Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 128907
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído respecto de los agravios tratados en los puntos III.1, III.4, III.5 y III.6 por encontrarse insuficientemente fundados y declararlo procedente en relación a los analizados en los puntos III.2 y III.3, en atención a lo resuelto en casos análogos (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.). Los autos se remiten al tribunal de origen para que, con diferente integración, dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida y al modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial Trenque Lauquen, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la demanda promovida por Francisco Álvarez y condenó a La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. a abonar -en único pago- la prestación dineraria establecida en el art. 14, ap. 2 inc. b) de la ley 24.557, más la compensación adicional prevista en el art. 11, ap. 4.a de la misma ley, por la incapacidad derivada del accidente in itinere que protagonizó el día 8 de septiembre de 2017 (v. vered. y sent. de fecha 16-II-2022).
En el veredicto, con apoyo en las conclusiones establecidas en los informes periciales neurológico, psiquiátrico y laboralista, y en las respuestas dadas a sus respectivas impugnaciones, tuvo por acreditado que, como consecuencia del siniestro referido, el actor sufre secuelas respiratorias, mentales orgánicas post traumáticas, anosmia y heridas cortantes que le provocan una disminución de su capacidad laboral de manera permanente, parcial y definitiva del orden del 63,33%, aplicando el criterio de capacidad residual y valorando los factores de ponderación (V. vered., págs. 1/3).
En la sentencia, en oportunidad de determinar el resarcimiento, el juzgador procedió a calcular la prestación dineraria cuyo pago único dispuso con sustento en el precedente "Milone" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (sent., pág. 8). Luego, sumó la compensación dineraria adicional referida (sent., pág. cit.).
Finalmente, teniendo en cuenta el art. 1 del decreto 669/2019, dispuso que el monto de condena devengue intereses según la tasa de variación del índice de las Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) desde la fecha del accidente hasta la de la sentencia; y que, a partir de ese momento y hasta su efectivo pago, al resultado que arroje se adicionen accesorios conforme a la tasa -pasiva más alta- que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días, vigentes en el inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, impuso el cálculo diario con igual tasa (v. sent., pág. 9/10)
II. La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad (v. presentación electrónica del 15-III-2022), que fue concedido mediante la resolución de fecha 21 de marzo de 2022.
II.1. Cuestiona el porcentaje de incapacidad que el tribunal de grado juzgó acreditado en el veredicto. En particular, objeta las conclusiones periciales sobre la insuficiencia respiratoria atribuida al trabajador, por considerar que no fueron fundadas desde el punto de vista clínico, a través de estudios complementarios.
Asimismo, impugna el diagnóstico de desorden mental orgánico postraumático, afirmando que carece de rigor científico. En este sentido, reprocha que el galeno no hubiera tomado en consideración las actuaciones llevadas a cabo ante la comisión médica local.
Concluye que la experticia no aporta datos que permitan establecer relación causal directa entre los hechos denunciados y la minusvalía física referida.
Denuncia errónea aplicación de las leyes 26.773 y 27.348 y sus decretos reglamentarios. Entiende que debió aplicarse el art. 2.2. del decreto 472/14, reglamentario de la ley 26.773, y desarrolla la fórmula que debió aplicar el tribunal en lugar de la efectivamente utilizada.
Reputa equivocada la forma de actualizar mediante RIPTE pues, en su opinión, ese índice no debe aplicarse al monto indemnizatorio sino al ingreso base (conf. art. 12, ley 24.557, actualizado por decreto 669/19) a la vez que le adjudica al juzgador haber realizado una doble actualización por haber aplicado el índice RIPTE al ingreso base mensual -IBM- y luego a la liquidación final.
II.2. Aduce que el sentenciante de grado transgredió el principio de congruencia porque condenó a su representada al pago de intereses moratorios a pesar de que no fueron peticionados en la demanda.
II.3. Expresa que, como lógica consecuencia del progreso del planteo traído en el punto II.1 respecto el porcentaje de incapacidad, también debe revocarse el fallo en cuanto declaró procedente la compensación adicional del art. 11, ap. 4.a, de la ley 24.557.
II.4. Por último, se opone a la regulación de los honorarios del abogado del actor efectuada por su actuación profesional en el trámite administrativo ante la comisión médica. Alega que dichos estipendios no fueron solicitados expresamente y, además, que la labor no generó beneficios para el cliente.
De manera subsidiaria, pide que se fijen nuevamente en valores mínimos.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. No resultan atendibles los cuestionamientos iniciales, dirigidos a objetar las conclusiones sobre el grado de incapacidad que padece el señor Álvarez, las dolencias establecidas y la existencia de su nexo causal con el infortunio ocurrido el 8 de septiembre de 2017.
III.1.a. Es menester recordar que en la tarea de valorar la pericia médica y asignarle entidad de convicción, los Tribunales del Trabajo ejercen facultades privativas, por lo que la decisión que adopten al respecto es ajena al cometido de esta Suprema Corte, salvo acreditación del absurdo (causas L. 122.771, "Pécora", sent. 11-V2021; L. 123.501, "Consorcio de Gestión Puerto La Plata", sent. de 21-X-2022 y L.126.737, "Barrera", sent. de 22-VIII-2023). En igual línea de ideas, ha sostenido este Superior Tribunal que determinar la existencia de relación causal entre el accidente de trabajo denunciado y la incapacidad que padece el trabajador, constituye una atribución privativa de los jueces de grado, ajena a la casación, excepto que se demuestre el señalado vicio lógico (causa L. 127849, "Tumini", sent. de 27-III-2023).
III.1.b. En ese orden, el remedio se advierte insuficientemente fundado.
Aunque de modo genérico denuncia en el pasaje inicial de su postulación impugnativa la existencia de absurdo, al desarrollar sus agravios, la recurrente se limita a exponer su opinión acerca de la menor eficacia probatoria que -a su entender- correspondería asignarle a uno de los informes médicos agregados a la causa, esgrimiendo su mera disconformidad con el modo en que fue analizado por el tribunal de grado, y reiterando observaciones realizadas en la instancia anterior (referidas a la supuesta falta de rigor científico, estudios complementarios o consideración de lo actuado por la comisión médica local; v. escrito electrónico de fecha 28-X-2021), que fueron desestimadas por el órgano actuante en oportunidad de valorar la prueba.
Al respecto, cabe puntualizar que el a quo juzgó que las expertas explicaron suficientemente las observaciones referidas, por lo que los cuestionamientos formulados por la demandada no lograron conmover los dictámenes de las profesionales de cada especialidad (v. sent., pág. 5).
Frente a estas conclusiones esenciales, el reproche expuesto por la interesada se agota en la pretensión de disputarle a los jueces de grado el ejercicio de facultades privativas, a partir de un nuevo análisis de los informes periciales médicos según su personal criterio valorativo, método que -reiteradamente se ha señalado- configura una técnica carente de idoneidad para demostrar el error grave, grosero y manifiesto que caracteriza al mentado vicio (causas L. 122.771, "Pécora", sent. de 11-V2021; L. 125.848, "Fernández", sent. de 22-XII-2022 y L. 126.076, "Benítez", sent. de 27VI-2023).
III.2. En cambio, le asiste razón a la recurrente cuando cuestiona la fórmula que utilizó el tribunal de grado para calcular la prestación dineraria reconocida al actor, postulando la aplicación de otra -que expone (v. pág. 10 del rec.)- con sustento en el texto del art. 2, ap. 2, del decreto 472/14.
En la sentencia, el a quo procedió a realizar dicho cómputo "en función de lo normado en el art. 14 .2 b)" de la LRT y, en ese orden indicó que "la cuantía de la renta periódica resultará del valor mensual del ingreso base ($31.244,05), multiplicado por el porcentaje de incapacidad (63,33%), (esto es $19.786,86), hasta el tiempo en que el damnificado se encontrare en situación de jubilarse…". Así, teniendo en cuenta que Álvarez contaba con 29 años, estimó que aquel guarismo en un año sería de $ 237.442,32 ($19.786,86*12) y en los treinta y seis años restantes ascendería a $ 8.547.923,52, importe que juzgó más beneficioso que si se aplicara la Nota Nro. 21161/17 de la Subgerencia de Control de Entidades de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (S.C.E.).
Frente a dicho pronunciamiento, es menester recordar que la norma citada por el agraviado (art. 2 apartado 2 del decreto 472/14) prescribe que los damnificados que resulten portadores de una incapacidad laboral permanente superior al 50% e inferior al 66% -como el accionante- percibirán una prestación de pago único calculada según la fórmula del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557. Asimismo, cabe destacar que la fórmula indicada se compadece con la que había utilizado el actor en la demanda para calcular la indemnización que peticionó (v. fs. 372).
Sin abrir juicio sobre la validez de dicho precepto -toda vez que no ha sido objetada en el caso sub examine- no es posible soslayar sus prescripciones dentro del ámbito temporal de su vigencia.
En consecuencia, corresponde hacer lugar a este tramo del recurso con los alcances indicados, y remitir los autos al tribunal de origen para que nuevamente integrado dicte el pronunciamiento que corresponda.
III.3. La crítica vinculada con la interpretación y aplicación del DNU 669/19 halla adecuada respuesta en lo expresado por este Superior Tribunal al decidir en las causas L. 127.690, "Ovejero" (sent. de 26-V-2026) y L. 129.800, "Muzychuk" (sent. de 14-VII-2025), a cuyas conclusiones y fundamentos corresponde remitir por razones de economía y sencillez (art. 31 bis, tercer párrafo, ley 5.827 y modif.).
En consecuencia, corresponde revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, cuya inconstitucionalidad -en el caso- se declara.
III.4. El tercer agravio, concerniente a la denuncia de violación del principio de congruencia en orden a los intereses fijados en el pronunciamiento, no abastece los recaudos que impone el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial.
Me afirmo en esta premisa dada la ausencia de denuncia de infracción de las normas de rito que receptan dicho postulado, así como la relativa a la existencia de un supuesto característico de la doctrina legal del absurdo, concretamente, en la interpretación del contenido del escrito de demanda (v. presentación electrónica del 15-III-2022, págs. 12/13).
Cuadra recordar que esta Suprema Corte no puede suplir de oficio, por inferencias o interpretación, las omisiones en que incurre la parte interesada al formular la impugnación (causas L. 118.179, "Fautario", sent. de 30-III-2016, L. 119.678, "Bertinelli", sent. de 10-IV-2019; L. 121.029, "Romero", sent. de 29-X-2020; L. 127.967, "Paguegui", sent. de 18-IX-2023).
III.5. Luego, atento los alcances de la impugnación volcada en el tercer agravio (debió decir cuarto) del punto VII del recurso bajo examen y la solución que se propicia en el apartado III.1, se torna abstracto el tratamiento de la crítica subsidiaria destinada a rebatir la declarada procedencia de la compensación adicional prevista en el art. 11, ap. 4.a, de la ley 24.557.
Y sabido es que no es propio de la judicatura la emisión de pronunciamientos abstractos (causas L. 103.560, "Harismendi", sent. de 17-VIII-2011; L. 118.030, "López", sent. de 26-VIII-2015 y L. 117.775, "J., Q. F.", sent. de 29-III-2017).
III.6. Por último, toda vez que la materia vinculada a la regulación de honorarios profesionales no resulta -por regla- recurrible en la instancia extraordinaria y dada la ausencia de denuncia de absurdo y de violación de las normas invocadas en la sentencia atacada (v. págs. 11 y 12), no es dable ingresar al análisis de la eventual configuración de algún supuesto de excepción (causas L. 119.780, "Veliz", sent. 10-IV2019; L. 122.549, "Armanino", sent. del 26-V-2021; L. 123.921, "Cimalando", sent. 5-II-2022), el reproche que gira en torno a la cuantificación de los estipendios del letrado de la parte actora tampoco resulta atendible.
El señor Juez doctor Soria dijo:
Comparto lo dicho por mis colegas que me preceden en la votación. Sólo he de aclarar que en aquello vinculado con el decreto 669/2019, suscribo la solución propuesta a tenor de lo prescripto en el tercer párrafo art. 31 bis de la ley 5.827 (y modif.), y dejando a salvo mi opinión expuesta en la causa L. 127.690, "Ovejero" (sent. de 26-V-2026).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído respecto de los agravios tratados en los puntos III.1, III.4, III.5 y III.6 por encontrarse insuficientemente fundados y declararlo procedente en relación a los analizados en los puntos III.2 y III.3, en atención a lo resuelto en casos análogos (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.). Los autos se remiten al tribunal de origen para que, con diferente integración, dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida y al modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 03/07/2026 13:31:25 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 07/07/2026 19:09:04 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 08/07/2026 12:28:20 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/07/2026 10:54:53 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/08/2026 09:13:14 - DI TOMMASO Analía Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 03/08/2026 12:14:17 hs. bajo el número RR-1405-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia