Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 130505
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe confirma la decisión dictada el 01 de septiembre de 2021. Costas a la demandada, en su objetiva calidad de vencida (art. 68, 69 del CPCC).
AS
FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ COOPERATIVA DE TRABAJO GRINTEK LTDA S/ APREMIO
Causa: 130505
La Plata, 18 de Noviembre de 2021.
AUTOS Y VISTOS : CONSIDERANDO :
El 01 de septiembre de 2021, la Sra. Jueza a quo dictó sentencia, en virtud de la cual rechazó la caducidad de instancia y la excepción de prescripción opuesta por la demandada; mandó llevar adelante la ejecución hasta tanto Cooperativa de Trabajo Grintek LTDA haga efectivo pago al Fisco de la Provincia de Buenos Aires la suma de Pesos $52.455,91 con más los intereses que impone el art. 104 del Código Fiscal desde la interposición de la demanda hasta su efectivo pago; e impuso las costas a la demandada por resultar vencida.
Contra dicho decisorio se alzó la demandada, mediante el recurso que viene fundado el 17 de septiembre de 2021; en el cual, refiriendo a la caducidad desestimada, comenzó por indicar que no es real que no se hayan cumplido con los requisitos exigidos por la norma, puesto que la primera intervención de su parte en autos fue la contestación a la demanda de apremio, donde se interpuso dicho planteo como primer acto de defensa procesal, realizado en tiempo y forma.
En ese sentido, explicó que transcurrieron más de tres meses -como lo prevé el art. 310 inc. 3 del CPCC- desde el 30 de enero de 2018, fecha del trámite “ESCRITO ELECTRONICO” hasta el 03 de abril de 2020, en el cual el actor presentó el “MANDAMIENTO” , tiempo en el cual hubo una ausencia total de impulso por la accionante, sin que hubiera caducidad o interrupción a este respecto.
Asimismo, consideró arbitraria la decisión del a quo en cuanto expone que el juicio de apremio se encuentra regido por el Dec. ley 9122/78 y la ley 13406 -de forma supletoria-, ya que no deben aplicarse dichas normas, por estar derogadas debido a la sanción del nuevo Código Civil y Comercial, siendo esta la norma que debe regir el instituto aludido.
Por otro lado, se disgustó de la afirmación vertida en el decisorio, atinente a que el vencimiento de la obligación acaeció -según certificado de deuda que se acompañara- el 13/11/2016, por lo que el plazo de prescripción vencía el 13/11/2017; manifestando que se trata de un error, ya que la obligación se originó el día 18 de marzo de 2015, fecha en la cual se labraron las actos de inspección N°B 1266/19/20; por lo que es desde esa fecha donde empezó a correr el plazo para que el Fisco realice las acciones pertinentes.
Siguiendo su razonamiento, afirmó que el plazo acaeció el día 18 de marzo de 2017 y la ejecución fiscal fue promovida el 2 de noviembre de 2017, habiendo transcurrido en exceso el tiempo establecido por la ley, ya que frente al vacío normativo y teniendo en cuenta la naturaleza o carácter represivo de las sanciones, debe acudirse al Código Penal que, para las acciones contra hechos reprimidos con pena de multa (art. 65 inc 2) establece un plazo de prescripción de 2 años.
Dicho memorial recibió la respuesta que luce agregada en el trámite de fecha 21 de septiembre de 2021.
II. Tratamiento de los agravios.
II.a. En lo que se refiere a la caducidad de instancia dentro del marco de un proceso de apremio, debe dejarse en claro que aquel instituto tiene su regulación específica en los arts. 18 bis y 19 de la ley 13.406, como asimismo en el art. 17 bis del decreto ley 9122. Si bien “el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires será de aplicación supletoria” , ello es así en tanto y en cuanto se refiera a “todas las situaciones no previstas en la…ley” de apremio y en sus normas complementarias (art. 25 de la ley 13.406, art. 18 del decreto ley 9122; esta Sala, causa 121016, del 12/04/2016).
De manera tal que, si la legislación específica ha regulado el instituto en un precepto determinado, por regla, debe estarse a lo allí establecido; de modo que la cuestión que planteada será analizada bajo este prisma.
Ahora bien, aun cuando disentimos del fundamento brindado por la Magistrada de origen, la solución a la que se arriba impone la confirmación del rechazo del planteo. Tenemos presente que las líneas que siguen pueden tener -en el mejor de los casos- una lógica y utilidad más purista que resolutiva, pero la necesidad de dar una solución razonablemente fundada al recurso fuerza su explicación (art. 3 del Código Civil y Comercial).
En efecto, se sostuvo en el decisorio que es "requisito necesario para que opere a la caducidad la previa intimación a la parte a quien se acusa. En este caso no habiéndose cumplido con los requisitos exigidos corresponde el rechazo de la caducidad de instancia" . Si bien la premisa inicial -necesidad de intimación- se ajusta a derecho (arts. 17 bis dec. ley 9122; 18 bis ley 13.406), no resulta menos cierto que ante el planteo que realizó la demandada, es el órgano quien -de darse el supuesto- debe disponer el emplazamiento, circunstancia que en el caso no ocurrió, dado que lo resuelto fue un simple traslado (ver despacho del 05 de agosto de 2021). Vale decir que, como argumento para desestimar su planteo, se le imputó la consecuencia de una omisión por completo ajena a la conducta de la accionada.
En esta inteligencia, no se nos escapa que el planteo refiere a una especial situación fáctica, dado que el argumento de la demandada radicó en el tiempo que transcurriera sin actividad procesal útil entre la presentación del 30 de Enero de 2018 y el mandamiento de fecha 3 de abril de 2020. Se trata de así de la caducidad de instancia planteada en la primera presentación en juicio de la parte -en el caso, ante la intimación de pago-, dentro de los cinco días y respecto de períodos de tiempo previos a tal diligencia, la cual -a diferencia de los presentes- puede resultar de notoria utilidad en aquellos procesos en los cuales se hace operativo el art. 315 del CPCC (cfr. CSJN, Fallos 256:142; 277:202; 316:329; 325:1759; 329:349).
Las premisas expuestas nos permiten esbozar la siguiente conclusión para el caso: aun cuando trascurrió el tiempo de caducidad entre ambos actos y ello hubiese motivado, de plantearlo antes del segundo, una intimación, lo cierto es que, al haber impulsado el proceso con la referida diligencia, la necesidad de disponer el emplazamiento había perdido toda virtualidad, por ser el acuse extemporáneo; máxime al ser analizado al tiempo de dictarse la sentencia de trance y remate.
Por lo demás, a sola satisfacción del apelante y en las condiciones de los presentes obrados, es dable referir que la caducidad no se hubiera hecho directamente operativa de la forma planteada en su recurso -ante la sola verificación del transcurso del plazo sin actividad-, pues ni aun aplicando el criterio que éste sostuviera -esto es, que no se aplican el dec. ley 9122 ni la ley 13406, sino el Código Procesal- funciona de tal modo el instituto (art. 315 del CPCC).
De tal modo, considerando que es la extemporaneidad del planteo -y no la 'ausencia de intimación'- el argumento que conlleva el rechazo de la caducidad, habremos de confirmar con ese alcance la decisión recurrida (arts. cits.).
II.b. Ahora bien, en lo que refiere al restante planteo, hemos de puntualizar -como consideración de orden genérico- que la prescripción es un instituto de orden público que responde a la necesidad social de no mantener pendientes las relaciones jurídicas indefinidamente, poner fin a la indecisión de los derechos y consolidar las situaciones creadas por el transcurso del tiempo, disipando las incertidumbres (cfr. Salas, Acdeel E. - Trigo Represas, Félix A., Código Civil Anotado , Lexis Nº6803/006712; Bueres, Alberto J. - Highton, Elena I., Código Civil , Ed. Hammurabi, 2001, T. 6B, pág. 553/555; Pizarro, Ramón D., "Acerca de la prescripción liberatoria y su efecto extintivo de obligaciones" , JA 2001-II-1232).
Así pues y por principio la prescripción comienza a correr desde que el crédito existe y puede ser exigido; y si la condición única para que se cumpla la prescripción liberatoria es el silencio o inacción del acreedor, basta para interrumpirla una manifestación de voluntad suficiente que desvirtúe la presunción de abandono de su derecho que se induzca de ese silencio o inacción, y esta manifestación de voluntad tanto puede exteriorizarse mediante demanda, entendida en su sentido técnico procesal, como cualquier otro acto que demuestre en forma auténtica que no ha abandonado su crédito y que su propósito es no dejarlo perder (arg. art. 2546 del Código Civil y Comercial; cfr. SCBA, L 34017, sent. del 26-2-1985).
Bajo tales premisas y como surge de los certificados de deuda que obran a fs. 2/5 -sin que los mismos sean impugnados en este aspecto-, la fecha de vencimiento de la obligación reclamada en los presentes ocurrió el 13 de noviembre de 2016; mientras que la demanda fue interpuesta el 1 de noviembre de 2017 (ver cargo inserto a fs. 13 vta). No resulta complejo advertir entonces que el término anual receptado en el art. 33 del Código de Faltas provincial y aplicable al caso no había transcurrido.
Asimismo, no huelga referir que la accionada ha intentado vincular tales documentos con unas supuestas actas de inspección labradas el 18 de marzo de 2015, que habrían motivado -según sus propias manifestaciones- una clausura total del establecimiento (ver escrito del 2 de agosto de 2021, pto. V, séptimo y octavo párrafo); acompañando incluso una copia de la resolución respectiva. No obstante ello y las limitaciones propias de esta clase de proceso, no resulta posible establecer razonablemente el vínculo que la accionada propone, en virtud de un doble orden de motivos: primero, porque la propia interesada no lo ha explicado, siquiera mínimamente; y segundo, porque del confronte de ambas piezas, tampoco advertimos nexo lógico alguno que permita inferir su conexión. Sirve a estos fines poner de resalto, a título de ejemplo, que el número de resolución citada en los documentos bases de autos (2935/2016) difiere de la acompañada (329/2015).
Con motivo de lo señalado, habiéndose concluido que en el caso no ha transcurrido el plazo anual aplicable, corresponde confirmar la resolución dictada en la instancia de origen (arts. cits.).
POR ELLO , y fundamentos expuestos, se confirma la decisión dictada el 01 de septiembre de 2021. Costas a la demandada, en su objetiva calidad de vencida (art. 68, 69 del CPCC). REGISTRESE. NOTIFÍQUESE. DEVUÉLVASE.
Fin de la sentencia