Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 79080
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia del Juzgado de Paz Letrado de Roque Pérez para seguir interviniendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se radicará electrónicamente la causa para la prosecución de su trámite.
B.79.080 "BEGUERIE, ALBERTO CARLOS S/ APELACION FALTA MUNICIPAL - CUESTIÓN DE COMPETENCIA ART. 7 LEY 12.008"
I. Las presentes actuaciones tienen lugar con motivo del recurso de reposición con apelación en subsidio que interpusiera Alberto Carlos Beguerie, con el objeto de que se declare la nulidad de la resolución dictada por el Juzgado de Faltas de la localidad de Roque Pérez, por medio de la cual se lo condenara al "...pago de una multa equivalente al 50% del sueldo municipal categoría 6 (art. 29, Ord. Municipal 239)", como también, a "...abstenerse de realizar actos con la finalidad de impedir el paso". Ello así, en virtud de la infracción que habría cometido por "obstrucción de la vía pública" al vedar el tránsito sobre un terreno del cual aduce ser titular, pero que, al mismo tiempo, sería un tramo necesario para poder acceder a la localidad de Carlos Beguerie.
Explica el actor que el cuestionamiento sobre dicho decisorio reside en el hecho de que exhibiría una serie de irregularidades ( v.gr. , ser dictado por una magistrada que no sería competente, no estar motivado ni contar con una fecha cierta) que, de por sí, acarrearían su nulidad (ver decimocuarto documento adjuntado a la presentación electrónica de fecha 1-VIII-2023).
II. En lo que aquí interesa, es menester señalar que, luego de que la jueza de faltas hiciera lugar al recurso articulado por el reclamante, las actuaciones recayeron en el Juzgado en lo Correccional Nº4 del Departamento Judicial de La Plata.
Sin embargo, el juez a su cargo, ponderando en línea con el art. 54 del decreto ley 8751/77 que la infracción había sido cometida en el Partido de Roque Pérez, remitió los obrados al Juzgado de Paz Letrado de aquella localidad (véase el decimoquinto documento adunado al escrito electrónico de fecha 1-VIII-2023).
Pero más tarde, al recibirlos, el titular de dicho organismo declaró su incompetencia oficiosamente por razón de la materia, considerando que la cuestión debía ventilarse ante el fuero contencioso administrativo.
En sustento de esa determinación, trajo a colación que el art. 2 inc. 9 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101- incluye dentro de la materia contencioso administrativa a las controversias que -como en el caso- versen sobre "...limitaciones al dominio por razones de interés público, servidumbres administrativas y expropiaciones" (v. sent. interlocutoria de fecha 7-IX-2023).
Por efecto de esa decisión, el expediente pasó -sorteo mediante- al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°4 departamental.
Su titular, no obstante, conjugando lo postulado en el art. 2 inc. 1 in fine de la ley 12.008 con lo previsto en el citado art. 54 del Código de Faltas Municipales, no aceptó la competencia que le fuera atribuida por su par previniente.
Por ello, en la consideración de que en autos debía continuar interviniendo este último, tuvo por configurada la contienda negativa de competencia que elevó a esta Suprema Corte para su resolución (arts. 161 inc. 2, Const. prov. y 7 inc. 1, CCA; v. resol. electrónica de fecha 19-X-2023).
III.1. En primer lugar, corresponde señalar que la jurisdicción en materia de faltas municipales, según lo establece el decreto ley 8751/77, será ejercida por los jueces de faltas en aquellos partidos en los que el Departamento Deliberativo hubiera dispuesto su creación, o por los intendentes en los municipios donde no se hubiesen creado tales juzgados o cuando, existiendo ellos, sus titulares se hayan excusado de actuar.
En relación a la competencia de alzada, el plexo citado establece que la ejercerá el "Juez en lo Correccional en turno de la jurisdicción, o de Paz Letrado en aquellos partidos de la Provincia que no sean cabecera de Departamento Judicial", quien entenderá en los recursos de apelación y nulidad que se interpongan contra las "sentencias definitivas" emanadas de los juzgados de faltas municipales (art. 54), pudiéndose recurrir en queja directamente ante ese órgano cuando se denieguen los recursos interpuestos o cuando se encuentren vencidos los plazos legales para dictar sentencia (art. 57).
III.2. Sentado ello, cabe recordar que, en principio, si una determinada normativa sectorial con arreglo a la Constitución prevé un canal específico de impugnación en materia de faltas, la competencia quedará de ese modo fijada y solo habrá de ceder si del relato de los hechos surge de modo indubitable que la cuestión debatida excede el marco estrictamente contravencional (doctr. causas B. 73.566, "Valdata", resol. de 16-III-2016; B. 74.502, "Vepez SA" y B. 74.498, "CFA Compañía Fiduciaria Americana SA", ambas resol. de 7-XII-2016; B. 75.289, "Banco de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 15-VIII-2018; B. 77.233, "Drexler", resol. de 17-IX-2021 y B. 78.197, "Longobardi", resol. de 27-X-2022, e.o.). Algo que no sucede en este supuesto.
De allí que este Tribunal haya sostenido tanto en casos de análoga configuración al presente como en el ámbito de conflictos resueltos en ejercicio de la atribución que le confiere el art. 161 inc. 2 de la Constitución de la Provincia, que compete a los jueces en lo correccional -o de Paz, según corresponda en función del territorio- entender en los casos en los cuales, al margen de su procedencia o viabilidad adjetiva, se peticionan medidas suspensivas de sanciones adoptadas por jueces de faltas en el ámbito del procedimiento reglado por el decreto ley 8751/77 -en virtud de su accesoriedad-, como así también en las impugnaciones deducidas contra esas sanciones (doctr. causas B. 68.506, "Juzgado en lo Correccional N°2 del Departamento Judicial de Dolores", resol. de 31-V-2006; B. 69.026, "Shoines SRL", resol. de 2-V-2007; B. 71.482, "Radisol SA", resol. de 31-VIII-2011; B. 72.196, "Solfima SA", resol. de 8-V-2013; B. 74.352, "Asociación Mutual de los Trabajadores del Estado", resol. de 26-X-2016; B. 74.502, B. 74.498, B. 75.289, B. 77.233 y B. 78.197, cits.).
IV. Sobre la base de lo expuesto, dada la forma en la que ha quedado trabada la contienda y considerando que el actor pretende que se declare la nulidad de una multa cuyo procedimiento exhibiría una serie de irregularidades, es dable concluir que asiste razón a la jueza del fuero especializado, correspondiendo, en consecuencia, que sea el Juzgado de Paz Letrado quien intervenga en autos.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia del Juzgado de Paz Letrado de Roque Pérez para seguir interviniendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se radicará electrónicamente la causa para la prosecución de su trámite.
Hágase saber lo decidido al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°4 del Departamento Judicial de La Plata.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 24/04/2024 13:58:04 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/04/2024 14:18:46 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 25/04/2024 08:36:07 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/04/2024 08:49:37 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/04/2024 09:16:47 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 29/04/2024 09:20:20 hs. bajo el número RR-289-2024 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia