Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 79696
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia del Tribunal de Trabajo N°2 del Departamento Judicial de Mar del Plata para continuar conociendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se radicará electrónicamente la causa para la prosecución de su trámite.
B.79.696 "MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON C/ MINISTERIO DE TRABAJO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ APELACION DE RESOLUCION ADMINISTRATIVA - CUESTIÓN DE COMPETENCIA ART. 7 INC. 1 LEY 12.008"
I. En las presentes actuaciones, la Municipalidad de General Pueyrredon interpuso un recurso de queja contra la resolución dictada el 29-VII-2024 en el marco de las actuaciones EX-2024-14275579-GDEBA-DPNCMTGPV, en virtud de la cual el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, con base -según sostiene la actora, erróneamente- en la ley 10.149 y su decreto reglamentario 6.409/84, rechazó el recurso de apelación que oportunamente articulara contra la decisión ministerial de registrar un proyecto de Convenio Colectivo de Trabajo entre el municipio y el Sindicato de Trabajadores de General Pueyrredon, materializada en la Disposición 2024-27-GDEBA-DPNCMTGP del 2-V-2024.
Explica que el cuestionamiento de la aludida disposición, cuya supuesta invalidez motiva a que acuda a esta instancia, reside en que el acto de registración allí contenido: 1) adolecería de nulidad por haberse registrado un proyecto de convenio que carecería de la firma del por entonces Intendente comunal, en un asunto de incidencia patrimonial y económica, contraviniendo lo dispuesto en los arts. 181 y 182 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, así como también de la firma del Secretario General del Sindicato que ejercía el cargo al tiempo de su presentación; 2) el plazo para formalizar la inscripción del mencionado convenio se encontraría ampliamente vencido; y 3) resultaría improcedente exigir al municipio la demostración del perjuicio que le causaría dicha registración -como se habría hecho en la resolución del 29-VII-2024-, toda vez que -según alega la reclamante- tal extremo ya se encontraba debidamente acreditado al momento de articular el recurso de revocatoria (v. escrito electrónico de fecha 5-VIII-2024).
II. A raíz del remedio impetrado por la comuna, los obrados recayeron en el Tribunal de Trabajo N°2 del Departamento Judicial de Mar del Plata, cuyos integrantes ordenaron correr traslado de la demanda (v. proveído electrónico de fecha 12-VIII-2024).
Presentada Fiscalía de Estado, esta opuso excepción de incompetencia por considerar que se estaba ante un caso propio de los tribunales del fuero contencioso administrativo, de conformidad con la regla de los arts. 1 y 2 inc. 1 de la ley 12.008.
A ese respecto, el apoderado estatal manifestó que el núcleo central de la litis giraba en torno a la "...legitimidad de la disposición que [...] registró el Convenio Colectivo de Trabajo entre el Municipio y el Sindicato", cuya validez -añadió- se impugna por exhibir una serie de irregularidades que acarrearían su nulidad. Adujo asimismo que, en razón de lo normado en el art. 2 inc. "f" de la ley 11.653, la competencia de los tribunales laborales para conocer en recursos interpuestos contra resolutorios de autoridades administrativas estaba supeditada a la concurrencia de dos condiciones: a) la existencia de un recurso de apelación y b) que la ley aplicable así lo establezca, requisitos que -afirmó- no se verificaban en el caso (v. escrito electrónico de fecha 25-IX-2024).
Cabe señalar que, en su resolutorio de fecha 3-X-2024, los magistrados intervinientes resolvieron acoger la defensa articulada y ordenaron derivar el expediente al referido fuero, donde la causa fue adjudicada mediante sorteo al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°2 departamental.
Sin perjuicio de ello, su titular, tras colegir que el pleito se hallaba alcanzado por la regla de exclusión contenida en el art. 4 inc. 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101- e invocando jurisprudencia de este Tribunal al respecto, decidió no aceptar la remisión efectuada por el órgano previniente.
En tal sentido, puso de relieve que "...la autoridad de aplicación que interviene en el proceso de negociación que gesta el convenio, como en su registración, es el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires [...], actividad cuya revisión judicial guarda mayor correspondencia con la competencia que el Legislador asignó a los Tribunales del Trabajo" (arts. 60 y 62, ley 14.656 y 2 inc. "f", ley 11.653, e.o.).
De igual modo, sostuvo que si bien buena parte de la argumentación del reclamo de la actora se apoya en normas de índole administrativa -como el decreto ley 7.647/70-, esa fundamentación solo pretende justificar la vía impugnatoria intentada, sin que ello condicione o determine la competencia material del órgano judicial para conocer en el caso.
Consecuentemente, al fallar de tal modo, declaró su incompetencia y dio por configurada la contienda negativa, sometiéndola a esta Suprema Corte a fin de que ejerza la atribución que le confiere el art. 7 inc. 1 del código adjetivo (v. sent. interlocutoria de fecha 17-X-2024).
III. El art. 166 de la Constitución provincial consagra las bases de la materia contencioso administrativa, cuyo conocimiento confía a los órganos judiciales especializados. Y el Código Procesal aprobado por la ley 12.008, con sus reformas, despliega los alcances del sistema de enjuiciamiento de casos administrativos.
Con arreglo a tales normas, compete a los tribunales contencioso administrativos el conocimiento y decisión de las pretensiones que se deduzcan en los casos originados por la actuación u omisión, en el ejercicio de funciones administrativas, de los órganos de la Provincia, los municipios, los entes descentralizados y otras personas (arts. 166, Const. prov.; 1 inc. 1, CCA).
La actividad de esos sujetos provinciales o municipales se presume realizada en el desempeño de funciones públicas y regida por el derecho administrativo; presunción legal que opera con alcance general, a falta de norma expresa en contrario, incluso cuando para discernir la contienda deban emplearse normas de derecho privado o principios generales del derecho en ella contenidos (arts. 1 inc. 2 y 2 inc. 4, CCA).
El señalado criterio solo puede ser franqueado por vía de excepción, cuando la cuestión a resolver se encuentre regida exclusiva o primordialmente por el derecho privado o laboral, o en aquellos supuestos regulados por normas legales expresas (art. 4 inc. 1, CCA).
IV. Sobre la base de esas directrices, el caso escapa de la competencia material contencioso administrativa, en tanto la solución del pleito involucra la aplicación de normas de raigambre laboral, específicamente aquellas vinculadas al derecho colectivo del trabajo.
Y es que -como claramente se desprende del escrito inicial y de la documentación acompañada- lo que la comuna demandante pretende, a través de la presente impugnación, es que en definitiva se deje sin efecto el proyecto del Convenio Colectivo registrado entre la Municipalidad de General Pueyrredon y el Sindicato de Trabajadores de General Pueyrredon, por considerar que no cumple con los requisitos legales y formales para su validez -en particular, por carecer de las firmas requeridas-. Ello así, en razón del perjuicio económico que le acarrearía la entrada en vigencia del convenio cuestionado.
De allí que, aun cuando la presente acción tenga por objeto dejar sin efecto una disposición dictada por un organismo provincial -como lo es el acto de registración del proyecto del convenio colectivo por parte del Ministerio de Trabajo-, y más allá de lo que quepa decir respecto del régimen legal aplicable a las vías impugnatorias intentadas por la reclamante a tal fin, la contienda debe ser zanjada por aplicación de normas y principios ajenos al derecho administrativo (art. 4 inc. 1, CCA; arg. doctr. causa B. 79.746, "Asociación de Médicos de la República Argentina", resol. de 12-III-2025).
V. En consecuencia, corresponde que en el caso continúe interviniendo el Tribunal de Trabajo Nº2 del Departamento Judicial de Mar del Plata.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia del Tribunal de Trabajo N°2 del Departamento Judicial de Mar del Plata para continuar conociendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se radicará electrónicamente la causa para la prosecución de su trámite.
Hágase saber lo decidido al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº2 departamental.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 09/11/2025 11:19:32 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 10/11/2025 10:22:30 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/11/2025 12:20:37 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/11/2025 09:27:31 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/11/2025 09:55:36 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 18/11/2025 10:10:09 hs. bajo el número RR-859-2025 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia