Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 132598
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar los recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley deducidos el accionante, por encontrarse insuficientemente fundados (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 289 y 298 CPCC).
2Hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído por la demandada y, en consecuencia, revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, cuya inconstitucionalidad -en el caso- se declara. Los autos se remiten al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, y en resguardo del principio que veda la reformatio in pejus , dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida y al modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
El señor Juez doctor Torres, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Kohan dijeron:
I. En lo que interesa, el Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Dolores, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la demanda promovida por el señor Pablo Raúl Doménico y, en consecuencia, condenó a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de la suma que especificó en concepto de prestaciones dinerarias establecidas en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, con más el adicional previsto en el art. 3 de la ley 26.773 (v. pronunciamiento de fecha 13-V-2024).
II. El actor dedujo recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 28-V-2024), los que fueron concedidos por el a quo (v. resol. de fecha 17-VII-2025), habiéndose conferido vista al señor Procurador General (v. dictamen de 10-XI-2025).
III. Por su parte, la legitimada pasiva interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 23-V-2024), habiendo sido también concedido por el órgano jurisdiccional de grado (v. resol. de fecha 17-VII-2025).
IV. Los medios de impugnación traídos por el accionante no pueden ser abordados en atención a su fundamentación promiscua (arts. 279 y 299, CPCC y art. 31 bis, ley 5.827, y modif.).
En efecto, esta Corte ha sostenido que son de tal manera distinta las fuentes de los medios de impugnación a que se refieren los artículos 279 y 296 del Código Procesal Civil y Comercial que el hecho de pretender fundarlos en los mismos argumentos o entrelazándolos -salvo supuestos excepcionales que en el caso no concurren- es totalmente inadmisible (causas L. 129.135, "Marchionni", resol. de 27-II-2023; L. 130.436, "Moreno", resol. de 22-XII-2023 y L. 134.368, "Fernández Riveros", resol. de 16-X-2025; e.o.).
Siendo ello así, corresponde el rechazo de los embates cuya promiscuidad argumental genera una confusión en la que no es posible desentrañar dónde comienza o finaliza uno u otro (causas L. 130.389, "Melilli", resol. de 20-IX-2023; L. 134.343, "Lambertucci", resol. de 11-XII-2025 y L. 130.023, "Martínez", sent. de 25-II-2026; e.o.), no resultando función de este Tribunal suplir esta clase de deficiencias.
Es que los recursos extraordinarios tienen exigencias técnico-formales propias, de insoslayable cumplimiento, que la Suprema Corte no puede dejar de lado pues, de lo contrario, se infringen las normas de carácter constitucional y legal que lo sustentan (arts. 161, Const. prov.; 279, 296 y 299 CPCC; causas L. 128.534, "Vivas", resol. de 19-IX-2022; L. 130.865, "Ibalo", resol. de 23-XI-2023 y L. 134.580, "Giménez", resol. de 28-X-2025 y L. 113.019, "Gallardo", resol. de 5-VI-2026; e.o.), motivos por los cuales debe desestimarse la mencionada impugnación (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
V. El carril de inaplicabilidad de ley incoado por la legitimada pasiva prospera.
Ello así, pues los agravios que contiene, dirigidos a cuestionar la aplicación al caso y la validez constitucional del decreto de necesidad y urgencia 669/19 hallan adecuada respuesta en lo expresado por este Superior Tribunal al decidir en la causa L. 129.800, "Muzychuk" (sent. de 14-VII-2025) y su progenie (L. 128.977, "Chocobar", sent. de 13-III-2026; L. 127.690, "Ovejero", sent. de 26-V-2026 y L. 130.546, "Paszkiewich", sent. de 23-VI-2026"; entre muchos otros), a cuyas conclusiones y fundamentos corresponde remitir por razones de economía y sencillez (art. 31 bis, tercer párrafo, ley 5.827 y modif.); resultando suficiente para resolver la impugnación traída.
El señor Juez doctor Soria dijo:
Adhiero a lo expuesto en el punto IV y en relación al recurso de inaplicabilidad de ley deducido por la accionada también comparto lo resuelto por mis colegas que me preceden en el orden de votación, a tenor de lo prescripto en el tercer párrafo del art. 31 bis de la ley 5.827 (y modif.), y dejando a salvo mi opinión expuesta en la causa L. 127.690, "Ovejero" (sent. de 26-V-2026).
Por ello, oído el señor Procurador General, la Suprema Corte de Justicia
1. Desestimar los recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley deducidos el accionante, por encontrarse insuficientemente fundados (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 289 y 298 CPCC).
2. Hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído por la demandada y, en consecuencia, revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, cuya inconstitucionalidad -en el caso- se declara. Los autos se remiten al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, y en resguardo del principio que veda la reformatio in pejus , dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida y al modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/09/2026 13:34:13 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 21/09/2026 15:57:07 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 23/09/2026 17:00:41 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/09/2026 14:49:34 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/09/2026 08:25:19 - DI TOMMASO Analía Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 25/09/2026 11:09:15 hs. bajo el número RR-2105-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia