Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 76264
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia de la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Mar del Plata para seguir interviniendo en el asunto (cfr. art. 7 inc. 1, CCA).
B.76.264 “ENCISO NICOLAS PABLO S/ APELACION CONTRAVENCION DE TRANSITO. --CONFL. DE COMPETENCIA ART. 7° INC. 1° LEY 12.008—“
La Plata, 15 de abril de 2020.
I. En las presentes actuaciones, la Municipalidad de General Pueyrredon, con sustento en los artículos 54 y siguientes del decreto ley 8751/77, interpuso un recurso de apelación contra la sentencia del Juzgado en lo Correccional N°1 del Departamento Judicial de Mar del Plata, en virtud de la cual -y en lo que aquí interesa- se dejó sin efecto la sanción accesoria de inhabilitación para conducir "cualquier tipo de vehículo automotor" por un plazo de 12 meses impuesta por el titular del Juzgado de Faltas N°3 del Partido de General Pueyrredon al señor Nicolás Pablo Enciso, en razón de que este último habría conducido -conforme constancias que se adjuntan en el expediente- con "alcoholemia positiva y punitiva", contraviniendo así, los artículos 39 y 39 bis de la ley provincial 13.927 y 48 inciso a) y 77 inciso m) de la ley nacional 24.449.
II. A raíz de la concesión que la jueza en lo correccional diera a la vía intentada a fs. 32/40, los obrados recayeron en la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Mar del Plata, la cual, tras advertir que "en el caso bajo estudio es la Municipalidad de General Pueyrredon, y no el administrado contraventor, quien requiere que la alzada intervenga para revisar el decisorio de la magistrada de primera instancia", se declaró incompetente para conocer en la pretensión recursiva deducida por la comuna. Ello, motivó el giro de las actuaciones a su par en lo contencioso administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata (fs. 48/50 y vta.).
Esta última, invocando -principalmente- doctrina de esta Suprema Corte, decidió no aceptar dicha remisión (fs. 54/55 y vta.).
De tal modo, elevó los actuados a este Tribunal, a los fines de que se dirima el conflicto de competencia que aquí se suscita (cfr. art. 7 inc. 1, CCA).
III.1. Cabe destacar que numerosos conflictos de competencia se han decidido aplicando el régimen legal correspondiente a las distintas normas sectoriales. Así, en materia de faltas municipales, la contienda se resolvió en favor de los jueces correccionales o de paz letrados, a tenor de lo preceptuado por el decreto ley 8751/77, cuyos artículos 54 y 57 regulan un mecanismo de impugnación similar al descripto anteriormente (doctr. causas B. 68.506, "Juzgado en lo Correccional N°2 del Departamento Judicial de Dolores", resol. de 31-V-2006; B. 69.029, "Shoines SRL", resol. de 2-V-2007; B. 71.482, "Radisol SA", resol. de 31-VIII-2011; B. 72.196, "Solfima SA", resol. de 8-V-2013; B. 74.352, "Asociación Mutual de los Trabajadores del Estado", resol. de 26-X-2016; B. 74.502, "Vepez SA" y B. 74.498, "CFA Compañía Fiduciaria Americana SA", ambas resol. de 7-XII-2016; B. 75.289, "Banco de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 15-VIII-2018; B. 75.800, "Vari SRL", resol. de 11-IX-2019 y B. 76.210, "Méndez", resol. de 18-XII-2019).
De allí que, en principio, si una determinada normativa sectorial prevé un canal específico de impugnación, la competencia quedará de ese modo fijada y sólo habrá de ceder si del relato de los hechos surge, de modo indubitable, que la cuestión debatida excede el ámbito que le es propio (doctr. causas B. 75.485, "Sciocia", resol. de 21-XI-2018; B. 75.542, "Moto Club Mercedes", resol. de 10-VII-2019 y B. 74.646, "Ameztoy", resol. de 14-VIII-2019, entre otras).
III.2. Sentado lo anterior, es menester recordar que para la determinación de la competencia corresponde atender de modo principal a la exposición de los hechos que el actor hace en la demanda -escrito impugnatorio en el sub lite - y, sólo en la medida que se adecue a ellos, al derecho invoca como fundamento de la pretensión (doctr. causas B. 68.059, "Baez", resol. de 3-XI-2004; B. 68.811, "Harguinteguy", resol. de 20-IX-2006; A. 69.484, "Ferrero Argentina SA", resol. de 18-III-2009; B. 75.270, "Saldaña", resol. de 4-V-2018; B. 76.135, "Castiñeira", resol. de 6-XI-2019; B. 76.210, cit. y CSJN Fallos: 309:229; 310:116; 311:172; 313:971; 318:298).
En este supuesto, el impugnante -Municipio de General Pueyrredon- cuestionó la decisión de una jueza en lo correccional, que dejó sin efecto la sanción de inhabilitación para conducir que pesaba sobre el demandado, mediante el recurso previsto en el artículo 54 del decreto ley 8751/77 (véase fs. 32 y vta.), régimen especial que, conforme la doctrina de esta Corte anteriormente citada, constituye materia ajena a la del fuero contencioso administrativo (cfr. arts. 54 y sgts., decreto ley 8751/77 y 2 inc. 1, seg. apdo., CCA).
III.3. La cuestión relativa al órgano jurisdiccional que debe intervenir para resolver en los recursos de apelación que eventualmente se interpongan contra las decisiones que los jueces correccionales o de paz letrados adopten en el marco de los recursos previstos en el decreto ley 8751/77 -la que en el caso corresponde dirimir- ha sido decidida por esta Suprema Corte en la causa A. 72.779 ("Transporte Automotor Plaza SACEI", sent. de 16-III-2016), a cuyos fundamentos cabe remitir por razones de brevedad, en favor de la competencia de las cámaras de apelación y garantías en lo penal del departamento judicial que corresponda, sin que quepa efectuar alguna distinción por el hecho de que el apelante sea, como en este supuesto, uno de los sujetos enumerados en la cláusula constitucional que define la materia contencioso administrativa.
IV. Sobre la base de lo expuesto, es dable concluir entonces que asiste razón a la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata, correspondiendo, en consecuencia, declarar que sea la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Mar del Plata el órgano que intervenga como instancia judicial revisora en la materia debatida en autos.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia de la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Mar del Plata para seguir interviniendo en el asunto (cfr. art. 7 inc. 1, CCA).
Hágase saber de lo decidido a la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata.
Regístrese.
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA EDUARDO JULIO PETTIGIANI
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
SERGIO GABRIEL TORRES
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo. So-Pe-Ko-To
Reg. Nº 80
Fin de la sentencia