Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 133631
de Febrero de 2023.
AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO:
1.a. Mediante resolución dictada el día 11 de octubre de 2022, el Sr. Juez de la instancia decidió mandar llevar adelante la ejecución hasta tanto T.L.P. Cuccina y Café S.A. haga íntegro pago a la Fiscalia de Estado de la Provincia de Buenos Aires del capital reclamado de Pesos Trescientos Sesenta Mil Seiscientos Cuarenta y Siete con Cuarenta y Tres Centavos ($360.647,43); monto al cual se le deben aplicar los intereses desde la interposición de la demanda -esto es, 5 de octubre de 2021-, conforme lo prescripto por los arts. 96 y 104 del Código Fiscal.
1.b. Contra dicha forma de resolver se alzó la parte actora, a través del recurso que viene interpuesto y fundado el día 20 de igual mes y año; donde comenzó por referir que, a diferencia de lo resuelto en la instancia, el computo de los intereses debe correr desde el 09 de octubre de 2019, fecha de la efectiva mora en el pago de la multa impuesta por la Dirección Provincial para la Gestión de la Seguridad Privada (Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires), tal como surge del título ejecutivo base de la presente acción.
En ese sentido, adujo que el sentenciante, sin fundamento alguno, hizo caso omiso a lo normado por el art. 64 de la Ley 12.297, en la cual se apoyó la presente acción, que expresamente dispone que “Las sanciones impuestas serán ejecutivas desde que la resolución quede firme. Cuando la sanción sea de naturaleza pecuniaria la Autoridad de Aplicación fijará un plazo para su cumplimiento, sin que éste pueda ser inferior a quince (15) ni superior a treinta (30) días hábiles”.
En ese sentido y luego de citar también el art. 65 de la misma norma, adujo que a los fines de determinar cuándo opera la mora, debe tenerse en consideración que la multa ha sido notificada el día 8 de octubre de 2019, razón por la cual aquella acaeció el día 9 de octubre de 2019.
Siguió agregando que los arts. 18 de la ley 9122 y 25 de la ley 13.406 remiten en forma expresa al Código Fiscal, el cual, en su art. 96 dispone que los intereses se deben desde el vencimiento de la obligación y hasta el día de la interposición de la demanda, conforme un interés anual que no podrá exceder, en el momento de su fijación, el de la tasa vigente que perciba el Banco de la Provincia de Buenos Aires en acuerdos para el sobregiro en cuenta corriente bancaria, incrementada en hasta un ciento por ciento (100%); y, en atención a lo dispuesto por el art. 104 de dicha norma, desde el momento de la interposición de la demanda y hasta el del efectivo pago, se devengará un interés anual que no podrá exceder, en el momento de su fijación, el de la tasa vigente que perciba el Banco de la Provincia de Buenos Aires en acuerdos para el sobregiro en cuenta corriente bancaria, incrementada en hasta un ciento cincuenta por ciento (150%), que será establecido por el Poder Ejecutivo a través de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Esgrimió que, en caso de no tomar esas referencias, se estará violentado su derecho de propiedad, omitiendo dos años de intereses prejudiciales que fueron oportunamente reclamados, lo cual llevaría como contrapartida un enriquecimiento ilícito de la demanda y una pérdida para su patrimonio del orden de los $344.359,87.
Finalmente hizo hincapié en que se trata de una deuda no tributaria, por lo que los intereses no vienen incorporados en el título; y que el silencio guardado por la demandada -decidiendo no presentarse en estos actuados- convalida y acepta lo requerido por su parte en el escrito de demanda.
2.a. Liminarmente, es preciso referir que lo que aquí se ejecutan no son tributos, sino la multa impuesta a la demandada por infracción al art. 20 de la ley 12.297, relativa a las "Actividades de las personas jurídicas prestadoras del servicio de seguridad privada", en el marco de un expediente administrativo que fuera tramitado por ante el Ministerio de Seguridad - Dirección Provincial para la Gestión de la Seguridad Privada, donde se emitió el respectivo título ejecutivo, el que se adjuntara con la demanda.
Así pues y ante la denunciada ausencia de pago, el procedimiento aplicable es el de apremio, en el marco del cual deben imperar, de manera armónica, la referida ley 12.297, las normas que regulan este especial mecanismo de procesamiento de deudas (leyes 9122 y 13.406) y aquella complementaria -conforme lo previsto en los arts. 18 y 25, respectivamente-, que es el Código Fiscal.
2.b. En esa línea y enfocados en el agravio que volcara el apelante -relativo a la fecha a partir de la cual deben calcularse intereses-, es necesario reseñar -como bien lo hace el apelante- lo previsto en el art. 64 de la primera de aquellas normas, al fijar que "Las sanciones impuestas serán ejecutivas desde que la resolución quede firme. Cuando la sanción sea de naturaleza pecuniaria la Autoridad de Aplicación fijará un plazo para su cumplimiento, sin que éste pueda ser inferior a quince (15) ni superior a treinta (30) días hábiles".
En el caso, el instrumento base de autos transcribe el contenido de la decisión administrativa que asumió la Autoridad de Aplicación, surgiendo de allí que la sanción fue impuesta el día 15 de abril de 2019, habiendo sido notificada el 8 de octubre del mismo año; que el plazo para impugnarla era de diez o cinco días -según el recurso administrativo aplicable-; y que aquél destinado a cumplirla era de treinta días hábiles.
Con esa inteligencia, es menester recordar también que la ley 10.397 no sólo establece la fecha de cómputo de los accesorios, sino también el interés que corresponde aplicar en el tipo de deuda que aquí se reclama. En efecto, el art. 96 de la misma determina que "La falta total o parcial de pago de las deudas por [...] multas, que no se abonen dentro de los plazos establecidos al efecto, devengarán sin necesidad de interpelación alguna, desde sus respectivos vencimientos y hasta el día de [....] interposición de la demanda de ejecución fiscal, un interés anual que no podrá exceder, en el momento de su fijación, el de la tasa vigente que perciba el Banco de la Provincia de Buenos Aires en acuerdos para el sobregiro en cuenta corriente bancaria, incrementada en hasta un ciento por ciento (100%)", el que será establecido por el Poder Ejecutivo a través de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires; mientras que el art. 104 afirma que en los apremios "...se devengará, desde el momento de la interposición de la demanda y hasta el del efectivo pago, un interés anual que no podrá exceder, en el momento de su fijación, el de la tasa vigente que perciba el Banco de la Provincia de Buenos Aires en acuerdos para el sobregiro en cuenta corriente bancaria, incrementada en hasta un ciento cincuenta por ciento (150%)", que se establecerá de igual manera a la de la norma citada previamente.
2.c. En virtud de la reseña legislativa que efectuáramos y atento lo expresamente requerido en la demanda, habremos de colegir que la decisión de la instancia no se ajusta a derecho, habida cuenta que sólo ha reconocido los accesorios desde que la pretensión fue iniciada en sede judicial, omitiendo aquellos que se devengaron a partir de la firmeza de la multa y el vencimiento del plazo para su cumplimiento -lo que hizo incurrir en mora a la accionada-, hasta aquél hito procesal (cfr. Tulia, Mauro A., Ejecución fiscal en la Provincia de Buenos Aires, Jurídicas, 2014, pág. 404, pto. 8.1.4).
Esto último que expusiéramos significa que, aun cuando la resolución atacada se evidencie como incorrecta, ello no implica automáticamente que la postura revisora sea receptada tal y como se postuló. Es que la fecha que pretende el Fisco de la Provincia de Buenos Aires como de inicio de los intereses (9 de octubre de 2019), además de no estar debidamente explicada, no guarda relación alguna tampoco con las normas en cita y el propio texto de la decisión administrativa. Las nociones técnicas referentes a la notificación de un pronunciamiento, la firmeza que pudiera adquirir el mismo, el plazo que se destinada para el pago y la incursión en mora, juegan un papel preponderante en esta disquisición.
En efecto, la lectura de todos aquellos elementos (normas, decisión y conceptos) aplicada en la especie arroja como resultado que, una vez notificado el acto administrativo el día 8 de aquel mes y año, el accionado contaba con un lapso máximo de diez días hábiles para recurrirla -tal como se consignó en su texto-, lo que no hizo; por lo que la multa allí impuesta adquirió firmeza el día 24. Desde allí, comenzó el plazo de treinta días conferido -en el propio texto- por la Autoridad de Aplicación para obtener su pago (art. 64 ley 12.297), el que tampoco se verificó; razón por la cual, la fecha de incursión en mora, automática en el caso (art. 96 del Código Fiscal), fue el 10 de diciembre de 2019.
En virtud de todo lo expuesto, se impone concluir que la decisión puesta en crisis merece ser modificada, dejando constancia que los accesorios allí reconocidos -y no impugnados- deberán computarse desde la fecha de mora -10 de diciembre de 2019- hasta la de interposición de la demanda conforme el art. 96 del Código Fiscal; y, desde el día siguiente a dicho hito procesal hasta el efectivo pago, según lo previsto en el art. 104 de la misma norma (esta Sala, causa 120431, RSD 249/16, del 8-9-2016).
Déjase constancia que la actora deberá detallar, al tiempo de practicar la respectiva liquidación, cuál es la tasa o índice aplicado y, en su caso, la resolución administrativa que la establezca en cada uno de los períodos, a los efectos de permitir el respectivo contralor.
POR ELLO, y fundamentos expuestos, corresponde modificar la resolución dictada el día 11 de octubre de 2022, dejando constancia que los accesorios allí reconocidos deberán computarse del siguiente modo: 1) desde la fecha de mora -10 de diciembre de 2019- hasta la de interposición de la demanda, conforme el art. 96 del Código Fiscal; y 2) desde el día siguiente a dicho hito procesal hasta el efectivo pago, según lo previsto en el art. 104 de la misma norma; dejando constancia que la actora deberá detallar, al tiempo de practicar la respectiva liquidación, cuál es la tasa o índice aplicado y, en su caso, la resolución administrativa que la establezca en cada uno de los períodos, a los efectos de permitir el respectivo contralor. Las costas se imponen por su orden, atento tratarse de un agravio generado de oficio, la ausencia de oposición de la contraria y la recepción parcial del recurso (art. 68, 69 del CPCC). REGISTRESE. NOTIFÍQUESE. DEVUÉLVASE.
Fin de la sentencia