Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 180464
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto el día 14-8-2023 por la ejecutante y, en consecuencia, modificar la parcela de la sentencia de fecha 31-7-2023 en el sentido que los intereses devengados a partir del 21-10-2017 y hasta el efectivo pago se liquidarán de acuerdo al art. 54 inc. "b" de la ley 14.967 (arts. 242, 246, 270 y conc. del CPCC; 622, 623, 744 y conc. del Cód. Civ.; arts. 5, 768 inc. "b", 870 y conc. del CCyC; 12, 14 y 24 de la ley 6716).
II. Imponer las costas en el orden causado por no mediar controversia (arts. 68 y 69 a cont. del C.P.C.).
III. Diferir la regulación de los honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967).
EXPEDIENTE N° 180.464
En la ciudad de Mar del Plata reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados "CAJA DE PREVISION DE ABOGADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ CAPRISTO, GUILLERMO V. S/ APREMIO", habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes
1ra.) ¿Es justa la sentencia dictada el día 31-7-2023?
2da.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi dijo:
I. La jueza mandó a llevar adelante la ejecución hasta tanto el ejecutado haga al ejecutante, íntegro pago del capital reclamado más los intereses, gastos y costas de la presente.
Determinó que los accesorios sean liquidados según la tasa establecida por el art. 14 de la ley 6716 mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos, de conformidad con la doctrina legal de la Corte provincial.
II. El ejecutante apeló el día 14-8-2023 y presentó el memorial el 22-8-2023.
Alegó, en líneas generales, que no todo el período reclamado debe liquidarse de conformidad a la tasa pasiva indicada por el juez (conf. art. 14 de la ley 6.716 y el criterio de la SCBA fallo “Isla”), pues a partir de la entrada en vigencia de la ley 14.967 corresponde aplicar la tasa activa que enuncia el art. 552 del CCyC, por la expresa mención prevista en su art. 54 inc. "b".
III. El expediente arribó a este Tribunal el 15-5-2024.
IV. El recurso prospera.
IV.1. De los arts. 14 y 24 de la ley 6716 se desprende que en caso de mora en el pago tanto de los aportes y las contribuciones, como de la cuota anual obligatoria, al capital adeudado se le adicionarán los intereses que fije la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires para "la actualización de honorarios hasta el momento del pago" (sic).
Es doctrina legal de la Corte provincial que del juego armónico del art. 54 inc. "b" del decreto ley 8904/77 (análogo al sucedáneo de la ley 14.967) y los arts. 7 y 10 de la ley 23.928, 622 y 623 del Cód. Civ. -ley 340-, la pauta señalada en el párrafo anterior implica liquidar los intereses de acuerdo a la tasa que pagara el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos a treinta días vigente en los distintos períodos de aplicación hasta el pago efectivo (Ac. 71.170, "Isla" del 10-6-2015; Ac. 107.702, "Arriaga" del 15-7I-2015, C. 119.176, "Cabrera" del 15-6-2016; C. 122.322, "Wagner" del 3-5-2018; C. 122.973, "Musotto" del 19-12-2018, entre otras).
IV.2. Sin embargo, esta Sala tuvo oportunidad de resolver en los autos caratulados "Ribak, Néstor c/ Casa, David s/ Cobro de honorarios" (expte. nº 161.150 RSD 110 del 12-5-2016) con el voto preopinante del Dr. Roberto J. Loustaunau -al que adherí- que nos apartamos de la doctrina legal de la Corte provincial por las razones que a continuación transcribo:
"1. Luego de la sanción de la ley de convertibilidad que prohíbe la repotenciación de las deudas, actualización monetaria o indexación de precios (reafirmada por la ley 25.561), la cuestión en torno a la vigencia de la tasa legal de interés a calcular sobre los honorarios de los abogados fue objeto de diferentes pronunciamientos de la S.C.J.B.A., en orden a indicar si ese interés es violatorio de la prohibición, por tener o no un componente de ajuste por depreciación monetaria.
"Ha pasado de considerar su derogación en el caso “Yabra” (27/02/1996), mandando a aplicar la tasa pasiva del Banco de la Provincia en sus operaciones de depósitos a 30 días, a considerarla vigente en “Banco Comercial de Finanzas” (19/04/2006) para luego volver sobre sus pasos en la causa “La Proveedora Industrial” (13/07/2011), retomando la primera postura.
"La cuestión volvió a ser tema de decisión en la sentencia dictada por el Superior Tribunal hace poco menos de un año en la causa “Isla, Sara” (10/06/2015) en la cual se confirmó la posición en cuanto a la derogación tácita de la norma [art. 54 inc. "b" el decreto-ley 8904/77].
"2. Con estas referencias, el efecto vinculante de la doctrina legal de la Corte (art. 278 CPCC) haría aplicable, sin más, la solución desestimatoria de la tasa legal como lo ha hecho el juez de primera instancia, pero el cambio de circunstancias que ha importado la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial (ley 26.994 y 27.077 el 1º de agosto de 2015) luego del dictado de los precedentes, justifican el apartamiento de esa doctrina.
"El nuevo cuerpo normativo prevé en su art. 552 la aplicación de la tasa activa bancaria más alta según reglamentaciones del B.C.R.A. para las deudas alimentarias. En la medida que las leyes 23.928 y 25.561 no han sido derogadas, esta solución del legislador implica necesariamente la idea de que dicha tasa no constituye un mecanismo de repotenciación de deudas, actualización monetaria o indexación de precios, cuya prohibición sigue vigente.
"De este modo, tratándose el código de una ley nacional de igual rango que las mencionadas (art 75 inc. 12 CN), desde un orden lógico no cabe otra interpretación que la contraria a la doctrina de la S.C.J.B.A. que es de fecha anterior a la entrada en vigencia (este criterio ha sido adoptado por Sala III de la Cám de Apel. Civil y Comercial de San Isidro, causa E-9517-2003 “Automotores Colcam s. concurso preventivo s. inc. de revisión por Banco Finansur SA” sentencia del 30/09/2015; la Sala I de este Tribunal causa nº160.135 “Rendo, Emiliano Héctor c. Labeguere, Carlos s. cobro de honorarios” sentencia del 23/02/2016 y la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación de La Plata, causa nº 117076, “Seoane, Ana María s. determinación judicial de honorarios” sentencia del 22/02/2016).
"En este mismo sentido, con voto del Dr. Hankovits, se ha expedido la Sala II de la Cámara II de Apelación en lo Civil y Comercial de La Plata expresando que de “la necesaria coherencia que debe existir en el plexo normativo, se infiere que el legislador nacional ha considerado que la aplicación de la tasa activa –esto es, la que “cobra” la entidad bancaria- no vulnera la prohibición establecida en los artículos 7 y 10 de la ley 23.298. Precisamente, si tal ley posterior (nuevo Código Civil y Comercial) de igual raigambre que la ley anterior número 23.928, establece la aplicación de la tasa activa, tal pauta legal sirve de guía lógica jurídica con aptitud para servir como criterio de solución en el caso en estudio…” (causa nº 119545 “Esperanza C réditos La Plata S.A. c. Rivadeira, Elva Nieves y otro/a s. cobro ejecutivo” sentencia del 22/12/2015).
"3. Por otro parte, los jueces debemos aplicar la ley vigente pues constituye la principal fuente de derecho (art 1 CCyC) y en los casos que la consideremos injusta al caso, para dejarla de lado es preciso declarar su inconstitucionalidad, siempre que vulnere derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional o los Tratados y Convenciones Internacionales con igual jerarquía (art 75 inc 22 CN). Lo contrario deja a la decisión desprovista de legalidad.
"El art. 54 inc. "b" del dec-ley 8904 es claro sobre la tasa de interés que debe aplicarse, y resulta reiterada la directiva de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el sentido en que “cuando la letra de la ley no exige esfuerzo de interpretación debe ser aplicada directamente, con prescindencia de otras consideraciones” (Fallos 324:1740; 3143; 3145), pues “la primera fuente de exégesis de la ley es su letra” (Fallos: 316:1249), y en tanto “si no se procede así, se corre el riesgo de prescindir del texto legal sin declararlo inconstitucional” (Fallos: 323:3139; Sagües, Néstor P. ”interpretación constitucional y alquimia constitucional” en JA ejemplar del 26.11.03 páginas 62 y siguientes).
"Es que, aun cuando hace ya tiempo que el concepto del juez como mero aplicante de la ley en el modelo dogmático ha sido superado (Vigo, Rodolfo “Interpretación Jurídica” editorial Rubinzal Culzoni, páginas 15 y siguientes), pues en la interpretación existe siempre un compromiso axiológico (Vigo ob.cit. con cita de Aarnio p.22 en nota 16), no son admisibles aquellas interpretaciones que conducen lisa y llanamente a prescindir del texto de la ley, sin declarar la inconstitucionalidad de la norma (C.S.J.N., Fallos: 323:3139; Sagües, Néstor P. “Interpretación constitucional y alquimia constitucional” en JA ejemplar del 26.11.03 páginas 62 y siguientes. En idéntico sentido SCBA “Fisco c. Waitz de Luque – Ac.92695- y “Afip-DGI s. inc. de revisión en autos Hugo Santiago e Hijos s. concurso preventivo” – Ac. 93514, entre otros)".
IV.3. En el caso, la suma reconocida en la sentencia tiene su origen en la falta de pago de las cuotas anuales obligatorias correspondientes a los períodos 2013/2019 en función del devengamiento previsto en el art. 12 inc. "b" de la ley 6716.
La cuestión queda atrapada por los art. 54 inc. "b" del decreto-ley 8904/77 y 54 inc. “b” de la 14.967 partir de su entrada en vigencia (21-10-2017, art. 5 del CCyC) a raíz de la remisión que se desprende del art. 24 de la ley 6716, toda vez que el nuevo Código Civil y Comercial permite inferir que la tasa de interés prevista por la ley arancelaria no constituye un mecanismo de indexación o actualización encubierto.
Es que tratándose de una controversia suscitada por la falta de pago de una obligación de dar sumas de dinero el devengamiento de los “intereses moratorios” no es más que una “consecuencia” que se sucede en el tiempo respecto a una relación jurídica existente a la época de la sanción del nuevo ordenamiento, por lo que a su respecto corresponde la aplicación inmediata pero sin efectos retroactivos (Sala III, con la integración del suscripto y el Dr. Loustaunau, causa n° 163.091 RSD 141 del 21-6-2017).
En otras palabras, los intereses devengados y no abonados son “consecuencias” ya consumadas de las relaciones o situaciones jurídicas existentes, y por lo tanto deben regirse a los fines de su liquidación por la ley vigente al momento de cada vencimiento (esto es: decreto-ley 8904/77 para los anteriores al 21-10-2017 -art. 5 del CCyC- y la nueva ley 14.967 para los posteriores).
IV.4. De todos modos, el apelante sólo cuestionó una parte del período en el cual deberían liquidarse los intereses a la tasa activa del art. 552 del CCyC (v. segundo agravio, segundo y tercer párrafo, por lo que en virtud del principio de congruencia corresponde realizar el cálculo en dos tramos:
a) Los devengados desde la fecha de la mora hasta antes de la fecha de entrada en vigencia de la nueva ley arancelaria 14.967 (20-10-2017) de conformidad a la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos, tal como surge de la doctrina legal de la Corte provincial que citó el juez, pues -reitero- esta parcela del fallo no fue cuestionada por el apelante (principio de congruencia).
b) Los devengados a partir del 21-10-2017 (art. 5 del CCyC) hasta el efectivo pago de acuerdo al art. 54 inc. "b" de la ley 14.967 (Kemelmajer de Carlucci, Aída, "La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones Jurídicas existentes"; Rubinzal Culzoni; Buenos Aires, 2015, pág. 28; cit. a Moisset de Espanés, Luis; "El daño moral; arts. 522 y 1078 del CC y la irretroactividad de la ley (art. 3º)", JA 13-1972-356).
Por las razones expuestas VOTO POR LA NEGATIVA.
El Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi dijo:
Corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto el día 14-8-2023 por la ejecutante y, en consecuencia, modificar la parcela de la sentencia atacada en el sentido que los intereses devengados a partir del 21-10-2017 y hasta el efectivo pago se liquidarán de acuerdo al art. 54 inc. "b" de la ley 14.967; con costas en el orden causado por no mediar controversia (arts. 68, 69, 242, 246, 270 y conc. del CPCC; 622, 623, 744 y conc. del Cód. Civ.; arts. 5, 768 inc. "b", 870 y conc. del CCyC; 12, 14 y 24 de la ley 6716).
Así lo voto.
El Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
En consecuencia se dicta la siguiente
Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo, se resuelve: I) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto el día 14-8-2023 por la ejecutante y, en consecuencia, modificar la parcela de la sentencia de fecha 31-7-2023 en el sentido que los intereses devengados a partir del 21-10-2017 y hasta el efectivo pago se liquidarán de acuerdo al art. 54 inc. "b" de la ley 14.967 (arts. 242, 246, 270 y conc. del CPCC; 622, 623, 744 y conc. del Cód. Civ.; arts. 5, 768 inc. "b", 870 y conc. del CCyC; 12, 14 y 24 de la ley 6716). II) Imponer las costas en el orden causado por no mediar controversia (arts. 68 y 69 a cont. del C.P.C.). III) Diferir la regulación de los honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE (Ac. 4103). DEVUÉLVASE.
Se procede a firmar digitalmente la presente conforme Ac. 3975/20 S.C.J.B.A.
Firmas
Funcionario Firmante: 15/08/2024 09:41:24 - LOUSTAUNAU Roberto José - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/08/2024 11:31:20 - MONTERISI Ricardo Domingo - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/08/2024 13:12:36 - CAPORRELLA Maria Soledad - AUXILIAR LETRADO
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 16/08/2024 10:09:44 hs. bajo el número RS-218-2024 por MARINO TOMÁS.
Fin de la sentencia