Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 167762
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Hacer lugar al recurso de apelación deducido el día 11-3-2019 por la parte ejecutada y revocar la sentencia apelada, haciendo hacer lugar a la excepción de prescripción deducida y rechazando la ejecución promovida en su contra (arts. 242, 245 y cctes. del C.P.C.).
II. Imponer las costas de ambas instancias al accionante vencido conforme al principio general en la materia (arts. 68, 69, 274 y 556 del C.P.C.).
III. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14967).
REGISTRO N ° 169-S FOLIO N° 892/6
EXPEDIENTE N° 167762 JUZGADO N ° 11
En la ciudad de Mar del Plata, a los11 días del mes de julio de 2019, reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados "MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDÓN C/ KANSACO PETROQUIMICA S.A. S/ APREMIO " habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Roberto J. Loustaunau y Ricardo D. Monterisi.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes
1ra.) ¿Es justa la sentencia dictada el día 28-2-2019, obrante a fs. 61/66?
2da.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SR. JUEZ DR. ROBERTO J. LOUSTAUNAU DIJO:
I. En el fallo cuestionado la Sra. Jueza a quo mandó llevar adelante la ejecución hasta tanto el deudor haga al acreedor, íntegro pago del capital debido, más los intereses y costas del juicio.
Para así decidir, señaló en primer lugar que la contienda debía resolverse a la luz del anterior Código Civil (ley 340).
Seguidamente, rechazó la excepción de prescripción deducida respecto de los períodos 5/2006 a 6/2011 inclusive, reclamados en el título ejecutado en esta demanda interpuesta el día 29-8-2017, exponiendo que el plazo de 5 años comenzó a correr desde que la obligación fue exigible, lo que ocurrió con la cédula diligenciada el día 28-12-2016 que notificó la Resolución n° 2508/16 (rechazo del recurso jerárquico), obrante a fs. 60/61 del expediente administrativo n°9534-4-2012.
En otro punto, desestimó la excepción de inhabilidad de título, toda vez que los argumentos que la sustentaron desbordan el limitado marco cognitivo de este apremio.
Tampoco admitió la inconstitucionalidad de la Ordenanza Fiscal e Impositiva porque el planteo no superaba los requisitos de fundabilidad.
II. En el escrito electrónico de fecha 11-03-2019 apeló la firma ejecutada y presentó el memorial en la misma pieza recursiva.
Se agravió del rechazó de la excepción de prescripción deducida, afirmando que la fecha de inicio del cómputo de 5 años es la de devengamiento de cada período reclamado, toda vez que el único acto interruptivo es la demanda promovida en sede judicial (no administrativa).
Se quejó de que el juez haya rechazado la excepción de inhabilidad de título sin mayores argumentos, sobre todo cuando tuvo a su disposición los elementos necesarios para analizar y tratar todas las cuestiones planteadas (vg. expediente administrativo que obra por cuerda).
Sostuvo la referida defensa en la falta de legitimación pasiva e inexistencia de deuda, fundado ello en la extralimitación de la Municipalidad de General Pueyrredón respecto a sus prerrogativas en materia tributaria y sancionatoria, para imputar a su parte como sujeto obligado al pago por supuesta publicidad y propaganda en locales comerciales de lo cuales no es titular, ni es en este Municipio en donde opera comercialmente o se encuentra radicada (sino en Florencio Varela).
Argumentó la inexistencia de la deuda en los siguientes pilares: a) falta de acreditación en el expediente, de haber sido publicada en el Boletín Oficial, la Ordenanza Fiscal e Impositiva vigente durante los períodos fiscales reclamados, o en algún otro medio de comunicación con cobertura en su domicilio (Florencio Varela), tachando de irrazonable que su parte deba consultar la página web de este Municipio para tomar conocimiento de ella; b) ilegítima delegación de facultades propias y privativas de la Municipalidad, a la empresa privada contratada; c) inconstitucionalidad de la parte pertinente de la Ordenanza Fiscal de la Municipalidad de General Pueyrredón, al pretender gravar bajo la denominación “Tasa Mens. de Comercio y Multa” la publicidad ubicada en el interior de locales comerciales y/o en sus vidrieras; d) violación de las denominadas “Leyes Convenio” en materia tributaria, la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos n° 23.548 y el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento, al pretender la Ordenanza Fiscal gravar bajo la denominación de “Derechos de Publicidad y Propaganda” el supuesto beneficio que el apelante obtendría indirectamente por la publicidad ubicada en el interior de locales comerciales y/o en sus vidrieras y; e) violación de la Ley Provincial n° 13.850, al pretender la Ordenanza Fiscal gravar bajo la denominación de “Tasa Mens. de Comercio y Multa”, la publicidad ubicada en el interior de locales comerciales y/o en sus vidrieras.
Por todo ello, pidió la revocación de la decisión apelada y el consecuente rechazó de la acción entablada en su contra, con costas.
III. Por su parte, la Municipalidad de General Pueyrredón contestó los agravios mediante el escrito electrónico de fecha 9-4-2019.
Afirmó que la prescripción fue correctamente rechazada porque la deuda aquí reclamada se tornó exigible una vez agotada las actuaciones administrativas. En su tesis, explicó que éstas últimas no suspendieron plazo de prescripción alguno, porque ningún plazo se hallaban en curso durante su sustanciación.
Pidió que se confirme el rechazo de la excepción de inhabilidad de título por falta de legitimación e inexistencia de deuda, en virtud de que los fundamentos del memorialista no están dirigidos a cuestionar las formas extrínsecas del título traído a ejecución, a lo que agregó que tampoco se probó que en el caso corresponda ingresar al tratamiento de lo que la jurisprudencia considera una excepción a la regla.
A continuación, solicitó que se rechace la queja referida a la inhabilidad de título por falta de legitimación pasiva, toda vez que conforme el art. 4 del Ordenamiento Fiscal vigente, la empresa demandada es solidariamente responsable.
En lo referido a la supuesta falta de publicidad de las Ordenanzas Fiscal e Impositivas, advirtió que obran en autos copias certificadas de los ejemplares pertinentes del boletín oficial, por lo que manifestó que debe rechazarse el agravio formulado al respecto.
En otro punto, afirmó que en este tipo de procesos no es pertinente el planteo de inconstitucionalidad de las normas.
Citó abundante jurisprudencia.
En suma, pidió que se confirme la sentencia apelada, con costas a la contraria.
IV. TRATAMIENTO DE LOS AGRAVIOS:
Aclaro que no me encuentro obligado a tratar la totalidad de los argumentos sometidos al conocimiento de este Tribunal, sino aquéllos que juzgue fundamentales y necesarios para la solución del litigio (doct. Ac. 24.221 del 13-VI-1978, DJBA 25-X-1978 115-153).
Hecha esta salvedad, adelanto que si mi voto es compartido, el recurso ha de prosperar en lo que a la defensa de prescripción concierne, desplazando así el tratamiento del resto de los fundamentos del memorialista (S.C.B.A. Ac. 97.842 del 3-11-10, SCBA Rc 116768 del 4-7-12; SCBA LP Rc 108141 I 4/5/11; Rc 118201 del 5-3-14)
PRESCRIPCIÓN :
IV.1. Coincido con la jueza exclusivamente en cuanto a que en el caso resultan de aplicación las disposiciones relativas al régimen de prescripción de las obligaciones regulado en el Código Civil (conf. ley 340; art. 7 del CCyC ley 26.994) por tratarse de una materia cuya regulación ha sido delegada por las Provincias al Congreso de la Nación, conforme al sistema republicano adoptado por la Constitución Nacional (esta Sala en causas n° 139950 RSD 1084 del 27-11-07 y 165717 RSD 173 del 9-8-18)
La S.C.B.A., en el fallo "FISCO c. COOPERATIVA DE ALMACENEROS MINORISTAS DE PUNTA ALTA", y por mayoría, hizo suyos los argumentos expuestos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos " FILCROSA S.A s/ QUIEBRA. INCIDENTE DE VERIFICACIÓN DE MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA " (sent. 30/9/03), en el cual se estableció que, " la regulación de los aspectos sustanciales de las relaciones entre acreedores y deudores corresponde a la ley de fondo, estando vedado a las provincias -y a los municipios- dictar reglas incompatibles con las consagradas por los códigos de fondo, ya que, al haber conferido a la Nación la potestad de dictarlos, han debido admitir la prevalencia de las leyes del Congreso y la necesaria limitación de no dictar normas que las contradigan ", agregando que " si bien se tiene presente que la potestad fiscal que asiste a las provincias es una de las bases sobre las que se sustenta su autonomía, el límite a esas facultades viene dado por la exigencia de que la legislación dictada en su consecuencia no restrinja derechos acordados por normas de carácter nacional, mediante las que se establece en todo el país un régimen único de extinción de las obligaciones."
Por lo tanto, son de aplicación al supuesto de autos las normas del Código Civil (ley 340) relativas al régimen de prescripción de las obligaciones, específicamente el art. 4027 inc. 3 ° en tanto dispone la prescripción quinquenal de la obligación de pagar los atrasos de todo lo que debe pagarse por años o plazos periódicos más cortos, e igualmente el art. 3956 respecto del comienzo del cómputo del plazo, por el cual éste se inicia a partir de que el acreedor tiene expedita la acción para reclamar el cobro de su acreencia, y ello ocurre desde la fecha de exigibilidad de la obligación (art. 2554 del CCyC; v. causa cit. 139.950; criterio también sostenido por doctrina; Salas- Trigo Represas, "Código Civil comentado", Bs. As., 1977, ed. Depalma, tº 3, p. 291; todo citado por esta Sala en causa n° 165.717 RSD 173 del 9-8-2018)
Es del caso señalar que en virtud de la entrada en vigencia del nuevo art. 2532 del CCyC (conf. ley 26.994), la S.C.B.A. en Ac. 71.388 el 16-5-2018, siguiendo los últimos lineamientos de la Corte Federal, ha interpretado que la atribución que confiere el artículo citado al legislador provincial, se refiere exclusivamente a la fijación del plazo de prescripción de los tributos locales y de allí que, en lo relativo a la forma de determinar el inicio del cómputo del plazo de prescripción de las obligaciones tributarias, cuestión debatida en autos, mantiene incólume la doctrina sentada en la causa "Cooperativa Provisión Almaceneros Minoristas de Punta Alta Limitada" (Ac. 81.253 del 30-5-07) que sigue la doctrina "Filcrosa" de la C.S.J.N.
IV.2. En el caso, observo que el día 29-8-2017 la Municipalidad de General Pueyrredón promovió la presente ejecución por vía de apremio contra Kansaco Petroquímica S.A., conforme la deuda que surge del título ejecutivo que obra a fs. 8/32 en concepto de derechos de publicidad y propaganda por la totalidad de los períodos que van desde el 5/2006 al 6/2011 inclusive. (ley prov. 13.406)
Del expediente administrativo n° 9534-4-2012 que obra por cuerda y en este acto tengo a la vista, se observa que la cédula de notificación que le diera origen obrante a fs. 17, emitida por la Municipalidad de General Pueyrredón, mediante la cual con fecha 10-11-2011 se intimó a la empresa nombrada al pago de los períodos 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011, suspendió el curso de la prescripción por 1 año toda vez que intimó de pago en forma fehaciente (art. 3689 del C.C., conf. ley 340).
Dicha intimación de pago, reúne los requisitos necesarios para la constitución en mora en forma auténtica, en tanto se trata de una interpelación real, efectiva, oportuna, circunstanciada cuya recepción no ha sido objeto de negativa o de prueba en contrario (conf. causa antes citada n° causa n° 139.950).
De modo que, para cada período reclamado, el plazo de prescripción corrió hasta el día 10-11-2011 y comenzó a computarse nuevamente el día 10-11-2012 .
Por lo tanto, si este apremio fue iniciado el día 29-8-2017, concluyo que la totalidad de los períodos reclamados que integran el título ejecutivo obrante a fs. 8/32 resultaron afectados por el transcurso de los 5 años de prescripción (aún considerando la suspensión de 1 año).
En cuanto a la cuota 6/2011 cuyo vencimiento operó el 16-1-2012, al no haber sido intimada de pago en la cédula de fs. 17 del expediente administrativo diligenciada el 10-11-2011, es decir con anterioridad a su vencimiento, no fue alcanzada por la suspensión del art. 3989 del CCyC, por lo que también está prescripta.
IV.3. Para concluir de este modo, tuve en consideración sólo las normas de Código Civil (ley 340) para atender a los plazos de prescripción y sus causales de suspensión e interrupción (arts. 7 y 2537 del CCyC, art. 3 del anterior CC, conf. ley 340 y 7 del CCyC), entre las que no se encuentran las actuaciones administrativas de autos, como sostiene el Municipio acreedor.
Al respecto la S.C.B.A. ha expuesto que "(...) según reza el art. 3986 del ordenamiento civil "La prescripción se interrumpe por demanda contra el poseedor o deudor, aunque sea interpuesta ante juez incompetente o fuere defectuosa y aunque el demandante no haya tenido capacidad legal para presentarse en juicio". Si bien dicho precepto ha sido interpretado de modo amplio su aplicación requiere de una presentación judicial que traduzca la intención de mantener vivo el derecho de que se trate. De ahí que, salvo en aquellos supuestos específicos en que la ley les asigna tal efecto, las actuaciones administrativas no pueden por regla ser asimiladas a la demanda judicial a los fines interruptivos del curso de la prescripción " (el sub. no es de origen, S.C.B.A., causa C. 95.735, "Dirección General Impositiva. Incidente de verificación de crédito en Acerboni, Raúl sobre Concurso preventivo", Sent. del 2-3-2011)
Más recientemente, la S.C.B.A. ha explicado con claridad que: " Aunque el art. 3.986 del Código Civil ha sido interpretado de modo amplio, su aplicación requiere de una presentación judicial que traduzca la intención de mantener vivo el derecho de que se trate. De ahí que, salvo en aquellos supuestos específicos en que la ley les asigna tal efecto, las actuaciones administrativas no pueden por regla ser asimiladas a la demanda judicial a los fines interruptivos del curso de la prescripción. " (SCBA LP A 71054 RSD 249 del 3-10-2018 in re "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Medina, Heber y otros. Apremio. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley ")
Las circunstancias esbozadas por la jueza referentes a que el ejecutado tomó conocimiento de la deuda reclamada y participó activamente de las actuaciones administrativas, a mi modo de ver, no pueden alongar el plazo quinquenal ni en el caso, revisten la condición de "reconocimiento expreso o tácito" que sindica el art. 3989 del C.C.
La intimación de pago ya referida (fs. 17 del exp. administrativo) tuvo la virtualidad de suspender por 1 año el término de la prescripción sin por ello afectar el plazo transcurrido hasta ese momento ni el que transcurriera con posterioridad, a condición de que se presentara en tiempo y forma la pertinente acción judicial (art. 3986 CC).
Pero de ninguna manera puede interpretarse que la existencia de las actuaciones administrativas que fueron iniciadas merced a un "descargo de fecha 22-11-2011" interpuesto por el contribuyente contra la referida intimación de pago, tenga la virtud de extenderle al acreedor el plazo de prescripción para iniciar el apremio.
Tampoco es pertinente analizar la cuestión desde la óptica de la dispensa del art. 3980 del C.C., porque esta norma exigía que una vez cesada la imposibilidad el acreedor hiciera valer sus derechos en el término de 3 meses (lo que tampoco sucedió: véase que en esta hipótesis, con la notificación de la Res. n° 2508/16 ocurrida el 28-12-2016 habría cesado la imposibilidad del acreedor y aún así, el apremio se inició algunos meses después de vencido el plazo indicado)
IV.4. A riesgo de abundar, debo decir que no desconozco que existen otras interpretaciones sobre los efectos de las actuaciones administrativas (vg. esta Cámara, Sala I en causa n°167.241 RSD85 del 2-5-2019 y Sala III en causa n° 127 del 24-5-2017). Sin embargo, entiendo que tales apreciaciones no se compatibilizan con las leyes de fondo ni con la doctrina de la S.C.B.A. señalada.
Tampoco es aplicable el criterio jurisprudencial conforme al cual se le ha reconocido efectos interruptivos de la prescripción a la reclamación admistrativa (vg. S.C.B.A, Ac. 44.606 S. 10-12-1991; B. 49.479 S. 11-8-1987; B. 52.325, S. 16-7-1991; B. 55.828 S. de 29-4-1997; B. 53.871 S. de 10-9-1996; B. 57.303 S. 30-8-2000; B. 62.027 S. 14-9-2005; B. 64.576 S. 7-9-2011; "Acuerdos y Sentencias", 1972-III-209; 1974-I-243; B. 49.817 S. 8-5-1984; B. 53.958 S. de 18-8-1998; B. 53.179 S. 14-6-2006), pues tales precedentes exhiben como común denominador que fueron iniciados por los administrados contra la Administración, en virtud de una norma legal que exige el tránsito por las vías administrativas con carácter previo a la demanda contenciosa administrativa.
IV.5. En consecuencia, corresponde hacer lugar al recurso de apelación deducido por la parte ejecutada, revocando la sentencia apelada, haciendo lugar a la excepción de prescripción deducida y rechazando la ejecución promovida en su contra, con costas de ambas instancias al accionante vencido conforme al principio general en la materia (arts. 68, 69, 242, 245, 274, 556 y cctes. del C.P.C.)
En virtud de lo resuelto y como lo adelanté al iniciar mi voto, el resto de los agravios no serán abordados por cuanto la materia aparece desplazada por el razonamiento anterior (art. 34 inc. 5° del C.P.C.)
ASÍ LO VOTO
EL SR. JUEZ DR. ROICARDO D. MONTERISI VOTO EN EL MISMO SENTIDO Y POR LOS MISMOS FUNDAMENTOS.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL DR. ROBERTO J. LOUSTAUNAU DIJO:
De conformidad a la votación precedente, corresponde hacer lugar al recurso de apelación deducido por la parte ejecutada el día 11-3-2019 contra la sentencia dictada el 28-2-2019 a fs. 61/66, y en su consecuencia, haciendo lugar a la excepción de prescripción deducida y rechazando la ejecución promovida en su contra, con costas de ambas instancias al accionante vencido conforme al principio general en la materia (arts. 68, 69, 242, 245, 274, 556 y cctes. del C.P.C.)
ASÍ LO VOTO.
EL SR. JUEZ DR. RICARD D. MONTERISI VOTÓ EN IGUAL SENTIDO Y POR LOS MISMOS FUNDAMENTOS.
En consecuencia se dicta la siguiente
Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo, se resuelve: I) Hacer lugar al recurso de apelación deducido el día 11-3-2019 por la parte ejecutada y revocar la sentencia apelada, haciendo hacer lugar a la excepción de prescripción deducida y rechazando la ejecución promovida en su contra (arts. 242, 245 y cctes. del C.P.C.). II) Imponer las costas de ambas instancias al accionante vencido conforme al principio general en la materia (arts. 68, 69, 274 y 556 del C.P.C.). III) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14967). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE (art. 135 del C.P.C.). DEVU ÉLVASE.-
RICARDO D. MONTERISI ROBERTO J. LOUSTAUNAU
ALEXIS A. FERRAIRONE
SECRETARIO
Fin de la sentencia