Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 130751
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar in límine la ampliación de la ejección que se intenta…”
3Primariamente, cabe dejar sentado que en la especie corresponde aplicar al procedimiento de apremio que rige este proceso –como marco general- las disposiciones del decreto ley 9122/78 y no la de ley 13.406 que ha sido establecida para otros supuestos.
Así, esta Sala ha entendido que la ley 9122/78 no ha sido derogada y que el artículo 1° de cada una de las respectivas normativas referidas (decreto ley 9122 y ley 13.406) establecen con claridad el marco de actuación de cada uno de los procedimientos de apremio desarrollados en las citadas leyes, no produciéndose la derogación del sistema establecido por el primero y siendo la segunda complementaria del sistema puntualizando estrictamente en los créditos fiscales tributarios.
Así, en el ámbito bonaerense existen dos ordenamientos formales sobre apremio: el decreto ley 9122/78 y la ley 13.406. De la comparación del artículo 1º de ambas normativas, la única diferencia entre los textos legales es la frase “por tributos, sus accesorios y sus multas”, de donde es dable inferir que por deudas fiscales a favor de la Provincia o de los municipios de origen tributario (impuestos, tasas y contribuciones) rige la ley 13.406; pero para deudas fiscales a favor de la Provincia o de los municipios con otra etiología -no tributaria- rige el decreto ley 9122/78 (esta Sala, Causa 117993, RSI 232/14, del 09/10/2014; …
Sentencia Interlocutoria
Causa N° 130751; SECRETARIA DE APREMIOS - LA PLATA
CAJA DE PROF CS ECONOMICAS C/PEREZ FABIANA NATIVIDAD S/ APREMIO
La Plata, 16 de Marzo de 2022.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
1. La resolución del día 9/9/2021, en cuanto desestima la ampliación de la ejecución pretendida por la Caja accionante, viene recurrida por ésta a través de apoderado, el 24/9/2021 y habiendo sido concedido el recurso el día 28/9/2021, resultó fundado a través del memorial presentado el 29/9/2021.
2. La Caja de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires promovió ejecución por vía de apremio contra Fabiana Natividad Pérez, por la suma de $ 28.123,36 por la deuda por aportes previsionales mínimos establecidos en los artículos 27 inciso a), 28, 29 y 30 de la ley 12.724, por los períodos que se detallan en los certificados obrantes a fs. 2/7 (meses del año 2004 al año 2010), liquidados al 31/12/2010 (v. escrito de fs. 14/15).
Conforme surge de los datos del sistema “Augusta”, y luego de trámites efectuados en el expediente tendiente a diligenciar el mandamiento de intimación y pago, la causa se paralizó el día 22/7/2013, teniendo un nuevo movimiento procesal el día 4/9/2018 que fue el pedido de reinscripción de una medida cautelar.
El día 7/9/2021 se presenta un escrito por el cual la Caja actora manifiesta “…Que ante el vencimiento de nuevos períodos adeudados por el demandado, en virtud de lo normado en los arts. 538 del CPCC y 4 de la ley 13406, vengo a solicitar AMPLIACION DE DEMANDA por los períodos impagos y montos que a continuación se detallan y que emergen del certificado de deuda expedido en conformidad a lo establecido en el art. 60 de la ley 12724, que importan la suma de caduceos 2917,20 equivalentes a la suma de $ 168351,61 a la fecha 30/11/2016…”.
La señora Juez de grado entendió improcedente la pretensión y para así resolver, sostuvo: “…2) En el caso de autos, el expediente se inició con fecha 27/12/2010, reclamándose en dicha oportunidad la deuda en concepto de aportes previsionales correspondiente a distintos períodos. Despachada la ejecución y trascurrido un extenso período de tiempo desde su promoción, en los cuales se observan recurrentes lapsos de inactividad procesal y falta de impulso, la actora aún pretende seguir ampliando nuevamente la ejecución acompañando una nueva certificación de aportes adeudados.”
“3) Que los arts. 538 y 539, dan al ejecutante dos opciones para ampliar la ejecución frente al vencimiento de nuevas cuotas de una misma obligación.”
“Pero analizando el supuesto de autos he de advertir que en el caso, ya no podemos hablar de una misma obligación, sin perjuicio de tener en común que a través de todas se reclaman aportes previsionales.”
“La interposición de una acción debe tener una finalidad concreta, cual es la percepción de la suma adeudada. Hacia esa finalidad deben apuntar todos los actos que ejecute la actora impulsando el proceso y demostrando a través de actos fehacientes su interés en la conclusión de la causa. Mantener un expediente activo, efectuando presentaciones esporádicamente sin efectuar actuaciones que lleven a culminar el proceso, no encuentran punto alguno en común con lo señalado precedentemente.”
“Debo hacer hincapié que tampoco la ampliación de la ejecución se ha pergeñado para reclamar períodos adeudados sine die, como ocurre con el caso de los aportes previsionales, cuyas nuevas obligaciones continúan generándose en forma permanente mientras dure la afiliación de profesional en la Caja previsional ejecutante.”
“Esto importaría tener un expediente abierto en trámite por cada afiliado deudor, en algunos casos durante diez, quince o veinte años -o lo que dure su vida laboral-, en muchos de ellos, sin que todavía el ejecutado haya tomado conocimiento de su promoción, contrariando de esta manera los principios procesales del debido derecho de defensa, celeridad, igualdad procesal, plazo razonable, entre tantos otros, circunstancias que no pueden ser zanjadas con el instituto de la caducidad de instancia tal como está plasmado en la ley de apremios desde que se intima por diez (10) días a activar el proceso indefinidamente (art. 18 bis de la ley 13.406).”
“Considero entonces que sobre este escenario, la ampliación de una ejecución, ya sea en los términos del art. 538 o del 539 del CPCC, después de tantos años desde que se iniciara la acción, constituye un abuso del instituto ampliatorio, podría cercenar derechos del demandado e impide culminar el proceso en un plazo razonable, por lo que, en base a los fundamentos legales y jurisprudenciales explicitados, debe ser rechazada, sin costas en virtud de la manera en que se decide y ante la ausencia de sustanciación (arts. 9, 10, C.C.C.N., art. 330, 539, C.P.C.C., 15 Const. Provincial, 18 Constitución Nac., 8 y 25 Convención Interamericana de Derechos Humanos).”
“4) Por ello, RESUELVO: Rechazar in límine la ampliación de la ejección que se intenta…”
3. Primariamente, cabe dejar sentado que en la especie corresponde aplicar al procedimiento de apremio que rige este proceso –como marco general- las disposiciones del decreto ley 9122/78 y no la de ley 13.406 que ha sido establecida para otros supuestos.
Así, esta Sala ha entendido que la ley 9122/78 no ha sido derogada y que el artículo 1° de cada una de las respectivas normativas referidas (decreto ley 9122 y ley 13.406) establecen con claridad el marco de actuación de cada uno de los procedimientos de apremio desarrollados en las citadas leyes, no produciéndose la derogación del sistema establecido por el primero y siendo la segunda complementaria del sistema puntualizando estrictamente en los créditos fiscales tributarios.
Así, en el ámbito bonaerense existen dos ordenamientos formales sobre apremio: el decreto ley 9122/78 y la ley 13.406. De la comparación del artículo 1º de ambas normativas, la única diferencia entre los textos legales es la frase “por tributos, sus accesorios y sus multas”, de donde es dable inferir que por deudas fiscales a favor de la Provincia o de los municipios de origen tributario (impuestos, tasas y contribuciones) rige la ley 13.406; pero para deudas fiscales a favor de la Provincia o de los municipios con otra etiología -no tributaria- rige el decreto ley 9122/78 (esta Sala, Causa 117993, RSI 232/14, del 09/10/2014; Causa 119117, RSI 200/2015 del 7/9/2015), que también resulta aplicable para las demás ejecuciones cuyas leyes especiales han previsto el procedimiento de apremio para el cobro de sus créditos (en el caso, artículo 60 de la ley 12.724).
Vemos que la deuda que aquí se pretende ejecutar es de carácter previsional y no responde a los enmarcadas en la ley 13.406 -crédito fiscal tributario- por lo que, conforme lo expuesto, las normas procesales principales por las cuales deberá llevar adelante la ejecución es por el proceso dispuesto en el decreto ley 9122/78, y no por el que propugnó originalmente el señor Juez de grado en su primer despacho (esta Sala, Causa 120380 RSD 270/2016 del 6/12/2016).
5. Sin perjuicio de ello y a los fines de resolver el presente recurso, cabe indicar que el artículo 18 de la ley 9122/78 (Texto según Ley 14331) establece expresamente: “La presente Ley se complementará con las normas contenidas en las Leyes Nº 13927 y Nº 13406, el Código Fiscal -Ley Nº 10397 y sus modificatorias.”
“El Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires será de aplicación supletoria en todas las situaciones no previstas en las normas citadas en el párrafo precedente.”
Es decir, para ciertos supuestos, hace un reenvío expreso a la normativa de la referencia, entre las cuales se encuentra la ley 13.406.
Así es entonces que su artículo 4 prescribe claramente: “…Antes de la notificación de la demanda, la parte actora a su elección, podrá acumular varios créditos en una sola ejecución y efectuar la modificación o ampliación de la demanda.”
“Si vencieren nuevos períodos de una misma obligación con posterioridad a la notificación de la demanda, podrá ampliarse la ejecución con arreglo a lo dispuesto en el Código Procesal Civil y Comercial…”.
6. Atento lo expuesto, resulta entonces indistinto resolver si se trata de una misma obligación o no en el caso del reclamo de aportes previsionales, pues la norma establece sin lugar a duda que mientras no se haya notificado la demanda (intimación de pago) el actor puede acumular varios créditos en una sola ejecución y efectuar la modificación o ampliación de la demanda.
Conforme ello, no es de estricta aplicación las disposiciones del artículo 538 del CPCC para desentrañar si se tratare del vencimiento de algún plazo de la obligación en cuya virtud se procede, pues la norma específica autoriza sin lugar a dudas el intento ampliatorio de la ejecución.
No se vislumbra que se este modo pueda producirse la violación del derecho de defensa en juicio de la demandada, pues la misma podrá contestar la ejecución, si así lo entiende, con toda la amplitud para un ejercicio integral de sus derechos, pudiendo oponer todas las defensas y excepciones legales que las leyes aplicables le autorizan (arts. 5, 6 y conc. del decreto ley 9122/77; art. 15 Const. Prov.; art. 18 Const. Nac.).
Tampoco puede acudirse al tiempo transcurrido en el caso, como así las disposiciones específicas para decretar eventualmente la caducidad de instancia ante la supuesta inactividad de la Caja ejecutante, porque no son argumentos valederos para denegar la ampliación intentada.
7. Es en virtud de todo lo expuesto que el resolutorio atacado no se ajusta a derecho y debe ser revocado.
POR ELLO: En consideración a los argumentos que anteceden, se revoca la resolución del día 9/9/2021, debiendo en la instancia de origen proveerse al escrito de ampliación de la ejecución intentada presentado el día 7/9/2021. Sin costas, atento a ser un agravio producido de forma oficiosa (art. 68, segundo párrafo, CPCC). REGISTRESE. NOTIFÍQUESE en los términos del art. 10 del Ac. 4013/21, texto según Ac. 4039/21, SCBA. DEVUELVASE.
DR. LEANDRO A. BANEGAS DR. FRANCISCO A. HANKOVITS
JUEZ PRESIDENTE
(art. 36 ley 5827)
Fin de la sentencia