Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75881
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine , CPCC).
El depósito previo –v. fs. 303- queda perdido para el recurrente (art. 294, CPCC) debiendo la Cámara dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Resolución 425/02 (texto según Resol. 3135/13).
A.75.881 "DI GIROLAMO MARCELO C/ COLEGIO DE MARTILLEROS Y CORREDORES PUBLICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ APELACION. --RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPL. DE LEY---"
La Plata, 25 de septiembre de 2019.
Los señores jueces doctores de Lázzari, Negri, Soria y la señora Jueza doctora Kogan dijeron:
I. El señor Marcelo Di Girolamo promovió pretensión anulatoria -en los términos del art. 74 de la ley 12.008- contra la Resolución 012/14 dictada por el Consejo Superior del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires, de fecha 23 de abril de 2014, que confirmó la sanción de un año de suspensión en el ejercicio de la profesión que le fuera impuesta conforme lo dispuesto por los artículos 53 inc. k) y l) y 17 inc. c), i) y m) de la ley 10.973, texto modificado por la ley 14.085 (v. fs. 119/146).
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata desestimó la demanda deducida y confirmó la decisión impugnada (v. fs. 289/195).
Para así decidir, luego de puntualizar las normas aplicables, comenzó por señalar que la conducta acreditada del actor dejaba al descubierto el incumplimiento del sistema normativo.
Sostuvo que de conformidad con lo constatado en las presentes actuaciones, el colegiado desarrollaba la actividad bajo una modalidad no autorizada y un ejercicio derivado a terceros impropio de sus obligaciones profesionales y bajo una marca comercial extraña a las variables legales de posibilidad. Así, entendió, que el giro profesional aparecía en conflicto con el régimen normativo que impide utilizar otra denominación que la personal del profesional interviniente, con las salvedades previstas que no se compadecían con la situación del actor y también un desempeño personal en la labor de intermediación que es inherente al corredor público.
En ese marco, entendiendo que ninguno de los argumentos expuestos por el actor lograba demostrar la ilegitimidad o desacierto de la sanción adoptada, juzgó que su situación de hecho subsumía en el art. 53 incs. k) y l) de la ley 10.973 -texto según ley 14.085- con las consecuencias disciplinarias previstas por el mismo ordenamiento.
Luego, pasando a considerar el planteo relativo a la desproporción de la sanción aplicada, indicó que si bien el actor la calificó de excesiva, no brindó elementos demostrativos de esa demasía ni cuestionó la plataforma fáctica en la que se sostuviera.
Entendió que la impuesta por el Colegio Profesional se encuentra receptada por el artículo 19 inciso c) de la ley 10.973 (texto según ley 14.085), que dispone en su parte pertinente la suspensión en el ejercicio de la profesión hasta dos años, por lo que el plazo de suspensión promedia esa escala y no da cuenta de una desproporción que pueda medirse en términos del corto lapso de matriculación, pues lo cierto es que no sólo se verificó la circunstancia de un ejercicio a través de terceros, sino el lugar común con quienes carecían de posibilidad de ejercicio de la actividad profesional.
Rechazó el planteo de inconstitucionalidad sostenía el actor (arts. 17, 18, 28 y 33), por considerar que el mismo se limitó a una enunciación sin un desarrollo que autorizara su tratamiento.
Sostuvo que en su demanda el actor no informaba más que un descontento general, sin alcanzar la entidad de agravio para justificar la descalificación por irrazonable (art. 28, CN).
Afirmó -además- que el escrito inicial no aportaba cuestionamiento constitucional dirigido al sistema disciplinario en general, ni en lo particular a las variables de punición previstas de manera indistinta por la disposición del artículo 19 de la ley 10.973 (texto según ley 14.085), para las figuras susceptibles de reproche.
Negó entonces que la conducta administrativa desplegada en sede del Colegio Profesional ostente vicios de legalidad acreditados que conduzcan al resultado que proponía el actor al interponer la pretensión.
Por último, señaló que el reclamo de inconstitucionalidad de las resoluciones 2/04 de fecha 23 de septiembre de 2004 y 7/14 de fecha 26 de marzo de 2014, ambas del Honorable Consejo Superior del Colegio de Martilleros de la Provincia de Buenos Aires, no resultaba pertinente en la resolución del caso, en tanto no formaban parte de las consignas de reproche disciplinario sujetas a revisión por la Cámara.
II. Frente a lo así resuelto, el accionante interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 25/02/2019), el que fue concedido por la Cámara a fs. 305 y vta..
Mediante su impugnación atribuye al fallo cuestionado la errónea aplicación del art. 53 -sólo en relación a su inc. l)- de la ley 10.973 (texto ordenado por ley 14.085) y la violación de los arts. 16, 18 y 31 de la Constitución nacional.
III. El remedio no debe prosperar, atento a su manifiesta insuficiencia (arts. 279, CPCC y 31 bis de la ley 5827).
III.1. Este Tribunal ha dicho que, en materia de recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, se precisa la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos estructurales del fallo, puesto que la insuficiencia impugnatoria en este aspecto, deja incólume la decisión que se controvierte y esa deficiencia se presenta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que, al margen de su acierto o error, se asienta la sentencia del tribunal (conf. doctr. causas A. 70.596, "González", sent. de 24-IX-2014; A. 70.977, "Rossi", sent. de 25-II-2015; A. 74.211, "Lunghi", resol. de 11-IX-2018; A. 75.558, “Lucero”, resol. de 24-IV-2019).
En tal sentido, resulta claro que los argumentos esbozados por la recurrente en este punto no pasan de expresar un mero criterio divergente y reiteratorio respecto de la subsunción de la conducta del actor en la norma del art. 53 inc. l) de la ley 10.973, sin desarrollar de manera adecuada una crítica a todos los fundamentos dados por la Cámara para resolver la cuestión del modo en que lo hizo.
Por ello, resulta de aplicación la doctrina de esta Suprema Corte que prescribe que si la parte recurrente limita su labor impugnativa a expresar su mera disconformidad con lo decidido por el tribunal de grado, sin cumplir con las directivas que involucra el tránsito por la instancia extraordinaria, y en momento alguno de su desarrollo argumental propone una réplica concreta y directa a los fundamentos esenciales del fallo, va de suyo que la insuficiencia recursiva deja incólume la decisión controvertida (doctr. causa A. 70.261, "Levaggi", sent. de 5-X-2011). De ahí que el desarrollo expositivo debe ser autosuficiente, esto es, demostrar los errores jurídicos que a juicio del recurrente padece el fallo que impugna (doctr. causas A. 70.225, "Tejerina", sent. de 1-VI-2011; A. 70.986, "Transportadores Unidos S.A", sent. de 28-XII-2016; A. 73.545, D'Aloisio, resol. de 27-XII-2017; A. 75.558, cit.).
III.2. Con mayor razón ello resulta de estricta aplicación cuando, como sucede en el caso, los argumentos del recurrente más que evidenciar un yerro de índole normativa se dirigen a enrostrarle a la Cámara una equívoca fijación de los hechos y valoración de la prueba agregada a la causa, todas circunstancias privativas de los jueces de las instancias ordinarias cuya impugnación, sabido es, sólo puede ser eficazmente esgrimida mediante la denuncia y demostración de absurdo en la respectiva apreciación del sentenciante (doctr. causas A. 70.683, "Sforza", sent. de 31-VIII-2011; A. 71.891, "Valentini", sent. de 3-XII-2014; A. 70.165, "García Urcola", sent. de 4-XII-2016; A. 75.558, cit.).
Sin embargo, el absurdo no se configura con la mera discrepancia de criterio, sino cuando media una cabal demostración de su existencia, que implica acreditar un error palmario, grave y manifiesto que conduzca a conclusiones contradictorias, inconciliables e incongruentes con las constancias objetivas de la causa (doctr. causas A. 70.716, "Díaz", sent. de 4-XII-2013; C. 116.914, "Villamil", sent. de 19-III-2014; A. 72.514, "Visa Argentina S.A.", sent. de 21-XII-2016).
En tal marco, la crítica del impugnante no exterioriza más que una mera discrepancia subjetiva tendiente a descalificar aspectos que son privativos de la labor axiológica de los jueces de grado, apoyándose en su propia versión sobre los hechos y de cómo -en su opinión- debieron apreciarse las pruebas agregadas a la causa, lo cual -y conforme reiteradamente se ha declarado- configura una técnica carente de idoneidad para representar la hipótesis de la efectiva configuración del absurdo (doctr. causas A. 71.561, "De Marziani", sent. de 7-IX-2016; A. 73.265, "Vélez", sent. de 21-VI-2017) vicio -éste último- que no ha sido demostrado debidamente.
III.3. Por último, deviene inidónea para mejorar la suerte adversa del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la denuncia de infracción de cláusulas constitucionales, que sería eventual consecuencia de haberse infringido preceptos legales de la materia de que se trata, si esto último no es previamente demostrado (conf. causas A. 71.682, "Casado", sent. de 22-X-2014; A. 72.672, "Regner", sent. de 14-VI-2017; A. 72.052, "Benítez", sent. de 17-V-2017).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine , CPCC).
El depósito previo –v. fs. 303- queda perdido para el recurrente (art. 294, CPCC) debiendo la Cámara dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Resolución 425/02 (texto según Resol. 3135/13).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
HÉCTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
HILDA KOGAN
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: dLa-Ne-So-Ko
Reg. Nº 461
Fin de la sentencia