Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 132156
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe revoca la resolución del día 05/04/2022, debiendo en la instancia de origen proveerse al escrito de ampliación de la ejecución intentada presentado el día 01/04/2022. Sin costas, atento tratarse de agravios generados de oficio (art. 68, segundo párrafo, CPCC).
Sentencia Interlocutoria
Causa N° 132156; SECRETARIA DE APREMIOS - LA PLATA
CAJA SEG. SOC. PROF. CIENCIAS ECONOMICAS C/GOLDAR JORGE LUIS S/ APREMIO
La Plata, 28 de Septiembre de 2022.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
1. La resolución del día 05/04/2022, en cuanto rechazó en forma liminar la ampliación de la ejecución pretendida por la Caja accionante, viene apelada por ésta a través de su letrado apoderado, con fecha 06/04/2022, fundando el recurso en la misma presentación. El remedio se concedió el 08/04/2022 (ver constancias obrantes en el sistema Augusta).
2. Para así resolver, la señora jueza de grado advirtió que en el caso no se trata de una misma obligación, sin perjuicio de tener en común que a través de todas se reclaman aportes previsionales; que mantener un expediente activo, efectuando presentaciones esporádicamente sin efectuar actuaciones que lleven a culminar el proceso, no encuentran punto alguno en común con la finalidad de percibir la suma adeudada; que la ampliación de la ejecución no se ha pergeñado para reclamar períodos adeudados sin límite temporal, pues las nuevas obligaciones previsionales continúan generándose en forma permanente mientras dure la afiliación de profesional en la Caja previsional ejecutante, lo que importaría tener un expediente abierto en trámite por cada afiliado deudor, en algunos casos durante diez, quince o veinte años -o lo que dure su vida laboral-, en muchos de ellos, sin que todavía el ejecutado haya tomado conocimiento de su promoción, contrariando los principios procesales del debido derecho de defensa, celeridad, igualdad procesal, plazo razonable, entre tantos otros, circunstancias que no pueden ser zanjadas con el instituto de la caducidad de instancia tal como está plasmado en la ley de apremios. En razón de ello, consideró que la ampliación de una ejecución, ya sea en los términos del art. 538 o del 539 del Código Procesal Civil y Comercial (en adelante, CPCC), después de tantos años desde que se iniciara la acción, constituye un abuso del instituto ampliatorio, podría cercenar derechos del demandado e impide culminar el proceso en un plazo razonable, concluyendo en su rechazo, sin costas (ver resolución atacada del 05/04/2022, sist. Augusta).
3. En prieta síntesis, la Caja de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires se agravia por entender que en la interpretación de las normas jurídicas, es prudente estar a la que más directamente surge de su letra de la que no cabe prescindir cuando es clara y precisa, toda vez que por imperio del art. 538 del CPCC se viabiliza la ampliación de demanda, en el caso particular por tratarse de la misma afiliada de la Caja actora (se deja aclarado en este acto, el mismo afiliado, Jorge Luis Goldar, y no la persona referida erróneamente en la pieza recursiva), a la que se le reclaman nuevos períodos impagos de idéntica naturaleza previsional que los exigidos en la demanda. Cita un precedente jurisprudencial de esta Sala y resalta que está prevista la incidencia del transcurso del tiempo respecto de la ampliación pretendida y que en este supuesto no se perfila el ejercicio antifuncional de la facultad ni un abuso del derecho (ver escrito electrónico del 06/04/2022, sist. Augusta).
4. Primariamente, cabe dejar sentado que en la especie corresponde aplicar al procedimiento de apremio que rige este proceso -como marco general- las disposiciones del decreto ley 9122/78 y no la de ley 13.406 que ha sido establecida para otros supuestos.
Así, esta Sala ha entendido que la ley 9122/78 no ha sido derogada y que el artículo 1° de cada una de las respectivas normativas referidas (decreto ley 9122 y ley 13.406) establecen con claridad el marco de actuación de cada uno de los procedimientos de apremio desarrollados en las citadas leyes, no produciéndose la derogación del sistema establecido por el primero y siendo la segunda complementaria del sistema puntualizando estrictamente en los créditos fiscales tributarios.
Así, en el ámbito bonaerense existen dos ordenamientos formales sobre apremio: el decreto ley 9122/78 y la ley 13.406. De la comparación del artículo 1º de ambas normativas, la única diferencia entre los textos legales es la frase “por tributos, sus accesorios y sus multas”, de donde es dable inferir que por deudas fiscales a favor de la Provincia o de los municipios de origen tributario (impuestos, tasas y contribuciones) rige la ley 13.406; pero para deudas fiscales a favor de la Provincia o de los municipios con otra etiología -no tributaria- rige el decreto ley 9122/78 (esta Sala, causas 117993, RSI 232/14, sent. int. del 09/10/2014; 119117, RSI 200/2015, sent. int. del 7/9/2015; 130751, RR 86-2022, sent. int. del 16/03/2022), que también resulta aplicable para las demás ejecuciones cuyas leyes especiales han previsto el procedimiento de apremio para el cobro de sus créditos (en el caso, artículo 60 de la ley 12.724).
Vemos que la deuda que aquí se pretende ejecutar es de carácter previsional y no responde a los enmarcadas en la ley 13.406 -crédito fiscal tributario- por lo que, conforme lo expuesto, las normas procesales principales por las cuales deberá llevar adelante la ejecución es por el proceso dispuesto en el decreto ley 9122/78, y no por el que propugnó originalmente la -por entonces- jueza de grado en su primer despacho -ver trámite de fecha 24/06/2008- y siguientes proveídos dictados en el presente expediente (esta Sala, causas 120380, RSD 270/2016, sent. del 06/12/2016; 130751, RR 86-2022, sent. int. del 16/03/2022).
5. Sin perjuicio de ello y a los fines de resolver el presente recurso, cuadra indicar que el artículo 18 de la ley 9122/78 (texto según ley 14.331) establece expresamente: “La presente Ley se complementará con las normas contenidas en las Leyes N° 13927 y N° 13406, el Código Fiscal -Ley N° 10397 y sus modificatorias. El Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires será de aplicación supletoria en todas las situaciones no previstas en las normas citadas en el párrafo precedente”.
Es decir, para ciertos supuestos, hace un reenvío expreso a la normativa de la referencia, entre las cuales se encuentra la ley 13.406.
Así es entonces que su artículo 4 prescribe claramente: “Antes de la notificación de la demanda, la parte actora a su elección, podrá acumular varios créditos en una sola ejecución y efectuar la modificación o ampliación de la demanda. Si vencieren nuevos períodos de una misma obligación con posterioridad a la notificación de la demanda, podrá ampliarse la ejecución con arreglo a lo dispuesto en el Código Procesal Civil y Comercial…”.
6. Atento lo expuesto, resulta entonces indistinto resolver si se trata de una misma obligación o no en el caso del reclamo de aportes previsionales, pues la norma establece sin lugar a duda que mientras no se haya notificado la demanda (intimación de pago) -tal lo que acontece en las presentes actuaciones- el actor puede acumular varios créditos en una sola ejecución y efectuar la modificación o ampliación de la demanda (causa 130751 cit.).
Conforme ello, no son de estricta aplicación las disposiciones del artículo 538 del Código Procesal Civil y Comercial para desentrañar si se tratare del vencimiento de algún plazo de la obligación en cuya virtud se procede, pues la norma específica autoriza sin lugar a dudas el intento ampliatorio de la ejecución.
No se vislumbra que de este modo pueda producirse la violación del derecho de defensa en juicio de la demandada, pues la misma podrá contestar la ejecución, si así lo entiende, con toda la amplitud para un ejercicio integral de sus derechos, pudiendo oponer todas las defensas y excepciones legales que las leyes aplicables le autorizan (arts. 5, 6 y conc. del decreto ley 9122/78; 15 Const. Prov.; 18 Const. Nac.).
Tampoco puede acudirse al tiempo transcurrido en el caso, como así las disposiciones específicas para decretar eventualmente la caducidad de instancia ante la supuesta inactividad de la Caja ejecutante, porque no son argumentos valederos para denegar la ampliación intentada (conf. esta Sala, causa 130751 cit.; art. 17 bis decreto ley 9122/78, incorporado por ley 14.333).
7. Es en virtud de todo lo expuesto que el resolutorio atacado no se ajusta a derecho y debe ser revocado (arts. 260, 272, CPCC).
POR ELLO: En consideración a los argumentos que anteceden, se revoca la resolución del día 05/04/2022, debiendo en la instancia de origen proveerse al escrito de ampliación de la ejecución intentada presentado el día 01/04/2022. Sin costas, atento tratarse de agravios generados de oficio (art. 68, segundo párrafo, CPCC). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE en los términos del art. 10 del Ac. 4013/21, texto según Ac. 4039/21, SCBA. DEVUÉLVASE .
DR. LEANDRO A. BANEGAS DR. FRANCISCO A. HANKOVITS
JUEZ PRESIDENTE
(art. 36 ley 5827)
Fin de la sentencia