Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 171020
REGISTRO N° FOLIO N°
EXPEDIENTE N° 171.020. JUZGADO N° 1.
En la ciudad de Mar del Plata reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados "MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON C/ PROSEGUR S.A. S/ APREMIO", habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi, Roberto J. Loustaunau y Rodrigo H. Cataldo.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes
1ra.) ¿Es procedente la excepción de prescripción admitida en la sentencia de fecha 1-10-2020?
2da.) En su caso ¿lo es la excepción de inhabilidad de título que quedó desplazada por el acogimiento de la anterior?
3ra.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi dijo:
I. En el pronunciamiento atacado el juez hizo lugar a la excepción de prescripción liberatoria y declaró abstracta la de inhabilidad de título opuestas por el ejecutado y, en consecuencia, rechazó la demanda de apremio promovida por el municipio local contra la firma Prosegur S.A., con costas a este último.
II. El ejecutante apeló el 5-10-2020 y presentó el memorial en la misma pieza. La réplica del contrario tuvo lugar el 22-10-2020.
Afirmó que medió una deficiente interpretación del instituto de la prescripción liberatoria en cuanto al inicio del cómputo de su plazo, pues al impugnarse por el contribuyente la deuda y su determinación, tuvo que sustanciarse el expediente administrativo que se resolvió definitivamente por el decreto del 27-8-2018, notificado en fecha 14-9-2018 y recién allí nació la acción, porque hasta entonces el municipio tenía vedada la vía judicial.
Aseveró que la tramitación del expediente administrativo constituyó una causal de interrupción de la prescripción, pues la obligación fiscal no era exigible durante la sustanciación del recurso administrativo. De allí que al quedar notificada la ejecutada del rechazo del recurso jerárquico con fecha 14-9-2018, la exigibilidad del crédito y la consecuente vía judicial de apremio quedó expedita luego de vencido el plazo de dos días que le asistía para interponer los recursos de nulidad o de aclaratoria (arts. 60 y 61 de la Ord. 22.594).
Citó jurisprudencia de esta alzada en apoyo de su postura.
III. Tuve oportunidad de resolver en los autos caratulados "Municipalidad de General Pueyrredón c/ Epson Argentina S.R.L. s/ Apremio" (causa nro. 168.905, RSD 86 del 28-5-2020) un caso análogo por lo que, en lo sustancial, transcribiré los fundamentos que allí expusiera.
III.1. Como lo explicó la jueza de la instancia anterior, en el caso resultan de aplicación las disposiciones relativas al régimen de prescripción de las obligaciones regulado en el Código Civil anterior (ley 340; artículo 7, ley 26.994), y también por tratarse de una materia cuya regulación ha sido delegada por las Provincias al Congreso de la Nación, conforme al sistema republicano adoptado por la Constitución Nacional (v. esta Sala en autos "M.G.P. c/ Alfonso, Héctor Daniel y otro s/ Apremio", causa n° 139.950 y 65.717 RSD 173 del 9-8-2018).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, en el fallo "Fisco c. Cooperativa de Almaceneros Minoristas de Punta Alta", y por mayoría, hizo suyos los argumentos expuestos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en autos "Filcrosa S.A. s/ Quiebra. Incidente de Verificación de Municipalidad de Avellaneda" (S. 30-9-2003), en el cual se estableció que, "la regulación de los aspectos sustanciales de las relaciones entre acreedores y deudores corresponde a la ley de fondo, estando vedado a las provincias -y a los municipios- dictar reglas incompatibles con las consagradas por los códigos de fondo, ya que, al haber conferido a la Nación la potestad de dictarlos, han debido admitir la prevalencia de las leyes del Congreso y la necesaria limitación de no dictar normas que las contradigan", agregando que "si bien se tiene presente que la potestad fiscal que asiste a las provincias es una de las bases sobre las que se sustenta su autonomía, el límite a esas facultades viene dado por la exigencia de que la legislación dictada en su consecuencia no restrinja derechos acordados por normas de carácter nacional, mediante las que se establece en todo el país un régimen único de extinción de las obligaciones."
Específicamente, el artículo 4027 inciso 3° del C.C. dispone la prescripción quinquenal de la obligación de pagar los atrasos de todo lo que debe pagarse por años o plazos periódicos más cortos, e igualmente el artículo 3956 del C.C. respecto del comienzo del cómputo del plazo, por el cual éste se inicia a partir de que el acreedor tiene expedita la acción para reclamar el cobro de su acreencia, y ello ocurre desde la fecha de exigibilidad de la obligación (argt. artículo 2554, CCyC; asimismo v. causa citada "MGP c/ Alfonso, Héctor Daniel y otro s/ Apremio" n° 139.950; criterio también sostenido por la doctrina; Salas- Trigo Represas, "Código Civil comentado", Bs. As., 1977, ed. Depalma, tº 3, p. 291, entre otros).
Es del caso señalar que en virtud de la entrada en vigencia del nuevo art. 2532 del CCyC (conf. ley 26.994), la Casación bonaerense en la causa: “Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Recuperación de Créditos S.R.L. s/ Apremio" mediante Ac. 71.388 del 16-5-2018, siguiendo los últimos lineamientos de la Corte Federal, ha interpretado que la atribución que confiere el artículo citado al legislador provincial, se refiere exclusivamente a la fijación del plazo de prescripción de los tributos locales y de allí que, en lo relativo a la forma de determinar el inicio del cómputo del plazo de prescripción de las obligaciones tributarias, cuestión debatida en autos, mantiene incólume la doctrina sentada en la causa "Cooperativa Provisión Almaceneros Minoristas de Punta Alta Limitada" (Ac. 81.253 del 30-5-07) que sigue el criterio de "Filcrosa" del máximo intérprete constitucional.
De allí que la fórmula del art. 159 del Código Fiscal mediante la cual se establece que el curso de la prescripción comenzará a correr desde el 1ro. de enero del año siguiente al período en que las obligaciones resultaron exigibles, altera el sistema del Código Civil (artículo 3956), generando una prórroga en el plazo de prescripción que resulta incompatible con la delegación de esta materia antes referida.
Lo mismo acontece en el caso de los arts. 278 y 278 bis del decreto-ley 6769/58 que regulan la prescripción (cómputo del plazo y causales de interrupción) de las deudas contraídas por los contribuyentes en la órbita municipal y al que remiten los arts. 42, 43 y 44 de la ordenanza fiscal 22.594 citados por el ejecutante, así como con el art. 61 de esta última (que crea una causal de suspensión ante la interposición del recurso de reconsideración hasta que quede expedita la vía judicial de apremio), pues en todos estos casos se tratan de normas provinciales o municipales de rango constitucional inferior a las de carácter nacional, encargadas de regular los términos y alcances de institutos fondales como el de la especie bajo análisis, en función a la delegación que sobre esa materia hicieron oportunamente las Provincias reunidas en el Congreso General Constituyente de 1853 (arts. 31 y 67 inc. 11), ratificada luego pese a las posteriores reformas en la Carta Magna (actual art. 75 inc. 12).
Por esta misma senda la Corte Federal declaró en la causa "Filcrosa" ya mencionada "[...] que las legislaciones provinciales que reglamentaban la prescripción en forma contraria a lo dispuesto en el Código Civil eran inválidas, pues las provincias carecían de facultades para establecer normas que importen apartarse de la aludida legislación de fondo, incluso cuando se trata de regulaciones concernientes a materias de derecho público local (Fallos: 175:300; 176:115; 193:157; 203:274; 284:319; 285:209 y 320:1344)".
Asimismo, destacó que el conflicto planteado entre los alcances del poder delegado a la Nación en el art. 75 inc. 12 de la C.N. y el contemplado en los arts. 121 y 122 de la misma Carta Magna, debía ser resuelto mediante una interpretación que permitiera integrar las normas en pugna dentro del sistema ideado por el constituyente, dando primacía al primero sobre los segundos en congruencia con las previsiones del art. 31 de la C.N.
De modo que en función de las normas en juego y la jurisprudencia citada, tanto los arts. 278 y 278 bis del decreto-ley 6769/58 como los arts. 42, 43, 44 y 61 de la ordenanza fiscal 22.594 deben ser reputados inconstitucionales por cuanto lo atinente al instituto de la prescripción (modo de cómputo y causales de suspensión e interrupción) constituye materia delegada por las provincias a la nación, pues aquéllas, en ejercicio de su poder no delegado, deben adecuarse a las normas dictadas por el Congreso Nacional sobre la materia (arts. 31 y 75 inc. 12 de la C.N.).
III.2. En autos, el municipio apelante alega que como el contribuyente ejecutado impugnó la deuda y su determinación, tuvo que sustanciarse el expediente administrativo nro. 16261-6-2011-01-000-00 en el que se dictó la resolución definitiva el 27-8-2018, notificada en fecha 14-9-2018, naciendo recién allí la posibilidad de promover la instancia judicial de cobro, pues hasta entonces la tenía vedada en función de la normativa local.
Agregó que la tramitación del expediente administrativo constituyó una causal de interrupción de la prescripción, pues la obligación fiscal no era exigible hasta su finalización (art. 61 de la Ord. 22.594).
Ahora bien, en función de las razones expuestas en el punto anterior, para dilucidar la controversia sólo cabe tener en consideración las normas de Código Civil (ley 340) para atender a los plazos de prescripción y sus causales de suspensión e interrupción (artículos 7 y 2537, CCyC; 3, ley 340), entre las que no se encuentran las actuaciones administrativas de autos ni la interposición del recurso de reconsideración (arts. 278 y 278 bis del decreto-ley 6769/58 y arts. 42, 43, 44 y 61 de la ordenanza fiscal 22.594).
Al respecto la Corte bonaerense ha expuesto que "(...) según reza el art. 3986 del ordenamiento civil "La prescripción se interrumpe por demanda contra el poseedor o deudor, aunque sea interpuesta ante juez incompetente o fuere defectuosa y aunque el demandante no haya tenido capacidad legal para presentarse en juicio". Si bien dicho precepto ha sido interpretado de modo amplio su aplicación requiere de una presentación judicial que traduzca la intención de mantener vivo el derecho de que se trate. De ahí que, salvo en aquellos supuestos específicos en que la ley les asigna tal efecto, las actuaciones administrativas no pueden por regla ser asimiladas a la demanda judicial a los fines interruptivos del curso de la prescripción" (el sub. no es de origen, Ac. 95.735, "Dirección General Impositiva. Incidente de verificación de crédito en Acerboni, Raúl sobre Concurso preventivo", del 2-3-2011).
Asimismo, dicho tribunal ha explicado con claridad que: "Aunque el art. 3.986 del Código Civil ha sido interpretado de modo amplio, su aplicación requiere de una presentación judicial que traduzca la intención de mantener vivo el derecho de que se trate. De ahí que, salvo en aquellos supuestos específicos en que la ley les asigna tal efecto, las actuaciones administrativas no pueden por regla ser asimiladas a la demanda judicial a los fines interruptivos del curso de la prescripción." (causa 72.456 del 23-10-2019 in re "Bernard, Tomás c/ Provincia de Buenos Aires s/ Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley").
La circunstancia de que el ejecutado hubiera tomado conocimiento de la deuda reclamada y participado activamente de las actuaciones administrativas, a mi modo de ver, no pueden alongar el plazo quinquenal, ni en el caso, revisten la condición de "reconocimiento expreso o tácito" que sindica el artículo 3989 del C.C.
La intimación de pago en las actuaciones administrativas tuvo la virtualidad de suspender por 1 año el término de la prescripción sin por ello afectar el plazo transcurrido hasta ese momento ni el que transcurriera con posterioridad, a condición de que se presentara en tiempo y forma la pertinente acción judicial (artículo 3986, Cód. Civ.).
Pero de ninguna manera puede interpretarse que la existencia del expediente administrativo nro. 16261-6-2011-01-000-00 tenga la virtud de extenderle al acreedor el plazo de prescripción para iniciar este apremio.
A su vez, no es de recibo la postura defendida por el accionante, en cuanto a que la obligación fiscal no es exigible durante la sustanciación del recurso de reconsideración, en función a lo previsto por el art. 61 de la ordenanza 22.594, pues de receptarse tal planteo se estaría convalidando una causal de suspensión no prevista en el ordenamiento fondal, único habilitado para introducir modificaciones en la materia (art. 75 inc. 12 de la C.N.), tal como lo tienen resuelto de manera uniforme las Cortes federal y provincial.
III.3. A riesgo de abundar, debo decir que no desconozco que existen otras interpretaciones sobre los efectos de las actuaciones administrativas (vg. esta Cámara, Sala I en causa n°167.241 RSD85 del 2-5-2019 y Sala III en causa n° 127 del 24-5-2017). Sin embargo, entiendo que tales apreciaciones no se compatibilizan con las leyes de fondo ni con la doctrina de la S.C.J.B.A. señalada.
Tampoco es aplicable el criterio jurisprudencial conforme al cual se le ha reconocido efectos interruptivos de la prescripción a la reclamación administrativa (vg. S.C.J.B.A, Ac. 44.606 S. 10-12-1991; B. 49.479 S. 11-8-1987; B. 52.325, S. 16-7-1991; B. 55.828 S. de 29-4-1997; B. 53.871 S. de 10-9-1996; B. 57.303 S. 30-8-2000; B. 62.027 S. 14-9-2005; B. 64.576 S. 7-9-2011; "Acuerdos y Sentencias", 1972-III-209; 1974-I-243; B. 49.817 S. 8-5-1984; B. 53.958 S. de 18-8-1998; B. 53.179 S. 14-6-2006), pues tales precedentes exhiben como común denominador que fueron iniciados por los administrados contra la Administración, en virtud de una norma legal que exige el tránsito por las vías administrativas con carácter previo a la demanda contenciosa administrativa.
Por todo ello, en función de la postura que asumiera en el precedente citado en el punto "III", siguiendo las doctrinas de las Cortes federal y provincial, encuentro que la norma en la que se pretende apuntalar el embate resulta inconstitucional por legislar sobre materia delegada por las provincias a la nación, pues aquéllas, en ejercicio de su poder no delegado, deben adecuarse a las normas dictadas por el Congreso Nacional sobre la materia (arts. 31 y 75 inc. 12 de la C.N.), por lo que corresponde desestimar el recurso (arts. 242, 246, 270 y conc. del C.P.C.C.; arts. 3956, 3986, 4027 inc. 3ro. y conc. del Cód. Civ.).
Por las razones expuestas VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau dijo:
A mi juicio, el recurso debe ser receptado.
Para arribar a dicha conclusión me remitiré, en lo pertinente, a los argumentos que expusiera en la causa "Municipalidad de General Pueyrredón c/ Epson Argentina S.R.L. s/ Apremio" (causa nro. 168.905, RSD 86 del 28-5-2020)
1. A la fecha de dicho precedente el criterio de esta Sala hacía hincapié en la inviabilidad de la suspensión o la interrupción del curso de la prescripción liberatoria sea que hubiese sido dispuesta por ordenanza (art. 61 de la Ordenanza Fiscal de Gral. Pueyrredón) o que se fundara en antecedentes jurisprudenciales de diversas Cámaras de Apelación de la Provincia.
Esa posición reconoce sus antecedentes en el conocido fallo "FILCROSA S.A S/ QUIEBRA. INCIDENTE DE VERIFICACIÓN DE MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA" (sent. 30/9/2003), en el que la CSJN dejó establecido que "la regulación de los aspectos sustanciales de las relaciones entre acreedores y deudores corresponde a la ley de fondo, estando vedado a las provincias -y a los municipios- dictar reglas incompatibles con las consagradas por los códigos de fondo", criterio que fue asumido posteriormente por la SCBA en la sentencia dictada en la causa "Fisco c. Cooperativa de Almaceneros minoristas de Punta Alta".
Dado que todo lo que hace a la materia de la prescripción se encontraba regulada en el Código Civil, y los arts. 3956 y 4027 no admitían modificaciones contrarias por parte de leyes provinciales, u ordenanzas municipales, y que tal es la doctrina legal de la SCBA, este Tribunal considera que el proceso administrativo no constituye una causa de interrupción de la prescripción en curso que se sume a las previstas en los arts. 3986,3988 y 89, del Código Civil ley 340, o arts. 2545,46 y 48 del CCyC.
Tampoco puede entenderse que constituye una causa de suspensión, ni que sea posible alterar el comienzo del plazo previsto en el art. 3956 CC, o en el art. 2554, llevándolo al primero de enero del año siguiente, por las mismas razones.
Digo que la posición de este Tribunal hacía "hincapié" en estos aspectos porque ellos son los que fueron objeto de tratamiento en la decisión citada.
2. La respuesta del municipio apelado el 5-10-2020, trae a esta instancia una defensa distinta, y que puede sintetizarse en que la obligación fiscal no es exigible hasta que quede expedita la vía judicial de apremio, y en consecuencia el curso de la prescripción no comienza hasta entonces, en razón de que no puede prescribir la acción que no ha nacido.
Su fundamento es el art. 61 de la llamada "ordenanza fiscal" que en su parte pertinente dice:
"La interposición del recurso de reconsideración suspende la obligación de pago y el plazo de prescripción liberatoria de las obligaciones fiscales controvertidas, efectos que cesarán en el momento en que quede expedita la vía judicial de apremio. Durante su tramitación no podrá promoverse ejecución de la obligación. En cualquier caso, la interposición del recurso de reconsideración no obsta a la aplicación de los recargos e intereses que correspondieren".
3. Cuando como en el caso, se trata de la determinación de oficio de una deuda por tasa de publicidad, conforme las prescripciones del título IV de la ordenanza fiscal, es lógico que la exigibilidad quede diferida a la determinación de su existencia y cuantía, pues al "momento del pago todo objeto de prestación es determinado" (Greco, Roberto Ernesto "Objeto del pago" en Revista del Derecho comercial y de las obligaciones" edit Depalma, 1971, p.425; Pizarro-Vallespinos "Tratado de obligaciones" T°2 p.152 n°1203, Rubinzal Culzoni, Sta.Fe 2017).
Los créditos fiscales de las municipalidades deben cobrarse por el procedimiento de apremio (art.1 ley 13.406) para lo cual es necesario el título que contenga "la liquidación expedida por funcionarios autorizados al efecto" (art. 2 ley 13.406).
De allí que no pueda "exigirse" por la vía de apremio el pago de una deuda ilíquida, pues como tal, o su existencia no es cierta o su cantidad es indeterminada (nota de Vélez Sarsfield al art. 819 del Código Civil), bien sea porque se discute su causa o su monto (Busso "Código Civil anotado" t°V 1487, Ediar, Bs.As.1955), como en el expediente administrativo que da origen al crédito que aquí se pretende cobrar.
Una vez determinado, el administrado puede interponer el recurso de reconsideración con el fin de que la administración "reexamine atentamente" su decisión (Gordillo "Tratado de derecho administrativo" 4.2;IX-8; Edic.Macchi Bs.As.1982).
Es razonable entonces que ante la reconsideración planteada, el Municipio tenga prohibido promover una acción por el crédito que todavía está en debate, y respecto al cual el administrado quiere hacer oír sus defensas.
No puede aún emitir un título como lo exige el art. 2 de la ley 13.406, pues el recurso administrativo pendiente ti
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