Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120301
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 120.301, "Bruno, Amalia Raquel contra Autoaseguradora de la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires. Apelación de resolución administrativa", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud , Soria, de Lázzari, Kogan, Pettigiani, Torres, Borinsky .
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín rechazó la revocatoria y el planteo de nulidad deducidos por la Fiscalía de Estado respecto del traslado conferido a fs. 65, a fin de que la Provincia de Buenos Aires conteste, en el término de cinco días, la expresión de agravios efectuada por la actora en el marco de la apelación interpuesta contra el dictamen de la Comisión Médica n° 14 de esa ciudad, que diera origen a estas actuaciones (v. fs. 33/35, fs. 67/68 vta., fs. 72 y vta.).
Se interpuso, por la Fiscalía de Estado, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 88/95 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. La señora Amalia Raquel Bruno, dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, dedujo apelación contra la decisión de la Comisión Médica n° 14 de Junín en cuanto estableció que la trabajadora no padece secuelas generadoras de incapacidad por el accidente protagonizado el día 6 de noviembre de 2013, mientras desempeñaba tareas habituales de limpieza (v. fs. 43/45).
Elevadas las actuaciones al Juzgado Federal de Junín, su titular declaró la inconstitucionalidad del art. 46 apartado 1 de la ley 24.557 y la incompetencia del órgano, ordenando la remisión de la causa al tribunal de trabajo de la misma ciudad (v. fs. 54 y vta.).
Cumplida la indicada radicación, el tribunal de origen confirió traslado de la expresión de agravios a la Provincia de Buenos Aires en su condición de autoasegurada, por el término de cinco días. Fundó esa decisión en las disposiciones del decreto 717/96 y en la resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 45/97 (v. fs. 58 y fs. 65).
A fs. 67/68 vta. se presentó en el expediente la Fiscalía de Estado, planteó revocatoria contra dicha decisión y la nulidad de la notificación cursada.
Solicitó la aplicación al caso de la Ley Orgánica de Fiscalía de Estado, a cuyo fin peticionó la suspensión de los plazos procesales y el traslado de la demanda por el término de treinta días, según lo normado por el art. 31 del decreto ley 7.543/69 (texto según ley 12.748).
El tribunal interviniente rechazó la impugnación deducida.
Consideró que la enumeración taxativa del aludido precepto -de excepción- no abarca la hipótesis de traslado del recurso de apelación, como el presente; de allí que corresponda otorgar un plazo de cinco días para evacuar la expresión de agravios.
A su vez señaló que el art. 30 del decreto 717/96 estatuye que la Comisión Médica -en la especie, el tribunal de trabajo- notificará a las partes la recepción del expediente; el recurrente deberá efectuar su presentación en el término de cinco días, de lo que se dará vista al interesado para que la conteste en igual lapso.
Añadió que el aludido decreto no tuvo en mira hacer distingos según se trate de aseguradoras o empleador autoasegurado.
Con todo ello, descartó que mediara en este supuesto una obligación legal de extender en favor del Fisco el plazo motivo de análisis.
II. Frente a lo así resuelto, el letrado apoderado de Fiscalía de Estado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de la Ley Orgánica de Fiscalía de Estado -decreto ley 7.543/69-; los arts. 14 bis, 16, 17, 18, 19, 28 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional y 15 y 155 de la Constitución provincial (v. fs. 88/95 vta.).
Afirma que la decisión de origen lesiona el ejercicio de la defensa en juicio y el derecho al debido proceso, en tanto desoye el particular plazo de traslado otorgado por la legislación específica al Estado provincial, siendo que se trata de un demandado con caracteres propios, claramente diferenciable de otros legitimados pasivos.
Respecto del tratamiento dado por el a quo a la presente causa postula, como hiciera al fundar la revocatoria, que en autos se ventila un planteo propio de un juicio de conocimiento pleno, con amplitud probatoria extrema. Aduce, pues, que su carácter de recurso de apelación ha quedado distorsionado y por tanto no resulta justificado mantener exclusivamente a ese respecto el brevísimo plazo de traslado e imprimir a los actuados el trámite de juicio sumarísimo.
Denuncia que el pronunciamiento carece de fundamento legal y decreta la inhabilidad del sistema de Comisiones Médicas (arts. 21, 22 y 46, ley 24.557), al tiempo que estatuye un nuevo recurso de apelación de genética pretoriana.
Afirma que el tribunal no expone los motivos del rechazo de la nulidad de la notificación, ni de la suspensión de términos procesales. Cuestiona que la cédula no fuera acompañada de las copias del dictamen objeto de impugnación.
III. El recurso no prospera.
III.1. El agravio referido al plazo otorgado para evacuar la expresión de agravios debe ser rechazado en razón de su manifiesta insuficiencia.
Advierto en primer lugar que el interesado ha omitido denunciar la transgresión de las disposiciones legales invocadas por el tribunal actuante para dar sustento al pronunciamiento en crisis y que se vinculan con los agravios que expone. Exigencia ésta de insoslayable cumplimiento de conformidad con las prescripciones establecidas por la norma que regula el recurso extraordinario intentado (art. 279, CPCC; causas L. 99.317, "Lezcano", sent. de 9-XII-2009; L. 102.343, "Laguzzi", sent. de 8-IX-2010 y L. 118.179, "Fautario", sent. de 30-III-2016; e. o.). Tal déficit no puede ser suplido oficiosamente en esta instancia extraordinaria por vía de inferencias o interpretación (art. 279, CPCC).
Tampoco desvirtúa las conclusiones del sentenciante que constituyeron factores esenciales de la decisión adoptada.
El propio relato de los antecedentes deja en evidencia que el agraviado discurre sobre la aplicabilidad al caso de las disposiciones del art. 31 del decreto ley 7.543/69 (texto según dec. 969/87), dejando sin réplica las concretas motivaciones que definieron el contenido del decisorio, a las que alude sólo en forma tangencial.
Así se desentiende del razonamiento que condujo al a quo a establecer que la pretensión impugnativa deducida, por su naturaleza, debía ser encausada bajo los lindes del decreto 717/96 y la resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 45/97, correspondiendo su sustanciación en los plazos y las condiciones establecidas por esa normativa específica.
Conforme ha declarado esta Corte, para que el escrito por el que se interpone y funda el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley cumpla la misión que le asigna el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, los argumentos que en él se formulen deben referirse, directa y concretamente a los conceptos que estructuran el pronunciamiento. Esa función no es cumplida con la mera invocación o pretendida subsunción de los hechos y elementos de la causa a determinados preceptos legales, si en esa operación se sustrae, precisamente, en todo o en parte, la réplica adecuada a las motivaciones esenciales que el fallo impugnado contiene (causas L. 110.832, "Campos", sent. de 29-V-2013; L. 116.173, "Glinchuk", sent. de 25-VI-2014; L. 114.587, "Giménez", sent. de 15-VII-2015 y L. 118.224, "Carabajal", sent. de 13-IV-2016; e. o.).
III.2. Luego, dado que el pedido de suspensión de términos efectuado por la demandada (v. fs. 68 vta., punto IV del escrito) fue introducido como una cuestión previa para viabilizar el tratamiento de la revocatoria interpuesta en la misma presentación (es decir, a fin de que se aplique a este particular supuesto el plazo previsto en el art. 31 del dec. ley 7.543/69), deviene innecesario el análisis independiente del evocado requerimiento, en la medida en que éste encuentra respuesta en la decisión que constituye el principal agravio del recurrente (al que accede por subsidiariedad), y que fue desestimado en forma precedente.
III.3. El cuestionamiento al rechazo del planteo de nulidad de la notificación en razón de no haberse adjuntado copias es inadmisible.
Sin perjuicio de observar que la constancia de diligenciamiento de la cédula a que alude el interesado da cuenta de la entrega de copias al destinatario (v. fs. 70 y vta.), lo argumentado, en rigor, carece de entidad de agravio atendible por esta Corte, en la medida en que no se observan -ni fueron esgrimidos- motivos excepcionales que justifiquen la revisión en esta instancia extraordinaria de lo resuelto sobre el particular (causas Ac. 106.704, "Menoyo", resol. de 1-IV-2009; Ac. 99.401, "Gómez", resol. de 3-VI-2009 y Ac. 104.920, "Russo", resol. de 15-VII-2009).
III.4. Finalmente, dadas las deficiencias del pronunciamiento que llega a revisión (v.gr. falta de intervención del Actuario en incumbencias que le son propias), estimo prudente, una vez más, hacer notar a los jueces integrantes del órgano de grado que deben velar por el cabal cumplimiento de las normas procesales a fin de propender a una eficaz administración de justicia (art. 15, Const. prov.).
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso prospera parcialmente.
I.1. Coincido con mi distinguido colega doctor Genoud en que corresponde desestimar los cuestionamientos traídos contra el rechazo dispuesto por el tribunal de grado de la revocatoria planteada con motivo del traslado ordenado en autos.
Concordantes con las que aquí despliega el ponente, arribo a la anunciada solución a tenor de las consideraciones que brindé al emitir mi sufragio en la causa L. 121.029, "Romero" (sentenciada en la misma fecha), análoga a la presente en el mencionado aspecto y a la que en el punto remito por razones de brevedad.
I.2. En orden al planteo de nulidad de notificación y pedido de suspensión de plazos procesales, y en línea -en gran medida- con la opinión que brindé en la citada causa L. 121.029, debe señalarse que le asiste razón al quejoso al denunciar la ausencia de motivación, enmarcada en la violación al ejercicio del derecho de defensa en juicio y garantía del debido proceso con fundamento -entre otras normas- en el art. 15 de la Constitución provincial.
Puede advertirse que en el pronunciamiento obrante a fs. 72 y vta. el a quo ambiguamente hizo alusión en su análisis tanto al "recurso de revocatoria" como a la "nulidad" interpuesta y -en fin- al escrito de fs. "66/68" (debió decir, en rigor, fs. 67/68 vta.); sin embargo, explayándose únicamente sobre la cuestionada extensión del plazo correspondiente al traslado conferido, ningún argumento brindó en dicha oportunidad para fundar la denegación de los restantes planteos incorporados por la demandada en la referida pieza procesal.
En tanto fruto de la mera voluntad de los juzgadores, tan grave falencia tiñe de arbitrariedad al pronunciamiento y obstaculiza el debido ejercicio de la competencia revisora de esta Suprema Corte, ameritando su revocación parcial (causas L. 66.489, "Pedrozo", sent. de 22-IX-1998 y L. 109.287, "De Campos", sent. de 22-X-2014).
Los autos deben regresar a la instancia de grado para que el tribunal, nuevamente integrado, brindando la debida fundamentación se expida sobre tales aspectos.
II. En virtud de lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído. Los autos deben volver al tribunal de grado para que se proceda conforme se resuelve en el punto I.2. in fine de la presente. Costas por su orden (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I.1. Adhiero a lo expuesto por el doctor Genoud en el punto III.1. de su voto y a su propuesta decisoria.
I.2. En relación a los planteos de nulidad de notificación y suspensión de términos procesales, debo decir que la insuficiencia del recurso se patentiza con sólo advertir la falta de denuncia de la normativa presuntamente violada, recaudo que -como dice el ponente- no se subsidia con invocaciones genéricas a la Constitución nacional o a la de la Provincia. Ello se agrava ante la inatinencia de los argumentos intentados, que hace que los escasos fundamentos de la sentencia queden incólumes.
En todo caso, es de advertir que si, como el recurrente pretende, el tribunal no expuso motivos fundados para rechazar la nulidad articulada (omitiendo así tratar una cuestión sin duda esencial), la vía idónea para lograr la revocación del pronunciamiento no era la del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley sino la prevista por los arts. 296 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial.
II. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
Voto, pues, por la negativa.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Adhiero al voto del doctor Soria.
II. Sólo he de agregar que comparto las observaciones formuladas por el doctor Genoud en el punto III.4. de su propuesta y, teniendo en cuenta las reiteradas irregularidades que esta Corte viene advirtiendo en diferentes causas del Tribunal de Trabajo de Junín (a saber: L. 120.274, "Calderón", resol. de 8-III-2017; L. 120.955, "Biset", resol. de 31-V-2017; L. 121.043, "Figueroa", resol. de 27-XII-2017; L. 119.312, "Ponce"; L. 119.635, "Milla" y L. 119.305, "Díaz", sents. de 11-IV-2018, por citar sólo algunas), considero necesario e impostergable exhortar a los señores magistrados a cargo del tribunal de trabajo actuante para que, en ejercicio de facultades que le son propias, refuercen los controles que deben llevarse a cabo sobre la actuación de los funcionarios a su cargo y recomendarles el dedicado apego a la letra y espíritu de las disposiciones fundamentales para su eficaz desempeño.
III. En consecuencia, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con el alcance indicado por el doctor Soria en el punto II de su opinión.
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa .
El señor Juez doctor Pettigiani , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votó también por la negativa .
El señor Juez doctor Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó también por la afirmativa .
El señor Juez doctor Borinsky , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votó también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 22/10/2020 14:38:55 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/10/2020 15:04:19 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/10/2020 16:36:31 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 23/10/2020 10:20:30 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/10/2020 13:13:30 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/10/2020 09:18:35 - BORINSKY Ricardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/10/2020 09:16:09 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/10/2020 10:13:48 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia