Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul, Sala II · Causa 65909
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la sentencia apelada, admitir la excepción de inhabilidad de título deducida por el ejecutado exclusivamente contra el título que reza “Ordenanza” por la suma de $48.473,71, y rechazar por lo tanto la ejecución a su respecto (arts. 1, 6 inc. b, 7, 9 y ccs., decreto-ley 9122/78; arts. 260 y 266, CPCC).
2Con costas en ambas instancias a la actora exclusivamente por la excepción de inhabilidad de título que prospera (arts. 68, 69, 274, CPCC).
3Diferir el tratamiento del recurso deducido por la ejecutante en fecha 22-5-20 contra la resolución del 14-5-20 para una vez sustanciado el mismo (arts. 245, 246, CPCC).
4Diferir la regulación de honorarios para la oportunidad procesal correspondiente (art. 31, ley 14.967).
Causa nº: 2-65909-2020
" MUNICIPALIDAD DE OLAVARRIA C/ MACCARINI PABLO LUIS S/ APREMIO "
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 1 - OLAVARRIA
Sentencia Registro nº: ............. Folio: .............
En la ciudad de Azul, a los diez días del mes de Noviembre del año Dos Mil Veinte, celebrando Acuerdo Telemático (Acuerdo 3975/2020), los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores Víctor Mario Peralta Reyes, Jorge Mario Galdós y María Inés Longobardi, con la presencia virtual del Secretario, para dictar sentencia en los autos caratulados: “Municipalidad de Olavarría c/. Maccarini, Pablo Luis s/. Apremio" (Causa Nº 65.909), habiéndose procedido oportunamente a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del C.P.C.C., resultando de ella que debían votar en el siguiente orden: Dra. Longobardi, Dr. Galdós y Dr. Peralta Reyes.
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ra.- ¿Procede el recurso de apelación interpuesto por el ejecutado contra la sentencia del 16-8-19?.
2da.- ¿Corresponde abordar el recurso deducido contra la resolución del 14-5-20?.
3ra.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.
-V O T A C I O N-
A LA PRIMERA CUESTION, la Señora Jueza Dra. Longobardi, dijo:
I.1. La presente ejecución se basa en dos certificaciones de deuda emitidas por la Municipalidad de Olavarría: a) una por la suma de $8.578,65 correspondiente a distintos períodos de servicios urbanos del inmueble identificado con la Partida N° 51458; b) la otra por la suma de $48.473,71 “en concepto de ORDENANZA, por los períodos fiscales: 2019” (cf. adjuntos con la demanda del 08-5-19). La actora puso a disposición del juzgado el expediente administrativo, en caso de ser requerido.
La primera providencia dictada en autos ordenó tramitar el juicio por las normas de la ley 13.406.
2. Oportunamente el ejecutado compareció y opuso excepción de inhabilidad de título (presentación del 20-5-19).
En cuanto atañe al recurso interpuesto (art. 266, CPCC), dijo que el certificado de deuda mencionado supra en segundo lugar no determina “a qué concepto y/u Ordenanza se encuentra vinculado el presunto saldo adeudado, ni mucho menos, cuál sería el fundamento normativo” que lo sustenta, es decir, no identifica cuál es el concepto reclamado.
Por lo demás, dijo que el proceso de apremio previsto en la Ley 13.406 es inidóneo para tramitar el cobro de una multa impuesta por el Juzgado de faltas –tal la descripción que la actora brindó en el escrito de demanda-, y que debe ser canalizado por la Ley 9122.
3. Con la contestación del traslado que se le corrió por providencia del 04-7-19 la Municipalidad de Olavarría adjuntó copia digitalizada del expediente administrativo C-0076/M/2019. Alegó que el ejecutado tenía conocimiento del mismo -en cuyo marco se presentó ejerciendo su derecho de defensa-, y que le fue notificada la resolución allí recaída, que devino firme y dio lugar a la presente ejecución.
4. El ejecutado resistió que incorpore como documental el expediente administrativo C-0076/M/2019, por considerar ese proceder extemporáneo dado que el mismo se encontraba en poder de la actora desde antes del inicio del apremio. Dijo además que resulta inviable completar el título pues ello viola los principios de autonomía, integridad y suficiencia.
Y dada la inexistencia de prueba a producir pidió que se dicte sentencia admitiendo la excepción.
5. En primer lugar, en la sentencia del 16-8-19 se dijo que el juicio ha sido bien encuadrado bajo la ley 13.406 debido a la naturaleza de los créditos ejecutados, no resultando de aplicación el decreto-ley 9122/78.
Seguidamente, sostuvo que la documental acompañada por el ejecutante el 18-6-19 (se refiere al expediente administrativo) cumple con la identificación del tributo, ya que de allí surge que lo adeudado es una multa impuesta por iniciar una actividad comercial sin autorización municipal. Y que el art. 11 de la ley 13.406 regula la oportunidad en que debe acompañarse la prueba documental, disponiendo que la actora debe hacerlo con el escrito de contestación de excepciones. Con esos argumentos rechazó la excepción de inhabilidad de título y mandó llevar adelante la ejecución.
6. En fecha 03-4-20 el ejecutado apeló la sentencia, siéndole concedido el recurso en relación el 17-4-20, que fundó mediante el memorial del 18-4-20.
Insistió en tachar de inhábil al título por sus formas extrínsecas ya que el reclamo por presunta deuda en concepto de “ORDENANZA por los períodos fiscales 2019” carece de la determinación clara de a qué concepto y/u Ordenanza se encuentra vinculado, y mucho menos del fundamento normativo que justificaría su determinación. En esas condiciones el instrumento carece de autonomía y autosuficiencia, lo que evidenció la propia actora cuando intentó integrar y completar el título con las copias del expediente administrativo extemporáneamente adunadas. Y en estrecha vinculación con el planteo anterior sostuvo que la a quo no se expidió sobre su cuestionamiento a la extemporánea incorporación a juicio del referido expediente administrativo, circunstancia procesal que no es menor pues dichas actuaciones se encontraban en poder de la actora desde antes del inicio del apremio. Permitir la integración del título mediante la ulterior incorporación del expediente administrativo implica asumir que aquél era insuficiente, lo que denota la clara y evidente violación a su derecho de defensa en tanto no pudo ejercerla sobre “una petición de cobro absolutamente incierta, indefinida y abstracta como lo es el concepto genérico, ambiguo y vago: “ORDENANZA por los períodos fiscales 2019”.
Hacia el final cuestionó que nada dijera la sentencia sobre el planteo de ineficacia y/o nulidad del trámite del proceso administrativo de faltas para, finalmente, solicitar que se revoque la misma admitiéndose la excepción de inhabilidad de título y rechazando la ejecución exclusivamente con relación al título en que se reclama el concepto “Ordenanza”.
7. Habiéndose elevado la causa al Tribunal y practicado el sorteo de rigor, está condiciones de ser decidida.
II. El recurso procede.
A través del sub-caso la Municipalidad de Olavarría ha reclamado el pago de dos créditos de diversa naturaleza cuya ejecución se encuentra regulada por dos normativas diferentes: a) la certificación en concepto de servicios urbanos que es de naturaleza tributaria y tramita por la ley 13.406 (art. 1, ley 13.406); b) y la certificación por “Ordenanza” de naturaleza fiscal no tributaria, cuyo cobro se encuentra regulado por el decreto-ley 9122/78 y la procedencia de su ejecución ha sido cuestionada por el ejecutado (art. 1, dec-ley 9122/78).
Únicamente se abordarán aquí las críticas referidas al rechazo de la excepción de inhabilidad de título respecto de la certificación en concepto de “Ordenanza”, habida cuenta que sólo ella fue objeto de recurso. Aclaro que su naturaleza no tributaria impone -iura novit curia mediante- analizar la temática a la luz del decreto ley 9122/78 y no por la ley 13.406 como se hizo en origen (arts. 34 inc. 4, 163 inc. 6, 260 y 266, CPCC).
1. Mediante el “Certificado de Deuda Actualizado Parcial al 01/04/2019” “en concepto de ORDENANZA, por los períodos fiscales 2019” la Municipalidad de Olavarría reclamó la suma de $48.473,71. Manifestó en el escrito de demanda –pues ello no consta en el título- que el crédito municipal se originó en la multa impuesta por el Juzgado de Faltas en el expediente administrativo n° C007/M/2019 por infracción al art. 6 inc. B) apartado 9 de la Ordenanza 195/84. Puso a disposición el expediente administrativo, en caso de que éste le fuera requerido por el Juzgado.
Intimado de pago y embargo, el ejecutado opuso excepción de inhabilidad de título alegando que no identifica cuál es el concepto reclamado ni el fundamento normativo que lo justifica (en el instrumento se consigna lacónicamente “ORDENANZA”).
Sin haberse abierto la causa a prueba –lo que tampoco ocurrió en el devenir del proceso- y sin haberle sido tampoco requerido por el juzgado, con la contestación electrónica del traslado de la excepción la Municipalidad ejecutante adjuntó copia del expediente administrativo C0076/M/2019. Y respondiendo a la excepción de inhabilidad por falta de identificación en el título del crédito que reclama, dijo que “se está ejecutando el incumplimiento de una Ordenanza por parte del demandado” la que “surge de la tramitación de un expediente administrativo municipal C-0076/M/2019” (el resaltado en negrita lo incorporé), para concluir afirmando que “de la certificación de deuda adjuntada a la demanda, surge claramente la individualización del crédito fiscal: Ordenanza”.
Como claramente puede avizorarse, el argumento de la Municipalidad para rebatir la excepción de inhabilidad llevaínsita una evidente contradicción, ya que si bien afirma que la expresión “Ordenanza” identifica correctamente el crédito reclamado, enseguida se ve forzada a precisar esa genérica mención del título ejecutivo acudiendo a las constancias del expediente administrativo municipal C-0076/M/2019, cuya irregular adjunción mediante la presentación electrónica del 18-6-19 fue enfáticamente resistida por el ejecutado en ambas instancias (arts. 1, 6, 7, 9 y ccs., decreto-ley 9122/78; arts. 260 y 266, CPCC), no siendo de aplicación al caso la licencia que el art. 11 de la ley 13.406 acuerda al Fisco cuando ejecuta créditos de naturaleza tributaria.
A todo evento destaco que la enfática y sostenida resistencia del ejecutado a la irregular incorporación del expediente administrativo impide asimilar las circunstancias fácticas del sub-caso a las del precedente “Municipalidad de Olavarría c/. Tello, Oscar Raúl s/. Apremio” (causa n°62.788, sentencia del 05-4-18), ya que en dicha causa no sólo se decretó la apertura de la causa a prueba sino que además el expediente administrativo municipal se incorporó a pedido del propio ejecutado, a quien finalmente terminó perjudicando.
De ese modo, la falta de una correcta identificación en el título del crédito en base al cual se procede ejecutivamente torna admisible la defensa de inhabilidad opuesta por el ejecutado (art. 6 inc. b, decreto-ley 9122/78).
Por ello, propongo al acuerdo revocar la sentencia apelada, admitir la excepción de inhabilidad de título deducida por el ejecutado exclusivamente contra el título que reza “Ordenanza” por la suma de $48.473,71, y rechazar por lo tanto la ejecución a su respecto (arts. 1, 6 inc. b, 7, 9 y ccs., decreto-ley 9122/78; arts. 260 y 266, CPCC).
Así lo voto.
A la misma cuestión, los Dres. Galdós y Peralta Reyes adhieren al voto que antecede, votando en idéntico sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION, la Señora Jueza Dra. Longobardi, dijo:
Habiéndose omitido sustanciar en origen el recurso deducido por la ejecutante en fecha 22-5-20 contra la resolución del 14-5-20, corresponde diferir su tratamiento para luego de que se cumpla con dicho paso procesal (arts. 245, 246, CPCC).
Así lo voto.
A la misma cuestión, los Dres. Galdós y Peralta Reyes adhieren al voto que antecede, votando en idéntico sentido.
A LA TERCERA CUESTION, la Señora Jueza Dra. Longobardi, dijo:
Atento a lo que resulta del tratamiento de las cuestiones anteriores, se resuelve: revocar la sentencia apelada, admitir la excepción de inhabilidad de título deducida por el ejecutado exclusivamente contra el título que reza “Ordenanza” por la suma de $48.473,71, y rechazar por lo tanto la ejecución a su respecto (arts. 1, 6 inc. b, 7, 9 y ccs., decreto-ley 9122/78; arts. 260 y 266, CPCC); con costas en ambas instancias a la actora, exclusivamente por la excepción de inhabilidad de título que prospera (arts. 68, 69, 274, CPCC); diferir el tratamiento del recurso deducido por la ejecutante en fecha 22-5-20 contra la resolución del 14-5-20 para una vez sustanciado el mismo (arts. 245, 246, CPCC); diferir la regulación de honorarios para la oportunidad procesal correspondiente (art. 31, ley 14.967).
Así lo voto.
A la misma cuestión, los Dres. Galdós y Peralta Reyes adhieren al voto que antecede, votando en idéntico sentido.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
Azul, 10 Noviembre de 2020.-
Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts.266, 267 y concs. del C.P.C.C., se resuelve: 1) revocar la sentencia apelada, admitir la excepción de inhabilidad de título deducida por el ejecutado exclusivamente contra el título que reza “Ordenanza” por la suma de $48.473,71, y rechazar por lo tanto la ejecución a su respecto (arts. 1, 6 inc. b, 7, 9 y ccs., decreto-ley 9122/78; arts. 260 y 266, CPCC). 2) con costas en ambas instancias a la actora exclusivamente por la excepción de inhabilidad de título que prospera (arts. 68, 69, 274, CPCC). 3) diferir el tratamiento del recurso deducido por la ejecutante en fecha 22-5-20 contra la resolución del 14-5-20 para una vez sustanciado el mismo (arts. 245, 246, CPCC). 4) diferir la regulación de honorarios para la oportunidad procesal correspondiente (art. 31, ley 14.967). Regístrese. Notifíquese por Secretaría y devuélvase.
Firmas
Funcionario Firmante: 10/11/2020 09:56:40 - PERALTA REYES Victor Mario -
Funcionario Firmante: 10/11/2020 10:34:23 - GALDOS Jorge Mario
Funcionario Firmante: 10/11/2020 11:25:38 - LONGOBARDI Maria Ines - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/11/2020 12:34:09 - CAMINO Claudio Marcelo - SECRETARIO DE CÁMARA
Fin de la sentencia