Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, Sala III · Causa 35839
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Confirmar parcialmente la sentencia dictada por el Juez Correccional Leonardo Cesar Celsi en cuanto condena a Fernando Carbone por infracción al art. 1 de la Ordenanza 23928 ;
II. Declarar la inconstitucionalidad de los montos mínimos e inhabilitación previstos por aquella normativa, y establecer la sanción a Fernando Carbone en pesos noventa y siete mil trescientos noventa y dos con veintiocho centavos ($97.392,28), equivalente a dos (2) sueldos mínimos del personal municipal (Nivel 1- Cod.63), con más la inhabilitación para conducir por el plazo de treinta (30) días corridos y III- Tener presente la reserva del caso federal. Todo ello, en cuanto fuera materia de recurso por el encartado con el patrocinio letrado de la Dra. Ana Maria Vaccarezza (CN, 18 y 75 inc. 22; Constit. de la Pcia. de Bs. As., 168 y 171; CPP, 21, 106, 210, 421, 434, 439, 440 y cctes; Ord. 23.928).
En la ciudad de Mar del Plata, se reúne la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, en Acuerdo ordinario, con el objeto de dictar sentencia en los autos n° 35839 caratulados "CARBONE FERNANDO S/ APELACION FALTA MUNICIPAL", y habiéndose practicado oportunamente el sorteo de ley, resultó del mismo que la votación debía realizarse en el orden siguiente: Señores Jueces Pablo Martin Poggetto y Raúl Alberto Paolini (Art. 440 CPPBA).
El Sr. Juez Titular del Juzgado Correccional N° 5 Leonardo Cesar Celsi resolvió rechazar el recurso de apelación interpuesto por Fernando Carbone, con el patrocinio letrado de la Dra. Ana Maria Vaccarezza y, consecuentemente, confirmó la resolución sancionatoria del Juez de Faltas que le aplicó una pena de multa de pesos ciento sesenta y un mil cincuenta y nueve con ochenta centavos ($161.059,80) e inhabilitación para conducir automotores por el plazo de ciento ochenta (180) días hábiles administrativos, ello por prestar servicio de transporte sin habilitación municipal en infracción al art. 1 de la Ord. 13613 modif. por Ord. 21055-.
Contra ese pronunciamiento interpuso recurso de apelación el encartado con el patrocinio letrado de la Dra. Ana Maria Vaccarezza quien expresó los siguientes motivos de agravio:
En primer lugar señala que la conducta resulta atípica ya que el transporte privado contratado a través de aplicaciones no se encuentra regulado por el Municipio de General Pueyrredón, por lo que no puede pretenderse o exigirse que se tenga una habilitación para un servicio que no tiene una regulación específica.
Refiere que en el caso en cuestión se trata de un contrato de transporte en los términos del art. 1280 del CCCN, enfatizando que no se trata de un taxi "trucho", servicio de remís, vehículo escolar o de excursión. Tampoco de un transporte privado en los términos en que ese servicio es entendido por el Municipio, de un servicio de auto rural ni de alguno cuya administración competa a la municipalidad.
En otro orden de ideas, manifiesta que el acta de constatación no identifica fehacientemente al pasajero ni tampoco a testigos, por lo que debe ser considerada nula.
Por último, considera que tampoco puede ser válido un proceso que se ha iniciado a partir de la provocación de un agente particular, que se constituye como "agente provocador", por lo que la instrucción se inició -a criterio de la Defensora- no como consecuencia de la comisión de un delito sino para obtener su comisión.
Por todo lo expuesto solicita que se revoque lo resuelto por el Juez Correccional. Formula reserva caso federal.
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la cuestión planteada el señor Juez doctor Pablo Martín Poggetto dijo:
I. Las presentes actuaciones tuvieron inicio a partir del acta N° 709730 labrada por personal de la Dirección General de Transporte de la Municipalidad de General Pueyrredón, División Contralor, que da cuenta que el día 25 de agosto del 2022 siendo aproximadamente las 09:55 horas en la intersección de la Av. Luro y Perú de esta ciudad, Fernando Carbone realizaba actividad de transporte de pasajeros -mediante la plataforma UBER- en un vehículo marca Nissan dominio KKG 217.
En el sector del acta destinado a observaciones se consignó, textual: "la pasajera manifiesta solicitar vehículo a la aplicación UBER".
El hecho fue encuadrado en sede administrativa, lo cual fue confirmado por el a quo, en los términos del art. 1 de la Ordenanza 21.055, disposición normativa que establece parámetros de multa menores a la actual Ordenanza Municipal 23.928. La normativa de mención -21055- prevé: "Artículo 1º .- Establécese que la sola prestación del servicio de transporte de personas con vehículo sin habilitación municipal, constatada por la autoridad de aplicación, dará lugar al secuestro del vehículo y a la imposición de una multa graduable entre cuatro (4) y veinte (20) sueldos mínimos del personal municipal, con más la accesoria de inhabilitación para conducir automotores por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos contados a partir de la fecha en que la sentencia quede firme y consentida.”
Las sanciones que se aplicaron al encartado consisten en pena de multa de pesos ciento sesenta y un mil cincuenta y nueve con ochenta centavos ($161.059,80) y accesoria de inhabilitación para conducir por el plazo de ciento ochenta (180) días hábiles administrativos. Sanciones que fueron confirmadas por el Juez Correccional, mediante la resolución que ahora se revisa.
II. Sentado lo anterior, e ingresando en el responde de los agravios traídos a mi conocimiento, debo decir en primer término en relación a la nulidad del acta de constatación, que la misma abastece los recaudos legales establecidos por el art. 38 del Código de Faltas Municipales -8751/73-. En efecto, el documento en cuestión describe acabadamente las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se cometió la infracción -que además fue reconocida expresamente por el encartado en su descargo-, también consigna sus datos personales, los del pasajero y los del funcionario actuante.
En este sentido, el documento resulta plenamente válido siendo oportuno señalar que el art. 41 del referido Código de Faltas Municipales establece que: "Las actas labradas por funcionario competente, en las condiciones enumeradas en el artículo 38 de este Código y que no sean enervadas por otras pruebas, podrán ser consideradas por el Juez como plena prueba de la responsabilidad del infractor".
Por lo tanto, la nulidad esgrimida en tal sentido no puede prosperar.
III. Por otro lado, tampoco puede tener asidero el planteo de nulidad del procedimiento, edificado sobre las bases de considerar que la persona transportada habría oficiado adrede como "agente provocador" de la infracción en cuestión.
Es dable señalar que existen actos de provocación generadores del acto ilícito, conocido como "Entrampamiento" (Entrapment en la doctrina anglosajona), inadmisibles para un Estado de Derecho, pues este último no puede beneficiarse con el descubrimiento de actos infraccionarios de la ley, justamente, mediante la violación de la misma. Sin embargo, ello debe diferenciarse de otro supuesto donde los actos provocadores son de constatación de una actividad ilícita previa.
En el caso de marras nos encontramos ante el segundo supuesto, legalmente admisible, en donde un particular o un funcionario habría generado el vínculo con un tercero a los efectos de acreditar la actividad ilegal ofrecida, que ya existiera.
A todo efecto, entonces, sin perjuicio que el transportado pudiera haber tenido un interés en poner en evidencia la actividad desplegada por el encausado, por resultar taxista, ello no es impedimento alguno para que los inspectores pertenecientes a la Dirección General de Transporte - División Contralor- de la Municipalidad, al constatar la actividad, culminaran labrando el acta de infracción.
IV. En cuanto al planteo de atipicidad debo decir que esta Alzada ya se ha pronunciado en reiteradas ocasiones sobre esta cuestión (ver c. 32.156 "Suarez", sent. del 15/7/2019, reg. 39-S, entre otras) entendiendo típico este tipo de transporte- UBER-, remitiéndome a los argumentos allí expuestos.
Considero oportuno remarcar que en tal precedente se sostuvo, textual que: "...esta norma abierta no requiere que se encuentre tipificado en forma exclusiva cada una de las modalidades de la actividad para que se encuentre comprendida. Si bien el principio de reserva establece que todo lo que no está prohibido está permitido, ello no puede establecerse con un alcance ilimitado, irrazonable, o que desnaturalice el fin de las normas regulatorias en ejercicio del poder de policía. Así las cosas, es que todos los servicios a los que alude la Ordenanza tienen un punto en común, cual es el transporte de personas".
Lo anterior sin perjuicio de que la ordenanza actual 23.928 en su art. 3 incorpora el transporte de personas mediante el uso de plataformas. Véase: "Artículo 3º El servicio de transporte al que alude el artículo 1º comprende la modalidad de taxi, remise, transporte escolar, servicio de excursión, auto rural, transporte privado de personas, transporte entre dos puntos fijos contratado a través de una plataforma y/o aplicación tecnológica y/o digital, utilizando un dispositivo móvil y/o un sistema de posicionamiento global y todo otro servicio cuya organización y autorización compete a la Municipalidad cualquiera fuere la modalidad y/o medio de pago utilizado para su contratación".
Todo lo señalado obsta a considerar que se trate de un contrato privado de transporte contemplado por el Código Civil que esté fuera del ámbito de incumbencia de la Municipalidad, toda vez que la Comuna en pleno uso de sus facultades ha determinado que el servicio de transporte comprende la modalidad en cuestión.
El hecho de que no se haya reglamentado el uso de estas aplicaciones -como ser la de UBER- es una cuestión que no obsta a la tipicidad o ilegalidad de la actividad ni imposibilita a aplicar la sanción correspondiente (resultando ello una cuestión administrativa que excede la competencia de esta Alzada), pues en definitiva la actividad aún así resulta abarcada por la prohibición contravencional pues, reitero, se trata de un servicio de transporte sin la correspondiente autorización municipal.
Corresponde recordar que el ejercicio de los derechos se encuentra sujeto a las leyes que reglamenten su ejercicio (art. 18 de la CN), y que las comunas poseen la potestad reglamentaria en virtud de la autonomía municipal (art. 123 de la CN).
V. Sin perjuicio de lo anterior, considero que las sanciones impuestas al encartado consistentes en pena de multa de pesos ciento sesenta y un mil cincuenta y nueve con ochenta centavos ($161.059,80) e inhabilitación para conducir automotores por el plazo de ciento ochenta (180) días hábiles administrativos, resultan desproporcionadas, irrazonables y confiscatorias, atendiéndose a la afectación al bien jurídico tutelado y si se la compara con otras conductas también punibles, como ser la conducción en estado de alcoholemia positiva, pasar un semáforo en rojo, etc., más allá de tratarse éstas de infracciones a la ley de tránsito.
Es por ello que, en función de lo normado por el art. 435 primer párrafo del CPP y siendo el control de constitucionalidad un deber para la judicatura declararé de oficio la insconstitucionalidad de los montos mínimos de sanción previstos por la Ordenanza 23.928 -que establece como sanción un mínimo de 10 sueldos mínimos del empleado municipal a un máximo de 50 sueldos, sumado a la inhabilitación para conducir por un período de 180 días hábiles administrativos-.
El aumento en los montos, tanto de la multa como de la inhabilitación con respecto a la ordenanza anterior 21.055 -que se encuentra actualmente derogada- resulta notorio, pues ésta preveía una multa de 4 a 10 sueldos mínimos del personal municipal y accesoria de 30 días hábiles de inabilitación para conducir.
Sostiene Bidart Campos que el control de constitucionalidad hace parte esencial e ineludible de la función judicial de interpretación y aplicación del derecho vigente para cada proceso y que el juez tiene que aplicar bien el derecho y para eso, en la subsunción del caso concreto dentro de la norma, debe seleccionar la que tiene prioridad constitucional (“Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino”, tomo II, “El Derecho Constitucional del Poder”, Germán J. Bidart Campos, pág. 500).
A su vez, en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, el control de constitucionalidad aparece expresamente previsto en los arts. 20.2, último párrafo y 57 de la Constitución Provincial.
Ello, sin perder de vista que la SCBA ha sostenido que "...la declaración de inconstitucionalidad de las leyes sólo tiene cabida como ultima ratio del orden jurídico; que para su procedencia se requiere que el interesado demuestre acabadamente de qué manera la norma cuestionada contraría la Constitución causándole de ese modo un agravio" (P. 127.796-RC, "Romano, Pablo Emanuel. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 69.454 del Tribunal de Casación Penal, Sala V", sent. del 7 de marzo de 2018). Asimismo, ha expresado que "...constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado como ultima ratio del ordenamiento jurídico; por lo que no cabe formularla sino cuando un acabado examen del precepto conduce a la convicción cierta de que su aplicación conculca al derecho o la garantía constitucional invocados" (P. 128.089, "C., A. y Z., E. N. s/ Recurso extraordinario de nulidad, inconstitucionalidad e inaplicabilidad de ley en causa n° 29.589 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mercedes, Sala I", sent. del 26 de diciembre de 2018). En igual sentido se ha expresado la CSJN en el fallo "Mill de Pereyra" (27 de septiembre de 2001, entre otros).
Teniendo en cuenta aquello, en el presente caso advierto que las referidas penalidades -multa mínima de 10 sueldos e inhabilitación por 180 días- resultan claramente inconstitucionales, sin posibilidad de compatibilización o armonización alguna, por ser desproporcionadas, irrazonables y confiscatorias.
El principio de proporcionalidad es inmanente a todo el derecho, y específicamente en el ámbito del derecho penal, significa que las penas deben ser proporcionadas a la entidad del delito cometido o que estos no pueden ser reprimidos con penas más graves que la propia entidad del daño causado por el ilícito. Como pauta orientadora se debe tener presente la importancia del bien jurídico. La función de protección de bienes jurídicos mediante la prevención general debe estar limitada por la proporcionalidad, que constituye un límite a la intervención penal. Establecer la proporcionalidad es competencia del legislador en el ámbito del diseño de su política criminal, siempre y cuando no exista una desproporción de tal entidad que vulnere el principio del Estado de Derecho, el valor de la justicia, la dignidad de la persona humana y el principio de culpabilidad derivado de ella (sent. del Tribunal Constitucional español del 22/05/86, RTC 1986,65).
La pena debe guardar proporcionalidad con la gravedad de la lesión al bien jurídico concretamente afectado por el hecho, es decir, que debe existir una relación de proporcionalidad con la magnitud del injusto y la culpabilidad (conf. CSJN, Fallos 329:3680). Sólo podría predicarse entonces su incompatibilidad constitucional en los supuestos en que esta última condición resulte violada en concreto (SCBA, P.126371, sent. del 10/10/2018, P.130227, sent. del 27/02/2019).
Por ello, propongo de oficio declarar la inconstitucionalidad de los mínimos de sanción establecidos por la Ordenanza 23.928, considerando razonable y proporcionado que se sancione a Fernando Carbone con el equivalente a dos (2) sueldos mínimos del personal municipal (Nivel 1- Cod.63), y se fije como accesoria la inhabilitación para conducir automotores por el plazo de treinta (30) días corridos. Así lo voto.
A la cuestión planteada el señor Juez doctor Raúl Alberto Paolini dijo: Voto en igual sentido que el colega preopinante y por aducir los mismos fundamentos.
Con lo que finalizó el Acuerdo, en mérito de cuyos fundamentos, y citas legales el Tribunal resuelve: I- Confirmar parcialmente la sentencia dictada por el Juez Correccional Leonardo Cesar Celsi en cuanto condena a Fernando Carbone por infracción al art. 1 de la Ordenanza 23928 ; II- Declarar la inconstitucionalidad de los montos mínimos e inhabilitación previstos por aquella normativa, y establecer la sanción a Fernando Carbone en pesos noventa y siete mil trescientos noventa y dos con veintiocho centavos ($97.392,28), equivalente a dos (2) sueldos mínimos del personal municipal (Nivel 1- Cod.63), con más la inhabilitación para conducir por el plazo de treinta (30) días corridos y III- Tener presente la reserva del caso federal. Todo ello, en cuanto fuera materia de recurso por el encartado con el patrocinio letrado de la Dra. Ana Maria Vaccarezza (CN, 18 y 75 inc. 22; Constit. de la Pcia. de Bs. As., 168 y 171; CPP, 21, 106, 210, 421, 434, 439, 440 y cctes; Ord. 23.928).
Regístrese. Notifíquese y devuélvase.
Firmas
Funcionario Firmante: 08/05/2023 12:02:07 - POGGETTO Pablo Martin - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/05/2023 12:02:20 - PAOLINI Raúl Alberto - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/05/2023 12:02:37 - NUREMBERG Lucas Germán - AUXILIAR LETRADO DE CÁMARA DE APELACIÓN
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 08/05/2023 12:03:00 hs. bajo el número RS-25-2023 por NUREMBERG LUCAS GERMAN.
Fin de la sentencia