Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 134103
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar -de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General- el recurso extraordinario de nulidad, atento a que los planteos en él introducidos han sido desestimados en casos sustancialmente análogos (art.31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 68, 289 y 298 CPCC).
2Desestimar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art.31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 68, 289 CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de San Nicolás hizo lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva articulada por Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y, en consecuencia, rechazó la demanda promovida por la señora Valeria Soledad Alvornoz en concepto de prestaciones dinerarias por la incapacidad que manifestó padecer como consecuencia del accidente in itinere denunciado en autos (v. pronunciamiento de fecha 8-XI-2024).
Para así decidir consideró que, al momento de producirse el infortunio laboral denunciado en autos, la Provincia de Buenos Aires se encontraba autoasegurada en virtud del "Convenio de Rescisión del Contrato de Afiliación", ratificado por el decreto 3.858/2007 y la restante normativa que cita.
II. Contra dicho pronunciamiento, la legitimada activa dedujo recurso de apelación (v. presentación de fecha 13-XI-2024), el que fue desestimado (v. resol. de fecha 21-XI-2024). Seguidamente articuló recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley, oportunidad en que además planteó la inconstitucionalidad del art. 56 de la ley 11.653 (v. presentación de fecha 25-XI-2024). A su turno, el a quo concedió las vías extraordinarias intentadas, la segunda dentro del marco de la excepción prevista en el art. 82 de la ley 15.057 (v. resol. de fecha 28-XI-2024), habiéndose conferido vista al señor Procurador General (v. dictamen de 1-X-2025).
III. De manera liminar, sin perjuicio de la inaplicabilidad de dicha ley al caso, corresponde indicar que carece de virtualidad expedirse sobre el planteo de inconstitucionalidad del art. 56 de la ley 11.653 introducido por la accionante, pues -sabido es- en casos como el presente, el trabajador se encuentra exento de la carga del depósito previo para la concesión del recurso de inaplicabilidad de ley, toda vez que goza del beneficio de gratuidad que le otorga el art. 22 de la citada ley ritual (causas L. 95.719, "D’Angelo", sent. de 7-IV-2010; L. 111.575, "Agüero", resol. de 29-IX-2010; L. 121.944 "Ibarra", resol. de 28-XI-2018, L. 127.788, "Sansiviero", resol. de 23-II-2022 y L. 131.516, "Gutiérrez", resol. de 29-VII-2024).
III.1. Aclarado ello, se observa que, en el recurso extraordinario de nulidad, la interesada denuncia vulnerados los arts.168 y 171 de la Constitución local. Sostiene que el órgano de grado incurrió en omisión de cuestiones esenciales. En este marco, manifiesta que el sentenciante no apreció el material probatorio aportado a la causa que menciona. Asimismo, afirma que el pronunciamiento atacado carece de la debida fundamentación legal.
IV. De conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso no prospera.
IV.1. En principio, sin perjuicio de otras consideraciones, corresponde recordar que el remedio extraordinario de nulidad sólo puede fundarse en la preterición de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Const. prov.; causas L. 121.033, "Aguirre", sent. de 9-XI-2020; L. 122.346, "Amaya", sent. de 20-X-2021 y L. 129.167, "Scalise", sent. de 29-V-2024).
Desde esa perspectiva, se observa que el contenido del agravio que porta el remedio intentado resulta ajeno a las causales taxativamente definidas en los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial.
En efecto, la improcedencia del remedio procesal elegido se exhibe nítida no bien se advierte que sus argumentaciones se dirigen a objetar el modo como el tribunal abordó y resolvió las cuestiones ventiladas en autos, remitiendo el análisis a la imputación de presuntos errores de juzgamiento cuyo tratamiento -como es sabido- es ajeno al limitado marco de conocimiento del recurso extraordinario de nulidad (causas L. 122.963, "Romero", resol. de 18-IX-2019; L. 124.729, "Ríos", resol. de 6-XI-2020 y L. 125.039, "Peralta", resol. de 12-II-2021).
Además, corresponde recordar que, en el marco de la vía extraordinaria en tratamiento, no son atendibles las alegaciones relativas a la prueba, e incluso, a la existencia de una eventual preterición de alguna pieza de dicha naturaleza, habida cuenta que se refieren a cuestiones ajenas a su ámbito y propios -en cambio- del de inaplicabilidad de ley (causas L. 120.917, "Abadie", resol. de 25-X-2017; L. 121.293, "Insua", resol. de 29-VIII-2018, L. 125.386, "Tito", resol. de 4-V-2021 y L. 131.953, "Guiñazú", resol. de 27-IX-2024).
IV.2 Sentado lo anterior, cabe agregar que, no se configura la denunciada transgresión del art. 171 de la Constitución provincial, desde que dicho precepto constitucional sólo se infringe cuando el pronunciamiento carece de toda fundamentación jurídica de suerte que aquél aparezca sin otro sustento válido que el mero arbitrio del juzgador (causas L. 118.979, "Márquez", sent. de 21-IX-2016; L. 125.493, "Razquin", resol. de 30-XI-2020; L. 126.646, "Verdugo", resol. de 17-VIII-2021 y L. 129.475, "Toth", resol. de 8-V-2023), hipótesis que no concurre en el pronunciamiento atacado.
Por lo demás, es dable poner de resalto que toda vez que el pronunciamiento atacado se encuentra fundado en ley, no corresponde analizar por este carril la incorrecta, desacertada o deficiente fundamentación jurídica que eventualmente pudiera contener (causas L. 125.657, "Durand", resol. de 2-III-2021; L. 129.402, "Gallo", resol. de 6-XII-2023; L. 131.885, "Cabano", resol. de 20-IX-2024).
V. En lo que respecta al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la impugnante relata los antecedentes de la causa. Cita las normas y la doctrina que considera vulneradas. Alega absurdo en la valoración de la prueba. En lo esencial, mediante sendas argumentaciones, objeta que el tribunal hizo lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la aseguradora demandada.
VI. El recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley tampoco prospera.
VI.1. En primer lugar, corresponde observar que el remedio procesal en examen fue concedido en el marco de la excepción prevista en el art. 82 de la ley 15.057- aplicable a la fecha de interposición del recurso, según Resolución 1.840/2024-, por juzgar el tribunal de grado insuficiente el monto de lo cuestionado (v. resolución de fecha 28-XI-2024), decisión que, debidamente notificada a las partes, no mereció objeciones de la aquí recurrente.
En consecuencia, en la especie, la admisibilidad del recurso en examen sólo puede justificarse en el marco de la doctrina elaborada en torno al alcance de la excepción contenida en el citado precepto citado (cfr. causa L. 132. 789, "Testone ", resol. de 20-IX-2024).
Por lo tanto, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020).
VI.2. Realizado el examen conforme los lineamientos anteriormente enunciados, se observa que, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que mediante la denuncia de doctrina legal, la impugnante trae a consideración agravios relacionados con cuestiones cuya definición es privativa del sentenciante de grado y relativos a la valoración de los hechos y las prueba, así como al supuesto absurdo en que habría incurrido el tribunal de grado al meritar las circunstancias probatorias de la litis, asuntos detraídos de la revisión en el acotado carril por el que transita el recurso (causas L. 117.894, "Silvero López", resol. de 10-XII-2014; L. 118.681, "Núñez", resol. de 1-VII-2015; L. 121.975, "Mansilla", resol. de 5-VI-2019; L. 125.287, "Seguel", resol. de 13-XI-2020; L. 126.743, "Ricardini", resol. de 6-VIII-2021; L. 127.150, "Romano", resol. de 17-IV-2023 y L. 132.539, "Reyes", resol. de 3-IV-2025).
VI.3. Resulta útil recordar que esta Corte ha declarado reiteradamente que la doctrina relacionada al vicio de absurdo no resulta idónea a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el excepcional conducto que prevé el citado art. 82 de la ley ritual (causas, L. 123.817, "Juncos", sent. 28-IV-2021; L. 132.697, "Lazarte", sent. 27-III.2025 y L. 132.970, "Domínguez", resol. de 1-VII-2025).
VI.4. Por lo demás, es dable señalar que no constituye doctrina legal la que deriva de la de la opinión de los autores, de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas y L. 130.536, "Lo Nano", resol. de 20-IX-2023 y L. 131.733, "Delapiaza", resol. de 29-VII-2024; e.o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Rechazar -de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General- el recurso extraordinario de nulidad, atento a que los planteos en él introducidos han sido desestimados en casos sustancialmente análogos (art.31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 68, 289 y 298 CPCC).
2. Desestimar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art.31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 68, 289 CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art.1 acá-pite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 05/02/2026 15:15:09 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 06/02/2026 13:31:23 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 10/02/2026 09:38:29 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/02/2026 11:17:36 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/02/2026 12:15:37 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 12/02/2026 12:47:33 hs. bajo el número RR-26-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia