Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 126430
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 126.430, "Páez, Cristian contra Comisión Médica n° 13. Apelación", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en dicha ciudad, rechazó el recurso de apelación interpuesto e impuso las costas del modo que especificó (v. sentencia de fecha 22-VII-2020).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de 5-VIII-2020).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente rechazó el recurso de apelación que dedujo Marta Teresa Miranda como progenitora del trabajador Cristian Oscar Páez, y que continuara luego Jonathan Páez, hijo de aquel, contra el dictamen emitido por la Comisión Médica n° 13 de Bahía Blanca que determinó que la contingencia sufrida por el trabajador no se correspondía con un accidente de trabajo en los términos del art. 6 de la Ley de Riegos del Trabajo por carecer de relación de causalidad con las tareas desempeñadas (v. sentencia de fecha 22-VII-2020).
Para así decidir, con sustento en las constancias documentales obrantes en la causa juzgó probado que el día 30 de julio de 2010 el señor Cristian Oscar Páez, mientras se encontraba recolectando ramas en la vía pública en su carácter de dependiente de la Municipalidad de Coronel Suárez, fue agredido por personas ajenas al municipio, que le provocaron traumatismo severo de cráneo, hecho que fue denunciado por la empleadora a Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo el día 3 de agosto de 2012.
Asimismo, ponderó demostrado que la aseguradora rechazó el siniestro por considerar que no constituyó un accidente de trabajo; conclusión que -luego- fue confirmada por la Comisión Médica jurisdiccional con fundamento en que si bien se trató de un acontecimiento súbito y violento ocurrido en el marco del ámbito laboral, no tuvo relación de causalidad alguna con las tareas desempeñadas por el dependiente (v. dictamen, fs. 76/78), decisión -esta última- que motivó la impugnación que dio origen a estas actuaciones.
Puntualizó el juzgador que mediante el certificado de defunción de fs. 97, resultó probado que con fecha 7 de febrero de 2011 se produjo el fallecimiento del señor Páez por paro cardiorrespiratorio traumático tec grave shock séptico.
Además, con la copia certificada de la sentencia penal dictada el 29 de febrero de 2012 (v. fs. 123/142 y 144/151) estimó probado que los señores Haroldo Néstor Scialabba y Darío Víctor Scialabba fueron condenados como autores penalmente responsables del delito de homicidio preterintencional del que Páez resultó víctima. Destacó el tribunal de grado que de las declaraciones obrantes en la causa penal surgía que los agresores propinaron golpes al trabajador que le provocaron graves heridas que -a la postre- terminaron con su vida, y que el origen de la pelea fue una supuesta controversia personal suscitada entre la víctima y un miembro de la familia de los imputados, con lo cual -destacó- la violencia sufrida por aquel se originó en un hecho ajeno al trabajo. Juzgó que las circunstancias fácticas en que se produjo el siniestro dejan en claro la ausencia de incidencia causal del factor laboral en el daño perpetrado, el que fue originado -destacó el juzgador- por personas ajenas al trabajo y por motivos personales. Como se viene anticipando, concluyó que no se configuró en la especie un accidente de trabajo que deba ser amparado por la ley 24.557; por lo que consideró inoficioso incursionar en el análisis de las lesiones sufridas por la víctima y su vinculación con las circunstancias que le provocaron la muerte, derivadas -insistió- de un supuesto evento laboral que no resultó tal. Así, dispuso rechazar la apelación deducida.
II. La parte actora deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia violación del art. 6 apartado 1 de la ley 24.557 y de la doctrina legal de esta Suprema Corte.
Expresa que no puede soslayarse que, a tenor del concepto de responsabilidad objetiva en la materia, cabe reconocer el siniestro con el solo hecho del acaecimiento del accidente de trabajo o el diagnóstico de la enfermedad de origen profesional.
A continuación, alega que el accidente quedó demostrado con la causa penal referida por el juzgador, de la que se desprende que el trabajador fue agredido mientras cumplía sus labores para el municipio.
En ese marco, sostiene que en la sentencia se decidió de forma caprichosa en detrimento del trabajador. Fundamentalmente objeta lo ponderado por el tribunal de grado en cuanto señaló -así expone el quejoso- que de las declaraciones testimoniales obrantes en dichas actuaciones se desprende que la agresión a Páez obedeció a una controversia personal y anterior que tenía con sus agresores. En este sentido, enfatiza en que todos los testigos que declararon en la causa penal hablaron de supuestos, sin aportar certezas; así, asegura que el sentenciante se basó en suposiciones para desestimar el reclamo, no existiendo en las actuaciones elemento alguno que habilite a apartarse de la responsabilidad objetiva en perjuicio del reclamante.
Agrega a su discurso la transcripción parcial de ciertos precedentes jurisprudenciales emanados de la Cámara Nacional de Apelaciones.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, cabe destacar que contrariamente a lo declarado por el tribunal de grado al conceder el recurso (v. resolución de fecha 11-VIII-2020), el valor del litigio a los fines previstos en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), es de monto determinado y está representado por la prestación por fallecimiento prevista en la ley 24.557, evidentemente pretendida por quien diera inicio a las actuaciones, tal como surge expresamente del escrito de "expresión de agravios" inicialmente presentado con expresa mención del art. 18 de la mentada ley laboral.
En este contexto, se observa que el recurrente no ha precisado cómo estaría conformada la cuantía referida, incumpliendo así la carga procesal de acreditar que el monto de lo cuestionado eventualmente supere el umbral determinado en la ley ritual para la admisibilidad del medio extraordinario de impugnación (causas L. 118.130, "Paz", sent. de 12-IV-2017; L. 121.429, "Maravilla", sent. de 18-IX-2019 y L. 123.852, "Acuña", sent. de 13-XII-2021).
Siendo ello así, corresponde ingresar al análisis del presente recurso en el marco de la excepción contemplada en la última parte del primer párrafo del art. 55 de la ley 11.653, quedando entonces la función revisora de este Tribunal circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando se ha fijado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 122.218, "Villarroel", sent. de 9-XII-2020; L. 121.841, "Sanchioni", sent. de 21-IV-2021 y L. 124.084, "Vecchio", sent. de 5-V-2021).
III.2. Delimitada la competencia extraordinaria de esta Corte, el recurso debe ser desestimado, toda vez que -más allá de cualquier otra consideración que pudiera formularse- el recurrente no ha denunciado la vulneración de doctrina legal alguna por parte del órgano jurisdiccional de la instancia de grado, presupuesto esencial e inicial para pretender la revisión de lo resuelto en el presente ámbito de excepción (causas L. 121.119, "Sosa", resol. de 11-IV-2018; L. 121.838, "Fernández Guemil", sent. de 7-IX-2020 y L. 121.562, "Espeche", sent. de 5-X-2020).
Puede agregarse, en relación con la jurisprudencia que cita el impugnante, que la doctrina legal a la que se refiere el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires es la que fluye de los pronunciamientos de esta Suprema Corte y no la que proviene de los fallos de otros tribunales (causas L. 101.885, "V., N. N.", sent. de 10-III-2011; L. 96.241, "Montoya", sent. de 9-V-2012; e.o.).
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres y Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/12/2022 08:40:07 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/12/2022 10:11:42 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/12/2022 13:49:25 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 22/12/2022 11:51:45 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/12/2022 12:55:41 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 22/12/2022 13:40:49 hs. bajo el número RS-123-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia