Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 128321
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar bien concedido el recurso extraordinario de inconstitucionalidad interpuesto.
El señor Juez doctor Soria dijo:
I. En el caso, el Subsecretario de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, en el marco del procedimiento previsto en la ley 10.149, mediante el dictado de la resolución 2.569 del 10 de agosto de 2021, desestimó el planteo de inconstitucionalidad del art. 61 de la citada ley y declaró inadmisible el recurso deducido por Materiales Basualdo S.A. contra la resolución 1.927 del 25 de junio de 2021, por la que se le impuso una multa económica (v. arch. adj. a oficio de fecha 22-X-2021).
La impugnante interpuso queja por apelación denegada ante el Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Dolores, en la que alegó que no resultaba constitucionalmente admisible que las sanciones que revistan naturaleza penal impuestas por la administración sean ejecutadas -como en el caso- antes de que exista un control judicial adecuado a las decisiones de la Administración (v. escrito electrónico del 19-VIII-2021).
A su turno, el a quo, por mayoría, rechazó el planteo de inconstitucionalidad del art. 61 incoado por Materiales Basualdo S.A., y, en consecuencia, desestimó la queja por apelación denegada (v. pronunciamiento de fecha 18-XI-2021).
II. Contra dicha decisión, la mencionada sociedad deduce recurso extraordinario de inconstitucionalidad (v. presentación electrónica del 25-XI-2021), el que fue concedido por el tribunal de origen (v. resol. del 10-XII-2021).
III.1. Radicada la causa en esta sede extraordinaria, corresponde analizar si incumbe ingresar a su estudio.
En oportunidad de expedirme en las causas L. 94.173, "Alderete" y L. 100.358, "Cooperativa de Agua y Luz de Pinamar Ltda." (resols. de 14-IX-2011), he recordado que esta Suprema Corte reiteradamente ha entendido que cuando el art. 55 de la ley 11.653 establece que contra las sentencias definitivas dictadas por los tribunales de trabajo podrán interponerse los recursos extraordinarios locales, hace referencia a las decisiones emitidas por dichos órganos jurisdiccionales en juicio oral y pleno en única instancia, y no a supuestos en que se promueve su actuación en grado de apelación respecto de resoluciones del Ministerio de Trabajo, en virtud de la competencia que le atribuye la ley 10.149, cuestiones estas que deben quedar agotadas en la vía ordinaria (causas Ac. 74.755, "Clínica Cruz Azul S.A.", resol. de 13-VII-1999; Ac. 77.327, "Corandes S.A.", resol. de 29-II-2000 y Ac. 85.557, "Cortez", resol. de 25-IX-2002).
También he memorado que este Tribunal ha señalado que la decisión del tribunal laboral, dictada en grado de apelación en ejercicio de la competencia que le atribuye el art. 61 de la ley 10.149, no es susceptible de recursos extraordinarios, toda vez que esa norma no lo ha establecido expresamente (causas Ac. 77.846, "Fabi Bolsas Industriales S.A.", resol. de 28-VI-2000; Ac. 79.942, "Cooperativa de Producción de Servicios Agrupar Ltda.", resol. de 6-XII-2000 y Ac. 80.889, "Müller de Colombo", resol. de 21-III-2001).
Sin embargo, en aquellas oportunidades (me refiero, claro, al sentenciar en las citadas causas L. 94.173 y L. 100.358), sostuve que un nuevo examen de la cuestión imponía revisar las directrices que emanaban de los precedentes invocados. Habré de reiterar aquí el razonamiento por entonces explicitado.
III.2. El art. 161 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, en sus incs. 1 y 3, habilita la jurisdicción extraordinaria de la Suprema Corte para entender en las cuestiones constitucionales locales controvertidas por parte interesada, de la aplicabilidad de la ley en que los tribunales de última instancia funden sus sentencias y de la nulidad que se arguya de ellas, sin otras restricciones que las de carácter meramente procesal que razonablemente pudiere fijar el legislador en el supuesto aprehendido por el apartado "a" del inc. 3 del citado precepto supralegal.
No existe en el plano constitucional, máxime a partir de la reforma de 1994 (art. 15, Const. prov.), una limitación que surja del contenido material de la cuestión debatida en la litis.
Como sostuve al votar en la causa Ac. 90.426, "Círculo Sardos Unidos Grazia Deledda" (resol. de 31-VIII-2007), la procedencia de la impugnación extraordinaria ante esta Corte no se enerva por razón de la materia sobre la que versa la contienda.
Tampoco la Constitución contiene prescripción alguna dirigida a excluir del ámbito de revisión de esta casación a las cuestiones respecto de las cuales los tribunales de trabajo entiendan en grado de apelación.
Por su parte, ninguna restricción al respecto evidencia el régimen de la ley 11.653.
El hecho de que la ley 10.149 omita mencionar a los recursos extraordinarios y prescriba que "los actos, resoluciones y disposiciones de la Subsecretaría de Trabajo no serán susceptibles de otros recursos que los expresamente establecidos en la presente ley" (art. 5), en modo alguno implica -mal podría hacerlo- limitar la competencia atribuida a esta Corte por el constituyente provincial. En consecuencia, no cabe negar la posibilidad de impugnar, por conducto de los remedios extraordinarios, las decisiones emitidas por los tribunales de trabajo en el marco de su art. 61 (art. 2 inc. "f" de la ley 11.653).
III.3. El criterio que se afirma se justifica todavía más en los supuestos en que el impugnante, a través del recurso extraordinario local, introduce agravios que podrían eventualmente reputarse de índole federal, pues de así ocurrir la apertura de la instancia provincial -y su adecuado tránsito- suponen un previo e inevitable paso para acceder al remedio contemplado en el art. 14 de la ley 48 (CSJN Fallos: 308:490; 311:2478; D.84.XXXVII "Dellagiovanna, Jorge Alberto s. recurso ley 9671 - Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 8-VI-2004).
IV. Reconocido el acceso a la sede extraordinaria para controvertir los fallos emanados del tribunal de grado al decidir respecto de las impugnaciones previstas en la ley 10.149, supuesto en el que debe quedar comprendida -más allá de lo que pueda decirse respecto de su aptitud- la presentación aquí efectuada por la interesada ante el órgano jurisdiccional laboral, cabe verificar si la decisión cuestionada por el recurso extraordinario de inconstitucionalidad reviste el carácter de definitiva o equiparable a ésta (arts. 55, ley 11.653 y 299, CPCC).
IV.1. Tal como fue relatado, el sentenciante de grado juzgó que el art. 61 de la ley 10.149 respetaba el texto constitucional, con lo cual, denegada la apelación incoada, el acto emanado de la autoridad administrativa que impuso la multa habría de quedar confirmado, con su posterior y eventual ejecución.
IV.2. Por sus efectos en relación a la impugnante, el pronunciamiento del tribunal de trabajo ha de equipararse a uno definitivo en los términos de los arts. 55 de la ley 11.653 y 299 del Código Procesal Civil y Comercial, pues sella la suerte de la posición sustentada por la recurrente, generándole un agravio de imposible o muy dificultosa reparación ulterior, en tanto no cuenta con otra vía procesal para la reedición y discusión de los planteos oportunamente efectuados a los fines del reconocimiento de los derechos invocados.
La señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos, adhiere al voto del señor Juez doctor Soria.
El señor Juez doctor Genoud dijo:
I. No obstante haber adherido anteriormente a las opiniones de mis ex colegas, doctores de Lázzari y Pettigiani, en lo relativo a la improcedencia de la revisión en vía extraordinaria de las decisiones de los tribunales del trabajo que actúan como alzada de las resoluciones dictadas por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires (causas Ac. 77.327, "Corandes S.A.", resol. de 29-II-2000 y Ac. 85.557, "Cortez", resol. de 25-IX-2002), a partir de lo análogamente resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re D.84.XXXVII "Dellagiovanna, J. A. s/ rec. ley 9671 - Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires" (sent. de 8-VI-2004), me ha llevado a un replanteo del criterio sobre el tema en cuestión (iniciado oportunamente, mutatis mutandi, en la causa Ac. 90.426, "Círculo Sardos Unidos Grazia Deledda", resol. de 31-VIII-2007).
En tal sentido considero que, conforme lo decidido por nuestro Máximo Tribunal nacional, cuando se lesionen de manera directa e inmediata garantías constitucionales, particularmente el derecho de defensa en juicio (art. 18, Const. nac.), configurándose una cuestión federal en los términos antes descriptos, y a fin de mantener inalterable el principio de jerarquía constitucional consagrado en el art. 31 de la Carta magna nacional, esta Suprema Corte debe conocer del recurso extraordinario deducido.
Así se ha pronunciado este Tribunal -por mayoría que hube de conformar- en las causas L. 94.173, "Alderete" y L. 100.358, "Cooperativa de Agua y Luz de Pinamar Ltda." (resols. de 14-IX-2011).
II. En ese orden de ideas, cabe destacar que manifestándose prima facie, y eventualmente vulnerado en autos el derecho de defensa en juicio, entiendo debe concederse el recurso extraordinario de inconstitucionalidad interpuesto (causa L. 128.011, "Kadabra", resol. de 1-IV-2022).
El señor Juez doctor Torres, por los mismos fundamentos, adhiere al voto del señor Juez doctor Soria.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar bien concedido el recurso extraordinario de inconstitucionalidad interpuesto.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21), y pasen los autos a despacho.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20 y modif.).
Firmas
Funcionario Firmante: 21/04/2022 20:03:53 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 22/04/2022 09:50:18 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/04/2022 18:35:29 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/04/2022 17:58:10 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/04/2022 08:10:15 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia