Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120298
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la decisión de grado obrante a fs. 219/221. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que, debidamente integrado, obre de conformidad con lo indicado en el punto III.1 in fine, del voto emitido en primer término.
Las costas se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 120.298, "Negreti, Marta Beatriz contra Autoaseguradora de la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires. Apelación de resolución administrativa", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Genoud , Kogan, Pettigiani .
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín rechazó la oposición, revocatoria y el planteo de nulidad articulados por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires con motivo de su citación ordenada en autos (v. fs. 219/221).
Se dedujo, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 232/244).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La señora Marta Beatriz Negreti, dependiente -según denunció- de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, dedujo apelación contra el dictamen de la Comisión Médica n° 14 de Junín que estableció que la trabajadora padecía secuelas que la incapacitaban en un 6% del índice de la total obrera, como consecuencia del accidente protagonizado el día 16 de agosto de 2011 (v. fs. 40/43 y 45).
Elevadas las actuaciones al Juzgado Federal de Junín, su titular declaró la inconstitucionalidad del art. 46 apartado 1 de la ley 24.557 y la incompetencia del órgano, ordenando la remisión de la causa al tribunal de trabajo de la misma ciudad (v. fs. 61 y vta.).
Radicado el expediente en el Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín, este confirió traslado de la expresión de agravios obrante a fs. 79/82 a Provincia ART S.A., por el término de cinco días, lo hizo, con esencial fundamento en el decreto 717/96 y en la resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 45/97 (v. fs. 83).
A fs. 101/105 tomó intervención en el litigio Provincia ART S.A., quien opuso excepción de falta de legitimación pasiva, invocando la inexistencia de contrato y la calidad de autoasegurada de la empleadora, la Provincia de Buenos Aires.
Luego de tener por presentada y parte a la referida aseguradora (v. fs. 106), el tribunal de grado decidió abrir a prueba las actuaciones (v. fs. 107/108).
Posteriormente, atendiendo a lo que surgía de la documentación obrante en la causa y a lo manifestado por la aseguradora de riesgos del trabajo en cuanto a la rescisión del contrato de afiliación y consecuente carácter de autoasegurada de la Provincia de Buenos Aires, con el objeto de evitar futuras nulidades el a quo resolvió citar a la Fiscalía de Estado provincial para que compareciera al juicio "a efectos de asumir la representación que por ley corresponda", ello, dentro de cinco días de notificada y "bajo el apercibimiento de dar por decaído el derecho que ha dejado de usar" conforme el art. 30 del decreto 717/96 (v. fs. 204).
A fs. 212/214 se presentó en el expediente la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, ocasión en la que se opuso a la citación ordenada por considerar que el traslado dispuesto era manifiestamente tardío pues había precluido la etapa procesal prevista a tal fin vulnerándose el derecho de defensa; por ello, y destacando que su intervención en el litigio aconteció una vez producida la prueba ofrecida por las partes, solicitó que se declarase extemporánea la citación debiendo sentenciarse con los elementos obrantes en la causa, subsidiariamente -de mantenerse aquélla- peticionó la nulidad de todo lo actuado y la correcta convocatoria al juicio. Además, dedujo revocatoria, ello, en la inteligencia de que en autos resultaba aplicable la Ley Orgánica de Fiscalía de Estado y que por esa razón el traslado objetado debía conferirse por el plazo de treinta días según lo normado por el art. 31 del decreto ley 7.543/69 (texto según ley 12.748); en dicha oportunidad, planteó además la nulidad de la notificación cursada por no haberse acompañado copia de la cuestionada resolución dictada en sede administrativa ni de ninguna otra documentación. Finalmente, peticionó la suspensión de los términos procesales hasta tanto se resolvieran las cuestiones abordadas en la pieza procesal.
El tribunal interviniente rechazó la presentación en todas sus partes (v. fs. 219/221). En lo tocante a la citación como tercero, apoyándose en el art. 3 de la ley 24.557, decreto 3858/07 y en la resolución conjunta de la Superintendencia de Seguros de la Nación y Superintendencia de Riesgos del Trabajo 33.034/08 y 573/08, señaló que la comparecencia de la Fiscalía obedecía a la rescisión del contrato de afiliación de la Provincia de Buenos Aires y a su calidad de autoasegurada, "debiendo ejercer la representación que por ley corresponde atento a que asumirá los costos de la sentencia condenatoria en su caso". En cuanto a la revocatoria, juzgó que la enumeración taxativa del aludido precepto del decreto ley 7.543/69 -de excepción, dijo- no abarca la hipótesis de traslado del recurso de apelación; a su vez, afirmó que el art. 30 del decreto 717/96 estatuye que la Comisión Médica -en la especie, precisó, el tribunal de trabajo- notificará a las partes la recepción del expediente y que el recurrente deberá efectuar su presentación en el plazo de cinco días, de lo que se dará vista al interesado para que la conteste en igual lapso; añadió que dicho decreto no tuvo la intención de ampliar el plazo de contestación del traslado de la expresión de agravios; desechó así, que existiera obligatoriedad de extender en favor del Fisco el plazo motivo de análisis. En orden al planteo de nulidad de notificación, sostuvo que de la cédula impugnada surgía certificado por el oficial notificador su diligenciamiento "con copias" y que entonces había cumplido con su finalidad, sin que el interesado haya podido evidenciar la alegada violación del derecho de defensa. Finalmente, concedió en préstamo las actuaciones al letrado apoderado de la Fiscalía de Estado para que se expidiera sobre la prueba producida.
II. La Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de la Ley Orgánica de Fiscalía de Estado -decreto ley 7.543- los arts. 14 bis, 16, 17, 18, 19, 28 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 11, 15 y 155 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 232/244).II.1. Con apoyo -entre otros pronunciamientos- en doctrina de este Tribunal y destacando que su citación en autos resultó manifiestamente tardía pues se realizó después de trabada la litis y con la prueba ya producida, violándose su derecho de defensa, sostiene que lo resuelto por el tribunal sobre la oposición planteada al respecto carece de adecuada fundamentación; en este sentido, reiterando que en el punto el pronunciamiento no posee motivación y es arbitrario, afirma que el tribunal no brindó tratamiento a los argumentos vinculados con el momento procesal oportuno en que debió habérsela convocado al juicio.
Además, le endilga arbitrariedad al pronunciamiento toda vez que alega que el órgano jurisdiccional de grado tenía conocimiento de diversas disposiciones que indicaban el carácter de autoasegurada de la Provincia, situación que -agrega- resultaba evidente a su vez de distintos pleitos que tramitan en su jurisdicción, y que a pesar de ello decidió continuar el juicio sin la intervención de la Fiscalía de Estado, quien recién fue citada estando los autos "prestos para sentencia", esto es: extemporáneamente, sin que pueda desplegar actividad útil en el proceso.
II.2. En cuanto a la desestimación del planteo de revocatoria interpuesto, manifiesta que el tribunal, lesionando los derechos de defensa en juicio y debido proceso, desoyó el particular plazo otorgado por la legislación específica al representante del Estado provincial, siendo que se trata de un demandado con caracteres propios, claramente diferenciable de otros legitimados pasivos.
Afirma que en autos se ventila un planteo propio de un juicio de conocimiento pleno, con amplitud probatoria extrema, y así, que su carácter de recurso de apelación ha quedado distorsionado y por tanto no resulta justificado mantener el brevísimo plazo de traslado.
Denuncia que el pronunciamiento carece de fundamento legal y decreta la inhabilidad del sistema de Comisiones Médicas (arts. 21, 22 y 46, ley 24.557), al tiempo que estatuye un nuevo recurso de apelación de genética pretoriana.
II.3. A su vez, asevera que el tribunal no expuso los motivos del rechazo de nulidad de la notificación por ausencia de copia del dictamen apelado y de la suspensión de plazos procesales planteada.
III. El recurso prospera.
III.1. Examinados los antecedentes relevantes de la causa -sintéticamente descriptos en el apartado inaugural-, cabe señalar que las afirmaciones que plasma el recurrente en su primer agravio evidencian el yerro que le endilga al pronunciamiento bajo la denuncia de ausencia de motivación enmarcada en la violación del derecho de defensa en juicio y de doctrina legal.
Como acertadamente se pone de manifiesto en la impugnación, al abordar la oposición planteada por la Fiscalía de Estado provincial concerniente a su citación a juicio (ordenada a fs. 204), en un escueto párrafo el a quo se limitó a expresar que su participación en el proceso respondía a la rescisión del contrato de afiliación y al carácter de autoasegurada de la Provincia de Buenos Aires, debiendo ejercer su representación atento que asumiría los costos de una eventual sentencia condenatoria, resultando imprescindible su participación (v. fs. 219 vta.).
Es evidente que la solución dada por el órgano jurisdiccional, expuesta en términos ciertamente genéricos, soslaya analizar los serios argumentos desplegados por la Fiscalía en ocasión de intervenir en el litigio, centrados en su tardía convocatoria y en las graves consecuencias que derivarían de ella teniendo en miras el derecho de defensa en juicio, lo cual la condujo a solicitar que se declarase extemporánea a la citación y eventualmente la nulidad de lo actuado hasta la traba de la litis (v. fs. 212 y vta.).
Desprovisto entonces de una motivación que encuentre apoyo en los planteos sometidos a su consideración, lo resuelto por el tribunal de la instancia se encuentra teñido de arbitrariedad y obstaculiza el debido ejercicio de la competencia revisora de esta Corte, ameritando su revocación (causas L. 66.489, "Pedrozo", sent. de 22-IX-1998 y L. 109.287, "De Campos", sent. de 22-X-2014).
Los autos deberán regresar a la instancia de grado para que el tribunal -nuevamente integrado- brindando la debida fundamentación, se expida sobre la presentación de fs. 212/214 vta.
III.2. A tenor de lo resuelto precedentemente, no corresponde abordar los restantes agravios que porta el medio de impugnación en análisis.
IV. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y revocar la decisión obrante a fs. 219/221. Los autos deberán volver a la instancia de origen para que se proceda conforme se resuelve en el apartado III.1. in fine de la presente.
Las costas se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
El señor Juez doctor Genoud , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Pettigiani, por los mismos fundamentos del señor Juez Soria, votaron también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la decisión de grado obrante a fs. 219/221. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que, debidamente integrado, obre de conformidad con lo indicado en el punto III.1 in fine, del voto emitido en primer término.
Las costas se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 16/07/2020 19:25:50 - KOGAN Hilda
Funcionario Firmante: 17/07/2020 08:51:09 - GENOUD Luis Esteban
Funcionario Firmante: 17/07/2020 20:19:14 - PETTIGIANI Eduardo Julio
Funcionario Firmante: 19/07/2020 11:51:59 - SORIA Daniel Fernando
Funcionario Firmante: 20/07/2020 18:38:46 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia