Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121242
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe declara nulo de oficio el pronunciamiento de fs. 122/123 y se remiten los autos al tribunal de origen para que, integrado con nuevos jueces, renueve los actos necesarios y dicte el pronunciamiento que corresponda.
Asimismo, por mayoría, se exhorta a los señores jueces integrantes del Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín para que en el dictado del pronunciamiento se ajusten a las exigencias legales y constitucionales.
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.242, "Colaneri, María Delia contra Aseguradora de la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires. Apelación de resolución administrativa", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores de Lázzari, Soria, Kogan, Pettigiani, Torres.
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín rechazó la revocatoria, planteo de nulidad de notificación y suspensión de términos deducidos por la Fiscalía de Estado respecto del traslado conferido a fs. 70 y siguientes, a fin de que la Provincia de Buenos Aires conteste, en el término de cinco días, la expresión de agravios efectuada por la actora en el marco de la apelación interpuesta contra el dictamen de la Comisión Médica n° 14 de esa ciudad, que diera origen a estas actuaciones (v. fs. 122/123).
Se dedujo, por el Fisco de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 127/132).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Corresponde anular de oficio la providencia de fs. 122/123?
En caso negativo:
2ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El tribunal de origen rechazó la revocatoria y planteos de nulidad y suspensión de términos deducidos por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos y Aires respecto del traslado, conferido a fs. 70 y siguientes, de la expresión de agravios efectuada en el marco de la apelación interpuesta contra la resolución de la Comisión Médica n° 14 de la ciudad de Junín, de fecha 28 de agosto de 2014 y que diera origen a estas actuaciones.
Para así resolver, juzgó que la enumeración taxativa contenida en el art. 31 del decreto ley 7.543/69 (texto según ley 12.748) -norma de excepción-, no abarca la hipótesis de traslado del recurso de apelación, tal como se trata en el presente; de allí que correspondiera otorgar un plazo de cinco días para evacuar la expresión de agravios. A su vez, señaló que el art. 30 del decreto 717/96 estatuye que la Comisión Médica -en la especie, el tribunal de trabajo- notificará a las partes la recepción del expediente, debiendo el recurrente presentar su impugnación en el término de cinco días de lo que se dará traslado por igual término a la contraparte. Añadió que el aludido decreto no tuvo en mira hacer distingos según se trate de aseguradoras o empleador auto asegurado, por lo que descartó que en este supuesto existiera una obligación legal de extender en favor del Fisco el plazo para dar respuesta al recurso (v. fs. 90/91).
II. Frente a lo así resuelto, el letrado apoderado de Fiscalía de Estado deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de la Ley Orgánica de Fiscalía de Estado -decreto ley 7.543/69- y de los arts. 14 bis, 16, 17, 18, 19, 28 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional y 15 y 155 de la Constitución provincial (v. fs. 97/102).
Avocada esta Suprema Corte a la cuestión, por resolución de fecha 5 de abril de 2017 (v. fs. 114/115), dispuso anular de oficio la providencia atacada, por haberse omitido la suscripción de la misma por parte de uno de los jueces integrantes. También mandó que los autos volvieran al tribunal de origen "para que, debidamente integrado" renovase los actos procesales necesarios y dictase nuevo pronunciamiento.
Sin embargo, con fecha 13 de junio de 2017, los mismos jueces que antes intervinieran -a los que se sumó un tercero, llamado a completar el tribunal para la eventualidad- suscribieron una resolución que, en lo sustancial, repite al pie de la letra a la anterior (v. fs. 122/123).
III.1. La atacada resolución presenta irregularidades que la descalifican como acto jurisdiccional válido, por lo que corresponde responder afirmativamente al primer interrogante.
Los jueces que suscribieron la providencia que fuera anulada debieron, en ejercicio de una elemental prudencia, cuando no en cumplimento de la manda del art. 30 del Código Procesal Civil y Comercial y su remisión al art. 17 inc. 7 del mismo cuerpo normativo, apartarse de la causa y declinar el tratamiento de la cuestión. No lo hicieron, y repitieron su mismo pronunciamiento textualmente, aunque ahora obtuvieran la firma de un tercer juez para que, accidentalmente, integrara el tribunal y validara la resolución. Tal pronunciamiento, dictado por jueces que resultaban inhábiles para hacerlo, no puede tener validez alguna.
Además de lo anterior, no debe omitirse la consideración de otro extremo: esta Corte, al invalidar por primera vez lo actuado (con fundamento en lo dispuesto por el art. 44 inc. "f", ley 11.653), reenvió la causa al tribunal de origen para que (me excuso del énfasis que voy a utilizar) debidamente integrado y con renovación de los actos procesales que fueran necesarios, dictase el pronunciamiento que correspondiere (v. fs. 114 vta. y 115). Tal recomendación (que importaba el apartamiento de los jueces que habían intervenido) ha sido puntualmente desacatada.
Ante todo ello, no cabe sino, y tal como lo adelantara, dar respuesta afirmativa al primer interrogante, y declarar, por segunda vez, la nulidad del pronunciamiento dictado por el tribunal de trabajo de fs. 122/123. En su consecuencia, si mi propuesta es compartida, las actuaciones deberán volver al tribunal de origen para que, con nueva integración, se pronuncie sobre las cuestiones pendientes.
III.2. Asimismo, dado lo apuntado corresponde exhortar nuevamente a los señores jueces a cargo del tribunal de trabajo actuante para velar por el cabal cumplimiento de las normas procesales a fin de propender a una eficaz administración de justicia (art. 15, Const. prov.).
III.3. Por otro lado, no puede pasarse por alto el retardo que las circunstancias apuntadas provocan en la atención del reclamo con el que se inician estas actuaciones. El accidente, a resultas del cual se provocó una incapacidad a la apelante (cuyo grado está en discusión), ocurrió en el mes de agosto de 2013, y el recurso contra el dictamen de la Comisión Médica llegó a la jurisdicción provincial en el mes de noviembre de 2014. A pesar del tiempo transcurrido, no se ha podido, hasta la fecha, ingresar en un análisis de lo sustancial del recurso, pues todas las diligencias llevadas a cabo tienen que ver no con la correcta determinación de la minusvalía resultante del accidente, sino con los plazos por los que se corren las vistas, las notificaciones mal o bien realizadas y con errores de procedimiento tan graves que no pueden sino acarrear la nulidad de las actuaciones.
Al mismo tiempo, no puede, so pretexto de no afectar aún más situación de la trabajadora retardando el ocuparnos de su impugnación, ignorarse el error cometido, porque sería tanto como tratar de eximir una falta cometiendo -a sabiendas- una omisión mayor.
Todo me lleva a proponer que, en razón de las circunstancias que se dan en esta causa (donde, por dos veces, hubo de anularse lo actuado en virtud de manifiestas e inexcusables infracciones) y, al mismo tiempo, teniendo en cuenta las reiteradas deficiencias e irregularidades que esta Corte ha advertido en la actuación del Tribunal de Trabajo de Junín (sobradamente apuntadas y hechas saber en distintas causas), se aplique a la jueza doctora Daniela Viviana De Tomaso y al juez doctor Guillermo Andrés Ortega (miembros naturales del citado tribunal) la sanción que prevé el art. 298 del Código Procesal Civil y Comercial, consistente en una multa equivalente al 5% del valor total del juicio, según se lo determine en su oportunidad (art. 45, ley ritual). La multa será a favor de la parte apelante, perjudicada por la demora ocurrida en la tramitación de las actuaciones (art. 45, cit.).
Por otra parte, puesto que, acorde con lo preceptuado por el art. 32 del mismo Código procesal, el juez que se hallase impedido de actuar y, a sabiendas, hubiera dictado una resolución que no sea de mero trámite -y, seguramente, la de fs. 122/123 no lo es-, puede hallarse incurso en la causas previstas por la Constitución provincial para la remoción de los magistrados judiciales, deberá extraerse copias de las piezas pertinentes, certificárselas y remitirlas al señor Procurador General a los fines de que actúe en consecuencia.
IV. Con los alcances que surgen del punto III.1. de mi ponencia, voto por la afirmativa.
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Adhiero a lo expuesto por el doctor de Lázzari en el segundo y tercer párrafo del punto III.1. de su sufragio en tanto allí se resuelve anular el pronunciamiento del tribunal de grado en razón de haber sido dictado por jueces inhábiles en apartamiento de lo ordenado oportunamente por esta Corte. Ello es suficiente en mi opinión para dar adecuada respuesta al liminar interrogante propuesto por el acuerdo.
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a lo expuesto por el doctor de Lázzari en el apartado III.1. de su voto.
Sólo he de agregar, que comparto las observaciones formuladas por el citado colega en el punto III.3. de su voto y, teniendo en cuenta que la deliberada inobservancia de las formas y de la normativa aplicable importa, en la especie -atento la solución propuesta-, un inaceptable retardo de la justicia que afecta a todas las partes, considero necesario exhortar nuevamente a los señores jueces al mayor esmero en el cumplimiento de las obligaciones que el ejercicio de su cargo les impone, y recomendarles el dedicado apego a la letra y espíritu de las disposiciones fundamentales para su eficaz desempeño.
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
Los señores Jueces doctores Pettigiani y Torres, por lo mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron la primera cuestión también por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
En atención a la forma en que ha sido resuelta la cuestión anterior, no corresponde abordar la presente.
Así lo voto.
El señor Juez doctor Soria , la señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Pettigiani y Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron la segunda cuestión en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se declara nulo de oficio el pronunciamiento de fs. 122/123 y se remiten los autos al tribunal de origen para que, integrado con nuevos jueces, renueve los actos necesarios y dicte el pronunciamiento que corresponda.
Asimismo, por mayoría, se exhorta a los señores jueces integrantes del Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín para que en el dictado del pronunciamiento se ajusten a las exigencias legales y constitucionales.
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/12/2020 08:32:13 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 18/12/2020 11:18:23 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/12/2020 11:40:17 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/12/2020 18:15:59 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/12/2020 15:16:17 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/12/2020 16:47:35 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia