Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 31551
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar a los agravios vertido por el apelante y consecuentemente se revoca el fallo apelado debiéndose en la instancia de origen trabar el embargo como lo solicitó el ejecutante.
Sin costas atento el carácter de la resolución (art. 68 segunda parte del C.P.C.C.)
Causa Nº 31551
En la fecha indicada al pie,, celebrando Acuerdo en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Andres Lucio Cunto , con la presencia del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir la presente sus certificados de firma digital, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "MUNICIPALIDAD DE MERLO C/ PETINARI PEDRO E HIJO S.A. S/APREMIO (INFOREC 904) Causa N º 31551" habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: CUNTO-GALLO resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la resolución apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR CUNTO , dijo:
1. Contra la resolución del día 28 de octubre de 2022 se alzó el ejecutante interponiendo recurso de apelación; el mismo fue concedido por esta Alzada el 29 de diciembre de 2022 y se fundó con el escrito del 1 de noviembre de aquel año.
2. Previo informe del Actuario, desde la Presidencia de esta Sala Segunda se llamó "AUTOS" , providencia que al presente se encuentra consentida dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.
Los agravios se direccionan hacia la negativa por parte del juez de grado de trabar embargo sobre los bienes muebles del deudor solicitando -claro esta- su revocación.
A los términos de la fundamentación recursiva cabe remitirse.
De todo comienzo he de señalar que el embargo es una orden judicial que individualiza un bien determinado del deudor, afectándolo al pago del crédito en razón del cual se ha trabado.
Es una medida procesal y su naturaleza no sufre ninguna mutación por tratarse embargo preventivo o ejecutorio, sea su objeto mueble o inmueble. El embargo preventivo carece de la certeza que implica el ejecutorio, ya que parte de la existencia de ciertos presupuestos procesales que acreditan la presunta existencia del crédito y de la sospecha de que el deudor pueda disminuir su responsabilidad patrimonial.
Una vez decretado ninguna diferencia se presenta y seguimos estando ante una medida cautelar que tiene por finalidad asegurar el resultado de la sentencia que debe recaer en un proceso determinado para que la justicia no sea burlada haciendo imposible su cumplimiento.
Pero ha de tenerse muy en cuenta que el embargo no es un derecho real, o más específicamente, no es una hipoteca. Es más fuerte que un derecho real por cuanto traba la facultad de disponer, y más débil porque cae en el momento en que mas podría prevalerse de él el acreedor, en decir en concurso. Ello es así por cuanto el embargo no constituye tampoco un privilegio, no es una calidad de un crédito que le atribuye determinada prelación de cobro sobre los bienes del deudor , como sucede con el privilegio, que es establecido por ley (Cám.Civ. Com Dolores causa DO 85373 RSD-129-7 S 03/07/2007)
Entonces el embargo, como toda medida cautelar, no constituye un fin en sí mismo, sino que resulta un accesorio o instrumento, porque su finalidad es la de preservar el objeto litigioso del juicio principal ("Códigos...", fenochietto-Arazi, pág. 663).-
Ahora bien.
En autos el quejoso pretende el cobro de sus honorarios (de carácter alimentario, nunca debemos olvidarlo) y para asegurarse el mismo pretende trabar medida cautelar sobre los bienes muebles del deudor.
El Sr. Juez de Grado, al haber en autos una medida cautelar trabada sobre un inmueble, rechazó la petición.
Pero de las constancias de autos se desprende que hay 8 embargos trabados contra el inmueble en cuestión con antelación al ejecutante denotando, así, un previsible obstáculo al cobro de sus acreencias.
Más teniendo en cuenta el carácter alimentario de los estipendios profesionales y, fundamentalmente, las condiciones económicas actuales (de público y notorio conocimiento) que hacen que los valores nominales de algunos años atrás, a la fecha se vuelvan prácticamente irrisorios.
También es menester dejar sentado que cuando el deudor posee más de un bien mueble de una misma clase, con posibilidad de cumplir idéntica función resulta procedente el embargo sobre aquellos que exceden lo que le es indispensable (Cám.Civ.Com. Quilmes caus QL 8924 RSI-106-6 I 01/06/2006)
La realidad es que esta ejecución hace 3 años que ha sido promovida, y el ejecutante (acreedor alimentario) sigue todavía sin cobrar.
En este contexto, es necesario que -desde el órgano jurisdiccional- se actúe todo lo conducente para que pueda hacerlo.
Y, desde ya, someterlo a tener que avanzar en la realización de un bien inmueble, con incierto resultado, no parece ser la mejor alternativa.
No debemos olvidar que, en materia de ejecuciones, rige el principio de mínima restricción para balancear la necesidad de dispensar tutela efectiva para el ejecutante, que buscar ver satisfecho su crédito, pero también tutela continua para el ejecutado, que estaría dada por aquel principio de mínima restricción posible o menor onerosidad, en miras a que el cumplimiento de lo debido no sea más gravoso de lo que realmente debe ser (esta Sala en causa nro. 54576 R.S. 74/07).
En tal contexto, se perfila razonable intentar la vía que pretende el quejoso.
Conjugando estos conceptos al caso concreto de autos (y más precisamente a los argumentos traídos por el quejoso en relación a asegurar sus honorarios y el peligro que correría ello si se mantiene lo decidido por el juez) ha de decirse que el fallo debe se revocado, debiéndose en la instancia de origen trabar el embargo como lo solicitó el ejecutante.
Sin costas atento el carácter de la resolución (art. 68 segunda parte del C.P.C.C.)
Lo expuesto me lleva a votar en la cuestión propuesta por
LA NEGATIVA
A la misma cuestión, el Señor Juez Doctor GALLO por iguales consideraciones y fundamentos a los expuestos precedentemente, adhiere votando en el mismo sentido que el Doctor CUNTO.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
AUTOS Y VISTOS : CONSIDERANDO : Conforme al resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE HACE LUGAR a los agravios vertido por el apelante y consecuentemente SE REVOCA el fallo apelado debiéndose en la instancia de origen trabar el embargo como lo solicitó el ejecutante.
Sin costas atento el carácter de la resolución (art. 68 segunda parte del C.P.C.C.)
REGISTRESE. NOTIFIQUESE en los términos del Acuerdo 4013/21 de la S.C.J.B.A., mediante resolución autonotificable, a los siguientes domicilios electrónicos:
DEVUELVASE SIN MAS TRAMITE AL JUZGADO DE ORIGEN
Firmas
Funcionario Firmante: 30/03/2023 11:27:16 - CUNTO Andres Lucio - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/03/2023 11:54:43 - GALLO Jose Luis - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/03/2023 11:59:09 - QUADRI Gabriel Hernan - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 30/03/2023 11:59:10 hs. bajo el número RS-75-2023 por QUADRI GABRIEL HERNAN.
Fin de la sentencia