Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 134902
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe confirma la apelada resolución de fecha 30/03/2023 en lo que ha sido materia de recurso y agravios. Costas de Alzada a la parte apelante.
MCM / ND
En la ciudad de La Plata, a los 27 días del mes de Junio de 2023 reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación, Doctores Jaime Oscar López Muro y Ricardo Daniel Sosa Aubone, para dictar sentencia en los autos caratulados: "CAJA SEG. SOC. VETERINARIOS PCIA. BS. AS. c/ SIERRA VERONICA CAROLINA s/ APREMIO" (causa: 134.902), se procedió a practicar el sorteo que prescriben los artículos 168 de la Constitución de la Provincia, 263 y 266 del Código Procesal, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor Sosa Aubone.
LA SALA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra. ¿Es justa la apelada sentencia de fecha 30/03/2023?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el doctor Sosa Aubone dijo:
1. Antecedentes.
1.1. La Juez en la sentencia del 30/03/2023 rechazó la excepción de inhabilitad de título ejecutivo e hizo lugar parcialmente a la excepción de prescripción opuesta por la accionada, Verónica Carolina Sierra, y, consecuentemente mandó llevar adelante la ejecución hasta que la demandada haga íntegro pago a la actora, Caja de Seguridad Social para Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires, del capital reclamado correspondiente a los períodos que van desde el 1-2008 con vencimiento el 11/2/2008 al 9-2015 con vencimiento el 13/10/2015, con más los intereses establecidos por la Asamblea (art. 26 inc. "e" de ley 13.169) desde que cada período es adeudado hasta su efectivo pago debiendo a tal fin practicar la parte actora la respectiva liquidación dentro del plazo de diez (10) de notificada (conf. arts. 25 de la Ley 13.406 y 501 del C.P.C.C). Impuso las costas de la excepción de prescripción que prospera, a la parte actora, y las de la ejecución que se ordena llevar adelante a la parte demandada atento su calidad de vencida.
1.2. Se alza la actora disconforme con esa forma de decidir, que funda en la presentación del 05/04/2023 sin merecer réplica de la contraria tal como surge del proveído de fecha 17/05/2023.
En lo sustancial de su crítica se refiere a que mandar a abonar al demandado el capital reclamado calculado en función del valor del Juvet en cada uno de los respectivos vencimientos mensuales, y no al momento de certificar la deuda, desoye las claras previsiones de la jurisprudencia y lo dispuesto por el art. 772 del Código Civil y Comercial de la Nación y la Ley 13.169; que la obligación de los afiliados a la Caja actora es, de la forma en que se encuentra regulada en lo que hace a los aportes previsionales periódicos, una deuda de valor (art. 67, ley 13169) y de allí que no se expresan en dinero, sino que se refieren a una unidad de medida que la ley llama el Juvet. Agrega que el artículo 70 de la ley 13.169 contiene las pautas de cuantificación del quid en dinero y determinación de su valor real al momento del efectivo pago (arts. 21 y 71, ley 13169) sin que ello colisione con la prohibición de indexar prevista en los artículos 7 y 10 de la ley 23.928 tal como surge de jurisprudencia que cita.
Continua su discurso impugnativo refiriéndose al gravamen irreparable de carácter patrimonial por resultar afectado el orden público de la seguridad social que subyace en autos; que la sentencia en revisión no hace gravitar la jurisprudencia de nuestro máximo Tribunal de la Nación que cita. Destaca la necesidad de ingresar los aportes de los afiliados en término para financiar el sistema previsional, junto a la progresividad y movilidad del haber previsional por ser elementos necesarios de la relación jurídica de la seguridad social, que se interrelacionan constantemente. Cita jurisprudencia de la CSJN en autos “Sanchez, María del Carmen c/Anses s/Reajuste de Haberes”, del 17 de mayo del año 2005 y doctrina. Alude al legítimo accionar de la accionante que no sólo es ajustado a las prescripciones de la Ley 13.169, sino que y lo que reviste aún mayor importancia, es el cumplimiento de la Doctrina y Jurisprudencia del caso, y de los preceptos constitucionales de aplicación.
Posteriormente, se extiende detalladamente acerca del funcionamiento del régimen contributivo de la entidad y de los mecanismos legales de financiación del sistema para concluir en que se debe condenar a la demandada al pago de los Juvets adeudados con más los intereses fijados por la asamblea, conforme su valor a la fecha del efectivo pago. Hace reserva del caso federal.
2. Tratamiento de los agravios.
2.1. Esta Sala ha sostenido en anteriores oportunidades que constituye presupuesto visceral de todo planteo revisor la existencia de agravios ciertos y actuales que generen perjuicios concretos en la posición del apelante, razón por la cual deviene impropio que el órgano jurisdiccional sopese parcelas del proceso que carecen virtualidad jurídica (arts. 163 incs. 5º y 6º, 242, 246, 260 del Código Procesal). Es decir, el agravio, para justificar la apelación debe ser actual: ha de existir al momento de dictarse la sentencia (Causa 119154 RSD 165/15 S 29/09/2015).
Por tal razón, el alegado eventual grave perjuicio patrimonial que se configuraría en la posición de la accionante para el caso en que todos los profesionales se encuentren en mora que refiere el recurrente no deja de ser una hipótesis.
Asimismo, el fallo que se cita en la memoria referido a la causa “Sánchez María del Carmen c/Anses s/Reajustes de haberes” emanado de nuestra Corte Suprema, no resulta de aplicación a la especie toda vez que se trata de otra temática, esto es, la movilidad de las jubilaciones y pensiones, mientras que en autos se intenta cobrar por vía de apremio lo adeudado en materia de aportes al sistema de seguridad social en juvets, que es una unidad de medida dispuesta por la ley 13.169. Del mismo modo, el fallo indicado “De Cano c/ Caja s/ Pretensión anulatoria” de la Cámara Contenciosa, entre otros, tratan cuestiones distintas a las abordadas en el presente.
2.2. Es criterio de esta Sala, que frente a la naturaleza imperativa de la ley 23.928 -texto según ley 25.561-, en cuanto no admite la actualización monetaria o indexación por precios y mantiene derogadas todas las normas legales o reglamentarias que establecen o autorizan la repotenciación de deudas (artículos 7 y 10 de la citada ley), resultan inaplicables las disposiciones que contravienen lo allí dispuesto (esta Sala, causas 131.818, RSD. 151/22, del 10/06/2022; 131.323, RSD. 59/22, del 17/03/2022; 121.015, RSD. 297/16, del 27/10/2016; 114.181, RSD. 122/11, del 30/8/2011, “Caja de Previsión y Seguro Médico de la Provincia de Buenos Aires c/Saraví, Leopoldo s/Apremio”, reg. sent. 122/11).
En la misma línea se han expedido, al analizar la ejecución de las deudas con las cajas profesionales de seguridad social, la Sala III de esta Cámara (causa 132.450, del 22/8/2022, “Caja Seg. Soc. Veterinarios Pcia. Bs. As. c/Di Crescenzo, Verónica Gabriela s/Apremio”, integrada por los Dres. Larumbe-Soto); y la Sala I de la Cámara Primera en lo Civil y Comercial (causa 278.707, del 10/11/2022, “Caja Seg. Soc. Veterinarios Pcia. Bs. As. c/García, Leonardo Paulo s/Apremio”, integrada por los Dres. Montoto-Bourimborde).
Si bien la Suprema Corte provincial no se ha pronunciado en la materia (deuda de seguridad social expresada en una unidad de medida), con respecto al pago de una deuda originada en un mutuo hipotecario, cuyo pago se pactó en módulos -deuda de valor- el Máximo Tribunal provincial en las causas Ac. 60.267 (en “Caja de Previsión Social para Profesionales de las Ciencias Farmaceúticas de la Provincia de Buenos Aires c/Chiotta, Silvia Beatriz y otro s/Ejecución Hipotecaria”, del 12/8/97) y Ac. 59.636 (en “Caja de Previsión Social para Profesionales de las Ciencias Farmaceúticas de la Provincia de Buenos Aires c/Piccolotto, Noelia Gloria s/Ejecución Hipotecaria”, del 18/11/97), consideró que ello constituye un mecanismo de actualización prohibido por la ley 23.982, desde que los arts. 7 y 10 vedan expresamente la actualización monetaria, cualquiera fuere su causa, con posterioridad al 31/3/91, habiendo agregado -bajo la vigencia del derogado Código Civil- que no es argumento suficiente para eludir la prohibición legal, la división entre deudas de dinero y deudas de valor, para excluir así a las segundas de las previsiones de la ley 23.928.
Si bien se ha considerado que tal criterio, sobre la improcedencia de todo tipo de indexación, se aplica en cualquiera de las modalidades en que se las quisiera utilizar (Cám. Civ. y Com. 1ra., Sala II, La Plata, causa 226.413, reg. sent. 156/97; causa 254.459, del 9/12/2010, “Caja de Seguridad Social para Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires c/Mugarza, Jorge Esteban s/Apremio”);, ello merece algún tipo de distinción.
Es que tal limitación en la repotenciación resulta plenamente aplicable cuando la obligación originariamente pactada es en pesos, lo cual no aplica cuando la obligación es de dar cantidades de cosas, a la que hacía referencia el art. 606 del Código Civil (ver SCBA, C. 119197, 22/6/2016, “Freccero, Darío Omar y otro c/Torretta, Maricel s/Cumplimiento de contrato”), constituyendo un arbitrio apropiado para mantener la paridad de las prestaciones recíprocas.
Ahora bien, a partir de la vigencia del nuevo C.C.C.N. (1/8/2015), que en su art. 772 introduce una norma totalmente novedosa, al incorporar las deudas de valor como una categoría válida, dicha doctrina legal de la SCBA -que no ha sido replicada luego de ello- no sería aplicable, máxime cuando tal categoría ha sido expresamente reconocida por nuestro superior tribunal provincial que ha dicho que la citada norma particulariza ahora de manera explícita el criterio del “realismo económico" (SCBA, A. 74.138, 27/11/2019, por mayoría; A. 73.454, 13/11/2019, por mayoría; L. 119.914, 22/6/2020, por mayoría).
La deuda de valor se caracteriza porque la prestación no está integrada por dinero sino por un valor, aunque se extinga la obligación pagándose una suma de dinero. Se debe un valor: un quid y no un quantum. Este valor debe ser traducido a una suma de dinero y para ello se procede a liquidar el crédito o beneficio para convertirlos en moneda que será el medio de satisfacerla (SCBA, C. 121.649, 21/12/2018, “Valentín, Norma Beatriz c/Rurisotti, Rodolfo y otros s/Daños”). El dinero no aparece in obligatione (lo debido no es dinero sino un valor) sino in solutione (dicho valor debe traducirse en dinero y pagarse en dinero). Se debe un valor, pero se paga en dinero (SCBA, C. 123.367, 21/10/2020, “Sandobal, Félix Gustavo /Gaida, Matías y otro s/Daños”).
Entonces, por más que se pueda considerar que el "JUVET" para los veterinarios (arts. 19 inc. “a”, 71, ley 13.169) constituye una pauta de reajuste del monto de los aportes y prestaciones que deben realizarse o cumplirse dentro del régimen propio y que, como resolviera esta Sala (causa 120.607, RSD 219/16, sent. del 10/08/2016), esa medida obra "a los efectos de la actualización de la deuda por el envilecimiento del signo monetario" (causas B-47203, reg. sent. 173/79; 114181, reg. sent. 122/11), ya no se puede sostener válidamente que los "juvets" -al igual que ocurre con el “ius”, "galeno", “caduceo”, "módulo", "unidades de cuentas previsionales"-, son un mecanismo de actualización prohibido (tal como se sostuvo en: SCBA., Ac. 27.908, del 2/10/79, DJBA 117-250; ésta Sala, causas B-47.203, reg. sent. 173/79; B-76.245, reg. sent. 327/93; B-76.674, reg. sent. 352/93; B-78.559, reg. sent. 180/94; B-80.870, reg. sent. 290/95; B-81.867, reg.sent. 40/96; 114.181, reg. sent. 122/11), ni que su admisión claramente colisiona con las normas de los citados artículos 7 y 10 de la ley 23.928 -texto según ley 25.561-, por lo que propongo cambiar lo sostenido hasta la fecha por esta Sala.
No es ocioso destacar que el carácter imperativo de la ley 23.928, que había sido establecido en el art. 13 de dicha norma, fue uno de los artículos derogados por la reforma de la ley 25.561.
Es más, la SCBA regula honorarios en “ius”, lo cual es demostrativo de la pertinencia de dicha unidad de medida (conf. art. 51, ley 14.967) (art. 161 inc. 3 a Const. Prov.).
De tal modo, el "juvet, al tratarse de una deuda de valor (art. 772, C.C.C.N.), por más que constituya una pauta de reajuste del monto de los aportes y prestaciones que deben realizarse o cumplirse dentro del régimen propio, no viola lo normado por los arts. 7 y 10 de la ley 23.928, que debe integrarse con lo dispuesto por el art. 772, C.C.C.N., que -se reitera- consagra las deudas de valor. Ahora bien, una vez que el valor es cuantificado en dinero, se aplica dicha prohibición.
Por ende, se torna injustificable que deudas de devengamiento periódico como las que se ejecutan en el "sub lite", puedan revigorizarse una vez cuantificadas en dinero, so capa de disquisiciones doctrinarias inaplicables en la especie.
Sabido es que constituye una misión fundamental del intérprete indagar el verdadero alcance de la ley, mediante un examen atento y profundo de sus términos que consulte la realidad del precepto, puesto que, sea cual fuere la naturaleza de la norma, no puede prescindirse de su finalidad para indagar el auténtico sentido de sus disposiciones (SCBA, Ac. 88.092, 2/3/2005; L. 81.860, 12/12/2007; C. 101.652, 10/10/2012). La doctrina del máximo Tribunal Federal es conteste en la materia, sosteniendo que al interpretar una norma, debe tenerse en cuenta, además de su letra, la finalidad perseguida y la dinámica de la realidad (CSN, Fallos:320:875; 328:1146).
En este sentido, la Sala I (causa 277.816, del 1/6/2022, “Caja Seg. Soc. Veterinarios Pcia. Bs. As. c/Sabcovsky, Gabriel Adrián s/Apremio”, integrada por los Dres. Hitters-Maggi), al igual que la Sala II, de la Cámara Primera (causas 272.335, del 27/2/2020, “Caja de Seguridad Social para Profesionales Ciencias Económicas c/Gaita, Rafael Daniel s/Apremio”, integrada por las Dras. Hooft-Bourimborde; 273.903, del 22/9/2020, “Caja de Seguridad Social para Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires c/Barusso, Marcelo Guillermo s/Apremio”, integrada por las Dres. Hooft-Bourimborde), consideran que la deuda del afiliado -aportes no cuantificados en dinero sino en base a una unidad de medida- es una deuda de valor y que una vez que el valor es cuantificado en dinero se aplican las disposiciones referidas a las obligaciones dinerarias. En resumen, al haberse cuantificado la deuda, la obligación originariamente de valor mutó en una dineraria (art. 772, C.C.C.N.) y a su respecto rige la normativa de orden público que prohíbe la actualización monetaria, indexación por precios o repotenciación de deudas, haya o no mora del deudor (art. 7, ley 23.928).
En orden a lo explicitado, y criterio de la Sala, frente a la naturaleza imperativa de la ley 23.928 (art. 13) no cabe sino concluir en la prohibición de ajustes monetarios de cualquier tipo a partir del 1° de abril de 1991, se aplica una vez cuantificado en dinero la deuda de valor esgrimida. En consecuencia, no resultan audibles las alegaciones que formula la parte actora en orden al carácter previsional de la deuda (uno de cuyos caracteres es la movilidad) y que son fondos destinados al financiamiento de la seguridad social, cuando además, en el supuesto de acogerse su pretensión de liquidar módulos de actualización con más los intereses pretendidos le generaría un enriquecimiento sin justificación valedera en función de la finalidad de las normas antes citadas, lo cual no puede ser convalidado por el carácter previsional de la deuda en cuestión (si se actualiza el “juvet” a la fecha del efectivo pago y se le adicionan los intereses fijados en la Asamblea desde la fecha de la mora, se obtendría una renta muy superior y en nada proporcionada con la movilidad del haber, aún cuando dichos intereses sean morigerados).(esta Sala, causa 132.819, 22/12/2022, “Caja de Seguridad Social para Profesionales en Ciencias Económicas c/Pardella, Edgardo s/Apremio).
Esta solución se impone, sobremanera cuando la propia legislación específica que regula el marco de actuación de la Caja actora no tiene prevista la posibilidad de promover la ejecución de los aportes debidos por su afiliados directamente en la unidad de medida JUVET (esta Sala, causa 131.818, RS 151/2022, e.o.).
Consecuentemente, voto POR LA AFIRMATIVA .
A la primera cuestión planteada el señor Juez doctor López Muro dijo que por análogas razones a las meritadas por el colega preopinante adhería a la solución propuesta y en consecuencia también votaba por la AFIRMATIVA .
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Sosa Aubone dijo:
En atención el acuerdo logrado corresponde, y así lo propongo, confirmar la apelada sentencia de fecha 30/03/2023 en lo que ha sido materia de recurso y agravios. Postulo que las costas de Alzada sean soportadas por la parte apelante que reviste objetiva condición de vencida en su intento revisor (arts. 68 y 69 del CPCC)
ASI LO VOTO.
A la segunda cuestión planteada el señor Juez doctor López Muro dijo que por idénticos motivos votaba en igual sentido que el doctor Sosa Aubone.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente:
POR ELLO, y demás fundamentos expuestos, se confirma la apelada resolución de fecha 30/03/2023 en lo que ha sido materia de recurso y agravios. Costas de Alzada a la parte apelante. REG. NOT . DEV.
Fin de la sentencia