Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Pergamino · Causa 3559
Registro N° 85 /2019
Fojas 532/545
En la ciudad de Pergamino, el 03 de julio de 2019, reunidos en Acuerdo Ordinario los Sres. Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Pergamino, para dictar sentencia en la causa N° 3559-19 caratulada "MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO C/ TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. S/ APREMIO", Expte. 60920 del Juzgado Civil y Comercial N°3 departamental, se practicó el sorteo de ley que determinó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: Roberto Manuel Degleue y Graciela Scaraffia, y estudiados los autos se resolvió plantear y votar las siguientes:
I. ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
II. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el señor Juez Roberto Manuel Degleue dijo:
El señor Juez de la anterior instancia falló en la presente mandando llevar adelante la ejecución hasta tanto la ejecutada Telefónica de Argentina S.A. haga al acreedor Municipalidad de Pergamino íntegro pago del capital reclamado de PESOS TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 9/100 ($3.999.850,09), con más intereses y costas de la ejecución (Art. 68 C.P.C.y Ccs.). Difirió la regulación de honorarios del letrado interviniente hasta que obre en autos liquidación firme.
Apela el apoderado de la demandada -Telefónica de Argentina S.A.-, mediante presentación electrónica de fecha 27 de diciembre de 2018, recurso concedido en relación a fs. 87 y fundado al momento de su interposición.
Se agravia del rechazo que el aquo hace de las excepciones de incompetencia, inhabilidad de título y, parcialmente, la de prescripción planteadas por su mandante.
Por razones de orden metodológico, organizaré el cuadro recursivo en función de las puntos decisorios de la sentencia atacada sobre los cuales recae la queja expresada por el apelante. Seguidamente, procederé a identificar los argumentos jurídicos empleados por el juez de grado como fundamento de lo decidido y explicitaré la crítica específica que el recurrente dirige sobre cada de las motivaciones aludidas. Finalmente ingresaré en el tratamiento de la procedencia de los agravios constitutivos del presente recurso.
I. En primer lugar, el apelante se duele del rechazo de la excepción de incompetencia, manifestando su disconformidad con los siguientes argumentos empleados por el juez de grado: 1) Que la competencia federal es de carácter excepcional. 2) Que las cuestiones planteadas no involucran normas de carácter federal, 3) Que el tributo es municipal y por lo tanto tiene fundamento en el derecho local. 4) Que la justicia federal es competente en demandas contra una empresa si resulta preciso determinar el sentido y alcance de normas federales.
I. 1. El recurrente se agravia primeramente de que la decisión del a quo desconoce la competencia del fuero federal, por cuanto la normativa federal rige el servicio de telecomunicaciones que presta Telefónica de conformidad con lo dispuesto por el art. 75 inc. 13 y 32, 116 de la CN, art. 2 de la ley 48 y jurisprudencia, ley 19.798, Decreto 1185/90, 2332/90, 62/90.
A partir de una lectura atenta de la sentencia recurrida, advierto que la crítica expresada parte de una premisa equivocada. En rigor, el a quo no desconoce la aplicabilidad de la normativa federal al servicio de telecomunicaciones que presta Telefónica, sino que se limita a afirmar que la naturaleza de la cuestión concreta y específica que se suscita en la especie "excede el marco de la competencia federal ya que el ámbito de conocimiento de ésta se limita a la fiscalización de la actividad o servicio de telecomunicaciones".
De este modo, queda claro que lo resuelto por el Juzgador de Grado no soslaya la incidencia de la normativa federal en relación al servicio de comunicaciones, sino que la admite expresamente confiriéndole un alcance distinto al pretendido por el apelante. Por lo que la suerte de la crítica ensayada ha quedado privada de fundamento.
I. 2.3.4. En punto al segundo, tercer y cuarto argumento, anticiparé que, atento a la interrelación conceptual y jurídica existente entre los argumentos mencionados, resulta adecuado aquí proceder a una consideración vincular y global de los mismos evitando disquisiciones aisladas que terminen por soslayar la dimensión dialéctica que informa a todo el conjunto argumental.
En este entendimiento, cabe remarcar que el recurrente arguye que, con prescindencia de la aplicabilidad de la ley de apremio en orden a la regulación del procedimiento de apremio fiscal, la cuestión de fondo se halla regida por la competencia federal habida cuenta de que las comunicaciones telefónicas interprovinciales en tanto actividad comercial están sujetas a la jurisdicción nacional, y resultan comprensivas tanto de los aspectos interprovinciales como de los aspectos locales del tráfico telefónico en cuanto dimensiones inescindibles.
No comparto los fundamentos de la crítica. Considero que si bien el tráfico interjurdisccional -dentro del cual se ubica el servicio de comunicación de telefonía fija prestado por la demandada- es de competencia federal, ello no implica una inmunidad absoluta que sustraiga indiscriminadamente a la entidades prestadores de este tipo de servicios de la órbita de competencia de los tribunales provinciales.
En este sentido, entiendo que debe mediar una relación razonable entre el punto de contacto habilitante de la competencia federal y el objeto de la litis, como condición obstativa para la intervención de la justicia provincial.
En la especie, esto equivale a afirmar que debe verificarse una conexión objetiva y adecuada entre el carácter interjurisdiccional del servicio comercial prestado por la parte recurrente y el cobro de la deuda fiscal por tasa de seguridad e higiene. Es precisamente en este punto neurálgico donde hace mella la debilidad de la crítica recursiva. Es que no advierto de qué modo el concepto tributario en cuestión que resulta aplicable a la generalidad de los establecimientos comerciales de la ciudad (art. 37 de la Ordenanza Fiscal) guarda una vinculación jurídicamente relevante y especial con el funcionamiento interjurisdiccional de la actividad prestada por la empresa demandada.
Este razonamiento adquiere especial fuerza argumentativa dentro del contexto de interpretación delineado por las reglas y principios jurídicos que rigen la competencia federal. Al respecto, la Corte Suprema ha sostenido que la competencia federal es limitada y de excepción, ya que surge de poderes delegados al Gobierno federal, en tanto que los no delegados siguen siendo provinciales (art. 121 de la CN). Por tanto debe entenderse restrictivamente. Si no aparece claramente su competencia, cabe excluirla (Cf. CSJN, "Hachiche", Fallos 232:17; id., "N.N.", Fallos, 304:289; "Peña de la Paz Ureña", Fallos, 305:193, id., "OSN", Fallos, 307:1139).
La propia ley 48, en su art. 2 inc. 1, le pone un coto a la interpretación amplia de la competencia federal por razón de materia al exigir que las causas comprendidas en ella: "... sean especialmente regidas por la Constitución Nacional, las leyes que haya sancionado o sancionare el Congreso y los tratados públicos con naciones extranjeras". En esta tónica, la Corte Suprema ha entendido que para que emerja la jurisdicción federal, el derecho planteado en un pleito debe estar directa e inmediatamente fundado en una norma de naturaleza federal y no de modo accesorio o incidental. En definitiva, la materia federal debe ser la predominante para la solución del caso (CSJN, "Tecpetrol", Fallos 328:1580").
En relación puntual al comercio interprovincial y el poder impositivo provincial, nuestro Máximo Tribunal se ha mostrado proclive a acentuar el estándar de apreciación respecto a la intensidad de la afectación del interés federal comprometido (SAGÜES, Néstor Pedro, Derecho Constitucional, Tomo II Estatuto del Poder, Buenos Aires, Ed. Astrea, pag. 674). Sobre esta base, la Corte Nacional ha circunscripto el radio de influencia de la cláusula federal, al aclarar que ello no implica inmunidad o privilegio que libere al prestador del servicio interjurisdiccional de la potestad de imposición general que corresponde a las provincias, sino que tan sólo lo preserva de los gravámenes discriminatorios, de la superposición de los tributos locales y de aquellas contribuciones que encarezcan su desenvolvimiento al extremo de dificultar o de impedir la libre circulación territorial (Cf. CSJN, "Trasportes Vidal", Fallos, 307:374). Y toda vez que tales circunstancias no han sido debidamente invocadas y acreditadas por la parte demandada, corresponde reafirmar el principio general que convalida la competencia provincial atento al carácter municipal del tributo.
Respecto al supuesto específico de la competencia judicial para entender en los juicios de apremio fiscal por pretensiones de cobro de la tasa de seguridad e higiene, los tribunales provinciales han respaldado el criterio restrictivo ut supra aludido: "Debe descartarse la existencia de materia federal cuando se trata de una ejecución fiscal por cobro de la Tasa Municipal de Inspección de Seguridad e Higiene; y su percepción por la Municipalidad, para asegurar su autonomía y el cumplimiento de sus fines específicos, constitucionalmente tutelados (arts. 5, 121, 123 Const. Nacional, y 190, 192 Const.Prov.), no puede hacerse fuera de la jurisdicción del estado provincial pues el funcionamiento del régimen municipal es materia propia del derecho público local y como tal, competencia indelegable de los jueces de la Provincia" (CC0002 QL 247 RSD-7-2 S, "Giuntoli Fibla Luis A. c/Coluccio Juan Carlos s/Reivindicación", 27/11/1995).
Asimismo resulta fácil avizorar el absurdo al que conllevaría la adopción de un criterio laxo de interpretación de la competencia federal conforme al cual se considere "inescindible" al servicio de comunicación interprovincial todos los aspectos locales relacionados con el tráfico telefónico -como indica el apelante en su expresión de agravios- . Un temperamento hermenéutico del tenor expuesto implicaría convalidar una federalización absoluta e indiscriminada de todas las relaciones jurídicas públicas y privadas desarrolladas por Telefónica Argentina, por cuanto directa o indirectamente las mismas se relacionan con el ámbito de actuación de la empresa demandada, circunstancias que colisiona contra las reglas y principios expuestos ut supra.
II. El segundo eje del memorial de apelación gira en torno al rechazo de la excepción subsidiaria de inhabilidad de título con fundamento en que las objeciones expuestas en el escrito de responde se proyectarían sobre una cuestión causal. Al respecto, el recurrente esboza las siguientes críticas: 1) que la sentencia de grado no asignó valor alguno a la circunstancia de que el título ejecutivo no se corresponde con la deuda reclamada en el escrito de demanda, por cuanto la Municipalidad de Pergamino manifiesta que se reclama a su mandante la suma de $ 3.999.850,09 con más intereses y costas que se detallan en el título ejecutivo, en tanto del instrumento de crédito surge que la liquidación de deuda confeccionada por la actora es de $ 4.105.519,81. 2) Que la sentencia de grado convalidó la pretensión actoral a sabiendas de que la Municipalidad, en violación a la exigencia de publicidad derivada del principio republicano de gobierno, no publicó las ordenanzas locales que regulaban la tasa reclamada; en tal sentido, postula la insuficiencia del escrito firmado por funcionario municipal en el que se hizo saber que la normativa local fue publicada en la fecha denunciada ya que no acompañó copia certificada del Boletín Oficial y la Pizarra Pública. 3) Que la sentencia de grado hizo lugar a la ejecución sin que se encontrara acreditada la efectiva prestación de servicio por parte del Municipio que diera lugar al cobro de la suma reclamada.
II.1. En relación al primer motivo de agravio, he de adelantar que el mismo no puede prosperar. Esto responde a que, en contra de lo señalado por el actor, no es indispensable que exista una equivalencia absoluta entre el monto del crédito documentado en el título ejecutivo y el importe de la demanda en tanto el primero sea mayor que el segundo. Dicho en otros términos, el titular de la acción ejecutiva no está obligado a reclamar la totalidad del crédito fiscal, sino que puede ceñir su reclamo al cobro parcial del mismo con prescindencia de cuál fuera la razón en virtud de la cual desiste anticipadamente de la reclamación total de la acreencia tributaria.
Este temperamento interpretativo se desprende como una consecuencia lógica del carácter esencialmente divisible de las obligaciones dinerarias como subespecie del género de las obligaciones fungibles. A saber, el objeto de la deuda fiscal resulta absolutamente genérico ya que su existencia viene indicada de modo cuantitativo por su importe o suma, es decir el rasgo determinante no está dado por su especie o calidad sino por su cantidad (art. 616 del Código Civil). En virtud de ello, la obligación tributaria, en cuanto deuda dineraria, resulta divisible porque por su propia naturaleza es susceptible de ser fraccionada indefinidamente, sin que obste a dicha conclusión el hecho de faltar los billetes o monedas que representan dichas fracciones (art. 2326 del Código Civil).
Precisamente por su carácter esencialmente divisible, resulta una facultad potestativa del acreedor la posibilidad de reclamar parcialmente el crédito instrumentado en un título ejecutivo, máxime cuando se trata de aquella porción de la acreencia respecto a la cual el propio ejecutante ha afirmado que resulta exigible y no se encuentra afectada por la prescripción (cf. PIZARRO, Ramón Daniel y VALLESPINOS, Carlos Gustavo, Instituciones de Derecho Privado, Obligaciones, Tomo I, Buenos Aires, Ed. Hammurabi, 2006, pag. 355).
Atento a las consideraciones expuestas, resulta improcedente por excesivamente formal la objeción de la recurrente, habida cuenta de que el propio actor se ha ocupado de excluir del objeto de la litis -mediante la oportuna deducción de la suma correspondiente a los períodos prescriptos del importe de la demanda- aquella cuota parte de la deuda fiscal que a su criterio se encuentra prescripta.
Como argumento lateral, cabe añadir que la solución propiciada se compadece con la respuesta jurisdiccional aceptada para los casos de acogimiento de la excepción de pago parcial en los apremios fiscales, en los cuales el juez, frente a un crédito fiscal parcialmente improcedente, no ordena al ejecutante la formación de un nuevo título ejecutivo mediante la re-emisión del certificado de deuda conforme al importe parcial declarado procedente, sino que descuenta del monto de la condena judicial aquella porción del crédito que no resulta ejecutable mediante la vía del apremio.
En esta línea, la jurisprudencia bonaerense ha convalidado la posibilidad de excluir del monto ejecutable aquella porción de la deuda que resulta improcedente sin necesidad de emitir nuevo título ejecutivo: "Aún cuando debiera interpretarse que una excepción de pago respecto de una cuota adeudada se trata de un pago parcial opuesto respecto del total reclamado por todo concepto por la parte actora en su demanda, y no pudiera ser considerado en un juicio de apremio ante la clara disposición legal que rige la materia, lo pagado por el demandado deberá necesariamente ser considerado en oportunidad de practicarse la respectiva liquidación de la deuda" (JZ0000 TO 736 S Juez RIPODAS (SD), "Municipalidad de Tordillo c/Varas, Elbio Dugan s/apremio", 07/08/2002).
II.2. En relación a la segunda crítica recursiva correspondiente al rechazo de la excepción de inhabilidad de título, entiendo que el recurrente no ha logrado conmover los fundamentos aportados por el Juez de grado que justifican la inatendibilidad del planteo defensivo. En efecto, concuerdo con el Juzgado Primero que la cuestión vinculada a la falta de publicidad de la Ordenanza Fiscal que regula la tasa reclamada en autos supone ingresar en el conocimiento del origen del crédito en contra de la previsión del art. 9 de la ley 14.306 que limita el radio de la excepción de inhabilidad de título a las formas extrínsecas.
Con mayor rigor técnico, puedo precisar que si bien la publicidad de la ordenanza fiscal en tanto acto administrativo de carácter general constituye una condición para la eficacia de la norma local (art. 112 del Decreto Ley 7647/70; cf. GORDILLO, Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, Buenos Aires, Ed. Fundación de derecho administrativo, 2007, pag. IV-5), no es menos cierto que se trata de un recaudo relativo al procedimiento de formación de la Ordenanza local y, como tal, concierne a la causa fuente entendida como fenómeno apto para generar una relación jurídica obligatoria (cf. PIZARRO, Ramón Daniel y VALLESPINOS, Carlos Gustavo, Instituciones de Derecho Privado, Obligaciones, Tomo I, Buenos Aires, Ed. Hammurabi, 2006, pag. 355). Hete ahí, el fundamento en virtud del cual la investigación de tal extremo en este proceso importaría desbordar el marco cognoscitivo acotado propio del juicio de apremio.
La Suprema Corte Bonaerense adscribe a esta postura: "La excepción de inhabilidad de título debe emerger del instrumento fundante de la ejecución y referirse únicamente a sus formas extrínsecas, estando vedada la posibilidad de ingresar al conocimiento de las circunstancias aludidas por la recurrente ... Esto no significa, en modo alguno, vulnerar el derecho de defensa de la parte, puesto que la decisión que recaiga en el compulsorio no hace cosa juzgada material sino sólo formal y puede ser revisada por el conducto dispuesto en el artículo 551 del Código Procesal". (SCBA, "Municipalidad de Florencio Varela c/Schiavone, Roberto s/Apremio", 03/03/2009).
No soy ajeno a que nuestro Máximo Tribunal ha sostenido que el criterio de que la inhabilidad de título sólo procede en caso de vicios en sus formas extrínsecas -lo que excluye el examen judicial de la causa del crédito- no puede exagerarse hasta el extremo de admitir una condena por deuda inexistente cuando ésta aparece manifiesta en autos (CSJN, sentencia del 4/5/95, in re "Estado Nacional c. Municipalidad de Resistencia, ejecución fiscal"). Sin perjuicio de ello, no puedo perder de vista que el ingreso en el análisis de la causa de la relación jurídica material ha sido postulado por la Corte Nacional en un marco de excepción, por lo que en tales casos cabe aplicar una interpretación restrictiva no susceptible de extensión por vía de aplicación analógica.
Asimismo, no observo que en los presentes autos el vicio denunciado se cristalice de modo manifiesto, máxime cuando la Municipalidad de Pergamino ha aportado a la causa un escrito suscripto por funcionario municipal en el que refiere que la ordenanza que fundamenta el reclamo formulada ha sido publicada. Allende los reparos formales que pueda merecer el documento público referido en cuanto a su idoneidad como elemento probatorio de la mentada publicación, tal circunstancia acentúa la necesidad de profundizar la indagación, el debate y la prueba sobre el extremo en cuestión en detrimento del carácter manifiesto del vicio alegado, por lo que no se verifica la circunstancia de excepción que habilita a flexibilizar el marco cognoscitivo reducido del juicio de apremio.
A mayor abundamiento, vale señalar que el título ejecutivo goza de presunción de legitimidad. En rigor, el título fiscal, base de la ejecución, es un documento público administrativo que contiene el acto jurídico unilateral emanado del órgano estatal con atribuciones fiscales y que certifica la existencia de una deuda dineraria tributaria o equiparada a ella, por parte de un contribuyente obligado a su satisfacción, en virtud de una relación jurídica previa, y que por disposición legal funda el derecho a perseguir su cobro por medio de un proceso especial establecido al efecto (Cf. CARRANZA TORRE
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.