Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Dolores · Causa 97340
En la ciudad de Dolores, a los veintiséis días del mes de febrero del año dos mil diecinueve, reunida la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de este Departamento Judicial, en Acuerdo Ordinario, con el objeto de dictar sentencia en causa Nº 97.340, caratulada: "MUNICIPALIDAD DE CHASCOMUS C/ AMERICAN AIRLINES Y/O QUIEN RESULTE PROPIETARIO S/ APREMIO", votando los Señores Jueces según el siguiente orden Dres. María R. Dabadie; Silvana Regina Canale; y Mauricio Janka.El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes: C U E S T I O N E S Primera cuestión ¿Deviene ajustada a derecho la sentencia interlocutoria de fs. 91/93?Segunda cuestión ¿Qué decisión corresponde tomar? V O T A C IÓ N A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA DOCTORA DABADIE DIJO:I.
Deduce y funda recurso de apelación a fs. 98/100 la parte accionada contra la sentencia interlocutoria de fs. 91/93. Concedido que fuera a fs. 107 resultaron respondidos los agravios por la accionante a fs. 102/104.El decisorio impugnado desestimó la excepción de incompetencia opuesta por American Airlines con pie en los arts. 1, 3 y concs. de la ley 13.406, imponiéndole las costas.Como argumentos sustentatorios de la decisión se tuvieron en forma exclusiva la naturaleza del proceso –apremio- que es pertinente para ejecutar los títulos ejecutivos expedidos por la Municipalidad de Chascomús y la competencia que para conocer de ellos le confiere a la Justicia de Paz Letrada de esa localidad el art. 61 ap.
II de la ley 5827.A ello agregó que el planteo de incompetencia del órgano administrativo para sancionar y aplicar la ley de defensa del consumidor y/o el código aeronáutico que diera origen al título, excederían el marco del juicio de apremio, en el que no es posible analizar la causa de la obligación.II Los fundamentos del quejoso se sustentan en que la Justicia de Paz no resulta competente para dirimir en el ámbito de la administración municipal las consecuencias de un contrato de transporte aéreo, ya que aquellas se encuentran excluidas por el art. 63 de la ley 24.240. Reafirma que no se trata analizar la causa, como se dice en la resolución, ni se excede el marco del apremio, sino que se trata de la competencia judicial asignada por normas de carácter superior (art. 31 CN) (fs. 99).Solicita se revoque lo decidido con costas.La ejecutante por su parte al responder los agravios sostiene que la Dra.
Hernández resulta competente para conocer en este proceso de apremio, en razón de los arts. 9 de la ley 13.406 y 64 de la 13.133. Alega que le queda expedita al deudor la vía del art. 70 de la última normativa indicada a fin de perseguir el reclamo en cuanto a la pretensión de análisis de la causa de origen al título.En definitiva solicita se rechace el recurso con costas al apelante.III. Analizadas las constancias de la causa surge con evidencia que la excepción de incompetencia que habilita el art. 9 inc. a de la ley 13.406 se sustenta en el art. 63 de la ley 24.240 en tanto aquellas cuestiones relacionadas con el transporte aéreo deben ser juzgadas por el Código Aeronáutico, los tratados internacionales y supletoriamente por la ley de defensa de los consumidores, por lo que este proceso de apremio se encontraría de conformidad con la posición del excepcionante fuera de la competencia de la Justicia de Paz Letrada local.Esa amalgama entre la competencia del proceso de apremio y el argumento por el que no resultaría hábil para conocer la jurisdicción local derivada de las leyes de defensa de los consumidores, nacional y provincial; en tanto la ejecutada es una empresa dedicada al transporte aerocomercial, hizo que al oponer excepciones lo fueran en forma conjunta la de incompetencia con la de inhabilidad de título por incumplimiento de formas extrínsecas.Tal formulación llevó a que la Dra.
Hernández al tiempo de pronunciarse sobre la competencia se refiriese a la inhabilidad del título –v. fs. 92 vta., párr. 4to.-; acogiendo la primera y desestimando la segunda aun cuando no lo ha hecho constar en la parte dispositiva del decisorio.Esa forma de resolver la cuestión hizo que tanto el apelante como el Municipio actor, al tiempo de sustentar el memorial de agravios el primero y replicarlo el segundo, se hayan referido a ambas excepciones.De allí que sea pertinente revisar ambas excepciones dado el marco que las partes le han dado al agravio que abre esta jurisdicción. a. Excepción de incompetencia. Con relación a la excepción de incompetencia poco hay para decir en tanto este proceso que fue iniciado a fin de percibir una multa derivada de la aplicación de la ley 13.133, habilita en forma expresa para su ejecución (art. 64) la vía del apremio.A ello se debe agregar que de conformidad con la ley Orgánica del Poder Judicial los Jueces de Paz Letrados se encuentran facultados para conocer de los procesos de apremio (art. 61 ap.
II inc. k) ley 5177), por lo que no habría duda alguna de la competencia de la Dra. Hernández para intervenir en esta causa frente al tipo de proceso.b. Excepción de inhabilidad de título por incumplimiento de formas extrínsecas.Deducida como fuera la excepción de inhabilidad de título en el ceñido ámbito del juicio de apremio, es bien sabido que puede encontrar andamiaje en la negativa de la calidad de deudor, vale decir, cuando bien se hubiera podido esgrimir la falta de legitimación pasiva, tal lo acontecido en el sub examine, por imperio de una norma que lo excluye de ser convocado por la multa impuesta ante el incumplimiento de una norma provincial que es dictada en consonancia con una nacional, siendo el caso del Código de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios, ley 13.133 (SCBA; Ac. 79.847 S 17-12-2003, C. 92.395 S 1-10-2008, C. 109.181 S 24/04/2013, C. 115.808 S 30/10/2013; art. 9 inc. c ley 13.406; mi Voto en la C. 88.905 de este Tribunal).
Transitando este sendero he de decir que la legitimación procesal, determina quién puede actuar como parte actora en un proceso (legitimación activa) y frente a quién, como demandado (legitimación pasiva); es la denominada legitimatio ad causam, precisando la condición jurídica en que se hallan una o varias personas en la relación con el derecho invocado en juicio. La legitimación procesal denota la posición subjetiva de las partes frente al debate judicial, desde el momento en que no es suficiente alegar un derecho, sino, además, afirmar su “pertenencia a quien lo hace valer y contra quien se deduce”, de tal modo que la causa tramite entre los sujetos que, en relación con la sentencia, puedan ser útilmente los destinatarios de los efectos del proceso y, por consiguiente de la tutela jurisdiccional.
En este proceso la multa que se pretende ejecutar tuvo su origen en la incomparecencia injustificada de American Airlines a una audiencia fijada en los términos del art. 46 de la ley 13.133; que mereció la sanción prevista en el art. 48.La convocatoria de la accionada ante el organismo competente de la ciudad de Chascomús, lo fue como consecuencia del reclamo de reintegro de lo pagado por el no uso de un pasaje aéreo como consecuencia de un problema personal del pasajero –enfermedad- de lo que surge con claridad que se trata del cumplimiento de un contrato de transporte aéreo y es con pie en ese vínculo jurídico que se debe juzgar si la ejecutada se encuentra legitimada para estar en este proceso de apremio.De conformidad con el art. 63 de la ley 24.240 que es el origen de la 13.133 y cuya letra debe estar en consonancia con la primera (art. 1 inc. b), las cuestiones relacionadas con el contrato de transporte aerocomercial se han de juzgar a la luz del Código Aeronáutico, los tratados internacionales y en forma supletoria por la ley de defensa de los consumidores.Vista como ha sido la génesis del reclamo no cabe duda que se ha de juzgar la pretensión de conformidad con las normas del Código Aeronáutico.
Ahora bien cuando las figuras previstas en ese cuerpo normativo no resulten suficientes o sean dudosas de acuerdo el art. 2 se habrá de recurrir a las costumbres o a las leyes análogas o a los principios generales del derecho común; es en ese marco gnoseológico del derecho que queda comprendida la Resolución 1532/98 de las Condiciones Generales del Transporte Aéreo que aborda problemáticas jurídicas de la misma o similar naturaleza que la que originó la incomparecencia que es génesis de la multa que se intenta ejecutar.De allí es que no tengo duda que el órgano de aplicación local (OMIC) debió de haber verificado tal extremo en forma previa a realizar la convocatoria de American Airlines en pleno cumplimiento de la ley 24.240 sus modificaciones y 13.133 dictada en el marco de la primera.
En otras palabras y para finalizar ante el juicio de apremio la legitimación pasiva, se encuentra en la persona de quien incumpliere con una obligación impuesta por una norma que le resulta aplicable; no habiendo norma aplicable a la recurrente pues las leyes de defensa de los consumidores nacional y provincial no le resultan aplicables este juicio de apremio debe ser desestimado en el caso por incompetencia nacida de la inhabilidad del título.IV. Costas:Las costas de ambas instancias se han de imponer en el orden causado en atención a lo dudosa que puede resultar la cuestión emergente de un contrato de transporte aerocomercial (art. 68 CPCC).VOTO POR LA NEGATIVA.LOS SEÑORES JUECES DOCTORES CANALE Y JANKA ADHIEREN AL VOTO PRECEDENTE POR SUS FUNDAMENTOS.A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA DOCTORA DABADIE DIJO:Por los argumentos dados, citas legales y jurisprudenciales dejo propuesto al Acuerdo revocar la sentencia interlocutoria recurrida y declarar la inhabilidad del título.
Costas de ambas instancias en el orden causado atento lo dudoso de la cuestión (arts. 63 ley 24.240 y sus mod.; 1 inc. b, 46, 48, 64 ley 13.133; 2 Código Aeronáutico; 9 ap. II inc. k ley 5177; 9 inc. a 13.406; 68 CPCC y Resolución 1532/98 del Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos de la Nación).ASI LO VOTO.LOS SEÑORES JUECES DOCTORES CANALE Y JANKA ADHIEREN AL VOTO PRECEDENTE POR SUS FUNDAMENTOS.CON LO QUE TERMINÓ EL PRESENTE ACUERDO, DICTÁNDOSE LA SIGUIENTE S E N T E N C I A Por los fundamentos expuestos en el Acuerdo que antecede, los que se tienen aquí por reproducidos, este Tribunal revoca la sentencia interlocutoria recurrida y declara la inhabilidad del título. Costas de ambas instancias en el orden causado atento lo dudoso de la cuestión (arts. 63 ley 24.240 y sus mod.; 1 inc. b, 46, 48, 64 ley 13.133; 2 Código Aeronáutico; 9 ap.
II inc. k ley 5177; 9 inc. a 13.406; 68 CPCC y Resolución 1532/98 del Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos de la Nación).Regístrese. Notifíquese. Devuélvase. MAURICIO JANKA SILVANA REGINA CANALE MARIA R. DABADIE GASTON FERNANDEZ Abogado Secretario_En la ciudad de Dolores, a los veintiséis días del mes de febrero del año dos mil diecinueve, reunida la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de este Departamento Judicial, en Acuerdo Ordinario, con el objeto de dictar sentencia en causa Nº 97.340, caratulada: "MUNICIPALIDAD DE CHASCOMUS C/ AMERICAN AIRLINES Y/O QUIEN RESULTE PROPIETARIO S/ APREMIO", votando los Señores Jueces según el siguiente orden Dres. María R. Dabadie; Silvana Regina Canale; y Mauricio Janka.El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes: C U E S T I O N E S Primera cuestión ¿Deviene ajustada a derecho la sentencia interlocutoria de fs. 91/93?Segunda cuestión ¿Qué decisión corresponde tomar?
V O T A C IÓ N A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA DOCTORA DABADIE DIJO:I. Deduce y funda recurso de apelación a fs. 98/100 la parte accionada contra la sentencia interlocutoria de fs. 91/93. Concedido que fuera a fs. 107 resultaron respondidos los agravios por la accionante a fs. 102/104.El decisorio impugnado desestimó la excepción de incompetencia opuesta por American Airlines con pie en los arts. 1, 3 y concs. de la ley 13.406, imponiéndole las costas.Como argumentos sustentatorios de la decisión se tuvieron en forma exclusiva la naturaleza del proceso –apremio- que es pertinente para ejecutar los títulos ejecutivos expedidos por la Municipalidad de Chascomús y la competencia que para conocer de ellos le confiere a la Justicia de Paz Letrada de esa localidad el art. 61 ap.
II de la ley 5827.A ello agregó que el planteo de incompetencia del órgano administrativo para sancionar y aplicar la ley de defensa del consumidor y/o el código aeronáutico que diera origen al título, excederían el marco del juicio de apremio, en el que no es posible analizar la causa de la obligación.II Los fundamentos del quejoso se sustentan en que la Justicia de Paz no resulta competente para dirimir en el ámbito de la administración municipal las consecuencias de un contrato de transporte aéreo, ya que aquellas se encuentran excluidas por el art. 63 de la ley 24.240. Reafirma que no se trata analizar la causa, como se dice en la resolución, ni se excede el marco del apremio, sino que se trata de la competencia judicial asignada por normas de carácter superior (art. 31 CN) (fs. 99).Solicita se revoque lo decidido con costas.La ejecutante por su parte al responder los agravios sostiene que la Dra.
Hernández resulta competente para conocer en este proceso de apremio, en razón de los arts. 9 de la ley 13.406 y 64 de la 13.133. Alega que le queda expedita al deudor la vía del art. 70 de la última normativa indicada a fin de perseguir el reclamo en cuanto a la pretensión de análisis de la causa de origen al título.En definitiva solicita se rechace el recurso con costas al apelante.III. Analizadas las constancias de la causa surge con evidencia que la excepción de incompetencia que habilita el art. 9 inc. a de la ley 13.406 se sustenta en el art. 63 de la ley 24.240 en tanto aquellas cuestiones relacionadas con el transporte aéreo deben ser juzgadas por el Código Aeronáutico, los tratados internacionales y supletoriamente por la ley de defensa de los consumidores, por lo que este proceso de apremio se encontraría de conformidad con la posición del excepcionante fuera de la competencia de la Justicia de Paz Letrada local.Esa amalgama entre la competencia del proceso de apremio y el argumento por el que no resultaría hábil para conocer la jurisdicción local derivada de las leyes de defensa de los consumidores, nacional y provincial; en tanto la ejecutada es una empresa dedicada al transporte aerocomercial, hizo que al oponer excepciones lo fueran en forma conjunta la de incompetencia con la de inhabilidad de título por incumplimiento de formas extrínsecas.Tal formulación llevó a que la Dra.
Hernández al tiempo de pronunciarse sobre la competencia se refiriese a la inhabilidad del título –v. fs. 92 vta., párr. 4to.-; acogiendo la primera y desestimando la segunda aun cuando no lo ha hecho constar en la parte dispositiva del decisorio.Esa forma de resolver la cuestión hizo que tanto el apelante como el Municipio actor, al tiempo de sustentar el memorial de agravios el primero y replicarlo el segundo, se hayan referido a ambas excepciones.De allí que sea pertinente revisar ambas excepciones dado el marco que las partes le han dado al agravio que abre esta jurisdicción. a. Excepción de incompetencia. Con relación a la excepción de incompetencia poco hay para decir en tanto este proceso que fue iniciado a fin de percibir una multa derivada de la aplicación de la ley 13.133, habilita en forma expresa para su ejecución (art. 64) la vía del apremio.A ello se debe agregar que de conformidad con la ley Orgánica del Poder Judicial los Jueces de Paz Letrados se encuentran facultados para conocer de los procesos de apremio (art. 61 ap.
II inc. k) ley 5177), por lo que no habría duda alguna de la competencia de la Dra. Hernández para intervenir en esta causa frente al tipo de proceso.b. Excepción de inhabilidad de título por incumplimiento de formas extrínsecas.Deducida como fuera la excepción de inhabilidad de título en el ceñido ámbito del juicio de apremio, es bien sabido que puede encontrar andamiaje en la negativa de la calidad de deudor, vale decir, cuando bien se hubiera podido esgrimir la falta de legitimación pasiva, tal lo acontecido en el sub examine, por imperio de una norma que lo excluye de ser convocado por la multa impuesta ante el incumplimiento de una norma provincial que es dictada en consonancia con una nacional, siendo el caso del Código de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios, ley 13.133 (SCBA; Ac. 79.847 S 17-12-2003, C. 92.395 S 1-10-2008, C. 109.181 S 24/04/2013, C. 115.808 S 30/10/2013; art. 9 inc. c ley 13.406; mi Voto en la C. 88.905 de este Tribunal).
Transitando este sendero he de decir que la legitimación procesal, determina quién puede actuar como parte actora en un proceso (legitimación activa) y frente a quién, como demandado (legitimación pasiva); es la denominada legitimatio ad causam, precisando la condición jurídica en que se hallan una o varias personas en la relación con el derecho invocado en juicio. La legitimación procesal denota la posición subjetiva de las partes frente al debate judicial, desde el momento en que no es suficiente alegar un derecho, sino, además, afirmar su “pertenencia a quien lo hace valer y contra quien se deduce”, de tal modo que la causa tramite entre los sujetos que, en relación con la sentencia, puedan ser útilmente los destinatarios de los efectos del proceso y, por consiguiente de la tutela jurisdiccional.
En este proceso la multa que se pretende ejecutar tuvo su origen en la incomparecencia injustificada de American Airlines a una audiencia fijada en los términos del art. 46 de la ley 13.133; que mereció la sanción prevista en el art. 48.La convocatoria de la accionada ante el organismo competente de la ciudad de Chascomús, lo fue como consecuencia del reclamo de reintegro de lo pagado por el no uso de un pasaje aéreo como consecuencia de un problema personal del pasajero –enfermedad- de lo que surge con claridad que se trata del cumplimiento de un contrato de transporte aéreo y es con pie en ese vínculo jurídico que se debe juzgar si la ejecutada se encuentra legitimada para estar en este proceso de apremio.De conformidad con el art. 63 de la ley 24.240 que es el origen de la 13.133 y cuya letra debe estar en consonancia con la primera (art. 1 inc. b), las cuestiones relacionadas con el contrato de transporte aerocomercial se han de juzgar a la luz del Código Aeronáutico, los tratados internacionales y en forma supletoria por la ley de defensa de los consumidores.Vista como ha sido la génesis del reclamo no cabe duda que se ha de juzgar la pretensión de conformidad con las normas del Código Aeronáutico.
Ahora bien cuando las figuras previstas en ese cuerpo normativo no resulten suficientes o sean dudosas de acuerdo el art. 2 se habrá de recurrir a las costumbres o a las leyes análogas o a los principios generales del derecho común; es en ese marco gnoseológico del derecho que queda comprendida la Resolución 1532/98 de las Condiciones Generales del Transporte Aéreo que aborda problemáticas jurídicas de la misma o similar naturaleza que la que originó la incomparecencia que es génesis de la multa que se intenta ejecutar.De allí es que no tengo duda que el órgano de aplicación local (OMIC) debió de haber verificado tal extremo en forma previa a realizar la convocatoria de American Airlines en pleno cumplimiento de la ley 24.240 sus modificaciones y 13.133 dictada en el marco de la primera.
En otras palabras y para finalizar ante el juicio de apremio la legitimación pasiva, se encuentra en la persona de quien incumpliere con una obligación impuesta por una norma que le resulta aplicable; no habiendo norma aplicable a la recurrente pues las leyes de defensa de los consumidores nacional y provincial no le resultan aplicables este juicio de apremio debe ser desestimado en el caso por incompetencia nacida de la inhabilidad del título.IV. Costas:Las costas de ambas inst
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.