Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 132141
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar, de conformidad con el dictamen del señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad, atento a que los planteos en él introducidos han sido desestimados en casos sustancialmente análogos; y denegar el de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial La Plata rechazó íntegramente la demanda promovida por el señor Julio Freddy Cardozo Prieto contra Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., en la que procuraba el cobro de las prestaciones dinerarias previstas en la ley 24.557 y 26.773 como consecuencia de la enfermedad profesional que denunció contraída con motivo y ocasión del trabajo (v. pronunciamiento de 30-XI-2023 y aclaratoria del 27-II-2024).
Para así decidir, juzgo que, si bien se demostró que el accionante se encuentra enfermo e incapacitado, no se pudo probar, en cambio, que esa minusvalía se relacione con el trabajo que realizó para su empleadora.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo dedujo recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 19-XII-2023), los que fueron concedidos por el a quo , (v. resolución del 14-III-2024), habiéndose conferido vista al señor Procurador General (v. dictamen de fecha 11-XI-2024).
III.1. En la primera de las vías intentadas, con apoyo en lo normado en los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, afirma que el juzgador omitió considerar cuestiones esenciales para la correcta resolución de la litis, tal como es, la validez constitucional del art. 6 de la ley 24.557, planteada oportunamente en el escrito de inicio. Asimismo, afirma que el sentenciante no fundamentó jurídicamente su decisión.
III.2. De conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso no prospera.
III.3. Corresponde señalar que la vía prevista en el art. 161 apartado 3 inc. "b" de la Constitución provincial, únicamente puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171, Const. cit.; causas L. 121.277, "Jara", resol. de 7-III-2018; L. 124.784, "Córdoba", resol. de 2-XI-2020; L. 125.301, "Ruffo", resol. de 12-II-2021; L. 128.000, "Flores", resol. de 19-IX-2022 y L. 130.716, "Pereyra", resol. de 15-IV-2024).
En el sub lite , se observa que el embate articulado carece de andamiaje, pues la simple lectura del pronunciamiento da cuenta que el reproche dirigido a impugnar la validez constitucional del art. 6 de la ley 24.557 quedó desplazado de consideración por el razonamiento al que arribó el juzgador de grado (v. pág. 11 de la sentencia del 30-XI-2023). En este orden, cabe recordar que reiteradamente tiene dicho esta Corte que la preterición a que se refiere el citado art. 168 de la Carta local ocurre cuando el a quo ha excluido el tema por descuido o inadvertencia, pero no cuando -como sucede en el sub examine - la cuestión que se denuncia aparece desplazada como consecuencia de la solución alcanzada en el pronunciamiento atacado (causas L. 121.355, "Castillo", resol. de 4-VII-2018; L. 122.228, "Vera", resol. de 13-III-2019; L. 122.226, "Campan", resol. de 5-VI-2019 y L. 128.297, "Vera", resol. de 9-VIII-2022).
III.4. Tampoco ha de tener cabida el reproche sustentado en la vulneración del art. 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, en tanto lo que la referida norma sanciona con la nulidad es la ausencia de base legal de las decisiones judiciales, más no su incorrecta, desacertada o deficiente fundamentación (causas L. 123.718, "Kollrich Borsani", resol. de 9-VI-2020; L. 124.835, "Gavilán González", resol. de 16-X-2020; L. 126.258, "Alterino", resol. de 26-V-2021 y L. 128.380, "Moran", resol. de 10-V-2023).
IV. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley el impugnante, relata los antecedentes de la causa, cita las normas y garantías constitucionales que considera vulneradas y plantea cuestión federal.
En rigor, la crítica se dirige a objetar la decisión de grado en cuanto tuvo por no probada la relación causal entre las tareas que habitualmente el actor desempeñó para su empleadora y la dolencia e incapacidad que presenta. A tal fin, alegó que el a quo se apartó e interpretó erróneamente y de modo arbitrario el material probatorio rendido en la causa.
IV.1. En primer lugar, cabe destacar que el impugnante, al mencionar los requisitos de admisibilidad del remedio extraordinario intentado, prescindió de mensurar concretamente el agravio que invoca.
De la lectura de las constancias de la causa, se observa -por lo demás- que en el escrito de demanda tampoco se cuantificó el importe pretendido.
Así pues, el interesado incumplió con la carga procesal de acreditar que el valor del litigio supera el umbral establecido en la ley ritual para la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que permitiría su estudio sin las limitaciones derivadas de aquel extremo cuantitativo; falencia que no puede ser salvada por esta Corte (art. 278, CPCC; causas L. 116.898, "Pereyra", sent. de 2-VII-2014; L. 118.130, "Paz", sent. de 12-IV-2017; L. 125.335, "Rocha Rattel", resol. de 12-II-2021 y L. 129.821, "Granda", resol. de 27-II-2023).
IV.2. En estas condiciones, corresponde ingresar al análisis de los agravios que porta el presente recurso en el marco de la excepción contemplada en la última parte del primer párrafo del art. 55 de la ley 11.653 -aplicable a la fecha de interposición del recurso extraordinario-. De allí que la función revisora extraordinaria se circunscribe a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando se ha fijado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado transgrede la misma en un caso similar (causas L. 124.084, "Vecchio", sent. de 5-V-202; L. 124.102, "José", sent. de 21-X-2022 y L. 126.044, "López", sent. de 27-II-2023).
IV.3. En ese marco, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la citada norma del régimen procesal laboral se impone nítida, pues, sin perjuicio de que el recurrente trae a consideración agravios vinculados a cuestiones de hecho y prueba, detraídos de revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el precepto antes citado (causas L. 124.763, "Román", resol. de 2-X-2020; L. 126.529, "Herrera", resol. de 6-VIII-2021 y L. 128.451, "García", resol. de 15-VI-2022), cierto es, que las únicas doctrinas que se citan en el recurso se relacionan con la configuración del vicio de absurdo, lo cual no resulta hábil a los fines de abrir la competencia revisora por el estrecho marco cognitivo establecido (causas L. 128.010, "Lezcano", resol. de 1-XI-2021; L. 127.289, "Juárez", resol. de 17-XI-2021; L. 128.412, "Florentin", resol. de 4-VII-2022 y L. 131.154, "Maldonado", resol. de 15-IV-2024).
IV.5. Por lo demás, corresponde recordar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018; L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020; L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020; L. 130.536, "Lo Nano", resol. de 20-IX-2023 y L. 131.733, "Delapiaza", resol. de 29-VII-2024).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar, de conformidad con el dictamen del señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad, atento a que los planteos en él introducidos han sido desestimados en casos sustancialmente análogos; y denegar el de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 26/12/2024 13:41:08 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 30/12/2024 07:27:06 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/12/2024 14:30:27 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/02/2025 13:29:48 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/02/2025 08:28:17 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 10/02/2025 09:22:51 hs. bajo el número RR-7-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia