Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 132823
Lo que resolvió el tribunal
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POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede se confirma la sentencia de fecha 4 de agosto de 2022 y se imponen las costas de Alzada a la recurrente vencida.
Sentencia Definitiva
Causa N° 132823; SECRETARIA DE APREMIOS - LA PLATA
FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ MAPFRE ARGENTINA SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA S/ APREMIO
En la ciudad de La Plata, a los veinte días del mes de septiembre de dos mil veintidos, celebran telemáticamente acuerdo ordinario el señor Juez vocal de la Sala Segunda de la Cámara Segunda de Apelación, doctor Leandro Adrián Banegas, y el señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits, por integración de la misma (art. 36 de la Ley 5827) para dictar sentencia en la Causa 132823, caratulada: "FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ MAPFRE ARGENTINA SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA S/ APREMIO", se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor BANEGAS.
La Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1a. ¿Es justa la sentencia apelada de fecha 4 de agosto de 2022?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
1. La sentencia apelada, en lo que aquí interesa, rechazó la excepción de inhabilidad de título opuesta por la parte ejecutada y mandó llevar adelante la ejecución hasta tanto Mapfre Argentina Seguros SA haga efectivo pago a su acreedor Fisco de la Provincia de Buenos Aires la suma de $316.066,90 con más los intereses que impone el art. 104 del Código Fiscal desde la interposición de la demanda 31/10/2021 hasta su efectivo pago. Impuso las costas a la demandada por resultar vencida y postergó la regulación de honorarios hasta la oportunidad dispuesta por el art. 51 de la ley 14.967.
Determinó el juez de grado que el título cumple con todos los recaudos formales externos que debe contener. Para así decidirlo consideró que la inhabilidad de título sólo puede encontrar fundamento en sus formas extrínsecas, en el desconocimiento de la existencia de la deuda o de la calidad de deudor, hechos que no sustentan la excepción articulada.
Entendió que tampoco fue alegada la inexistencia de la deuda -la que por el contrario fue reconocida-, conteniendo el título una acreencia líquida y exigible con base en la legitimidad que rodea al instrumento, que solo puede conmoverse mediante el pago total documentado, efectuado con anterioridad a la emisión del mismo.
2. La sentencia fue apelada y fundada por la ejecutada con fecha 9 de agosto de 2022, recurso concedido y memorial contestado el 17 y 19 del mismo mes y año, respectivamente.
Se agravia la recurrente en cuanto considera que lo que se desconoció a través de la excepción articulada fue la existencia de la deuda, ya que el Fisco no puede exigir el pago de las atenciones brindadas a un tercero ajeno al contrato de seguro. Concretamente la inexistencia de causa que cimienta la excepción se nutre subsumiendo el monto pretendido en la normativa aplicable y, determinarlo el juzgador, no requiere de un amplio marco cognoscitivo que imponga producir cantidad de medios de prueba, sino solo acudir a la norma.
Asimismo, se desconoce la calidad de acreedor del Fisco de la Provincia de Buenos Aires, ya que dicho ente no puede exigir el pago de una suma superior a la Obligación Legal Autónoma, norma que rige este tipo de erogaciones.
Alega que la ejecutante pretende percibir el monto de $ 316.066,90 más intereses en concepto de obligación legal autónoma cuando el máximo prescripto por la normativa vigente conforme la resolución 1162 del año 2018 emitida por la Superintendencia de Seguros de la Nación era de $ 45.000,00 para gastos sanatoriales.
Afirma que el juzgador incurre en un excesivo rigor formal quien, en vez de hacer ceder mínimamente el proceso de apremio para arribar a la verdad material del caso, prefirió vedar de justicia a su representado amparándose en normas rituales.
En razón de lo expuesto, solicita se haga lugar al recurso y se revoque la sentencia.
3. A su turno, replica los agravios la parte ejecutante.
Aduce que la demandada reitera hechos y relatos que escapan y exceden ampliamente el marco del proceso de apremio, ya que el trámite administrativo es un procedimiento autónomo que se encuentra agotado, con lo cual todo planteo que intenta esgrimir la demandada constituye materia inabordable dentro del limitado ámbito de conocimiento del presente proceso de apremio, pues se trata de una cuestión que se encuentra dentro del marco del proceso administrativo siendo en consecuencia anterior e irrevisable por esta vía. Por lo tanto, cualquier planteo vinculado a los temas que intenta introducir en este acotado proceso los podrá intentar plantear y/o en su caso repetir en un juicio ordinario contra el Fisco de la Provincia.
Considera que, tras el velo de la excepción de inhabilidad, intenta nuevamente fundar su defensa en cuestiones totalmente ajenas este tipo de procesos, ya que entrar a conocer sobre la temática planteada, implica lisa y llanamente incursionar en la causa de la obligación.
Por último, destaca que la demandada no cuestiona ningún elemento extrínseco del título, incluso nunca negó la existencia de la deuda que se le reclama, sólo se disgusta con el monto liquidado, en base a lo dispuesto en Resoluciones que provienen de la Superintendencia general de Seguros de la Nación. Por tal motivo, no puede sostenerse la inexistencia de la deuda.
Solicita se rechace el recurso y se confirme la sentencia de primera instancia.
4.Tratamiento del recurso.
4.1. La limitación de conocimiento en el proceso de apremio se revela desde el inicio, en la causa de la pretensión fiscal, ya que el ejecutante, como pretensión, solo puede proponer a la cognición del órgano un hecho: la existencia de alguno de los títulos enumerados por el legislador (art. 2 Decreto Ley 9122/78).
Dicha limitación implica que la discusión en el proceso no puede remontarse a la causa de la obligación y que el incursionamiento en ella representa exceder el acotado marco de conocimiento del proceso de ejecución fiscal, lo que derivaría en un posible perjuicio para las rentas públicas que están destinadas a fines de utilidad e interés general.
Por su parte, también este principio alcanza a las excepciones que puede oponer el ejecutado, las que se encuentran taxativamente enumeradas por ley (art. 6 Decreto Ley 9122/78), aunque con algunas otras de orden procesal admitidas doctrinaria y jurisprudencialmente tales como la inexistencia de la deuda (Tulia, Mauro A, “Ejecución Fiscal en la Provincia de Bs. As.”, Ediciones Jurídicas 2014, pág. 67 y stes.).
4.2. En este contexto el ejecutado cuestiona la legalidad del procedimiento administrativo cumplido en el expediente EX-2020-22630602-GDEBA-HZGJVMSALGP por el Hospital Zonal General de Agudos “Julio de Vedia” de Nueve de Julio y, en razón de ello, opuso oportunamente la excepción de inhabilidad de titulo con fundamento, únicamente, en la inexigibilidad de la deuda contenida en él no obstante el reconocimiento implícito que hace de ella (de su existencia y exigibilidad) en el mismo escrito al decir que “…por las curaciones brindadas a la víctima del siniestro identificado con el Nro. 45012126976 la aseguradora ofreció abonar a la Dra. Romina Rosini, abogada del Hospital de 9 de julio, la suma correspondiente al monto de la Obligación Legal Autónoma, pero dicho ofrecimiento fue rechazado..” (ver escrito de fecha 29 de diciembre de 2021).
Entonces, corresponde limitar el tratamiento de los agravios a los fundamentos de la excepción de inhabilidad de título expresados oportunamente en el escrito de contestación de fecha 29 de diciembre de 2019 en base a los cuales la defensa fue contestada y el juzgador emitió su decisión, no resultando admisible la incorporación de nuevas razones legales a través del memorial de agravios (arts. 34 inc. 4, 163 inc. 6, 272, 330, 332, 354 y 362 del C.P.C.C.).
Al respecto se ha dicho que se encuentra vedado introducir una cuestión en forma novedosa y extemporánea en esta instancia, a través del recurso de apelación, pues ello difiere del esquema que conformó la cuestión en debate y decidió el juez de origen, resultando improcedente que el recurrente, frente a la suerte adversa de su reclamo en la instancia de grado, pretenda alterar el alcance y dimensión de su pretensión (conf. Doct. SCBA C. 98986, sentencia del 17/12/2008, C. 107.518, sentencia del 17/11/2010, C. 107.998, sentencia del 29/6/2011).
4.3. Así sentado lo anterior, habré de analizar como fundamentos procesalmente admisibles contenidos en la excepción opuesta, la ilegalidad del acto administrativo y la inexigibilidad de la deuda.
4.3.1. Respecto del primero de ellos, he de recordar que los actos administrativos, por el solo hecho de serlo, gozan a su favor de la presunción de legitimidad, la que viene impuesta por el legislador y su fundamento radica en la presunción de validez que acompaña a todos los actos estatales y por las garantías subjetivas y objetivas que preceden a la emanación del mismo. Dicha presunción admite prueba en contrario y no impide al ejecutado oponer la excepción de inhabilidad de título, la que podrá prosperar, en su caso, siempre y cuando se ataque alguno o varios de los elementos formales extrínsecos del acto, pero no podrá cuestionarse por esta vía procesal ni el origen, ni el procedimiento administrativo de su formación, ya que en ellos radica el fundamento de la citada presunción, quedando disponible para el interesado la opción del juicio de conocimiento posterior (Tulia, Mauro A, “Ejecución Fiscal en la Provincia de Bs. As.”, Ediciones Jurídicas 2014, pág. 142/143).
En razón de lo expuesto y siendo que el ejecutado no impugna ninguno de los requisitos extrínsecos del título - la identificación del legitimado pasivo, la firma del funcionario autorizado, el lugar y fecha de creación, la existencia de la suma total del crédito o de sumas parciales y la identificación del tributo adeudado- (art. 9 inciso c de la ley 13.406), sino que introduce la revisión de los trámites cumplidos en el expediente administrativo corresponde -sin más análisis- el rechazo de este agravio.
4.3.2. Como fuere dicho en el Considerando 4.2., el ejecutado reconoció en forma tácita la existencia y exigibilidad de la presente deuda al referir que en su oportunidad ofreció a la apoderada del Hospital 9 de Julio el pago de una suma determinada -menor a la reclamada por el Fisco- por la deuda aquí ejecutada, originada en las curaciones brindadas a la víctima del siniestro identificado con el Nro. 45012126976, ofrecimiento que fue rechazado por insuficiente.
Es decir que, mientras el ejecutado reconoce la existencia y exigibilidad de la deuda (al ofrecer su pago) impugna el monto de la misma, sosteniendo que se ha hecho caso omiso de las limitaciones dispuestas por la Superintendencia de Seguros de la Nación en sus diferentes resoluciones en relación a la Obligación Legal Autónoma por la cual se debe responder (art. 68 de la Ley nacional de Tránsito 24.449).
Tal cuestionamiento tampoco hace a ninguno de los requisitos extrínsecos del título, sino que, claramente, alude al proceso de formación del mismo tramitado mediante el expediente administrativo anteriormente citado.
En dicho sentido es determinante lo dispuesto en el art. 9 inciso c de la ley 13.406 al decir que la excepción de inhabilidad del título ejecutivo deberá fundarse únicamente sobre las formas extrínsecas. En ningún caso los jueces admitirán en este proceso controversias sobre el origen del crédito ejecutado o legitimidad de la causa.
Que el recurrente cuestione el monto de la deuda conformada en el título no trae como consecuencia la inexigibilidad de la misma, tal como alega. Ello, toda vez que el requisito de la liquidez y exigibilidad hace a la existencia de una deuda cierta y vinculada a un plazo vencido que de cuenta de la mora del deudor al momento de promoverse la ejecución.
En el caso, el título ejecutivo acompañado (ver pdf adjunto al escrito de inicio -31 de octubre de 2021-) cumple con dicho recaudo al consignar el monto original de la deuda reclamada -$ 211.295,15- (hoy $ 316.066,90)- con vencimiento el 17 de junio de 2020, esto es, anterior al inicio de estas actuaciones el 31 de octubre de 2021.
En consecuencia, tratándose de una deuda reconocida, líquida y exigible, corresponde rechazar el recurso interpuesto y confirmar la decisión apelada.
4.4. Por último, resulta importante destacar que el rechazo de la defensa opuesta por parte del juez de grado, y que corresponde confirmar en esta instancia revisora, no importa un exceso ritual manifiesto, en tanto y cuanto su desestimación no se ampara en el hecho de no ser una excepción contemplada dentro de las taxativamente previstas por ley, por el contrario, flexibilizando criterios de interpretación, se admitió subsumir en la inhabilidad de título los extremos traídos por el ejecutado -ilegalidad del proceso administrativo e inexigibilidad de la deuda reclamada-, mas se concluyó que ambas cuestiones excedían el marco procesal de conocimiento abreviado. Admitir lo contrario; importa sustituir principios de procesales que tienen razón de ser en pautas de orden y seguridad jurídica reciprocas; además de garantías constitucionales tales como el debido proceso y defensa en juicio (art. 18 CN).
4.5. Por todo lo expuesto y considerado, no siendo el juicio de apremio el procedimiento idóneo para decidir las cuestiones que plantea el quejoso, y advirtiéndose que el título que se ejecuta resulta hábil, corresponde confirmar el decisorio de primera instancia en lo que fue motivo de recurso y agravios (conf. arts. 2, 6, inc. “b”, dec. ley 9122/78, art. 9 inciso c ley 13.406).
5. Las costas de Alzada corresponde imponerlas al recurrente vencido (arts. 68, 69 y 163 inc. 8 del C.P.C.C.).
Voto por la AFIRMATIVA.
El señor Presidente doctor HANKOVITS, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
En atención al acuerdo alcanzado al tratar la cuestión anterior propongo confirmar la sentencia apelada e imponer las costas de Alzada a la recurrente vencida (arts. 2, 6, inc. “b”, dec. ley 9122/78, art. 9 inciso c ley 13.406, arts. 68, 69 y 163 inc 8 del CPCC).
. ASÍ LO VOTO.
El señor Presidente doctor HANKOVITS, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
CON LO QUE TERMINÓ EL ACUERDO, dictándose la siguiente:
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POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede se confirma la sentencia de fecha 4 de agosto de 2022 y se imponen las costas de Alzada a la recurrente vencida. REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE en los términos del art. 10 del Ac. 4013/21, texto según Ac. 4039/21, SCBA. DEVUÉLVASE.
DR. LEANDRO A. BANEGAS DR. FRANCISCO A. HANKOVITS
JUEZ PRESIDENTE
(art. 36 ley 5827)
Fin de la sentencia