Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 125969
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley atento a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín, rechazó el recurso de apelación interpuesto por Hernán Marcelo Díaz contra la resolución de la Comisión Médica n° 14 de Junín (v. fs. 113/118).
Para así decidir, concluyó que el carácter de enfermedad inculpable padecida por el actor, atribuida por la decisión administrativa recurrida, no se modificó con las probanzas producidas en autos, no acreditándose las modalidades de las tareas denunciadas.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 120/127 vta.), el que fue concedido por el a quo a fs. 128 y vta.
En su presentación denuncia absurdo en la valoración de la prueba e indica las normas y la doctrina legal que considera violadas.
Se agravia, que el sentenciante se apartó del dictamen pericial médico, en cuanto en él se establecieron las características de las labores desempeñadas por el actor.
Además, aduce que el fallo en crisis resulta violatorio del principio de congruencia, y que ha omitido absurdamente considerar probanzas fundamentales y decisivas para el resultado del pleito.
III. El recurso no prospera.
III.1. Tiene dicho esta Corte que determinar tanto la existencia de relación causal o concausal entre las labores desarrolladas por el trabajador y la minusvalía que lo afecta, como la apreciación del material probatorio, constituyen el ejercicio de una atribución privativa del tribunal de trabajo, no susceptible de revisión en esta sede salvo absurdo, que debe ser demostrado por quien lo invoca.
Ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 121.468, "Fonzo", resol. de 22-VIII-2018; L. 125.035, "Gutiérrez", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.648, "Cañete", resol. de 8-II-2021).
III.2. En el caso, el a quo -ejerciendo facultades que le son privativas (art. 44 inc. "d", ley 11.653)- evaluó en forma pormenorizada la prueba producida, incluida la pericia médica que el impugnante denuncia como erróneamente ponderada y, sobre tales premisas, juzgó no acreditadas las tareas en la forma y modo en que el accionante alegó realizar.
Tal conclusión no logra ser descalificada por el recurrente, pues su crítica transita sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el tribunal de grado debió valorar las pruebas aportadas al proceso, poniendo de manifiesto, tan sólo, su disconformidad con la solución alcanzada en el pronunciamiento (causas L. 124.782, "Fleitas Bogado", resol. de 25-IX-2020 y L. 124.886, "Luna", resol. de 16-X-2020).
En efecto, se advierte que el interesado no controvierte de modo frontal, concreto y eficaz la esencial motivación del fallo recurrido, en tanto apartándose de la línea argumental de éste -desatendiendo así de su verdadero contenido y alcance- y siguiendo el hilo de su propio razonamiento, sólo exhibe su disconformidad con la decisión impugnada (causas L. 121.230, "Ocampos Segovia", resol. de 11-IV-2018; L. 123.935, "Gómez", resol. de 16-VI-2020 y L. 124.439, "Cuenca", resol. de 29-VI-2020).
En este sentido, soslaya el quejoso que el absurdo sólo puede juzgarse configurado si media cabal demostración de su existencia, y no basta con invocarlo, sino que es menester probarlo acabadamente a través de una correcta y concreta fundamentación, ya que la vía extraordinaria no puede abrirse sin una eficiente acreditación del error, resultando insuficiente el agravio cuyo contenido sólo se dirige a disputarle al juzgador de grado el ejercicio de la facultad que le asiste en materia de selección, jerarquización y meritación de la prueba (causas L. 124.883, "Couto", resol. de 16-X-2020 y L. 125.035, "Gutiérrez", resol. de 9-XII-2020).
Se advierte, entonces, que la argumentación del recurrente denota, en rigor, un reproche que tan sólo traduce una mera discrepancia subjetiva con el criterio seguido por el juzgador de grado, sin demostrar la transgresión de las normas legales que denuncia, ni que medie error en el modo como el tribunal de trabajo resolvió la controversia, método que, sabido es, resulta insuficiente para demostrar la concurrencia de absurdo (causas L. 124.441, "Arias", resol. de 29-VI-2020 y L. 125.302, "Kessler", resol. de 9-XII-2020).
Por lo demás, es del caso recordar que en la tarea de valorar la pericia médica y asignarle entidad convictiva, los tribunales de trabajo ejercen facultades privativas, resultando la decisión que adopten al respecto ajena al cometido de la Suprema Corte, salvo absurdo (causas L. 123.054, "Militello", resol. de 14-VIII-2019; L. 124.771, "Ruiz", resol. de 21-IX-2020 y L. 124.886, "Luna", resol. de 16-X-2020), vicio que no logra ser acreditado en el caso.
III.3. Por otro lado, resta agregar que el argumento que gira en torno a la violación del principio de congruencia deviene inviable. Reiteradamente este Tribunal ha señalado que resulta insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que, bajo la denuncia de infracción al citado principio, limita su impugnación a la disconformidad con respecto a la interpretación de los términos del escrito de demanda, pero no demuestra la existencia de un razonamiento absurdo (causas L. 121.315, "Macheroni", resol. de 11-VII-2018; L. 124.685, "Knaupe", resol. de 15-IX-2020 y L. 125.648, "Cañete", resol. de 8-II-2021), tal y como sucede en la especie.
Además, la doctrina legal que se cita como conculcada no resulta idónea para modificar lo resuelto, toda vez que tales precedentes aluden a presupuestos fácticos distintos a los de la presente causa.
III.4. Para finalizar, tampoco tiene andamiento la denuncia de transgresión de garantías constitucionales, que sería eventual consecuencia de haberse quebrantado, primeramente, preceptos legales de la materia que se trata (causas L. 121.623, "Larraga", resol. de 5-XII-2018 y L. 124.345, "Greco", resol. de 19-VIII-2020), supuesto que -a tenor de lo dicho- no se ha verificado en el caso sub examine .
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley atento a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 06/05/2021 15:24:39 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 07/05/2021 10:23:14 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/05/2021 11:39:12 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/05/2021 15:24:04 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/05/2021 08:14:24 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia