Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Nicolás · Causa 45501
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar , con costas, el recurso de apelación interpuesto por la interesada y defensa oficial y, en consecuencia, confirmar la sentencia condenatoria dictada el 24 de septiembre de 2.026 en la causa nro. SN 342-24-1 del Juzgado en lo Correccional ro. 3 Departamental contra C L F , por resultar autora penalmente responsable de los delitos del delito de robo en grado de tentativa, en los términos de los arts. 164 y 42 del Código Penal, imponiéndole la pena de seis meses de prisión de efectivo cumplimiento y, en definitiva, la pena única de cuatro años y cuatro meses de prisión de efectivo cumplimiento, accesorias legales y costas, comprensiva de la pena de cuatro años de prisión, de efectivo cumplimiento, inhabilitación absoluta accesoria del art. 12 del C.P. y multa de 45 unidades fijas impuesta en la causa nro. 1692 del Tribunal en lo Criminal nro. 2 departamental (sentencia del 27/04/2022), declarándola reincidente (arts. 399, 530 y 531 del C.P.P.); teniendo presente la reserva de acudir a instancias superiores.-
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C L F - APELA SENTENCIA EN JUICIO ABREVIADO
Expte. n° 45501
En la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, reunidos en Acuerdo los Sres. Jueces de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de San Nicolás, con el objeto de dictar resolución en la causa nro. 45.501 caratulada: "C L F - Apela sentencia en juicio abreviado", actuaciones electrónicas provenientes del Juzgado en lo Correccional nro. 3 departamental (causa nro. SN-342-24-1 de ese organismo; I.P.P. 16-00-013019-23/00), habiendo resultado del sorteo correspondiente que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: Dres. Eduardo Alfredo Alomar y Guillermo Martínez, y estudiados los autos se resolvió plantear y votar las siguientes:
1ra.) ¿Es justa la resolución recurrida?
2da.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA : el Sr. Juez Dr. Eduardo Alfredo Alomar dijo:
I. El 24/03/2026, la magistrada titular del Juzgado en lo Correccional nro. 3 departamental, Dra. Luciana Beatriz Díaz Bancalari, luego de admitir el trámite de juicio acordado por las partes con la conformidad de la encartada -contenido de los escritos de la agencia fiscal interviniente del 11/04/2024 y del 6/08/2025, de la aceptación de la propuesta - en todos sus términos - efectuada por la defensa oficial el 27/02/2026 y del acta de la audiencia celebrada el 16/03/2026 en el marco de la causa nro. SN-342-14-1 de aquel organismo -, dictó sentencia condenatoria contra C L F , por resultar autora penalmente responsable del delito de robo en grado de tentativa, en los términos de los arts. 164 y 42 del Código Penal, imponiéndole la pena de seis meses de prisión de efectivo cumplimiento y, en definitiva, la pena única de cuatro años y cuatro meses de prisión de efectivo cumplimiento, accesorias legales y costas, comprensiva de la pena de cuatro años de prisión, de efectivo cumplimiento, inhabilitación absoluta accesoria del art. 12 del C.P. y multa de 45 unidades fijas impuesta en la causa nro. 1692 del Tribunal en lo Criminal nro. 2 departamental (sentencia del 27/04/2022), declarándola reincidente (cfr. arts. 399, 530 y 531 del C.P.P.).-
Al conocer los términos de aquella resolución, la encartada de autos manifestó su disconformidad, al igual que el Defensor Oficial, Dr. Pablo Javier Prati, interponiendo recurso de apelación contra la sentencia condenatoria por entender que se ha vulnerado el debido proceso y el derecho de defensa en juicio ante la ausencia de motivación suficiente en la determinación del monto de pena impuesta; ello al no haber valorado circunstancias atenuantes (carencia de desapoderamiento de algún objeto y de daño comprobado en la propiedad damnificada, circunstancias personales y problemas de salud de la imputada; duración innecesaria y desproporcionada del proceso judicial; cfr. arts. 40 y 41 del C.P.), tornando desproporcionada e irracional la pena impuesta por el delito de robo en grado de tentativa individualizándola en seis meses de prisión de efectivo cumplimiento al existir una sola circunstancia agravante (antecedentes penales condenatorios). Culmina su labor solicitando se modifique la pena, acorde las circunstancias atenuantes descriptas y formula expresa reserva de plantear recursos extraordinarios ante organismos superiores, en caso de desestimarse su pretensión.-
II. En tarea resolutiva corresponde destacar que el fallo en crisis, tanto en la descripción material del hecho ilícito materia de investigación, en la participación adjudicada a la encartada como co-autora (cfr. art. 45 C.P.), en la valoración y conclusiones probatorias de ambos extremos, en la calificación legal atribuida y - en lo que aquí interesa por tratarse de la cuestión que atribuye el conocimiento del proceso a esta Alzada ( art. 434 del ritual) - en la determinación del tipo, monto y forma de ejecución de la sanción punitiva aplicada (respecto del hecho ilícito que motivara la formación de la I.P.P. 16-00-013019-23/00, y el de la pena única que comprende la sanción privativa de libertad impuesta en la causa nro. 1693 del TOC n° 2 dptal.), no se ha apartado un ápice de los términos que admitidos expresamente por la defensa técnica (en el escrito del 27/02/2026) y por la causante C en la audiencia fijada en los términos del 398 del CPP (del 05/03/2026) en el trámite de los autos principales, y en cuyo desarrollo se estimaron las pautas que debían considerarse para la imposición de la pena como circunstancias agravantes y atenuantes, con lo cual la actitud recursiva de la defensa oficial, negando ahora lo que antes admitiera (al ratificar los términos del acuerdo), constituye una abierta violación a la doctrina de los propios actos de las partes que exige coherencia a los operadores en las actitudes que se adoptan en el desarrollo de un proceso (conf. T.C.P., Sala I, sentencia del 18/10/2.000 en causa nro. 2.525).-
Porque al no registrarse apartamiento alguno de los extremos acordados, en donde se incluyeron las circunstancias atenuantes (sometimiento al régimen del juicio abreviado) y también las agravantes (antecedentes penales condenatorios y pluralidad de intervinientes en la comisión del hecho), así como el monto y la modalidad de la pena privativa de libertad (arts. 396 y 399 del CPP) de seis meses de prisión de efectivo cumplimiento, y en definitiva se la pena única de cuatro años y cuatro meses de prisión de efectivo cumplimiento , se advierte que la magistrada correccional respetó la sanción acordada en el pacto celebrado, de manera que la cuestión que se pretende someter a revisión se transforma en abstracta (T.C.P., Sala I, sent. del 11/9/2001; en causa 1227), ya que ". respecto de las pautas de determinación de la pena el disconformado carece de interés para recurrir, toda vez que el órgano jurisdiccional se ajustó a lo oportunamente acordado por las partes sobre la pena a aplicar y tal actitud sella la suerte del recurso pues en este supuesto no hay agravio o gravamen mensurable." (T.C.P., Sala II, en causa nro. 4.925:" García, Walter y Boa, Claudio", sent. del 26/4/2001). De modo que la presentación de la defensa, al momento de interponer el remedio impugnativo, implica violación del deber de lealtad procesal (conf. T.C.P., Sala II, causa 6031; sent. 11/9/2003).-
En otros términos, las aseveraciones efectuadas por la defensa ante esta sede no importan agravio o gravamen mensurable en tanto la sanción impuesta a la imputada de autos resulta ser la pactada en el acuerdo de partes y se corresponde con su situación en el proceso (cfr. arts. 40 y 41 del C.P.), lo que impide la intervención de un tribunal superior al no encontrarse habilitado para revisar lo decidido, ya que no es posible ".. dejar de lado el carácter de acto homologatorio de la voluntad de las partes y que en este tipo de pronunciamiento implicaría, por cierto, quebrantar el sistema acusatorio y desconocer el principio de buena fe procesal" (conf. T.C.P., Sala I, sent. del 18/10/2000 en causa 2525 supra referenciada); ". pues lo que se impugna es precisamente aquello sobre lo que se prestó conformidad en el trámite del juicio abreviado. No hay acción sin interés ni recurso sin agravio." (S.C.B.A., Ac. 88623, res. del 28/9/2005).-
III. No obstante ello, corresponde pasar por alto esta limitación formal a fin de extender la posibilidad recursiva a favor de la prevenida en el ejercicio del derecho impugnativo atribuido por el ritual (cfr. arts. 3, 401 y 439), y contemplando que se hallaría legitimada a recurrir en razón del llamado " derecho al doble conforme " que reconoce como fuente un derecho constitucional que no tiene limitación alguna en razón del acuerdo, y en tanto la S.C.B.A. tiene dicho que ". La circunstancia de que la revisión de la calificación legal y el monto de la pena se de en el marco de una sentencia dictada por medio del sistema de juicio abreviado (arts. 395 y ss., CPPBA) en modo alguno implica que aquélla no deba - si fuera atacada recursivamente - ser revisada de esta manera, dotada dicha impugnación de todas las prerrogativas constitucionalmente aseguradas. Toda vez que no existe en la normativa constitucional distinción que autorice su discriminación frente a otra que tramite por vía del juicio común." (P- 90.097: "F. E. s/ recurso de casación", sent. del 20/12/2006 en Juba ídem 25/4/2007; fallo citado por Schiavo, Nicolás, "Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires", Tomo 2, art. 401, p. 478, Ed. Hammurabi, 2da. Edición actualizada, abril del año 2015).-
Y desde esa perspectiva, advierto que se equivoca el Defensor Oficial cuando pretende modificar el monto punitivo con base en conceptos doctrinarios y criterios normativos que, en modo alguno, han sido incumplidos por la jueza sentenciante en la elección de la sanción que estimó más adecuada y justa acorde las circunstancias fácticas y atendiendo a la cifra elegida por las partes en relación a la circunstancia atenuante y las agravantes ponderadas (ver Cuestiones Quinta, Sexta y Octava del fallo en crisis), lo que da cuenta que los argumentos del letrado apelante resultan ineficaces para demostrar un vicio que el pronunciamiento no contiene, pues solo exhibe una discrepancia con el resultado final sin siquiera efectuar una evaluación diversa de los elementos ponderados, todo lo cual desvanece la existencia de una sentencia carente de la debida fundamentación; máxime cuando se trata de una persona reincidente, quien al volver a delinquir (después de haber sido condenada a la pena de cuatro años de prisión efectiva) manifiesta su desprecio a la advertencia que encierra la amenaza penal (art. 50 del CP), indicadores que al agravar su responsabilidad penal impiden reducir la condena como pretende la defensa oficial. Asimismo, sobre la posibilidad de atenuar la pena ante la imputación en grado de tentativa, cabe señalar que la ausencia de producción de un resultado lesivo ya ha sido contemplada al momento de reducirse la escala penal del delito de robo (arts. 164 y 42 del CP). Finalmente, tampoco corresponde computar como atenuantes las circunstancias personales, los problemas de salud ni la duración del proceso judicial al tratarse de contingencias que resultan posteriores y ajenas a las pautas mensurativas (art. 41 CP), no guardando relación con la culpabilidad demostrada en el hecho concreto, admitir lo contrario implicaría el grave riesgo de vulnerar el principio de derecho penal de acto, desentendiéndose de su vinculación con la magnitud del injusto penal y el grado de culpabilidad evidenciado en el delito de marras (cfr. SCBA, en causa P. 140.422:"Martínez, Oscar Guillermo s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley"; sentencia del 19/5/2025, Jueces Soria, Torres, Kogan, Mancini y Carral); recordando por lo demás, que la sanción fue la consensuada por las partes en su monto y forma de cumplimiento, acuerdo ratificado por la directa interesada en la audiencia respectiva.-
En conclusión, en línea con los precedentes de esta Cámara en el asunto en trato (causas nros. 41.919: "Paniagua", res. del 9/03/2023; 42.752: "Suárez", res. del 1/03/2024; 43.252: "Vázquez", res. del 18/10/2024; 43.584: " Taboada", res. del 18/03/2025 y 44.066:"Pereyra", res. del 23/09/2025, entre otras), soy de opinión que la pena impuesta a la encartada resulta ajustada a derecho a partir de la correcta valoración efectuada sobre los elementos colectados en la investigación preliminar y acorde el desarrollo de las cuestiones realizado por la magistrada correccional, materia en la cual el control recursivo se limita a atender la logicidad y consistencia de las razones escritas de la convicción alcanzada, recordando, como tiene dicho la Casación Provincial, que los jueces de juicio son soberanos en la apreciación de atenuantes y agravantes y sus conclusiones solo pueden ser revisables ". cuando se demuestra que, con violación de las leyes de la prueba, se ha omitido computar un motivo de atenuación o se ha tenido en cuenta indebidamente uno de agravación o se ha valorado como agravante lo que debe ser atenuante, o que medie infracción a las escalas penales fijadas para el delito." (Sala I, causa nro. 514:" Rodríguez, Saúl A. s/ recurso de casación", res. del 22/06/2000); hipótesis que no halla correspondencia alguna con el asunto en tratamiento en lo concerniente a la individualización del reproche penal, que conforme se expusiera, ponderó correcta y legalmente las circunstancias de atenuación y agravación que habían sido consensuadas por las partes al acordar el trámite de juicio abreviado.-
Por todo lo expuesto, careciendo el pronunciamiento en crisis de las falencias sustantivas que denunciara el funcionario recurrente, a la presente cuestión doy mi voto por la afirmativa.-
Así lo voto.-
A LA MISMA CUESTIÓN PLANTEADA : el Sr. Juez Dr. Guillermo Martínez, por compartir los fundamentos expuestos por el colega preopinante, en juicio de íntima y sincera convicción, emite su voto en igual sentido.-
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA : el Sr. Juez Dr. Eduardo Alfredo Alomar, dijo:
De conformidad a la forma en que ha sido votada la cuestión anterior, propongo al acuerdo rechazar, con costas, el recurso de apelación interpuesto por la interesada y defensa oficial y, en consecuencia, confirmar la sentencia condenatoria dictada el 24 de septiembre de 2.026 en la causa nro. SN 342-24-1 del Juzgado en lo Correccional ro. 3 Departamental, contra C L F , por resultar autora penalmente responsable del delito de robo en grado de tentativa, en los términos de los arts. 164 y 42 del Código Penal, imponiéndole la pena de seis meses de prisión de efectivo cumplimiento y, en definitiva, la pena única de cuatro años y cuatro meses de prisión de efectivo cumplimiento, accesorias legales y costas, comprensiva de la pena de cuatro años de prisión, de efectivo cumplimiento, inhabilitación absoluta accesoria del art. 12 del C.P. y multa de 45 unidades fijas impuesta en la causa nro. 1692 del Tribunal en lo Criminal nro. 2 departamental (sentencia del 27/04/2022), declarándola reincidente (cfr. arts. 399, 530 y 531 del C.P.P.); teniendo presente la reserva de interponer recursos ante organismos superiores.-
Así lo voto.-
A LA MISMA CUETIÓN PLANTEADA : el Sr. Juez Dr. Guillermo Martínez, por compartir la propuesta formulada, vota en idéntico sentido.-
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente SENTENCIA:
En mérito a lo expuesto en el Acuerdo precedente, citas legales y jurisprudenciales invocadas, el Tribunal RESUELVE:
Rechazar , con costas, el recurso de apelación interpuesto por la interesada y defensa oficial y, en consecuencia, confirmar la sentencia condenatoria dictada el 24 de septiembre de 2.026 en la causa nro. SN 342-24-1 del Juzgado en lo Correccional ro. 3 Departamental contra C L F , por resultar autora penalmente responsable de los delitos del delito de robo en grado de tentativa, en los términos de los arts. 164 y 42 del Código Penal, imponiéndole la pena de seis meses de prisión de efectivo cumplimiento y, en definitiva, la pena única de cuatro años y cuatro meses de prisión de efectivo cumplimiento, accesorias legales y costas, comprensiva de la pena de cuatro años de prisión, de efectivo cumplimiento, inhabilitación absoluta accesoria del art. 12 del C.P. y multa de 45 unidades fijas impuesta en la causa nro. 1692 del Tribunal en lo Criminal nro. 2 departamental (sentencia del 27/04/2022), declarándola reincidente (arts. 399, 530 y 531 del C.P.P.); teniendo presente la reserva de acudir a instancias superiores.-
Regístrese, notifíquese a las partes, personalmente a la causante a través de la Comisaría de la Costa III San Clemente del Tuyú y, oportunamente, radíquese el expediente electrónico n° 45.501 en el organismo de origen.-
Firmas
Funcionario firmante: ALOMAR Eduardo Alfredo - JUEZ
Funcionario firmante: MARTINEZ Guillermo Ruben - JUEZ
Funcionario firmante: SABBATINI Marcos Agustin - AUXILIAR LETRADO DE CÁMARA DE APELACIÓN
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 723-2026
Fin de la sentencia