Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121153
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe declara nulo de oficio el pronunciamiento de fs. 92 y vta. y se remiten los autos al tribunal de origen para que, debidamente integrado, renueve los actos necesarios y dicte el pronunciamiento que corresponda.
Asimismo, por mayoría, se exhorta a los señores jueces integrantes del Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín para que en el dictado del pronunciamiento se ajusten a las exigencias legales y constitucionales.
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971/2020, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.153, "Posse, Guillermo Omar contra Autoaseguradora Gobernación de la Provincia de Buenos Aires. Apelación de resolución administrativa", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Soria, Kogan, Torres, de Lázzari.
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín rechazó la revocatoria, pedido de nulidad de notificación y suspensión de términos procesales deducidos por el Fisco provincial (v. fs. 92 y vta.).
Se dedujo, por este último, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 94/99).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
1ª) ¿Corresponde anular de oficio la providencia de fs. 92 y vta.?
En caso negativo:
2ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El tribunal de origen rechazó la revocatoria y los planteos de nulidad y suspensión de términos deducidos por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, respecto del traslado conferido a fs. 42 de la expresión de agravios efectuada en el marco de la apelación interpuesta contra la resolución de la Comisión Médica n° 14 de esa ciudad y que diera origen a estas actuaciones.
Para así resolver, juzgó que la enumeración taxativa del aludido precepto -de excepción- no abarca la hipótesis de traslado del recurso de apelación, como el presente, de allí que correspondiera otorgar un plazo de cinco días para evacuar la expresión de agravios. A su vez, señaló que el art. 30 del decreto 717/96 estatuye que la Comisión Médica -en la especie, el tribunal de trabajo- notificará a las partes la recepción del expediente; el recurrente deberá efectuar su presentación en el término de cinco días, de lo que se dará vista al interesado para que la conteste en igual lapso. Añadió que el aludido decreto no tuvo en la mira hacer distingos según se trate de aseguradoras o empleador autoasegurado. Con todo ello, descartó que mediara en este supuesto una obligación legal de extender en favor del Fisco el plazo motivo de análisis (v. fs. 92 y vta.).
II. Frente a lo así resuelto, el letrado apoderado de la Fiscalía de Estado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia la violación de la Ley Orgánica de Fiscalía de Estado -decreto ley 7.543-; los arts. 14 bis, 16, 17, 18, 19, 28 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional y 15 y 155 de la Constitución provincial (v. fs. 94/99).
III. Considero que, por las razones que a continuación habré de exponer, corresponde responder afirmativamente al primer interrogante planteado debido a que el pronunciamiento de origen presenta graves irregularidades de carácter formal que lo descalifican como acto jurisdiccional válido.
III.1. Surge de las constancias de autos que esta Suprema Corte de Justicia provincial anuló, de oficio, el decisorio de fs. 55 y vta. por carecer de validez como acto jurisdiccional al haberse omitido al pie de la misma la firma de uno de los magistrados integrantes del tribunal, y reenvió las actuaciones al órgano de origen para que, debidamente integrado, renueve los actos procesales necesarios y dicte el pronunciamiento que corresponda (v. fs. 81/82). Cabe precisar que el resolutorio de fs. 55 y vta. -de idéntico contenido al de fs. 92 y vta.- fue en su momento rubricado por los señores magistrados doctores Guillermo A. Ortega y Daniela V. de Tomaso.
Ahora bien, recibidos los autos por el órgano de grado, integrado ahora por los doctores Daniela V. de Tomaso, Guillermo A. Ortega y Marcos Cornaglia, dictó el pronunciamiento de fs. 92 y vta., rechazando los recursos de revocatoria y planteos de nulidad y suspensión de términos deducidos por la Fiscalía de Estado por los fundamentos reseñados ut supra .
III.2. De lo precedentemente expuesto se advierte que dos de los mismos jueces -doctores Guillermo A. Ortega y Daniela V. de Tomaso- cuyo apartamiento en el conocimiento de la controversia suscitada en autos había sido dispuesto por esta Suprema Corte en oportunidad de dictar el pronunciamiento anulatorio de fs. 81/82, son quienes trataron -nuevamente- la impugnación deducida y emitieron el pronunciamiento que es aquí objeto de recurso, cuando se encontraban inhabilitados para hacerlo.
En tales condiciones, la segunda integración del Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín con los señores jueces doctores Guillermo A. Ortega y Daniela V. de Tomaso, para conocer en el planteo incoado por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, violenta el expreso mandato de esta Corte recaído en autos que -en lo que interesa- dispuso constituir debidamente el cuerpo colegiado actuante antes de dictar el pronunciamiento correspondiente (v. fs. 81/82; causa C. 118.721, "Frydman", sent. de 14-X-2015).
III.3. Finalmente, dadas las deficiencias del pronunciamiento que llega a revisión, estimo prudente, una vez más, exhortar a los señores jueces integrantes del Tribunal de Trabajo de Junín para velar por el cabal cumplimiento de las normas procesales a fin de propender a una eficaz administración de justicia (art. 15, Const. prov.).
IV. Por lo expuesto, se declara la nulidad de oficio del pronunciamiento de fs. 92 y vta., debiéndose remitir los autos al tribunal de origen para que, debidamente integrado, renueve los actos procesales necesarios y dicte el pronunciamiento que corresponda.
Voto por la afirmativa .
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Adhiero al voto del colega que abre el acuerdo con excepción de lo expuesto en el punto III.3.
Voto por la afirmativa .
La señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani, votaron la primera cuestión también por la afirmativa .
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I.1. El tribunal de origen rechazó la revocatoria y los planteos de nulidad y suspensión de términos deducidos por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires respecto del traslado, conferido a fs. 42, de la expresión de agravios efectuada en el marco de la apelación interpuesta contra la resolución de la Comisión Médica n° 14 de la ciudad de Junín, de fecha 15 de octubre de 2014 y que diera origen a estas actuaciones.
Para así resolver, juzgó que la enumeración taxativa contenida en el art. 31 del decreto ley 7.543/69 (texto según ley 12.748) -norma de excepción-, no abarca la hipótesis de traslado del recurso de apelación, tal como se trata en el presente; de allí que correspondiera otorgar un plazo de cinco días para evacuar la expresión de agravios. A su vez, señaló que el art. 30 del decreto 717/96 estatuye que la Comisión Médica -en la especie, el tribunal de trabajo- notificará a las partes la recepción del expediente, debiendo el recurrente presentar su impugnación en el término de cinco días de lo que se dará traslado por igual término a la contraparte. Añadió que el aludido decreto no tuvo en mira hacer distingos según se trate de aseguradoras o empleador autoasegurado, por lo que descartó que en este supuesto existiera una obligación legal de extender en favor del Fisco el plazo para dar respuesta al recurso (v. fs. 55 y vta.).
I.2. Frente a lo así resuelto, el letrado apoderado de la Fiscalía de Estado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denunció la violación de la Ley Orgánica de Fiscalía de Estado -decreto ley 7.543- y de los arts. 14 bis, 16, 17, 18, 19, 28 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional y 15 y 155 de la Constitución provincial (v. fs. 62/69).
Avocada esta Suprema Corte a la cuestión, por resolución de fecha 8 de marzo de 2017 (v. fs. 81/82), dispuso anular de oficio la providencia atacada, por haberse omitido la suscripción de la misma por parte de uno de los jueces integrantes. También mandó que los autos volvieran al tribunal de origen "...para que, debidamente integrado" renovase los actos procesales necesarios y dictase nuevo pronunciamiento.
Sin embargo, con fecha 22 de mayo de 2017, los mismos jueces que antes intervinieran -a los que se sumó un tercero, llamado a completar el tribunal para la eventualidad- suscribieron una resolución que, en lo sustancial, repite al pie de la letra la anterior (v. fs. 92 y vta.).
II. La atacada resolución presenta irregularidades que la descalifican como acto jurisdiccional válido, por lo que corresponde responder afirmativamente al primer interrogante.
Los jueces que suscribieron la providencia que fuera anulada debieron, en ejercicio de una elemental prudencia, cuando no en cumplimento de la manda del art. 30 del Código Procesal Civil y Comercial y su remisión al art. 17 inc. 7 del mismo cuerpo normativo, apartarse de la causa y declinar el tratamiento de la cuestión. No lo hicieron, y repitieron su mismo pronunciamiento textualmente, aunque ahora obtuvieran la firma de un tercer juez para que, accidentalmente, integrara el tribunal y validara la resolución. Tal pronunciamiento, dictado por jueces que resultaban inhábiles para hacerlo, no puede tener validez alguna.
Además de lo anterior, no debe omitirse la consideración de otro extremo: esta Corte, al invalidar por primera vez lo actuado (con fundamento en lo dispuesto por el art. 44 inc. "f", ley 11.653), reenvió la causa al tribunal de origen para que (me excuso del énfasis que voy a utilizar) debidamente integrado y con renovación de los actos procesales que fueran necesarios, dictase el pronunciamiento que correspondiere (v. fs. 81/82). Tal recomendación (que importaba el apartamiento de los jueces que habían intervenido) ha sido puntualmente desacatada.
Ante todo ello, no cabe sino, y tal como lo adelantara, dar respuesta afirmativa al primer interrogante y declarar, por segunda vez, la nulidad del pronunciamiento dictado por el tribunal de trabajo de fs. 92 y vta. En consecuencia, si mi propuesta es compartida, las actuaciones deberán volver al tribunal de origen para que, con nueva integración, se pronuncie sobre las cuestiones pendientes.
III.1. Asimismo, en razón de lo señalado por el doctor Pettigiani en el punto III.3. de su sufragio, corresponde exhortar nuevamente a los señores jueces a cargo del tribunal de trabajo actuante sobre las irregularidades que se advierten en el dictado del pronunciamiento que llega a revisión de la presente causa.
III.2. Por otro lado, no puede pasarse por alto el retardo que las circunstancias apuntadas provocan en la atención del reclamo con el que se inician estas actuaciones. El accidente, a resultas del cual se provocó una incapacidad a la apelante (cuyo grado está en discusión), ocurrió en el mes de mayo de 2014, y el recurso contra el dictamen de la Comisión Médica llegó a la jurisdicción provincial en el mes de diciembre de 2014. A pesar del tiempo transcurrido, no se ha podido, hasta la fecha, ingresar en un análisis de lo sustancial del recurso, pues todas las diligencias llevadas a cabo tienen que ver no con la correcta determinación de la minusvalía resultante del accidente, sino con los plazos por los que se corren las vistas, las notificaciones mal o bien realizadas y con errores de procedimiento tan graves que no pueden sino acarrear la nulidad de las actuaciones.
Al mismo tiempo, no puede, so pretexto de no afectar aún más la situación de la trabajadora retardando el ocuparnos de su impugnación, ignorarse el error cometido, porque sería tanto como tratar de eximir una falta cometiendo -a sabiendas- una omisión mayor.
Todo me lleva a proponer que, en razón de las circunstancias que se dan en esta causa (donde, por dos veces, hubo de anularse lo actuado en virtud de manifiestas e inexcusables infracciones) y, al mismo tiempo, teniendo en cuenta las reiteradas deficiencias e irregularidades que esta Corte ha advertido en la actuación del Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín (sobradamente apuntadas y hechas saber en distintas causas), se aplique a los señores jueces doctores Daniela Viviana De Tomaso y Guillermo Andrés Ortega (miembros naturales del citado tribunal) la sanción que prevé el art. 298 del Código Procesal Civil y Comercial, consistente en una multa equivalente al 5% del valor total del juicio, según se lo determine en su oportunidad (art. 45, ley ritual). La multa será a favor de la parte apelante, perjudicada por la demora ocurrida en la tramitación de las actuaciones (art. 45, cit.).
Por otra parte, puesto que, acorde con lo preceptuado por el art. 32 del mismo Código Procesal, el juez que se hallase impedido de actuar y, a sabiendas, hubiera dictado una resolución que no sea de mero trámite -y, seguramente, la de fs. 92 y vta. no lo es-, puede hallarse incurso en la causas previstas por la Constitución provincial para la remoción de los magistrados judiciales, deberá extraerse copias de las piezas pertinentes, certificárselas y remitirlas al señor Procurador General a los fines de que actúe en consecuencia.
IV. Con los alcances que surgen del punto III de mi ponencia, voto por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
En atención a la forma en que ha sido resuelta la cuestión anterior, no corresponde abordar la presente.
Así lo voto.
El señor Juez doctor Soria , la señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres y de Lázzari , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani, votaron la segunda cuestión en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se declara nulo de oficio el pronunciamiento de fs. 92 y vta. y se remiten los autos al tribunal de origen para que, debidamente integrado, renueve los actos necesarios y dicte el pronunciamiento que corresponda.
Asimismo, por mayoría, se exhorta a los señores jueces integrantes del Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín para que en el dictado del pronunciamiento se ajusten a las exigencias legales y constitucionales.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/06/2020 19:15:32 - SORIA Daniel Fernando
Funcionario Firmante: 12/06/2020 11:42:38 - DE LAZZARI Eduardo Nestor
Funcionario Firmante: 12/06/2020 19:42:16 - KOGAN Hilda
Funcionario Firmante: 16/06/2020 00:28:55 - PETTIGIANI Eduardo Julio
Funcionario Firmante: 16/06/2020 19:05:12 - TORRES Sergio Gabriel
Funcionario Firmante: 17/06/2020 14:04:27 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia