Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Dolores · Causa 97394
En la ciudad de Dolores, a los diecinueve días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, reunida la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de este Departamento Judicial, en Acuerdo Ordinario, con el objeto de dictar sentencia en causa Nº 97.394, caratulada: "MUNICIPALIDAD DE VILLA GESELL C/ RINCON, SANTIAGO ANDRES S/ APREMIO", votando los Señores Jueces según el siguiente orden Dres. Silvana Regina Canale; María R. Dabadie y Mauricio Janka.El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes: C U E S T I O N E S Primera cuestión ¿Es justa la sentencia apelada de fs. 64/66?Segunda cuestión ¿Lo es la interlocutoria de fs. 107?Tercera cuestión ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA DOCTORA CANALE DIJO:I. Contra la sentencia de fs. 64/66 interponen recurso de apelación ejecutante y ejecutado. El actor lo hace por presentación digital de fecha 11/08/2018 y el demandado por presentación de fecha 14/08/2018 concediéndose ambos en relación a fs. 74 vta. y 75 respectivamente, quedando debidamente fundados en los mismos escritos de apelación, siendo replicados a fs. 95 y 105. La sentencia apelada hace lugar a la excepción de prescripción de los períodos 2009 a 2012 inclusive (con costas por su orden) y rechaza la de inhabilidad de título planteada, mandando llevar adelante la ejecución por los períodos a partir de enero de 2013 hasta octubre de 2016 más ajustes e intereses que correspondan de conformidad con la ley 23.928, Dec.
Reglam. 529/91 y Ac. 43858 de la SCBA, con costas en el orden causado atento a la forma de resolver. Para así decidir sostuvo la sentenciante que el certificado de fs. 5/10 suscripto por el Intendente Municipal y quien reviste el cargo de Contador Municipal, con la indicación precisa de períodos, fechas e inmueble cuya deuda se ejecuta cumple los requisitos para ser hábil. Que si bien el ejecutado cuestiona la habilidad del certificado por ser suscripto por quien dice no está legitimada para el cargo de Contador Municipal, solo debe observar los recaudos extrínsecos del título en ejecución sin indagar en causa o hecho ajenos al estricto marco cognoscitivo de esta acción. Que con ello el demandado pretende ingresar cuestionamientos que son ajenos al proceso, y que la documentación acompañada a fs. 29/35 son sobre inmuebles ajenos al objeto del proceso.
Para hacer lugar a la excepción de prescripción aplicó los arts. 2532 y 2560 del CCyCN en tanto remiten al ámbito local en cuanto al plazo y modalidad prescriptiva en el caso de estar regulado, y en consecuencia la Ley Orgánica de las Municipalidades que en su art. 278 establece el plazo de prescripción en 5 años y la Ordenanza Municipal 2156 (2008 N° de Reg. 1978 Expte. H.C.D. Nº: D-8179/08 – B-8199/08- Municipal) que en su art. 44 regula que las obligaciones fiscales comienzan a partir del 1° de enero del año siguiente. En virtud de ello consideró que al no haber hechos interruptivos, con la demandada iniciada en el mes de diciembre de 2017 los períodos 2009 a 2012 inclusive se encontraban prescriptos.
Los agravios consisten en la procedencia de la excepción de prescripción, costas, falta de apertura a prueba, rechazo de la inhabilidad de título y ajuste de capital.Por una cuestión metodológica corresponde comenzar el tratamiento de los recursos por los agravios referidos a la falta de apertura a prueba -por la que se pide la nulidad de la sentencia— y el rechazo de la inhabilidad de título toda vez que lo que al respecto se resuelva podría eventualmente influir en la suerte de los demás agravios. Asimismo y atento a que los agravios respecto de la procedencia de la excepción de prescripción y las costas son comunes a actor y demandado corresponde su tratamiento conjunto.II. Agravios.a) Falta de apertura a prueba.
Agravio de la demandada. Sostiene la ejecutada que la falta de apertura a prueba le impidió demostrar la inexistencia de la deuda motivo por el cual solicita la nulidad de la sentencia y la posterior apertura a prueba en la instancia de origen.Cabe señalar al respecto que el recurso de apelación que comprende el de nulidad refiere a la misma por defectos de la sentencia, lo que no ocurre en la especie en tanto cumple con los requisitos propios y el demandado pretende la nulidad por defectos en el procedimiento lo que no resulta procedente.A mayor abundamiento es necesario recordar que la apertura a prueba en el procedimiento de apremio queda sujeta a la apreciación del Juez por cuanto es él quien considera si resulta necesaria su producción.
Y más allá del recurso de apelación que fue denegado en virtud de los art. 377 y 494 del CPCC, lo que fue luego confirmado por esta Alzada en la queja presentada ante este Tribunal, cabe señalar que la prueba que se pretende producir consiste en traer constancias del expediente administrativo lo que se traduce en entrar en el proceso de formación de la deuda, es decir ingresar al origen de la obligación, lo que como es sabido y ya fue mencionado está vedado ante el limitado ámbito de conocimiento del apremio. Así la forma de repeler la acción resulta ser la constancia que acredite el pago, en caso contrario queda abierta al demandado la vía del proceso de conocimiento (art. 551 del CPCC). En virtud de lo expuesto el agravio debe rechazarse.b) Rechazo de la excepción de inhabilidad de título.
La ejecutada. Lo centra en la falta de legitimación de la contadora Municipal sosteniendo que los elementos recabados permiten afirmar que dicha persona no cuenta con las condiciones legales de idoneidad para desempeñar el cargo, efectuando un extenso desarrollo de la cuestión. Es necesario recordar en forma preliminar que se está ante un juicio de apremio que tiene un procedimiento acotado y muy limitado, que por sus características propias les está vedado a los jueces admitir en este proceso controversias sobre el origen del crédito ejecutado o la legitimidad de la causa; esas cuestiones quedan reservadas eventualmente para el proceso de conocimiento ulterior (art. 551 del CPCC).No debe perderse de vista que nuestro Superior Tribunal tiene dicho (conf.
C.96643, sent. del 21/12/2011), que la restricción relativa a las controversias sobre el origen del crédito ejecutado se funda en la presunción de legitimidad que, por virtud de su origen y naturaleza, acompaña a los títulos ejecutivos y obedece a la imperiosa necesidad de que el Fisco perciba sin mayores dilaciones las sumas que se le adeudan, destinadas a fines de utilidad general.Ante la imposibilidad de analizar lo relativo a la legitimidad de la deuda, dado que inevitablemente deriva en el análisis del origen del crédito, queda a salvo el derecho de defensa de la demandada en virtud de la posibilidad de su estudio en el proceso de conocimiento posterior (art. 551 citado), de marcada amplitud probatoria.Las argumentaciones del recurrente respecto de la falta de legitimación de la Contadora Municipal no pueden ser abordadas en este proceso en tanto ello lleva a inmiscuirse en el proceso de designación de la funcionaria lo que claramente excede el marco de este proceso.Así entonces, sólo puede analizarse el título que se pretende ejecutar en sus formalidades extrínsecas.
En ese camino debo señalar que el título agregado a fs. 5/10 cuenta con las formalidades y requisitos exigidos por el art. 9 de la ley 13.406. Las formas extrínsecas a las que se refiere la normativa citada son exclusivamente la identificación del legitimado pasivo, la firma del funcionario autorizado, el lugar y fecha de creación, la existencia de la suma total del crédito o de sumas parciales y la identificación del tributo adeudado (arts. 2 y 9 inc. c de la ley 13.406); todas ellas fácilmente verificables en el título base de este apremio siendo por lo tanto perfectamente hábil a los fines perseguidos (conf. arts. 1 y 2 inc. 1 ley 13.406). En consecuencia hallándose cumplidos los recaudos extrínsecos del título, no corresponde adentrarse en el análisis de otras cuestiones.
A ello cabe agregar que tratándose de un instrumento público, en tanto es emanado de un funcionario del municipio, mantiene su validez mientras no se demuestre lo contrario (arts. 289, 296 y concs. del Código Civil y Comercial de la Nación; art. 393 del CPCC).De todos modos, como se dijo, todas las contingencias previas a la conformación del título ejecutivo, que hacen al origen y determinación del crédito, deben ser cuestionadas en el proceso de conocimiento pertinente, siendo improponibles en el marco de este apremio (arts. 9 y 25 ley 13.406 y 551 CPCC). Por lo expuesto este agravio también debe rechazarse. c) Ajuste de Capital. La demandada se agravia por cuanto se ordena la ejecución con más ajustes e intereses de conformidad con la ley 23.928.
Sostiene el agraviado que dicha actualización está prohibida en el art. 10 de la ley 23.928 (T.O. art. 4 de la ley 25.561) y efectivamente el art. 4 de la ley 25.561 mantuvo la prohibición contenida en los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 de actualizar deudas, y dicha prohibición ha sido constitucionalmente convalidada por la Corte Provincial (causa L. 85.591, "Fernández", sent. del 18/07/2007). Sin embargo la actualización que ordena la a quo lo es de conformidad a dicha normativa con lo cual no se encuentra reñida con aquella por lo que no se advierte agravio alguno. Con lo hasta aquí dicho y respecto de los agravios primero, segundo y cuarto del recurrente propongo al acuerdo su rechazo.d) Excepción de prescripción.
La actora se agravia argumentando que siguiendo los lineamientos de la juez a quo el período 2012 no se encuentra prescripto por cuanto comienza a correr el plazo de prescripción en enero de 2013 con lo cual vencería el 1° de enero de 2018 y por ende no está prescripto. El demandado sostiene que si bien la excepción de prescripción mereció acogida en la sentencia, refiere que fue errónea la aplicación de la normativa para arribar a esa decisión. Manifiesta que correspondía aplicar el inc. 3 del art. 4027 del Código Civil por cuanto las deudas se generaron con anterioridad a la entrada en vigencia del nuevo Código y no los arts. 2532 y 2560 del Código Civil y Comercial. Conforme lo decidido por nuestro Superior Tribunal en Ac. 81.253 (sent. del 30 de mayo de 2007), en materia de impuestos y contribuciones, tanto provinciales como municipales -como el caso que nos ocupa-, corresponde aplicar las normas generales sobre prescripción contenidas en la legislación de fondo, esto es el art. 4027 inc. 3° del Código Civil en (vigente en el tiempo en que comenzó a correr la prescripción, hoy art. 2560 CCyCN), estableciendo el plazo de prescripción en cinco años (art. 278 dec. ley 6769/58 t.o. ley 12.076;), Ordenanza Municipal 2156 (2008 N° de Reg. 1978 Expte.
H.C.D. Nº: D-8179/08 – B-8199/08- Municipal) que en su art. 44 establece que comienza a correr el plazo a partir del 1° de enero siguiente al año al cual se refieren las obligaciones fiscales que se pretenden ejecutar; tal el temperamento adoptado por esta Alzada en causa n° 88.527, entre otras. En el caso, las obligaciones tributarias vencidas durante el transcurso del año 2012, cuyo plazo de prescripción comenzó a devengarse el 1° de enero de 2013, no se encuentran alcanzadas por la prescripción liberatoria puesto que la demanda de apremio incoada con fecha 29/12/2017 (ver cargo fs. 11 vta.) interrumpió el plazo quinquenal antes de que se cumplan los cinco años exigidos por la ley.Por lo tanto, corresponde acoger esta parcela del recurso de la actora disponiendo que las obligaciones fiscales vencidas durante el transcurso del año 2012 no se encuentran alcanzadas por la prescripción liberatoria opuesta por la demandada, debiendo incluirse dicha deuda en la ejecución que prospera (arts. 4027 CC, 2532, 2533, 2544, 2546, 2551, 2554, 2560 CCyCN; 278 LOM; 67 y 698 Ord.
Fiscal 5205).En relación al demandado, se agravia de la incorrecta aplicación de la normativa con la prosperó la excepción de prescripción. Sostiene que debió aplicarse el inc. 3 del art. 4027 del Código Civil a la luz del precedente “Filcrosa”, en tanto se encontraba vigente para las obligaciones generadas y consolidadas con anterioridad al 1 de Agosto de 2015, momento en que comenzó a regir el nuevo Código Civil y Comercial. Si bien es cierto que debe aplicarse el art. 4027 del Código Civil por cuanto se encontraba vigente al momento en que comenzaron a transcurrir los plazos no lo es menos que se observa claramente que se arriba a la misma solución por lo que no se advierte qué agravio le causa, debiendo por ello rechazarse.e) Imposición de costas.
La actora se agravia de la imposición de costas por su orden, en tanto considera que se debió condenar al demandado por la parte que prospera la acción, ya que si se incluye el período 2012 como lo solicita, la acción prospera en un 70 %. El demandado a su turno considera la aplicación incorrecta del art. 68 del CPCC cuando debía ser aplicado el 556 del CPCC, toda vez que la excepción de prescripción ha progresado y sostiene además que ante la falta de fundamento en la sentencia en la aplicación de las costas la misma debe declararse nula.Es necesario mencionar en primer lugar que se advierte una contradicción en la sentencia apelada por cuanto ordena llevar adelante la ejecución con costas (de lo que podría entenderse que impone las costas al ejecutado) y en el punto siguiente las impone por su orden.Ahora bien, sin perjuicio de ello y atento a los agravios esgrimidos cabe señalar que en relación a la imposición de costas en el apremio, y respecto de la excepción de prescripción que prospera la ley 13.406 no prevé en su contenido norma alguna referida al punto, por lo que resulta de aplicación supletoria el Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires (conf. art. 25 de la ley citada).
Así entonces, y tratándose de un juicio ejecutivo resulta de aplicación el art. 556 del CPCC que establece que las costas en el juicio ejecutivo estarán a cargo de la parte vencida, con excepción de las correspondientes a las pretensiones de la otra parte que hayan sido desestimadas. Tal lo que ocurre en autos, en tanto han sido desestimados los períodos 2009, 2010 y 2011 del certificado de fs. 5/10 en virtud de la excepción de prescripción opuesta por el ejecutado, por lo que respecto de ellos la Municipalidad resulta vencida y debe cargar con las costas.No se da aquí el supuesto previsto en el segundo párrafo de la norma procesal mencionada (art. 556), en tanto allí se hace referencia exclusivamente a la admisión de una excepción de pago parcial, situación que no se presenta en la especie.
Por lo expuesto, la ley obliga a soportar al actor las costas por las pretensiones desestimadas, por lo que deberán cargar con las relativas a la excepción de prescripción en la medida en que ésta prospera. Dicho de otro modo, las costas deberán ser soportadas por el demandado sólo en relación a los períodos por los que prospera la ejecución y por el actor respecto a los que son desestimados por admisión de la excepción de prescripción (Causa de este Tribunal 97.057 sent. del 04/10/2018).Se advierte entonces que respecto del actor el agravio prospera en tanto no corresponde la imposición de las costas por su orden, asimismo respecto al demandado el agravio también prospera por cuanto efectivamente corresponde la aplicación del art. 556 del CPCC y no del 68 como lo establece la juez a quo, sin perjuicio de que la cuestión se resuelve de manera diferente a sus peticiones por lo que no tendrá incidencia en la imposición de costas de esta Alzada.
III. Costas. En razón de que se rechazan los agravios del ejecutado (con la salvedad hecha respecto del agravio de las costas) y se recepta parcialmente el recurso de la actora en cuanto al período 2012, las costas de esta instancia deberán imponerse al ejecutado puesto que objetivamente reviste la calidad de vencido en el trámite de apelación (arts. 68, 69, 556 del CPCC; 25 de ley 13.406)CON LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS, VOTO POR LA AFIRMATIVA.LOS SEÑORES JUECES DOCTORES DABADIE Y JANKA ADHIEREN AL VOTO PRECEDENTE POR SUS FUNDAMENTOS.A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA DOCTORA CANALE DIJO: Interpone recurso de apelación el demandado contra la interlocutoria de fs. 107 por la que se deniega el pedido de sustitución de embargo.
Para así decidir la a quo sostuvo que no resulta de aplicación el art. 204 del Código Procesal Civil y comercial, según lo normado en el art. 6 de la ley 13406, debiendo priorizar el Juez la traba y mantenimiento de cautelares sobre montos líquidos en lugar de hacerlo sobre bienes realizables según la misma normativa (arts. 34, 36 y cdts. CPCC).El recurrente se agravia en primer lugar sosteniendo que la resolución es nula por no haberse cumplido el debido proceso al omitirse sustanciar el planteo, por lo que considera que lo resuelto resulta prematuro.Cabe señalar al respecto que la demandada ofreció en fecha 5/02/2018 para sustituir el embargo decretado en autos, un inmueble de su propiedad y acompañó valuación fiscal y título de propiedad, de ello (con fecha 01/08/2018) se ordenó traslado a la parte actora quien contesta con escrito electrónico de fecha 07/08/2018.
La juez a quo resuelve denegando la sustitución con fundamento en que con la prueba acompañada no se tiene certeza que la actora tenga resguardadas íntegramente sus acreencias hasta tanto se compruebe con un informe de dominio actualizado la suficiencia del bien para esos fines.Surge claramente que no se ha violado el debido proceso por cuanto ante el pedido de sustitución inmediatamente se confirió traslado a la contraria. En atención a ello el agravio debe rechazarse.En segundo término se agravia considerando que lo ofrecido resulta suficiente y por demás a los fines de garantizar el crédito reclamado y por último se agravia argumentando que la iudex al rechazar la sustitución entra en contradicción con sus anteriores modos de actuar por cuanto por resolución de fecha 16/08/2018 rechazo el primer pedido de sustitución al considerar que no había certeza de que la actora tenga resguardadas íntegramente sus acreencias, y no habló del impedimento que ahora menciona fundado en el art. 6 de la ley 13.406 y la inaplicabilidad del art. 204 del CPCC.Al respecto se dirá que si bien podría advertirse cierta contradicción en los fundamentos de ambas resoluciones lo cierto es que esta Alzada tiene limitada su intervención a revisar la justeza, acierto o desacierto de la decisión del juez de la instancia en la resolución que se apela delimitada esa intervención por los agravios del recurrente.
Y en ese camino se advierte que lo resuelto a fs. 107 se fundamenta en el art. 6 de la ley 13.406 que efectivamente establece que el juez debe priorizar la traba de medidas cautelares sobre montos líquidos, a excepción del consentimiento expreso de la otra parte y cuando la cautela resulte suficiente y pueda ocasionare un perjuicio al ejecutado.En ese entendimiento cabe señalar que el ejecutado no acreditó específicamente el perjuicio que le causa el embargo sobre las cuentas de su propiedad, y de la contestación de la actora a los agravios en tratamiento se advierte claramente su oposición a la sustitución considerando que lo ofrecido no resulta suficiente.Atento lo expuesto se advierte correcto lo resuelto por la juez a quo.VOTO POR LA AFIRMATIVA.LOS SEÑORES JUECES DOCTORES DABADIE Y JANKA ADHIEREN AL VOTO PRECEDENTE POR SUS FUNDAMENTOS.A LA TERCERA CUESTIÓN PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA DOCTORA CANALE DIJO: Por los fundamentos dados al tratar las cuestiones anteriores, en relación a los recursos contra la sentencia de fs. 64/66 receptar parcialmente los recursos de fs. 73 y 72, debiéndose modificar parcialmente la sentencia apelada, incluyéndose en la ejecución el período 2012 correspondiendo efectuar la readecuación del título, y respecto de la imposición de costas las que deberán ser soportadas por el demandado sólo en relación a los períodos por los q
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