Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 124672
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y se revoca la sentencia impugnada con los alcances establecidos en el punto III.2. del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que, nuevamente integrado, y con la debida fundamentación, se pronuncie sobre el aspecto cuya casación se dispone.
Las costas de esta instancia extraordinaria se imponen por su orden, atento el progreso parcial de la impugnación (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 124.672, "Cruz, Adela del Carmen contra Dirección General de Cultura y Educación. Apelación de resolución administrativa", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Genoud, Borinsky, Carral.
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Moreno-General Rodríguez rechazó el recurso de revocatoria articulado por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, con motivo del traslado conferido de la expresión de agravios efectuada en el marco de la apelación interpuesta por la trabajadora contra lo decidido en sede administrativa (v. fs. 148 y vta.).
Se interpuso, por la Fiscalía de Estado, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 12-VIII-2019), el que denegado por el órgano jurisdiccional de grado (v. fs. 156 y vta.), fue concedido por este Tribunal (v. resolución electrónica de fecha 26-V-2020), al hacerse lugar a la queja interpuesta (v. fs. 178/184).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La señora Adela del Carmen Cruz -según denunció- dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, dedujo "recurso de apelación" contra el dictamen de la Comisión Médica Central que confirmó aquel emitido por la Comisión Médica jurisdiccional n° 15 de Paso del Rey que estableció que la trabajadora no padece secuelas incapacitantes derivadas del accidente que sufriera (v. fs. 141/143).
Radicadas las actuaciones ante el Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Moreno-General Rodríguez, este confirió traslado de la expresión de agravios de la apelación a la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires por el plazo de veinte días, con fundamento en los arts. 63 de la ley 11.653 y 246 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial (v. proveído electrónico de 8-IV-2019).
Luego se presentó en el expediente la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires y dedujo revocatoria contra la mencionada decisión (v. fs. 145/146 vta.). Con apoyo en lo prescripto en los arts. 1, 27 y 31 del decreto ley 7.543/69, solicitó se revoque la resolución impugnada y se otorgue el traslado de la demanda en el despacho del señor Fiscal de Estado por el plazo de treinta días. Adujo, que el término de veinte días conculcaba dicha normativa y las garantías constitucionales previstas en los arts. 18 de la Constitución nacional, 15 y 155 de la Constitución provincial, afectando el derecho de defensa en juicio. Además, solicitó la suspensión de los términos procesales.
El tribunal interviniente rechazó en todas sus partes la presentación. Juzgó que la decisión se encontraba ajustada a derecho, en tanto la enumeración enunciada en el mencionado art. 31 del decreto ley 7.543/69 no resultaba comprensiva de la hipótesis de traslado del recurso de apelación contra la resolución de la Comisión Médica, de acuerdo a lo normado por la Ley de Riesgos del Trabajo (v. fs. 148 y vta.).
II. Contra lo resuelto, la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 14 bis, 16, 17, 18, 19, 28 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 15 y 155 de la Constitución provincial; 31 de la Ley Orgánica de Fiscalía de Estado -decreto ley 7.543/69-; y de la doctrina legal que cita.
Afirma que bajo un único argumento el a quo desestimó íntegramente los planteos formulados, incluido, el de suspensión de plazos. Asegura que ello lesiona irremediablemente el ejercicio de la defensa en juicio y el derecho al debido proceso.
Seguidamente, expresa que al desestimar el planteo oportunamente llevado, el tribunal desoyó el particular plazo otorgado por la legislación específica al representante del Estado provincial, siendo que se trata de un demandado con caracteres propios, claramente diferenciable de otros legitimados pasivos.
Denuncia que se propone impugnar un trámite administrativo de carácter previo que para el señor Fiscal de Estado resulta una cuestión novedosa. Indica, además, que el otorgamiento de un breve plazo de traslado imposibilita recabar los antecedentes del caso a las oficinas respectivas. Por esta razón -señala- existe una norma específica que regla el traslado de todas las demandas al Fisco de la Provincia de Buenos Aires (esto es, el mentado art. 31, dec. ley 7.543/69, t.o. 1987) que establece un plazo especial de treinta días.
III. El recurso prospera parcialmente.
Atento a sus similitudes, habré de reiterar, en lo aplicable, el criterio que adopté en oportunidad de emitir mi sufragio en la causa L. 121.029, "Romero" (sent. de 29-X-2020).
III.1. Cabe desestimar los cuestionamientos traídos contra el rechazo dispuesto por el tribunal de grado de la revocatoria planteada con motivo del traslado ordenado en autos.
En el punto, el medio de impugnación en examen carece de la indispensable denuncia de infracción de las normas actuadas en el pronunciamiento de grado, déficit que este Tribunal no puede suplir de oficio por inferencias o interpretación (art. 279, CPCC; causas L. 99.317, "Lezcano", sent. de 9-XII-2009; L. 102.343, "Laguzzi", sent. de 8-IX-2010 y L. 118.179, "Fautario", sent. de 30-III-2016).
En dicho contexto, ocupa precisar que soslaya el interesado aportar argumentos aptos para evidenciar la eventual inaplicabilidad de las reglas que contiene el régimen de infortunios laborales, el que -en lo pertinente- tampoco fue tachado de inconstitucional. Es que, postulando que en el caso debe conferirse el traslado del escrito de inicio conforme las prescripciones que contiene el art. 31 del decreto ley 7.543/69 (texto según dec. 969/87), deja sin adecuada réplica aquella motivación sobre la que se estructura el pronunciamiento enmarcada precisamente en la concreta fisonomía de la presentación efectuada por el trabajador en el ámbito de la Ley de Riesgos del Trabajo.
Dable es recordar que reiteradamente esta Corte ha señalado que para que el escrito por el que se interpone y funda el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley cumpla la misión que le asigna el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, los argumentos que en él se formulen deben referirse, directa y concretamente a los conceptos que estructuran el pronunciamiento. Esa función no es cumplida con la mera invocación o pretendida subsunción de los hechos y elementos de la causa a determinados preceptos legales, si en esa operación se sustrae, precisamente, en todo o en parte, la réplica adecuada a las motivaciones esenciales que el fallo impugnado contiene (causas L. 116.173, "Glinchuk", sent. de 25-VI-2014; L. 114.587, "Giménez", sent. de 15-VII-2015; L. 118.224, "Carabajal", sent. de 13-IV-2016; e.o.).
Restaría agregar en línea con lo expuesto, que la doctrina legal cuya violación denuncia ha sido elaborada sobre la base de presupuestos disímiles a los del caso bajo análisis, lo que revela su falta de aptitud (causas L. 99.752, "Buldorini", sent. de 30-VI-2010; L. 101.587, "González", sent. de 18-XII-2013 y L. 118.268, "Peralta", sent. de 5-XII-2018). Es que el impugnante acude a precedentes en los cuales en la decisión recurrida no se había abordado la cuestión bajo las aristas particulares relevadas aquí por el a quo .
III.2. En cambio, siguiendo -reitero- la opinión que brindé en la citada causa registrada como L. 121.029, corresponde revocar lo resuelto en torno al pedido de suspensión de plazos procesales.
Tal como lo alega el recurrente, ceñido a un único argumento el tribunal de origen desestimó en su integralidad la petición introducida, proceder que refleja la denunciada ausencia de motivación enmarcada en la violación al ejercicio del derecho de defensa en juicio y garantía del debido proceso con fundamento -entre otras normas- en el art. 15 de la Constitución provincial.
Puede advertirse que el tribunal de trabajo al rechazar la revocatoria, explayándose únicamente sobre la extensión del plazo correspondiente al traslado conferido, ningún argumento brindó en dicha oportunidad para fundar la denegación de la otra petición realizada, pues lo decidido finalmente hubo de abarcarla.
En tanto fruto de la mera voluntad de los juzgadores, tan grave falencia tiñe de arbitrariedad al pronunciamiento y obstaculiza el debido ejercicio de la competencia revisora de esta Suprema Corte, ameritando su revocación parcial (causas L. 66.489, "Pedrozo", sent. de 22-IX-1998 y L. 109.287, "De Campos", sent. de 22-X-2014).
Los autos deben regresar a la instancia de grado para que el tribunal, nuevamente integrado, brindando la debida fundamentación se expida sobre tal aspecto.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído. Los autos deben volver al tribunal de grado para que se proceda conforme se resuelve en el punto III.2. in fine de la presente.
Costas por su orden, atento la procedencia parcial de la impugnación (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
La señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El recurso no prospera.
II.1. En punto a los cuestionamientos traídos contra el rechazo de la revocatoria planteada con motivo del traslado ordenado en autos, concuerdo con los fundamentos expuestos en el voto que abre el acuerdo para desestimarlos atento su marcada insuficiencia (art. 279, CPCC).
II.2. Considero, asimismo, a diferencia de lo expuesto en el sufragio inaugural, que debe ser también rechazada la pretensión vinculada al pedido de suspensión de los plazos procesales.
En la especie, el tribunal de origen resolvió "Rechazar el recurso de revocatoria interpuesto por la demandada debiendo contestar el traslado del recurso de apelación en el plazo total de veinte días otorgado (arts. 12, 14, 54, 63 ley 11.653, 169 y ss., 238 y cc. del CPCC)..." (resol. de 24-VI-2019).
Frente a esa decisión la recurrente plantea recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (presentación de 12-VIII-2019), en el que, más allá de expresar que mediante aquel decisorio el tribunal habría dispuesto el rechazo del planteo de suspensión de términos, (extremo que -como puede observarse- no se compadece con lo efectivamente resuelto), ningún agravio desarrolla al respecto, centrándose exclusivamente en el plazo otorgado a fin de contestar el traslado de la apelación.
Lo dicho revela que el recurso, tampoco en este aspecto, satisface los recaudos de una adecuada fundamentación en los términos del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, en tanto pretende se acoja su pedido mas no desarrolla argumentación alguna en sustento de su posición.
III. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Borinsky , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votó también por la negativa.
El señor Juez doctor Carral , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría, se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y se revoca la sentencia impugnada con los alcances establecidos en el punto III.2. del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que, nuevamente integrado, y con la debida fundamentación, se pronuncie sobre el aspecto cuya casación se dispone.
Las costas de esta instancia extraordinaria se imponen por su orden, atento el progreso parcial de la impugnación (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 28/04/2023 09:36:36 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/05/2023 11:46:51 - CARRAL Daniel Alfredo - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/05/2023 13:44:32 - BORINSKY Ricardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/05/2023 09:05:15 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/05/2023 13:22:26 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/05/2023 13:35:16 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 08/05/2023 14:21:48 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 08/05/2023 15:04:38 hs. bajo el número RS-49-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia