituyeron un sistema organizado de pagos con el objeto de evitar el uso de cuentas bancarias propias, alcanzado por el gravamen conforme a lo dispuesto en el art. 1°, inc. c) de la ley 25.413 y sus reglamentaciones.
A tal fin, debe estarse a la doctrina adoptada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Piantoni”, en la que por mayoría y a partir de un análisis minucioso de las normas aplicables, tanto las legales -art. 1° de la ley 25.413, sustituido por el art. 3° de la ley 25.453-, como reglamentarias -art. 2° del Anexo del decreto 380/01 y art. 43 de la RG AFIP N° 1135/2001, (cuyo texto se repite en el art. 40 de la RG AFIP N° 2011/2006) vigente en los períodos fiscales 4/2010 a 1/2012 que aquí importan, sostuvo que el propósito del inc. c) del art. 1° de la ley, luego de la reforma citada que amplió su ámbito de aplicación y que es la misma sobre el que versa la presente causa, fue dejar establecido que “…no se pretende gravar cualquier movimiento de fondos, sino únicamente aquel que razonablemente pudiera considerarse que estuviese 'reemplazando" una operación que no fue realizada a través de un débito o crédito en las cuentas bancarias de quien efectuó dicho movimiento”, de modo de alcanzar también con el gravamen a todos los movimientos de dinero en efectivo, como dice la propia Corte “…establecida, precisamente, con la finalidad de evitar la elusión del impuesto en los términos en los que este había sido originariamente establecido por el legislador” –conf. “Piantoni Hos. SACIFIyA c/ Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo”, sentencia del 12 de diciembre de 2017 o Fallos 340:1884-. En el caso, no se encuentra en discusión que Anzuc S.R.L. pagó sus operaciones en efectivo o depositando el dinero en las cuentas de sus proveedores y las participaciones de los cañeros, sin que la prueba rendida en esta instancia modifique que lo hizo de forma organizada y con el propósito de eludir el sistema bancario. La única prueba que se produjo fue la informativa dirigida a ACARA, que obra agregada a fs. 87/88, pero debe decirse que la actividad sobre la que allí se informa nada tiene que ver con la ejercida por Anzuc S.R.L., que originó la determinación de oficio, ni es asimilable por lo que sus conclusiones son fútiles a los efectos pretendidos.
La prueba producida en esta instancia no logró desvirtuar la pretensión fiscal que, cabe destacarlo, fue formulada a partir de la información por ella misma suministrada a la fiscalización, por lo tanto corresponde aplicar en el caso las conclusiones arribadas en la jurisprudencia del más Alto Tribunal antes citada por darse presupuestos fácticos similares a los allí tenidos en cuenta para determinar la existencia de un sistema organizado de pagos, en el caso, adoptado con regularidad con sus proveedores y cañeros.
En consecuencia, corresponde confirmar la Resolución recurrida en todas sus partes, con costas.
En cuanto al planteo de nulidad de la Resolución que Anzuc S.R.L. sustenta en que el juez administrativo omitió compensar de oficio la diferencia entre lo determinado y el 17% previsto en los ap. 2 y 3 del art. 13 del decreto 380/2001, debe rechazarse.
Dicha norma, en su parte pertinente, dispone que “Asimismo, los sujetos que tengan a su cargo el gravamen por los hechos imponibles comprendidos en los incisos b) y c) del artículo 1º de la ley en el párrafo precedente, alcanzados por la tasa general del DOCE POR MIL(12%0), podrán computar como crédito de impuestos o de la Contribución Especial sobre el Capital de las Cooperativas, el TREINTA Y TRES POR CIENTO (33%) de los importes ingresados por cuenta propia o, en su caso, liquidados y percibidos por el agente de percepción en concepto del presente gravamen, correspondiente a los mencionados hechos imponibles.”
En tal sentido la normativa detallada es clara y no presenta dificultades de interpretación para su aplicación, es decir, para poder utilizar el impuesto como crédito, primero debe haber sido ingresado por cuenta propia (liquidado y depositado); pero en el caso, la determinación de oficio fue practicada conforme a lo dispuesto en el art. 1°, inc. c) de la ley 25.413 y sus normas reglamentarias que tiene un régimen específico de determinación y liquidación de la obligación fiscal, por lo que no correspondía en el caso concreto que el juez administrativo ejerciera la facultad que acuerda el art. 81 de la ley 11.683.
De ello se sigue que la liquidación del gravamen ha sido correctamente efectuada y debe ser confirmada.
V. Queda referirse por último a los agravios dirigidos contra la sanción aplicada en la Resolución. Las consideraciones ya realizadas, en relación al uso de las modalidades de pago adoptada por Anzuc S.R.L. con sus proveedores y cañeros, no dejan duda de la configuración del elemento objetivo del tipo infraccional, consistente en haber omitido el ingreso del gravamen previsto en la ley 25.413 y sus modif. En efecto, la recurrencia de los pagos realizados tanto a unos como a otros en el tiempo, sumado a la entidad de los montos involucrados en los movimientos de dinero en efectivo, no dejan margen de dudas que Anzuc S.R.L. se organizó de tal modo para eludir el pago del gravamen que recae sobre el uso de la cuenta bancaria y, como tal, esa conducta merece ser encuadrada en la figura del art. 46 de la ley 11.683 (t.v.).
No se advierte, entonces, razones que permitan eximir a Anzuc S.R.L. de su responsabilidad frente a dicho gravamen, ni tampoco calificar su conducta en la figura más leve de omisión de impuesto. Ello así, máxime cuando aunque tuvo la oportunidad de hacerlo no instó la producción de la prueba pericial contable que en esta instancia se le admitiera con el objeto de probar una realidad distinta a la pretensión fiscal. La única prueba que sí rindió, la informativa a ACARA, no tiene ninguna relación con el tema en discusión ni con lo que tenía que probar.
Por todo ello, debe ser confirmada en este aspecto también la Resolución, con costas.
La Dra. Laura A. Guzmán dijo:
I. Que adhiere al relato de los hechos y a la solución propiciada por la Vocal Instructora con respecto a la determinación de oficio y los intereses resarcitorios reclamados, toda vez que la cuestión traída a conocimiento resulta idéntica a la resuelta por la suscripta in re "Distrans S.R.L.", Expte. 33.740-1, de fecha 9/9/2019, a cuyos fundamentos me remito en mérito a la brevedad.
Il.- Que no comparto, en cambio, la solución a la que se arriba sobre la procedencia de la sanción, que el ente fiscal subsume en el artículo 46 de la ley de rito.
Debe precisarse, que para considerar configurado el ilícito material por defraudación contemplado en el artículo 46 citado debe verificarse la existencia de sus elementos tipificantes.
En primer término, el aspecto objetivo, que consiste en analizar la presencia de la conducta antijurídica y si en su caso, no existió causal que enervara su antijuridicidad.
Comprobada la presencia del elemento objetivo corresponde analizar la imputabilidad del autor. La norma exige la acreditación no sólo de la conducta descripta sino la presencia de un accionar engañoso o malicioso mediante hechos concretos. Ello por cuanto en materia sancionatoria es aplicable el principio fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir, aquel a quien la acción punible pueda serle atribuida tanto objetiva como subjetivamente.
Al respecto, no resulta ocioso destacar que la defraudación fiscal se configura con la comisión de un artificio o engaño; con la realización de una conducta dirigida a evadir el tributo. Como señala la doctrina, "el engaño es, ante todo, expresión objetiva de una falsedad subjetivamente pensada". Debe existir la conducta falsa, pero esa falsedad debe ser conocida por el sujeto activo de la defraudación.
Y ello es así toda vez que "El elemento tipificante del art. 46 de la ley 11.683 está constituido por la intención defraudatoria cuya descripción genérica puede esbozarse como representación de aquellas circunstancias de hecho que correspondan a los elementos constitutivos esenciales de un delito. No obstante, no basta para constituirlo la presencia de elementos genéricos configurantes, es decir, la conciencia de la criminalidad del acto y la dirección de la acción, pues el aspecto subjetivo del tipo establecido está definido de manera especial y requiere instrumentación expresa a través de "declaraciones engañosas u ocultaciones maliciosas." (conf. Damarco, Jorge H. (Director) "Tratado Jurisprudencial y Doctrinario", Derecho Tributario. Régimen Penal Tributario e Infracciones", Cap. XXI, Multa por defraudación", Ed. La Ley, Bs. As, 2010 p.304).
Bajo esas premisas, sólo resta afirmar que será el ente fiscal el encargado de comprobar la existencia de ambos elementos.
III. Que como se dijo, corresponde al Fisco Nacional acreditar no sólo el elemento objetivo sino también el subjetivo, es decir la "voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas”. En otras palabras, resulta necesario probar el despliegue de acciones u omisiones dirigidas a sustraerse del pago del impuesto como presupuesto de procedencias de la sanción.
Por lo tanto, es indispensable que surja de las actuaciones administrativas la prueba fehaciente y directa de la conducta dolosa que se atribuye al responsable, que requiere la utilización de medios hábiles e idóneos para ocultar su real capacidad contributiva e inducir a error al Fisco Nacional.
En ese contexto, analizados los antecedes administrativos, el informe de fiscalización y las resoluciones dictadas en consecuencia, se desprende que el Fisco Nacional no actuó diligentemente.-
En efecto, cabe señalar que a mi criterio, el juez administrativo no ha descripto los elementos en los que sustenta el accionar doloso del recurrente así como no expone cuales son los hechos que llevaron a afirmar que la actora cometió un acto fraudulento.- Más aun teniendo en consideración la existencia de distintas reglamentaciones sobre la operatoria llevada a cabo.-
En conclusión, sólo cabe afirmar que el ente fiscal no sustenta mediante elementos probatorios concretos, la existencia del dolo.
IV. Que no obstante lo expuesto, en atención a los hechos relatados, los elementos que obran en los antecedentes administrativos, y si bien no se comparten las conclusiones del Fisco Nacional acerca de la configuración de la conducta dolosa, lo cierto es que el recurrente omitió declarar el impuesto en su justa medida. Como quedo dicho, si bien el Fisco Nacional no pudo probar en forma fehaciente y directa la conducta dolosa que le atribuye, la misma debe reputarse como cometida con culpa y por ello, encuadrarse en la figura que tipifica el artículo 45, salvo que se acredite la presencia de error excusable.
En ese orden de ideas, cuadra advertir que según lo prevé el artículo 45 de la ley 11683, la única causa que actúa como eximente de culpabilidad es el denominado “error excusable”, cuestión que si bien importa penetrar en el lado interno de la voluntad (en palabras de López de Zavalía la "voluntad de contenido") presenta dos datos fundamentales a fin de que tenga existencia jurídica: en primer lugar, comprometer la esencia de la voluntad, ya que debe tratarse de un error esencial, decisivo e inculpable; en segundo término, que la excusabilidad esté definida por el concepto de culpa, el cual requiere de un comportamiento normal y razonable del sujeto frente al evento en que se encontró. Aun cuando es fácil observar la complejidad de establecer cuándo debe entenderse que un error es excusable, como bien lo enseña Llambías, "saber si ha habido razón para errar" dependerá de las circunstancias de cada caso. En otros términos, si la persona actuó con la prudencia que exigía la situación y pese a ello incurrió en omisión, no se la puede condenar (CNFed. Cont. Adm. - Sala V - "Colegio San Gregorio" - 8/9/2004).
En tal sentido los errores de interpretación de leyes o confusiones derivadas de fallos contradictorios o de la mala redacción de sus disposiciones pueden actuar como causas de exculpación por error.
Ello así, la cuestión debatida en autos generó criterios interpretativos disímiles que confluyeron en decisorios judiciales contrapuestos, que llevaron a que la cuestión fuera resuelta en definitiva por nuestro Máximo Tribunal en el precedente citado, circunstancia que pudo hacer incurrir a la recurrente injustificadamente en error al interpretar la normativa aplicable, que lo exime de responsabilidad.
En mérito a lo expuesto, voto por confirmar la resolución venida en recurso en cuanto determina de oficio la obligación de la recurrente frente al impuesto sobre los débitos y créditos en cuenta corriente bancaria y liquida intereses resarcitorios, con costas y revocar la sanción aplicada, costas por su orden.
El Dr. Pablo A. Porporatto dijo:
Adhiero al voto de la Dra. O'Donnell en cuanto confirma el ajuste respecto del impuesto bajo discusión y los correspondientes intereses resarcitorios.
Con relación a sanción aplicada por el Fisco Nacional, adhiero a la solución propuesta en el voto de la Dra. Guzmán.
Con relación a esto último, a mayor abundamiento, cabe resaltar que el criterio adoptado por la Sala B que integro como vocal titular, en la sentencia de fecha 06/09/2018 en los autos caratulados: "LA PAYUCA SRL S/ APELACIÓN" (Expte N° 35.124-1) fue confirmado en el pronunciamiento del día 21/05/2019 por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (SALA IV) en las actuaciones: "LA PAYUCA SRL C/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA S/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO" (Expte N° 12706/2019) en virtud del cual resolvió que: "La existencia de error extrapenal como eximente de culpabilidad requiere un comportamiento normal y razonable del sujeto frente al evento en que se encontró, es decir que su actitud responda a una interpretación de la norma tributaria que entendía razonablemente no aplicable. También hay error excusable cuando la conducta del infractor proviene de normas fiscales de difícil o dudosa interpretación. Al respecto, se ha entendido que el error de derecho extrapenal será excluyente de responsabilidad cuando provenga de una razonable oscuridad de las normas o de criterios interpretativos diferentes que, aún actuando con la debida diligencia, coloquen al contribuyente en una situación de confusión. En el caso de autos, dadas la complejidad de las normas en cuanto al alcance del hecho imponible y a lo que debe considerarse como un "sistema organizado de pago", ello pudo generar la confusión de considerar que las operaciones en cuestión no se encontraban alcanzadas por el impuesto (confr. en este sentido esta Sala en la causa n° 22.634/2013 "Altho Gruop SRL (TF 32730-1) c/ DGI" del 3 de diciembre de 2013)."
En definitiva, ello así, tampoco corresponde la sanción a la contribuyente en los términos del artículo 45 de la ley ritual. Las costas en este aspecto corresponde aplicarlas por su orden en atención a las particularidades de la cuestión.
Por ello, por mayoría SE RESUELVE:
1. Confirmar la Resolución N° 46/2016, en cuanto determina el impuesto a los débitos y créditos en cuentas corrientes bancaria y liquida intereses resarcitorios, con costas.
2. Revocar la sanción determinada en la Resolución Nº 46/2016, con costas por su orden en atención a las particularidades de la cuestión.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas acompañadas y oportunamente archívese.-
Date: 2023.04.17 13:06:07 -03:00 Date: 2023.04.17 15:36:37 -03:00 Laura Amalia Guzman Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocal Subrogante Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Vocalía III Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.04.17 15:43:25 -03:00 Agustina O'Donnell Vocal Subrogante Vocalía I Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.04.17 15:43:26 -03:00
Fin de la sentencia