Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 128287
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar a la queja traída y conceder los recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley traídos (art. 292 del CPCC; Acuerdo 4068/2022 y Resol. 24/20; art. 63, ley 11.653).
Las costas se difieren para el momento en que se resuelva el mérito de los recursos que se conceden y la regulación de honorarios para su oportunidad.
El señor Juez doctor Soria dijo:
I. En el caso, el Tribunal del Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata, en lo que interesa destacar, rechazó el recurso de apelación interpuesto por Rappi Argentina S.A.S. contra la Resolución n° 1.858/21 emitida por el Subsecretario Técnico, Administrativo y Legal del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires que, en el marco del procedimiento previsto en la ley 10.149, le impuso una multa por infracción a los arts. 52, 128 y 140 de la Ley de Contrato de Trabajo, 7 de la ley 24.013, 27 de la ley 24.557, 2 de la Resolución 299 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y de las Resoluciones 135/20 y 151/20 del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires (v. sentencia de 29-IX-2021).
Para así resolver, previa ratificación de su competencia para intervenir en la causa, y no obstante reputarlo inicialmente abstracto, rechazó el planteo de inconstitucionalidad del art. 61 de la ley 10.149 introducido y -asimismo- el pedido de restitución "inmediata" del depósito efectuado en cumplimiento de aquel precepto normativo.
Luego, en síntesis, desestimó la procedencia de las nulidades denunciadas por la recurrente y lo argumentado con apoyo en la existencia de "litispendencia" ante la alegada tramitación de otros expedientes que versan sobre la cuestión debatida en el Ministerio de Trabajo de la Nación y otras jurisdicciones.
En lo sustancial, confirmó la decisión del Ministerio de Trabajo por la cual consideró que las relaciones que ligaban a la sociedad con las personas que realizan la función de repartidores revestían linaje laboral.
Finalmente, desechó los cuestionamientos referidos a la imposición y cuantía de la multa impuesta en sede administrativa.
II. Rappi Argentina S.A.S. dedujo recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. presentación de 17-X-2021), que fueron denegados por el a quo por considerar no definitiva la decisión cuestionada (v. resolución de 24-XI-2021). Ello motivó la articulación de la presente queja (art. 292, CPCC; v. presentación electrónica de 6-XII-2021).
III.1. Al respecto, en oportunidad de expedirme en las causas L. 94.173, "Alderete" y L. 100.358, "Cooperativa de Agua y Luz de Pinamar Ltda." (resols. de 14-IX-2011), como así también en L. 108.679, "El Nuevo Halcón S.A" (resol. de 23-X-2013), he recordado que esta Suprema Corte reiteradamente ha entendido que cuando el art. 55 de la ley 11.653 establece que contra las sentencias definitivas dictadas por los tribunales de trabajo podrán interponerse los recursos extraordinarios locales, hace referencia a las decisiones emitidas por dichos órganos jurisdiccionales en juicio oral y pleno en única instancia, y no a supuestos en que se promueve su actuación en grado de apelación respecto de resoluciones del Ministerio de Trabajo, en virtud de la competencia que le atribuye la ley 10.149, cuestiones estas que deben quedar agotadas en la vía ordinaria (causas Ac. 74.755, "Clínica Cruz Azul S.A.", resol. de 13-VII-1999; Ac. 77.327, "Corandes S.A.", resol. de 29-II-2000 y Ac. 85.557, "Cortez", resol. de 25-IX-2002).
También he memorado que este Tribunal ha señalado que la decisión del tribunal laboral, dictada en grado de apelación en ejercicio de la competencia que le atribuye el art. 61 de la ley 10.149, no es susceptible de recursos extraordinarios, toda vez que esa norma no lo ha establecido expresamente (causas Ac. 77.846, "Fabi Bolsas Industriales S.A.", resol. de 28-VI-2000; Ac. 79.942, "Cooperativa de Producción de Servicios Agrupar Ltda.", resol. de 6-XII-2000 y Ac. 80.889, "Müller de Colombo", resol. de 21-III-2001).
Sin embargo, en aquellas oportunidades (me refiero, claro, al sentenciar en las citadas causas L. 94.173, L. 100.358 y L. 108.679), sostuve que un nuevo examen de la cuestión imponía revisar las directrices que emanaban de los precedentes invocados. Habré de reiterar aquí el razonamiento por entonces explicitado.
III.2. El art. 161 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, en sus incs. 1 y 3, habilita la jurisdicción extraordinaria de la Suprema Corte para entender en las cuestiones constitucionales locales controvertidas por parte interesada, de la aplicabilidad de la ley en que los tribunales de última instancia funden sus sentencias y de la nulidad que se arguya de ellas, sin otras restricciones que las de carácter meramente procesal que razonablemente pudiere fijar el legislador en el supuesto aprehendido por el apartado "a" del inc. 3 del citado precepto supralegal.
No existe en el plano constitucional, máxime a partir de la reforma de 1.994 (art. 15, Const. prov.), una limitación que surja del contenido material de la cuestión debatida en la litis.
Como sostuve al votar en la causa Ac. 90.426, "Círculo Sardos Unidos Grazia Deledda" (resol. de 31-VIII-2007), la procedencia de la impugnación extraordinaria ante esta Corte no se enerva por razón de la materia sobre la que versa la contienda.
Tampoco la Constitución contiene prescripción alguna dirigida a excluir del ámbito de revisión de esta casación a las cuestiones respecto de las cuales los tribunales de trabajo entiendan en grado de apelación.
Por su parte, ninguna restricción al respecto evidencia el régimen de la ley 11.653.
El hecho de que la ley 10.149 omita mencionar a los recursos extraordinarios y prescriba que "los actos, resoluciones y disposiciones de la Subsecretaría de Trabajo no serán susceptibles de otros recursos que los expresamente establecidos en la presente ley" (art. 5), en modo alguno implica -mal podría hacerlo- limitar la competencia atribuida a esta Corte por el constituyente provincial. En consecuencia, no cabe negar la posibilidad de impugnar, por conducto de los remedios extraordinarios, las decisiones emitidas por los tribunales de trabajo en el marco de su art. 61 (art. 2 inc. "f" de la ley 11.653).
III.3. El criterio que se afirma se justifica todavía más en los supuestos en que el impugnante, a través del recurso extraordinario local, introduce agravios que podrían eventualmente reputarse de índole federal, pues de así ocurrir la apertura de la instancia provincial -y su adecuado tránsito- suponen un previo e inevitable paso para acceder al remedio contemplado en el art. 14 de la ley 48 (CSJN Fallos: 308:490; 311:2478; D.84.XXXVII "Dellagiovanna, Jorge Alberto s. recurso ley 9671 - Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 8-VI-2004).
IV.1. Reconocido el acceso a la sede extraordinaria para controvertir los fallos emanados del tribunal del trabajo al decidir respecto de las impugnaciones previstas en la ley 10.149, supuesto en el que debe quedar comprendida la presentación aquí efectuada por la interesada ante el órgano jurisdiccional laboral, cabe verificar si la decisión cuestionada reviste el carácter de definitiva o equiparable a ésta (arts. 55, ley 11.653; 278, CPCC).
IV.2. Como se expuso, el sentenciante de grado rechazó la apelación, confirmando la multa impuesta a la sociedad recurrente.
Por sus efectos en relación con la impugnante, el pronunciamiento del tribunal del trabajo ha de equipararse a uno definitivo en los términos de los arts. 55 de la ley 11.653 y 278 del Código Procesal Civil y Comercial, pues sella la suerte de la posición sustentada por la recurrente, generándole un agravio de imposible o muy dificultosa reparación ulterior toda vez que no cuenta con otra vía procesal para la reedición y discusión de los planteos oportunamente efectuados a los fines del reconocimiento de los derechos invocados (causa L. 108.679, "El Nuevo Halcón", resol. de 23-X-2013).
IV.3. En consecuencia, más allá de lo que con posterioridad se resuelva sobre la procedencia de los agravios fundantes de los recursos incoados, se hace lugar a la queja traída y se declaran mal denegados los recursos de nulidad y de inaplicabilidad de ley deducidos, los que en estos términos se conceden (art. 292, CPCC, art. 63, ley 11.653; Acuerdo 4068/2022 y Resol. 24/20).
El señor Juez doctor Genoud dijo:
He dicho en reiteradas oportunidades que las decisiones de los Tribunales del Trabajo que actúan como alzada de las resoluciones dictadas por el Ministerio del Trabajo de la Provincia de Buenos Aires sólo son revisables por medio de recursos extraordinarios cuando se lesionen de manera directa e inmediata garantías constitucionales, particularmente el derecho de defensa en juicio (art. 18 de la Const. nac.), planteándose una cuestión federal, y ello a fin de mantener inalterable el principio de jerarquía constitucional. Tal ha sido mi opinión en las causas L. 94.173, "Alderete" y L. 100.358, "Cooperativa de Agua y Luz de Pinamar Ltda" (v. mi voto en adhesión al criterio de los ex jueces doctores Pettigiani e Hitters en resols. de 14-IX-2011), y más recientemente en la causa L. 122.915, "Siderar S.A.I.C." (v. mi voto en adhesión al criterio del ex juez doctor Pettigiani en la resol. de 4-II-2021).
Expresado ello debo decir que, en la especie, aprecio la existencia de agravio federal susceptible de abrir la instancia extraordinaria.
En efecto, tal como lo expone el doctor Soria en el punto III.3. de su voto, la impugnante a través de los recursos locales interpuestos, ha introducido críticas que podrían eventualmente ser reputadas como de índole federal, situación que impone la apertura y el agotamiento de la instancia provincial como paso ineludible a fin de acceder al recurso previsto en el art. 14 de la Ley 48 sobre la base de la conocida doctrina de la CSJN in re "Strada" (Fallos: 308:490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478).
Por ello considero, con igual salvedad que la que se formula en el voto inaugural en torno a la procedencia de los remedios articulados, que corresponde hacer lugar a la queja traída y declarar mal denegados los recursos de extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley deducidos (art. 292 CPCC, art. 63, ley 11653; Ac. 4068/2022 y Res. 24/20).
La señora Jueza doctora Kogan y el señor juez doctor Torres adhieren, por los fundamentos que expone, al voto del doctor Soria.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Hacer lugar a la queja traída y conceder los recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley traídos (art. 292 del CPCC; Acuerdo 4068/2022 y Resol. 24/20; art. 63, ley 11.653).
Las costas se difieren para el momento en que se resuelva el mérito de los recursos que se conceden y la regulación de honorarios para su oportunidad.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y pasen los autos en vista al señor Procurador General.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20 y modif.).
Firmas
Funcionario Firmante: 14/07/2022 14:05:32 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/07/2022 15:48:10 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 14/07/2022 20:17:42 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/07/2022 09:16:12 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/07/2022 09:31:28 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 15/07/2022 10:51:50 hs. bajo el número RR-964-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia