Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 126889
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar la queja traída por SIDERCA S.A.I.C. (arts. 292, CPCC y 63, ley 11.653; Acordada 1790 y Resol. 24/20). Con Costas.
El señor Juez doctor Soria dijo:
I. En el caso, el Tribunal de Trabajo n°3 con asiento en la ciudad de Campana, perteneciente al Departamento Judicial de Zárate-Campana, en el marco de un "recurso de apelación" contra una resolución administrativa interpuesto por SIDERCA S.A.I.C., hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina (Seccional Campana) y, en consecuencia, ordenó, bajo responsabilidad de la peticionante y previa caución juratoria, que la sociedad mencionada arbitrara los medios necesarios para dar cumplimiento -en el plazo que individualizó- a lo establecido por la Disposición n° 13/20 dictada por la Delegación Regional de Campana del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, tendientes a hacer cesar las medidas que impiden el ingreso al establecimiento a los señores Alejandro Villar y José Insasuti como miembros de la Comisión Interna y en las mismas condiciones que a los restantes integrantes de la entidad, y a abonarle los salarios devengados que se encuentren impagos, hasta el dictado de la sentencia definitiva, bajo apercibimiento de aplicar astreintes (v. pronunciamiento de 16-XII-2020).
II. Frente a lo así resuelto, SIDERCA S.A.I.C., mediante sus letrados apoderados, planteó su nulidad (v. escrito electrónico del 22-XII-2020) y recurso extraordinario de nulidad (v. escrito electrónico de 30-XII-2020).
En lo que aquí interesa destacar, el Tribunal de grado denegó el recurso extraordinario intentado (v. pronunciamiento de 5-II-2021), con fundamento -en esencia- en que la decisión impugnada no es susceptible de ser revisada mediante la interposición de aquel medio de impugnación.
Contra ello, la sociedad apelante dedujo la queja prevista en el art. 292 del Código Procesal Civil y Comercial (v. escrito electrónico de 18-II-2021).
En concreto, aduce que en el sub lite se encuentra habilitada la competencia de este Tribunal para entender en casos como el presente. Invoca infringido el debido proceso legal y afectado su derecho de defensa en juicio.
Afirma, que el tribunal laboral al dictar la señalada medida cautelar desbordó su competencia e incurrió en exceso de jurisdicción, esto, pues ingresó indebidamente en la esfera de la competencia de otro poder del estado e interpretó arbitrariamente las normas procesales aplicadas, en tanto la decisión impugnada, a su modo de ver, agota el objeto de la apelación de modo anticipado. Cita jurisprudencia vinculada, sostiene la inconstitucionalidad del art. 55 de la ley ritual del fuero laboral y plantea, con sustento en la conocida doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Strada" (Fallos: 308:490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478), que corresponde la apertura de la casación local a fin de revisar el fallo del tribunal laboral.
III. La queja no prospera.
III.1. He de recordar, que en las causas L. 94.173, "Alderete" y L. 100.358, "Cooperativa de Agua y Luz de Pinamar Ltda." (resols. de 14-IX-2011), y recientemente en L. 122.915, "Siderar S.A.I.C." (resol. de 4-II-2021), a las que por razones de brevedad remito, he reconocido el acceso a la sede extraordinaria para controvertir los fallos emanados del tribunal del trabajo al decidir respecto de las impugnaciones previstas en la ley 10.149.
III.2. Sin perjuicio de lo anterior, en el caso, cabe señalar que en el marco del examen de admisibilidad de los recursos extraordinarios, tiene dicho esta Suprema Corte que, en principio, las decisiones relativas a las medidas cautelares no revisten carácter definitivo en los términos de los arts. 278 y 296 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 113.444, "Santucho", resol. de 10-III-2011; L. 98.352, "Duarte" y L. 98.363, "Muñoz", sents. de 30-XI-2011; L. 116.920, "González Cabrera", resol. de 22-VIII-2012; L. 119.807, "Bernardi", resol. de 22-VI-2016 y L. 123.550, "Valenzuela", resol. de 11-III-2020).
Frente a ello, no evidencia la impugnante, en su vinculación con la resolución dictada en autos por el tribunal laboral antes descripta, motivos excepcionales que permitan apartarse de tan consolidado criterio.
Si bien la quejosa esgrime que al otorgar la medida cautelar el tribunal de grado definió "en forma anticipada el fondo de la cuestión" y que por esa razón dicha resolución debería ser equiparada a definitiva, en modo alguno se encarga de aportar argumentos aptos a tales fines y en el contexto de la vía impugnatoria por la que transita.
Puntualmente, respecto de lo expuesto con el objeto de sortear el valladar formal que emana de las normas provinciales y que generaría la obligación de realizar el control impuesto por el art. 31 de la Constitución nacional, de conformidad con los estándares fijados por la Corte federal, no se advierte prima facie, en este estadio y a tenor de las particularidades expuestas, la existencia de un agravio federal que suscite la apertura de la instancia extraordinaria local.
En cuanto al planteo de inconstitucionalidad del citado art.55 de la ley ritual del fuero laboral, esta Suprema Corte tiene dicho, en forma reiterada, que las limitaciones establecidas por las normas procesales para la concesión de los recursos extraordinarios no vulneran derechos o garantías constitucionales, desde que el art. 161 apartado 3 inc. "a" de la Constitución de la Provincia establece que el conocimiento y resolución del indicado remedio procesal compete a este Tribunal con las restricciones que las leyes de procedimiento establezcan (causas L. 116.461, "Arriola Camacho", sent. de 31-VII-2013 y L. 117.666, "Madrid", sent. de 11-III-2015).
Cabe agregar a ello -como también lo ha resaltado esta Corte- que el juego armónico de lo dispuesto por los enunciados arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, en modo alguno veda la deducción del medio de impugnación previsto, sino que lo condiciona a un requisito formal, propio de la reglamentación legislativa y sin mengua de la defensa en juicio ni de la igualdad de las partes en litigio (causas L. 117.612 "Aranda", sent. de 17-IX-2014 y L. 118.542 "Holzman", resol. de 10-XII-2014).
IV. En razón de lo dicho, cabe desestimar la queja traída (arts. 292, CPCC y 63, ley 11.653; Acordada 1790 y Resol. 24/20).
La señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos, adhiere al voto del señor Juez doctor Soria.
El señor Juez doctor Genoud dijo:
Las decisiones de los Tribunales del Trabajo que actúan como alzada de las resoluciones dictadas por el Ministerio del Trabajo de la Provincia de Buenos Aires sólo son revisables por medio de recursos extraordinarios cuando se lesionen de manera directa e inmediata garantías constitucionales, particularmente el derecho de defensa en juicio (art. 18 de la Const. nac.), planteándose una cuestión federal, y ello a fin de mantener inalterable el principio de jerarquía constitucional. Tal ha sido mi opinión expresada en las causas L. 94.173, "Alderete" y L. 100.358, "Cooperativa de Agua y Luz de Pinamar Ltda." (resols. de 14-IX-2011), y más recientemente en la causa L. 122.915, "Siderar S.A.I.C." (resol. de 4-II-2021).
En la especie, además de no apreciarse la existencia de un agravio federal susceptible de abrir la instancia extraordinaria, pues las denuncias realizadas solo conciernen a la interpretación y aplicación de derecho público local que no involucran -de manera directa e inmediata- un caso federal (Fallos 310:1542; 325:2192, 1145; Ac. 103.265, resol. de 16-VII-2008 y Ac. 104.160, resol. de 18-VII-2008), el pronunciamiento recurrido no goza siquiera de la nota de definitividad indispensable para lograr el acceso a esta sede casatoria, tal como lo pone de manifiesto el doctor Soria en el apartado III.2. de su voto.
En consecuencia, acompaño la solución propuesta por el colega ponente en el punto IV de su sufragio.
El señor Juez doctor Torres, por los mismos fundamentos, adhiere al voto del señor Juez doctor Soria.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Desestimar la queja traída por SIDERCA S.A.I.C. (arts. 292, CPCC y 63, ley 11.653; Acordada 1790 y Resol. 24/20). Con Costas.
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. Resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 24/03/2022 21:03:58 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 25/03/2022 09:27:57 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/03/2022 12:19:58 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/04/2022 11:00:22 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/04/2022 12:02:12 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia