Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 126074
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inconstitucionalidad, ya que el planteo en él introducido ha sido denegado en otros casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 298, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Morón, en el marco del juicio por apelación de resolución administrativa iniciado por el señor Jorge Ezequiel Sequeira contra Omint Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., declaró la inconstitucionalidad del art. 2 de la ley 27.348 y habilitó la instancia para entender en las presentes actuaciones (v. fs. 232/240).
Para así decidir, juzgó que el citado precepto cercena derechos y garantías fundamentales, lesionando principios como el acceso irrestricto a la justicia, progresividad, no discriminación y juez natural. Entendió que mediante su aplicación se produciría una clara vulneración de los arts. 14 bis, 16, 18, 99 y 116 de la Constitución nacional; 15, 39 y 57 de la Constitución provincial y pactos internacionales que individualizó.
Sostuvo que al establecer dicha norma que el recurso allí previsto sea concedido en relación -y no libremente- impide la discusión de la sentencia con un debate amplio de las circunstancias; a la vez que al otorgarle efecto suspensivo no permite que se cumpla con la parte que no fue cuestionada, alterando el principio de irrenunciabilidad que rige la materia.
Añadió que con la norma en cuestión se configura la paradoja de que los trabajadores no registrados que inician un pleito judicial tienen más prerrogativas que aquellos otros que sí lo están y que se encuentran obligados a transitar la etapa administrativa previa. Ello, explica, porque los primeros disponen de todos los medios de prueba para ejercer su pleno derecho, mientras que los segundos ven mermada la instancia probatoria con un recurso que los acorrala a la sola probanza de un perito médico.
Concluyó que el art. 2 de la ley 27.348 restringe el acceso a la justicia al establecer un esquema de recursos que desconocen las facultades privativas de los jueces, limitando el ofrecimiento de prueba y debate amplio en sede judicial.
II. Frente a lo así resuelto, la aseguradora de riesgos del trabajo demandada dedujo recurso extraordinario de inconstitucionalidad (v. presentación electrónica de fecha 19-II-2020), el que fue concedido por el órgano de grado (v. resol. del 24-VI-2020), habiéndose conferido vista al señor Procurador General (v. dictamen de fecha 24-II-2021).
En lo sustancial, defiende la validez constitucional de la ley 27.348. Sostiene que al momento de promoverse la demanda se encontraba vigente la ley 14.997, por lo que debió el actor -y no lo hizo- concurrir ante la Comisión Médica Jurisdiccional con el fin de que dicho organismo determine la supuesta incapacidad que dice padecer como consecuencia del accidente de trabajo.
III. El recurso no prospera.
Tiene reiteradamente dicho esta Corte que el medio de impugnación establecido en el art. 161 inc. 1 de la Constitución provincial sólo es admisible cuando en la instancia ordinaria se haya controvertido y decidido la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos provinciales confrontados con normas de la Constitución local (causas Ac. 94.772, "López", resol. del 9-V-2007; L. 119.115, "Ortiz", resol. de 29-VIII-2017 y L. 123.331, "Guiñazú", resol. de 29-VII-2020), supuesto ausente en autos, donde se debate sobre la validez constitucional de la ley nacional 27.348, resultando dicha materia ajena a la vía recursiva articulada (causas L. 117.738, "Steinberg", resol. 27-V-2015; L. 117.514, "Tissier", sent. de 11-VII-2018 y L. 125.359, "Hernández", resol. 26-V-2021).
Por ello, oído el señor Procurador General, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inconstitucionalidad, ya que el planteo en él introducido ha sido denegado en otros casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 298, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 09/06/2022 15:56:51 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/06/2022 21:03:41 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 13/06/2022 09:31:43 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/06/2022 08:19:51 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/06/2022 08:32:42 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 15/06/2022 10:15:21 hs. bajo el número RR-792-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia