Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 121941
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a su insuficiente fundamentación (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
PARAMA VANESA GISELLE C/ ASOCIART S.A. ART S/APELACION DE RESOLUCION ADMINISTRATIVA.
La Plata, 20 de febrero de 2019.
Los señores Jueces doctores de Lázzari, Negri y Soria y la señora Jueza doctora Kogan dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n°3 con asiento en la ciudad de Tandil, perteneciente al Departamento Judicial de Azul rechazó el recurso de apelación interpuesto por Vanesa Giselle Parama contra la resolución de la Comisión Médica n° 12 de Mar del Plata (v. fs. 98/101 vta.).
Para así decidir, juzgó, en sustancia, que el carácter de enfermedad inculpable atribuida por la decisión administrativa recurrida, no varió con las probanzas producidas en autos, en tanto no se acreditaron las modalidades de las tareas prestadas.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada activa dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 105/111), el que fue concedido por el a quo a fs. 104 y vta.
En su presentación denuncia absurdo en la valoración de la prueba e indica las normas y la doctrina legal que considera violadas.
Se agravia que el sentenciante se apartó del dictamen pericial médico en cuanto en él se establecieron las características de las tareas en las que se desempeñaba la actora. Alega que el pronunciamiento de origen resulta infundado.
Por otro lado, plantea la inconstitucionalidad del art. 6 de la ley 24.557 y del decreto 658/96 para el hipotético caso que se determine que la dolencia padecida por la accionante no se encuentra incluida en el listado de enfermedades profesionales.
Finalmente, objeta la condena en costas, en tanto entiende que resulta confiscatoria del derecho de propiedad de la trabajadora.
III. El recurso ha sido insuficientemente fundado.
III.1. Tiene dicho esta Corte que determinar tanto la existencia de relación causal o concausal entre las labores desarrolladas por la trabajadora y la minusvalía que la afecta, como la apreciación del material probatorio, constituyen el ejercicio de una atribución privativa del tribunal de trabajo, no susceptible de revisión en esta sede salvo absurdo, que debe ser demostrado por quien lo invoca.
Ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 118.152, "Aveggio", resol. de 29-IV-2015; L. 116.196, "Medina", resol. de 6-V-2015 y L. 121.191, "Zunino", resol. de 15-XI-2017).
III.2. En el caso, el a quo -ejerciendo facultades que le son privativas (art. 44 inc. "d", ley 11.653)- evaluó los escritos constitutivos del proceso y la prueba aportada y producida en la causa -tanto la documental como la pericia médica-, y sobre tales premisas juzgó no acreditada la relación de causalidad entre la dolencia denunciada y las tareas que afirmó la accionante que realizaba.
Tal conclusión no logra ser descalificada por la recurrente, pues su crítica transita sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el tribunal de grado debió valorar las pruebas aportadas al proceso, poniendo de manifiesto, tan sólo, su disconformidad con la solución alcanzada en el pronunciamiento (causas L. 96.889, "Arismendi", sent. de 9-IX-2009; L. 96.347, "Morúa", sent. de 30-IX-2009; L. 116.581, "Fornari", resol. de 29-V-2013 y L. 117.831, "Andrada", resol. de 12-XI-2015).
En efecto, se advierte que la impugnante no controvierte de modo frontal, concreto y eficaz la esencial motivación del fallo recurrido, en tanto apartándose de la línea argumental de éste -desatendiendo así de su verdadero contenido y alcance- y siguiendo el hilo de su propio razonamiento, sólo exhibe su disconformidad con la decisión impugnada (causas L. 96.681, "Desteffaniz", sent. de 18-VIII-2010 y L. 101.312, "Escobar", sent. de 28-XII-2011).
En este sentido, soslaya la interesada que el absurdo sólo puede juzgarse configurado si media cabal demostración de su existencia, y no basta con invocarlo, sino que es menester probarlo acabadamente a través de una correcta y concreta fundamentación, ya que la vía extraordinaria no puede abrirse sin una eficiente acreditación del error, resultando insuficiente el agravio cuyo contenido sólo se dirige a disputarle al juzgador de grado el ejercicio de la facultad que le asiste en materia de selección, jerarquización y meritación de la prueba (causas L. 118.134, "Vazzarezza", resol. de 20-XI-2014; L. 117.769, "Sandoval", resol. de 17-XII-2014 y L. 118.397, "Masigoge", resol. de 11-II-2015).
Se advierte, entonces, que la argumentación de la recurrente denota, en rigor, un reproche que tan sólo traduce una mera discrepancia subjetiva con el criterio seguido por el juzgador de grado, sin demostrar la transgresión de las normas legales que denuncia, ni que medie error en el modo como el tribunal de trabajo resolvió la controversia, método que, sabido es, resulta insuficiente para demostrar la concurrencia de absurdo (causas L. 116.825, "Narváez", sent. de 6-XI-2013 y L. 116.975, "Kilimik", sent. de 28-VIII-2014).
Asimismo, corresponde recordar que en la tarea de ponderar las pericias y asignarle entidad convictiva, los tribunales de trabajo ejercen funciones que le son inherentes, resultando la decisión que adopten ajena al cometido de la Suprema Corte, salvo absurdo (causas L. 110.646, "Buscarini", sent. de 29-V-2013 y L. 119.974, "Cuevas", resol. de 7-IX-2016), que la no logra acreditar.
Para más, cabe agregar que esta Corte reiteradamente ha declarado que carece de eficacia para demostrar el vínculo causal entre la incapacidad que afecta al trabajador y las labores que éste efectuaba, la pericia médica que afirma la existencia de dicho nexo sobre la base del relato del actor, controvertido en la causa y no confirmado por ningún elemento de prueba (causas L. 116.908 "C., G.J.", sent. de 3-IX-2014; L. 118.912 "Roldan", resol. de 23-IX-2015 y L. 120.191, "Ruiz", resol. de 19-IV-2017).
III.3. Por lo demás, permaneciendo firme la conclusión del tribunal de origen respecto de la inexistencia de relación de causalidad entre las tareas prestadas y la dolencia que afecta a la trabajadora, resulta por ende irrelevante pronunciarse acerca del planteo de inconstitucionalidad del art. 6 de la ley 24.557 y del decreto 658/96.
III.4. Finalmente, tampoco es atendible el agravio destinado a cuestionar la imposición de las costas. Ello así, por cuanto el beneficio de gratuidad consagrado en el art. 22 de la ley 11.653 no impide la imposición de costas al vencido, sino que sus efectos sólo se proyectan de pleno derecho como un eximente de pago hasta que se mejore de fortuna (causas L. 101.820, "Palavecino", sent. de 29-VI-2011; L. 106.998, "Fani de Berardo", sent. de 3-VII-2013 y L. 118.089, "Peña", resol. de 24-IX-2014).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a su insuficiente fundamentación (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
HILDA KOGAN
SERGIO DANIEL ALFANO Subsecretario
Fin de la sentencia