Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul, Sala II · Causa 64391
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de apelación incoado por la parte actora a fs. 44/47, y confirmar la resolución de fs. 40/41 vta. que declaró la caducidad de instancia.
2Sin condena en costas por no mediar una parte vencida (art. 68 del C.P.C.C.), y sin regulación de honorarios en favor del apoderado fiscal actuante en razón de lo previsto en el art. 4 decreto ley 7543/69.
En la ciudad de Azul, a los diecinueve días del mes de junio del año Dos Mil Diecinueve, reunidos en Acuerdo Extraordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores Víctor Mario Peralta Reyes y Jorge Mario Galdós, encontrándose en uso de licencia la Dra. María Inés Longobardi (arts. 47 y 48 de la Ley 5827), para dictar sentencia en los autos caratulados “Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Inostroza Maximiliano Ricardo s/ Apremio” (causa n° 64.391), habiéndose procedido oportunamente a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, y 263 y 266 del C.P.C.C., resultando de ella que debían votar en el siguiente orden: Dr. Galdós, Dr. Peralta Reyes y Dra. Longobardi.
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ra - ¿Es justa la resolución apelada de fs. 40/41 vta.?
2da- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
-V O T A C IÓ N-
A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Sr. Juez Dr. Galdós dijo:
I) 1. El Fisco de la Provincia de Buenos Aires –representado por su apoderado externo- promovió juicio ejecutivo contra Maximiliano Ricardo Inostroza, reclamándole el pago de $6.946,70, con más intereses y costas, en concepto de haberes percibidos indebidamente (fs. 8/11 vta.). Fundó dicha pretensión en el título ejecutivo obrante a fs. 7 y vta., emitido el 10/09/13 por el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires en relación con el beneficio previsional n°8291598770, en razón de no haberse acreditado la regularidad en los estudios por parte del demandado.
Producto de la inactividad en que incurrió la actora luego de ciertos pasos procesales iniciales, con fundamento en los arts. 17 bis del decreto-ley 9122/78 y 316 del Código Procesal y en la Resolución N°3694/2012 de la Excma. Suprema Corte Provincial, la a quo dispuso oficiosamente intimar a la parte actora para que en el plazo de diez días manifieste su intención de continuar con la acción y produzca actividad procesal útil, bajo apercibimiento de decretar la caducidad de instancia (fs. 30).
En respuesta a la intimación, diligenciada exclusivamente al domicilio constituido por el apoderado externo de la accionante (fs. 31 y vta.), el mencionado presentó a confronte el mandamiento de fs. 33/35, con el que se tuvo por contestada en legal tiempo la intimación cursada (despacho de fs. 32).
2. Diligenciado negativamente con fecha 06/05/16 el aludido mandamiento (fs. 36), y transcurridos casi dos años sin que la parte actora haya realizado ninguna actuación impulsiva, se dictó la resolución apelada del 23/03/18 (fs. 40/41 vta.), por la que se decretó la caducidad de instancia de las actuaciones, la que sólo fue notificada, nuevamente, al domicilio constituido por el apoderado externo (fs. 42 y vta.).
A fs. 44/47 vta. el apoderado fiscal externo interpuso recurso de reposición con apelación en subsidio; remedio este último que le fue concedido en relación (fs. 48). Para fundar su recurso, arguye que se omitió aplicar el art. 18 bis de la ley 13.406 en cuanto prescribe que la solicitud de caducidad de instancia y su resolución deben notificarse al Fiscal de Estado en su despacho sito en calle 1 n° 1342 de la ciudad de La Plata, así como también al domicilio constituido en juicio por el apoderado externo. Pide que se revoque lo decidido en origen, y manifiesta su intención de continuar las actuaciones acompañando mandamiento diligenciado negativamente el 27/03/18, y solicitando se libren oficios al Juzgado Federal con Competencia Electoral y a la Comisaría 1ª de Olavarría, a fin de conocer el último domicilio denunciado por el accionado.
Más adelante, deja constancia de que “en cumplimiento del recaudo previsto en el art. 19 de la ley 13.406, acompaña instrucción de contestar el traslado en el sentido expuesto, emanada de funcionario autorizado por el Sr. Fiscal de Estado“ (sic fs. 46 vta.). Finalmente, recuerda el carácter restrictivo con que debe ser aplicado el instituto de la caducidad de instancia, plantea el caso federal, y peticiona.
II) 1. A mi juicio, el recurso de apelación no puede prosperar. En primer término, aclaro que tratándose en autos de un juicio de apremio por cobro de haberes previsionales percibidos indebidamente, la normativa principalmente aplicable es el decreto-ley 9122/78, relativo al cobro judicial de créditos fiscales de la Provincia o Municipalidades (ver su art. 1), y no la ley 13.406 (cuya aplicación sólo procede en forma complementaria, cf. art. 18 del aludido decreto), circunscripta al cobro judicial de los créditos provinciales y municipales por tributos, sus accesorios y multas (art. 1 Ley 13.406 y art. 163 inc. 6° del C.P.C.C.).
2. Advertido lo anterior, destaco que el art. 17 bis del decreto citado, dispone que “en los juicios de apremio en que el Fisco Provincial sea parte, la solicitud de caducidad de instancia y su resolución deberán ser notificadas al Fiscal de Estado en su despacho sito en la Ciudad de La Plata, y al domicilio constituido en autos.” Al respecto, vale aclarar que como bien lo destacó este Tribunal en la causa n° 62.096 (“Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Oriente Jazmín SRL...”, del 29/07/17), “si bien la norma se refiere a la notificación de la solicitud de caducidad, por lo que prima facie podría pensarse que el recaudo sólo rige cuando el instituto es motorizado a requerimiento de parte, es razonable interpretar que la notificación al Fiscal de Estado en su despacho de la ciudad de La Plata también resulta exigible cuando la caducidad es actuada por el magistrado de oficio, ya que no es posible avizorar las razones por las que uno y otro supuesto deban ser objeto de un tratamiento diferente.
Por su parte, el art. 21 del mismo cuerpo normativo, prevé que “los jueces intervinientes no proveerán escritos en los que se desista de la acción y/o del derecho, o en los que los apoderados fiscales respondan a la intimación del artículo 17 bis, sin que se acompañe a las actuaciones la pertinente instrucción en tal sentido, emanada del Fiscal de Estado o del funcionario a quien éste hubiere delegado esas atribuciones.”
En ese marco normativo, y con la precisión interpretativa formulada, asiste razón al apoderado fiscal externo en punto a que efectivamente en la instancia anterior se omitió cumplir con la notificación al Fiscal de Estado en su domicilio sito en la localidad de La Plata. Y ello no sólo respecto de la intimación de fs. 30 a manifestar la intención de continuar e impulsar las actuaciones, sino también respecto de la resolución de caducidad de instancia de fs. 40/41 vta. que llega apelada a instancia. Paralelamente, también se incumplió en autos con la manda que surge del ya citado art. 21 del decreto-ley 9122/78, pues se proveyó –si bien favorablemente- la presentación del mandamiento de fs. 31 y vta., sin que se hubiera acompañado la pertinente instrucción del Fiscal de Estado o del funcionario con competencia delegada en tal sentido.
3. Ahora bien, como resulta de lo anterior, la parte actora no cuestiona los fundamentos mismos de la caducidad dispuesta (como sería el cómputo de los plazos, o la omisión de considerar alguna actuación procesal, o su valoración como inútil), sino que se agravia de la omisión de notificar al Fiscal de Estado en su despacho oficial. Cuestiona entonces, tácitamente, la validez del iter procesal siguiente (art. 163 inc. 6 CPCC). El asunto es que ese cuestionamiento no ha sido formulado por el apoderado fiscal externo (tampoco ha recibido instrucciones concretas en tal sentido por parte del funcionario con competencia delegada; ver fs. 43 y vta.), por la vía procesal legal pertinente; esto es, el incidente de nulidad (arts. 169, 172 y 173 CPCC).
Ciertamente, tiene dicho este Tribunal que “el planteo de nulidad incorporado en los términos del art. 253 CPCC, procede cuando se verifica un defecto extrínseco formal o un vicio en las solemnidades del decisorio que lo descalifican como acto jurisdiccional válido” (cf. esta Sala, causas n° 39701, “Banco Río de La Plata S.A....”, del 31/03/98; n° 38657, “Nuevo Banco de Azul...”, del 15/07/97; n° 44784, “Banco de la Provincia de Buenos Aires...”, del 05/11/02; n° 47.395, “Arias, Néstor...”, del 06/07/04; n° 61962, “Occhi Marcelo Daniel...”, del 05/09/17, entre otras). Ha precisado también que “el recurso de apelación (art. 242 y ss. del C.P.C.) y el incidente de nulidad (art. 169 y ss. del mismo Código) tienen finalidades muy distintas, ya que mediante el primero se persigue que un órgano superior se pronuncie sobre una resolución que se considera injusta, mientras que en el segundo caso no se impugna a la resolución en sí misma sino en la medida que configura la culminación de un procedimiento defectuoso, como ocurre con omisiones de sustanciación (esta Cámara, Sala I, causa 27.981 "Baldovino de Aguilar ", del 1-10-86; causa Nº 40.498 del 04-08-99, "Risueño, Francisco"; esta Sala, causa Nº 37.517, "Cabrera de Quin María E., del 17-04-97). En lo que hace al trámite procesal ambos institutos también difieren sustancialmente ya que la apelación es resuelta directamente por la Alzada, mientras que las nulidades procesales solamente pueden ser reclamadas por la parte afectada en la misma instancia en que se produjeron y por vía de incidente, lo que desembocará en el dictado de una resolución por parte del mismo magistrado (Cám. Civ. 2, Sala 3, La Plata, causa B-70.364 "Calleja, Luis A. c/ Parodi, Pedro s/ Rendición de cuentas"; conc. Cám. Civ. 1, Sala 1, La Plata, "Esterovich Nora c/ Chávez, Julio C. s/ Daños y Perjuicios"; conc. C.Civ. 1, Sala 2, Bahía Blanca "Cánepa Néstor c/ Bruna Salvador y otra s/ Cobro Hipotecario")" (esta Sala, causa n° 50050, “Davancens, Arnaldo Esteban...”, del 20/03/07, con cita de la causa Nº 37.517, también de esta Sala, "Cabrera de Quin María E.” del 17-04-97; en igual sentido, esta Sala, causa n° 57.651, “Rodríguez, María Isabel...”, del 12/07/13; n° 61962, “Occhi Marcelo Daniel...”, del 05/09/17).
Y no obsta a lo expuesto que en el caso de trate de una nulidad planteada respecto de una sentencia que pone fin al proceso, puesto que “la promoción de un incidente constituye la única vía admisible para obtener la declaración de nulidad de cualquier acto procesal realizado durante el curso de una instancia, salvo que la impugnación se funde en la existencia de un defecto vinculado con alguno de los requisitos que deben reunir las resoluciones judiciales, y éstas, asimismo, sean susceptibles de recurso. Por lo tanto, el incidente procede aun en el supuesto de que, a raíz de un acto defectuoso, se haya dictado una resolución judicial, pues en tal hipótesis no se impugna a ésta en sí misma, sino en la medida en que configura la culminación de un procedimiento irregular. Si, por ejemplo, en un juicio ejecutivo se dicta sentencia de remate habiéndose omitido citar al deudor para ejercer su defensa, o adoleciendo dicha citación de alguna irregularidad que haya impedido a su destinatario el ejercicio del derecho, la nulidad resultante de tales vicios no puede hacerse valer mediante la interposición de un recurso contra la sentencia de remate, sino a través de incidente de nulidad que debe promoverse ante el mismo juez que la dictó.” (Lino Enrique Palacio, Derecho Procesal Civil, 4ª ed. actualizada por Carlos E. Camps, Abeledo Perrot, Bs. As., 2011, T. IV. pág. 122; citado por esta Sala en la causa n° 61962, “Occhi Marcelo Daniel...”, del 05/09/17).
4. Por otra parte, debo destacar que tampoco se configura en autos un supuesto que amerite la declaración oficiosa de nulidad, en ejercicio de facultades propias de esta Alzada (art. 172, 2° párr. CPCC).
Ello así desde que la falta de notificación al despacho oficial del Fiscal de Estado de la resolución que intimaba a activar las actuaciones, no redundó en perjuicio real alguno, pues las actuaciones fueron debidamente impulsadas por el apoderado externo, tal como se reconoció en la resolución de fs. 32 (art. 169, 3er párr. CPCC). Por su parte, la falta de notificación de la resolución que decretó la caducidad de instancia, se vio subsanada por el conocimiento oportuno que de ella tuvo –de todos modos- el Fiscal de Estado (o su delegado), tal como resulta de las instrucciones que obran a fs. 43 y vta. (art. 169, 3er párr. CPCC).
Por lo dicho es que, además, entiendo que la situación aquí planteada difiere de las que abordara este Tribunal en otras oportunidades, en las que el fisco municipal o provincial introducían argumentos semejantes a los aquí alegados. En efecto, en la causa n° 61.589 (“Municipalidad de Tandil c/ Buffalino...”, del 6/12/16), se hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por el fisco, por cuanto faltaba, lisa y llanamente, la intimación previa al decreto de caducidad de instancia; recaudo que se consideró de ineludible cumplimiento. Por su parte, en la causa ya citada n° 62096 (“Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Oriente..., del 29/06/17), de la intimación a impulsar las actuaciones notificada defectuosamente, se derivó un perjuicio directo y concreto al Fisco Provincial –a diferencia del caso de autos-, pues la presentación allí efectuada –sin instrucciones- por el apoderado externo, fue considerada tardía por el juez de la causa. De modo que, a mi juicio, lo resuelto en aquellas causas, no resulta aplicable al supuesto de autos.
En virtud de las razones expuestas, propicio al acuerdo rechazar el recurso de apelación incoado a fs. 44/47, confirmando la resolución de fs. 40/41 vta. que declaró la caducidad de instancia (arts. 163 inc. 6°, 169, 172, 253 y ccs. del C.P.C.C.; arts. 1, 17 bis y 18 del dec-ley 9122/78), sin condena en costas por no mediar una parte vencida (art. 68 del C.P.C.C.).
Así lo voto.
A la misma cuestión, el Dr. Peralta Reyes adhiere al voto que antecede, votando en idéntico sentido por los mismos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTION, el Señor Juez Dr. Galdós, dijo:
Atento a lo que resulta del tratamiento de la cuestión anterior, corresponde: 1) Rechazar el recurso de apelación incoado por la parte actora a fs. 44/47, y confirmar la resolución de fs. 40/41 vta. que declaró la caducidad de instancia. 2) Sin condena en costas por no mediar una parte vencida (art. 68 del C.P.C.C.), y sin regulación de honorarios en favor del apoderado fiscal actuante en razón de lo previsto en el art. 4 decreto ley 7543/69.
Así lo voto.
A la misma cuestión, el Dr. Peralta Reyes adhiere al voto que antecede, votando en idéntico sentido.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
Azul, 19 de Junio de 2019.-
Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts. 266, 267 y concs. del C.P.C.C., se resuelve: 1) Rechazar el recurso de apelación incoado por la parte actora a fs. 44/47, y confirmar la resolución de fs. 40/41 vta. que declaró la caducidad de instancia. 2) Sin condena en costas por no mediar una parte vencida (art. 68 del C.P.C.C.), y sin regulación de honorarios en favor del apoderado fiscal actuante en razón de lo previsto en el art. 4 decreto ley 7543/69. Regístrese. Notifíquese por Secretaría y devuélvase.
VICTOR MARIO PERALTA REYES JORGE MARIO GALDÓS
JUEZ JUEZ
CAMARA CIVIL Y COMERCIAL CAMARA CIVIL Y COMERCIAL
SALA II SALA II
ANTE MÍ
CLAUDIO MARCELO CAMINO
SECRETARIO
CAMARA CIVIL Y COMERCIAL
SALA II
Fin de la sentencia