Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 175156
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Rechazar el recurso de apelación deducido por la firma ejecutada el día 13-11-2018 a fs. 224 y confirmar la sentencia de fecha 1-11-2018 obrante a fs. 221/223 (arts. 242, 245 y cctes. del C.P.C.).
II. Imponer las costas en el orden causado por no mediar controversia (arts. 68 "a contrario" y 556 del C.P.C.).
III. Diferir la regulación de los honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967).
EXPEDIENTE N ° 175.156 JUZGADO N° 10
En la ciudad de Mar del Plata reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados: "O.S.A.R.P. Y H. C/ OLITAS MR S.R.L. S/ APREMIO", habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes
1ra.) ¿Es justa la sentencia dictada el día 1-11-2018 a fs. 221/223?
2da.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi dijo:
I. En el fallo cuestionado la jueza mandó a llevar adelante la ejecución hasta tanto la ejecutada haga al acreedor íntegro pago del capital reclamado, más los intereses y las costas.
Para decidir de ese modo, rechazó la inhabilidad de título opuesta porque mediante ella se cuestionó la causa de la obligación (falta de cumplimiento de la normativa vigente en el procedimiento administrativo), lo que se encuentra vedado en el estrecho marco cognitivo del juicio de apremio.
Manifestó que la ejecutada fue notificada de la resolución administrativa cuya intimación a su cumplimiento rechazó mediante carta documento, sin que surja de autos que haya interpuesto recurso de apelación ante la AFIP para atacarla.
Desestimó también la excepción de pago deducida, porque la forma en la que fue planteada no está contemplada en las defensas previstas en el art. 6 del dec. ley 9.122/78, sin perjuicio de considerarlo en la etapa de liquidación.
II. La empresa ejecutada apeló el día 13-11-2018 (fs. 224).
En el memorial presentado el 4-12-2018 (fs. 226/228) alegó que la jueza incurrió en ilegalidad manifiesta, al sustentar la argumentación de la sentencia en el decreto ley 9.122/79 no aplicable al caso.
Expresó que el presente es un reclamo de una obra social sindical a una empresa, no del fisco provincial o municipal, por lo que no se ejecuta un crédito fiscal.
Afirmó que la magistrada desconoce la materia, la norma aplicable y las vías recursivas pertinentes a la resolución administrativa de fecha 15-8-2015, ya que no debe ser apelada ante la AFIP, sino ante la obra social que la emitió, procedimiento cumplido por su parte conforme da cuenta la documentación adjuntada oportunamente y demuestra que no se agotó la vía administrativa válidamente.
Explicó por qué motivos no debe la suma reclamada.
Pidió que se revoque el pronunciamiento impugnado, con costas.
III. El memorial no fue replicado (art. 262 del C.P.C., v. proveído de fecha 14-7-2022).
IV. El recurso no prospera.
IV.1. El carril procesal para el cobro judicial de los aportes, contribuciones, recargos, intereses y actualizaciones adeudados, y de las multas establecidas por la ley 23.660 es la vía de apremio (art. 24), que en nuestra provincia se encuentra regido por el decreto ley 9.122/78 (esta Sala en causa nº 169.999 " O.S.A.R.P. y H. c/ Bakery SRL s/ Apremio " RSD 152 del 24-9-2020).
En virtud de ello la denunciada ilegalidad no es de recibo, sin perjuicio de que analizar el caso bajo la órbita de la ley 23.660, no cambia la suerte de las defensas opuestas por el excepcionante.
En efecto, el art. 24 de la ley 23.660 faculta a las obras sociales al cobro judicial de los conceptos aludidos por la vía de apremio prevista en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, sirviendo de suficiente título ejecutivo el certificado de deuda expedido por las obras sociales o los funcionarios en que aquellas hubieran delegado esa facultad (esta Sala en causa nº 169.397 " O.S.A.R.P. y H. c/ Garcia, Martino s/ Apremio " RSD 65 del 7-5-2020)
Por su parte, el art. 5 de la ley 24.642 dispone que: " El cobro judicial de los créditos previstos en la presente ley se hará por la vía de apremio o de ejecución fiscal prescriptos en los códigos procesales civiles y comerciales de cada jurisdicción, sirviendo de suficiente título ejecutivo el certificado de deuda expedido por la asociación sindical respectiva " (v. también arts. 1 y 2).
A su vez, el art. 1 de la Resolución 475/1990 dictada por el Instituto Nacional de Obras Sociales establece los requisitos esenciales que debe contener el certificado de deuda previsto por el art. 24 de la ley 23.660, a saber:
a) Denominación de la Obra Social;
b) Nombre y Apellido o Razón Social del deudor;
c) Domicilio del deudor;
d) Detalle de la deuda, en el que se consignará el importe nominal, coeficiente de actualización, importe actualizado, intereses y monto total adeudado. Dicho detalle podrá ser efectuado en planilla/s anexas al certificado de deuda. Sin perjuicio de ello, en el cuerpo del certificado deberá consignarse la deuda actualizada, el importe correspondiente a los intereses y el monto total resultante de la sumatoria de ambos conceptos;
e) Fecha de vencimiento para el pago de la liquidación practicada;
f) Referencia expresa al acta de inspección que le da origen o a la Resolución definitiva recaída con motivo del procedimiento indicado en el art. 21 de la Reglamentación aprobada por Decreto nº 358/90;
g) Lugar y fecha de expedición del Certificado;
h) Firma y sello del Representante Legal de la Obra Social;
Si se deduce la excepción de inhabilidad de título en el marco de un juicio de apremio -como en el caso- debe fundarse únicamente sobre las formas extrínsecas del título (art. 6 inc. "b" del decreto ley 9122/78), no pudiendo los jueces, en ningún caso admitir, controversias sobre el origen del crédito ejecutado o la legitimidad de la causa (esta Sala en causa n° 160.117 RSD 310 del 26-11-2015).
Las formas extrínsecas a las que se refiere la norma son exclusivamente la identificación del legitimado pasivo, la firma del funcionario autorizado, el lugar y fecha de creación, la existencia de la suma total del crédito o de sumas parciales y/o la identificación del tributo adeudado.
De allí que por vía pretoriana se interprete que el reducido ámbito cognoscitivo del proceso de apremio radica en la presunción de legitimidad que acompaña a los respectivos títulos ejecutivos.
Si bien no desconozco la doctrina de la Casación bonaerense, en cuanto ha atemperado los rigurosos términos plasmados por el legislador en aquellos casos en los que, de lo contrario, pudiera arribarse a una condena fundada en una deuda inexistente, lo cierto es que ello tiene lugar en la medida que dicha circunstancia se presente como manifiesta, lo que no avizoro en autos (Ac. 119602 del 2-9-2015; Ac. 118.586 del 4-3-2015; Ac. 118.699 del 11-6-2014; Ac. 115.314 del 8-5-2013; entre otros).
IV.2. En el caso, lo que debe analizarse es el certificado de deuda expedido el día 13-10-2015 obrante a fs. 7.
El resto de la documentación adjuntada a la demanda obedece al proceso administrativo previo que le sirvió de base a aquél y demuestra el cumplimiento del procedimiento pertinente, sin perjuicio de las alegadas irregularidades que no pueden ser materia de análisis aquí ni en este tipo de juicios.
Por lo tanto, concluyo que el documento ejecutado (fs. 7) constituye título ejecutivo suficiente en la medida que de él se desprenden los recaudos previstos por la legislación vigente para las obras sociales de conformidad a ley 23.660 y normas complementarias.
Prueba de ello es que el formato, el texto y su contenido se ajustan al modelo de certificados de deuda impreso en el Anexo I de la Resolución 475/90, al que remite su art. 2°
Lo anterior, aun cuando no se haya detallado el número de la Resolución Definitiva del procedimiento previsto en el dec. 576/93, toda vez que sí se consignaron los números de las actas de determinación (n° 24.593), las que -además- fueron adjuntadas a los presentes como prueba documental (v. fs. 8/11).
Tal como lo hemos resuelto en casos análogos, la discusión que pretende introducir el recurrente es ajena a este tipo de procesos que se limita a las formas extrínsecas del título. Revisar las vicisitudes del proceso de formación de éste exige necesariamente efectuar el estudio de la causa de la obligación y examinar diversos elementos, lo que excede su análisis extrínseco y, por ende, es inviable. (esta Sala en causa n° 159.370 RSD 208 del 25-8-2015 in re " O.S.A.R.P. y H. c/ Lago, Marta C. s/ Cobro ejecutivo ").
Dicho de otro modo, es improcedente ingresar al conocimiento de los pasos que precedieron la conformación del certificado de deuda a través de la interposición de la excepción de inhabilidad de título, desde que nos hallamos frente a un título preconstituido en los términos del art. 24 de la ley 23.660, lo que en modo alguno implica vulnerar el derecho de defensa de la accionada ya que la decisión que recaiga en el ejecutivo no hace cosa juzgada material sino solo formal y puede ser revisada por el conducto dispuesto en el artículo 551 del Código Procesal (esta Sala en causas nº 159.370 RSD 208 del 25-8-2015, "O.S.A.R.P. y H. c/ Lago, Marta C. s/ Cobro ejecutivo" y 169.397 "O.S.A.R.P. y H. C/ Garcia, Martino s. Apremio" RSD 65 del 7-5-2020)
IV.3. Por lo tanto y si mi voto es compartido, deben rechazarse los agravios del apelante y confirmarse la sentencia apelada, con costas en el orden causado por no mediar controversia (arts. citados y 68 "a contrario", 242, 245, 542, 556 y cctes. del C.P.C).
Por las razones expuestas VOTO POR LA AFIRMATIVA.
El Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi dijo:
En orden a la votación precedente corresponde rechazar el recurso de apelación deducido por la firma ejecutada el día 13-11-2018 a fs. 224 y confirmar la sentencia de fecha 1-11-2018 obrante a fs. 221/223 (arts. 242, 245 y cctes. del C.P.C.). Imponer las costas en el orden causado por no mediar controversia (arts. 68 "a contrario" y 556 del C.P.C.). Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.697)
Así lo voto.
El Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
En consecuencia se dicta la siguiente
Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo, se resuelve: I) Rechazar el recurso de apelación deducido por la firma ejecutada el día 13-11-2018 a fs. 224 y confirmar la sentencia de fecha 1-11-2018 obrante a fs. 221/223 (arts. 242, 245 y cctes. del C.P.C.). II) Imponer las costas en el orden causado por no mediar controversia (arts. 68 "a contrario" y 556 del C.P.C.). III) Diferir la regulación de los honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE (Ac. 4103). DEVUÉLVASE.
Firmas
Funcionario Firmante: 06/10/2022 12:09:36 - LOUSTAUNAU Roberto José - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/10/2022 12:14:41 - MONTERISI Ricardo Domingo - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/10/2022 13:20:14 - FERRAIRONE Alexis Alain - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 11/10/2022 08:23:40 hs. bajo el número RS-273-2022 por Ferrairone Alexis Alain.
Fin de la sentencia