Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 136526
YAN
En la ciudad de La Plata, a los 11 días del mes de julio de 2024 reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación, Doctores Jaime Oscar López Muro y Ricardo Daniel Sosa Aubone, y por integración el Presidente de la misma Dr. Agustin Hankovits, para dictar sentencia en los autos caratulados: "CAJA DE PREV. SOC. AGR. ARQ. ING. Y TEC. C/ DI PAOLO MARCOS CLAUDIO S/ APREMIO " (causa: 136526 ), se procedió a practicar el sorteo que prescriben los artículos 168 de la Constitución de la Provincia, 263 y 266 del Código Procesal, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor Sosa Aubone.
LA SALA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra. ¿ Es justa la apelada sentencia del 29/11/2023?.
2a. ¿ Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el doctor Sosa Aubone dijo:
1. Antecedentes.
1.1. El 29/11/2023 la Jueza de la anterior instancia hizo lugar al planteo de inconstitucionalidad del art. 75 inc. “a” de la ley provincial 12.490 -que establece un plazo de prescripción de diez (10) años para el cobro de aportes adeudados a la Caja de Previsión Social para Profesionales de la Ingeniería, Arquitectura, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la Provincia de Bs. As.- y a la excepción de prescripción opuestas por el demandado, rechazando en consecuencia la demanda promovida por la actora, a quien le impuso las costas.
Consideró que evitar el examen de la inconstitucionalidad planteada violentaría el principio de celeridad y que siendo facultad de legislar sobre la prescripción liberatoria materia delegada a la Nación y que, por ende, esta vedada a las provincias conforme el precedente de la Corte Suprema nacional en el caso “Filcrosa”, ratificado en “Montamat”, del 8/20/2020, debe declararse la inconstitucionalidad del plazo de prescripción de diez (10) años que establece la ley provincial 12.490 en el art. 75 precitado. Frente a ello y en ausencia de norma específica que regule la actividad, derechos y obligaciones de los afiliados y de la Caja Previsional bonaerense, ha de estarse a lo regulado por el Código Civil y Comercial, cuyo art. 2532 establece que en ausencia de disposiciones específicas, se aplican las reglas del CCCN, cuyo art. 2562 establece un plazo de prescripción de dos (2) años.
1.2. La parte actora, disconforme con esa forma de decidir la cuestión interpone recurso de apelación que arriba fundado en la presentación del 07/12/2023 y no mereciera contestación según proveído del 28/12/2023.
Sostiene, en lo sustancial, que la decisión es errónea; que viola las normas positivas expresas como la prolífera y concordante jurisprudencia aplicable; que la declaración de inconstitucionalidad del art. 75 de la ley 12.490 resulta manifiestamente improcedente desde el aspecto formal dado el marco acotado del procedimiento de apremio, como también desde el punto de vista de las disposiciones del CCCN.
Refiere que la aplicación del CCCN en lo que hace a las normas generales de prescripción conlleva a que la sentencia recurrida resulte clara y manifiestamente contraria a derecho; que se debió acudir por principio de analogía y especialidad a las normas previsionales nacionales. Continúa destacando el erróneo enfoque civilista que da la Jueza a una cuestión absolutamente previsional; que el principio de especialidad normativa supone el tránsito de una regla más amplia, que afecta a todo un género, a una regla menos extensa, que afecta exclusivamente a una especie; y que los plazos generales previstos en el CCCN deben reputarse derogados en materia previsional por los fijados en leyes posteriores, siendo aplicable la prescripción decenal establecida en el art. 16, ley nacional 14.236.
2. Tratamiento de los agravios.
Por razones de orden metodológico abordaré en primer término la crítica esbozado en torno a la constitucionalidad pues en caso de resultar fundada, habrá de incidir en la suerte de la también cuestionada prescripción.
2.1. Planteo de inconstitucionalidad.
2.1.1. Pertinencia del planteo. El juicio de apremio, como es el que me convoca, es un proceso especial, rápido y abreviado, donde el rito se manifiesta con mayor severidad respecto a otras categorías de procesos ejecutivos de limitado ámbito de conocimiento, quedando ceñida la discusión -por regla- a los aspectos formales del título, sin que corresponda adentrarse a la temática que hace a su conformación, lo cual queda diferido para el juicio ordinario posterior (art. 6 “in fine” y 18, Dec. ley 9122/78; 551, CPCC; SCBA, DJBA 130-281; esta Sala, causa 106.668, 30/11/2006, RSD. 266/2006).
Ello así desde que su finalidad es la realización coactiva de un derecho ya declarado en un título -que ostenta presunción de legitimidad- y que tiene como presupuesto la existencia de una deuda exigible (conf. Peyrano, Jorge, "Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fe”, Juris, 2a. ed., T.2, pág. 364), lo cual ha sido plasmado en la legislación adjetiva (arts. 1, 2, 5, 6, 7, 9, 18 y 22, Dec. ley 9122/78; 551, CPCC), cuyo marco de actuación los jueces deben respetar (arts. 1, 2 y 3, CCCN; 163, 164 y 384, CPCC).
Por ello, en este tipo de juicios, son impropios los planteos cuya admisión o rechazo depende de la constatación o análisis, por parte de los jueces de la causa, de las circunstancias fácticas que hacen a la determinación o génesis de la deuda contenida en el título, ya que ello desvirtuaría el limitado ámbito cognoscitivo impuesto por la ley.
En relación al planteo constitucional, si bien no es una defensa contemplada expresamente para este tipo de procesos, su admisión depende -a fin de no incurrir en un excesivo rigor formal violatorio del derecho de defensa (arts. 18, Const. Nac.; 15, Const. Prov.)- del tipo de análisis que la cuestión constitucional requiera.
Si la repulsa constitucional de las normas cuestionadas implica adentrarse en el análisis interno del título y/o la génesis de la obligación ejecutada, no es posible realizar dicha tarea en el juicio de apremio, ya que se lo desnaturalizaría. Es que la habilitación que puede llevar a cabo el análisis constitucional de una norma en el juicio de apremio, se da solo cuando no se trata de un vicio interno del documento o que hace a la génesis del mismo, ya que en estos casos se estaría ante una inhabilidad intrínseca del título, cuyo análisis es propio de un eventual juicio ordinario posterior (arts. 551, CPCC; 18, Dec. Ley 9122/78).
A mayor abundamiento se ha expresado que la ejecución fiscal no admite la discusión relativa al procedimiento administrativo antecedente o al acierto de la determinación tributaria así como cualquier otro extremo concerniente a la creación del título, pues todos esos aspectos remiten al origen del crédito ejecutado (conf. SCBA, Ac. 90.299, 24/5/2006, “Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/Cabanas, Raúl Alberto s/Apremio”), lo cual aplica respecto de los planteos que se realicen en base a una supuesta inconstitucionalidad de alguna de las normas que hacen a la determinación de la deuda cuya aplicación está en juego en el marco de un juicio de apremio.
Y que, trayendo palabras del Dr. de Lázzari, al dar su voto como juez de la SCBA en las causas C. 99.577, S, del 9/12/2009; C. 93.321, S, 28/4/2010 y Rc. 118.130, I, 12/11/2014, la pauta general conforme la cual los planteos de inconstitucionalidad exceden el restringido marco del apremio, debe ser analizada con detenimiento en cada caso, pues cuando dichos planteos están orientados a atacar la validez de las normas que establecen los tributos en los que se sustenta la ejecución, ellos exceden el marco del apremio, debiendo remitirse su tratamiento al juicio ordinario posterior.
Sólo en ciertos supuestos excepcionales, nuestro Máximo Tribunal provincial ha permitido el tratamiento de cuestiones que exceden el mero análisis de la formas extrínsecas de los títulos cuando existe el riesgo de consentir una condena fundada en una deuda inexistente, y ello lo ha sido siempre y cuando tal circunstancia surja en forma manifiesta -pues de lo contrario importaría privilegiar un excesivo rigor formal con grave menoscabo de garantías constitucionales- (arg. jurisp. SCBA, causas C. 115.313, 8/5/2013, “Municipalidad de Chivilcoy c/Kraft Suchard Argentina S.A. s/Apremio”; C. 115.314, 8/5/2013, “Municipalidad de Chivilcoy c/ Gillette Argentina S.A. s/Apremio”; Rc. 118.699, 11/6/2014, “Municipalidad de Chivilcoy c/Coca Cola Polar Argentina S.A. s/Apremio”; C. 118.586, 4/3/3015, “Municipalidad de Brandsen c/AMX Argentina S.A. s/Apremio”; Rc. 119.602, 2/9/2015, “Municipalidad de Chivilcoy c/Peugeot Citroen Argentina S.A. s/Apremio”; C. 104.147, 31/8/2016, “Municipalidad de Mercedes c/Arcor S.A. s/Apremio”).
Concordantemente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación -CSN- admitió excepcionalmente el planteo constitucional cuando se ha puesto en tela de juicio la existencia de la deuda u obligación y ello sea manifiesto, esto es que no requiera mayor demostración (conf. Fallos 324:1127; 232:816).
Es que la supremacía de la Constitución Nacional, como principio fundamental, emana del art. 31 de la misma, y no puede ser desvirtuado por normas de inferior jerarquía.
Habida cuenta lo expuesto, es posible adentrarse en el tratamiento de los planteos de inconstitucionalidad vertidos por el ejecutado en el marco de un proceso de apremio, sólo si el tema constitucional es susceptible de resolverse con las constancias del expediente o sin necesidad de mayores despliegues probatorios, ya que de lo contrario, la legislación reputada de inconstitucional no podrá ser revisada por el juez del apremio, sin perjuicio de la posibilidad de hacerlo en el juicio ordinario posterior (arts. 18, Const. Nac.; 15, Const. Prov.; 6 y 18, Dec. Ley 9122/78; 551, CPCC).
Con este enfoque, una nueva mirada sobre la cuestión y superando el criterio sostenido por esta Sala en anteriores oportunidades (causas B. 76.526, 26/4/94, RSD. 75/94; 13132 del 17/3/2022, e.o.), no veo afectada la celeridad que debe primar en los juicios de apremio por el análisis de la constitucionalidad del art. 75 la ley 12.490 -que regula la prescripción liberatoria de las deudas previsionales con una Caja de Previsión local- toda vez que resulta ser una cuestión que puede ser resuelta como de puro derecho, a través de un análisis que no pone en crisis la formalidad del título, ni ingresa a la causa de la obligación ejecutada (18, 28 y 31, Const. Nac.; arts. 1, 2 y 3, CCCN; 163, 164 y 384, CPCC).
2.1.2. Análisis constitucional. 2.1.2.1. Superada la etapa de admisibilidad del planteo, es menester poner de resalto que en el estudio de la inconstitucionalidad de una norma, cualquiera sea ella, los jueces deben velar por su aplicación pero ante todo de la Constitución (arts. 1 y 2, CCCN; 31, Const. Nac.), tal como por otra parte ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSN), al admitir su tratamiento en casos como el de autos, en que se cuestiona la existencia de la obligación o deuda (Fallos 324:1127; 232:816).
Por otra parte, que frente a un caso judicial sustancialmente análogo las conclusiones del Superior no sólo deben ser consideradas sino también seguidas por los Tribunales inferiores, ya que de lo contrario el principio de economía procesal quedaría desvirtuado.
De allí que para interpretar la Constitución Nacional y las leyes, la Corte Suprema de la Nación consagró el principio de la autoridad institucional para sus precedentes cuya aplicación comprende a la jurisdicción revisora tanto federal como extraordinaria (arts. 18, 28, 31 y 75 inc. 22, Const. Nac.; 15 y 161 inc. 3 a, Const. Prov.; 1 y 2, CCCN).
2.1.2.2. Con tal piso de marcha, cabe analizar si se aplica en la especie lo sostenido por la CSN -criterio seguido en el pronunciamiento puesto en crisis- que tiene dicho desde antiguo que la fijación del plazo de prescripción importa el ejercicio de una facultad exclusiva de la legislación nacional y que no puede una ley local derogar o modificar los plazos establecidos por las leyes sustantivas dictadas por el Congreso nacional (Fallos 176:115 1; 284:319 2).
Así, en materia tributaria, la CSN explicó que no cabe a las provincias dictar leyes incompatibles con lo que los códigos de fondo establecen (Fallos 175.300; 183:143, 192:231; 193:157; 193:231; 202:516; 203:274; 269:373; 285:209; 320:1344; 332:2250), lo cual fue reforzado en el conocido caso “Filcrosa SA s/Quiebra s/Incidente de Verificación de Municipalidad de Avellaneda”, sentencia del 30/9/2003 (Fallos 326:3899)3, en donde por mayoría se sostuvo que “…la regulación de los aspectos sustanciales de las relaciones entre acreedores y deudores corresponde a la legislación nacional, por lo que no cabe a las provincias -ni a los municipios- dictar leyes incompatibles con lo que los códigos de fondo establecen al respecto ya que, al haber atribuido a la Nación la facultad de dictarlos, han debido admitir la prevalencia de las leyes del Congreso y la necesaria limitación de no dictar normas que las contradigan … Del texto expresó del art. 75 inc. 12 de la Constitución deriva la implícita pero inequívoca limitación provincial de regular la prescripción y los demás aspectos
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1. Allí se dijo que las disposiciones del Código Civil relativas a la prescripción de acciones son aplicables a la repetición de impuestos provinciales, no estando permitido a las legislaturas de provincia modificarlas (92:12; 101:30; 146:324).
Se trató de la devolución de una suma de dinero pagada en virtud del art. 1 de la ley provincial 3972 (impuesto a la transmisión gratuita de bienes).
2. Allí se dijo que la acción de repetición de impuestos pagados a una provincia, que se estiman inconstitucionales, prescribe a los diez años -art. 4023 del Código Civil- (Fallos 180:96) y que una ley local no puede derogar las leyes sustantivas dictadas por el Congreso porque ello importa un avance sobre facultades exclusivas de la Nación, contrario al art. 67, inc. 11, de la Ley Suprema (Fallos 176:115, consid. 5°).
3. Dicha doctrina fue reiterada en los precedentes de Fallos 183:143; 193:231; 200:444; 202:516; 203:274 y L. 75, del 7/2/1972.
Se trató de una defensa de prescripción opuesta por la sindicatura de la quiebra de Filcrosa S.A. en relación al crédito que verificó en el incidente respectivo la Municipalidad de Avellaneda por tasas municipales.
que se vinculan con la extinción de las acciones destinadas a hacer efectivos los derechos generados por las obligaciones de cualquier naturaleza. …”, concluyendo que las legislaciones provinciales que reglamentan la prescripción de los tributos en forma contraria a lo dispuesto en el Código Civil son inválidas, ya que las provincias carecen de facultades para establecer normas que importen apartarse de la aludida legislación de fondo, incluso cuando se trata de regulaciones concernientes a materias de derecho público local (Fallos 175:300; 176:115; 193:157; 203:274; 284:319; 285:209 y 320:1344).
Tal como surge del texto transcripto, conforme el criterio de la Corte Suprema nacional la prescripción no es un instituto propio del derecho público local, sino un instituto general del derecho, lo que ha justificado que, en ejercicio de la habilitación conferida al legislador nacional por el art. 75 inc. 12, éste no sólo tiene la facultad delegada de fijar los plazos correspondientes a las diversas hipótesis en particular, sino que, dentro de ese marco, establecer también un régimen destinado a comprender la generalidad de las acciones susceptibles de extinguirse por vía de la prescripción (consid. 6°)4 .
Y ello pues, aun cuando los poderes de las provincias son originarios e indefinidos y los delegados a la Nación definidos y expresos (Fallos: 320:619, entre otros), es claro que la facultad del Congreso Nacional de dictar los códigos de fondo, comprende la de establecer las formalidades que sean necesarias para concretar los derechos que reglamenta, y, entre ellas, la de legislar de manera uniforme sobre los aludidos modos de extinción (Fallos 320:1344) (consid. 12).
Y agregó que si bien la potestad fiscal que asiste a las provincias es una de las bases sobre las que se sustenta su autonomía -inconcebible si no pudieran éstas contar con los medios materiales que les permitieran autoabastecerse-, el limite a esas facultades viene dado por la exigencia de que la legislación dictada en su consecuencia no restrinja derechos acordados por normas de carácter nacional, dictadas en función de la facultad para establecer en todo el país un régimen único de extinción de las obligaciones.
La doctrina sentada en el caso “Filcrosa” ha sido aplicada por la CSN en pronunciamientos posteriores (“Casa Cassma s/Concurso Preventivo s/Incidente de verificación tardía (promovido por la Municipalidad de La Matanza) s/Recurso de Hecho”, del 26/3/2009, Fallos 332:6165; “Municipalidad de Resistencia c/Lubricom SRL s/Ejecución fiscal”, del 8/9/20096; “Bruno, Juan Carlos c/Buenos Aires, Provincia de s/Acción de inconstitucionalidad”, del 6/10/20097; “Fisco de la Provincia c/Ullate, Alicia Inés s/Ejecutivo. Apelación. Recurso directo”, por mayoría, del 1/11/20118; P.154.XLV, “Provincia del Chaco c/Rivero, Rodolfo Aníbal s/Apremio”, del 1/11/20119; G.37.XLVII, 6/12/2011, “Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/Bottoni, Julio Heriberto s/Ejecución Fiscal. Radicación de vehículos”; “Municipalidad de la Ciudad de Corrientes c/Herrmann, Alejandro Enrique s/Apremio”, del 11/2/201410; M.235.XLIX, “Recurso de Hecho.
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4. Luego se agregó que, desde otra óptica, la prescripción en tanto modo de extinguir las acciones involucra aspectos típicamente vinculados al derecho de propiedad cuya inclusión dentro de tal delegación no se discute (consid. 7); que como consecuencia de tal delegación, la regulación de los aspectos sustanciales de las relaciones entre acreedores y deudores corresponde a la legislación nacional, por lo que no cabe a las provincias -ni a los municipios- dictar leyes incompatibles con lo que los códigos de fondo establecen al respecto, ya que, al haber atribuido a la Nación la facultad de dictarlos, han debido admitir la prevalencia de las leyes del Congreso y la necesaria limitación de no dictar normas que las contradigan (doctrina de Fallos: 176:115; 226:727; 235:571; 275:254; 311:1795; 320:1344) (consid. 9); que la referida delegación tuvo por finalidad el logro de un sistema homogéneo de leyes (consid. 10);.
5. Allí se dijo -con remisión al precedente “Filcrosa” que correspondía dejar sin efecto la sentencia que consideró que la prescripción de los tributos municipales se regía por la norma local ya que el derecho público provincial -en el caso Dec. 7679/58, Ley Orgánica de Municipalidades de la Provincia de Bs. As.- prevalecía en su materia sobre el Código Civil, pues del texto expreso del art. 75, inc 12, de la Constitución Nacional, deriva la implícita pero inequívoca limitación provincial de regular la prescripción y los demás aspectos que se vinculan con la extinción de la acciones destinadas a hacer efectivos los derechos generados por las obligaciones de cualquier naturaleza.
6. Allí el superior tribunal local juzgó que era aplicable el plazo de 10 años establecido pro el art. 4023 del Código Civil. Asimismo, desarrolló argumentos en favor de la potestad de regular sobre prescripción de las acciones fiscales, siempre que dicha regulación sea razonable, requisito cumplido con la ordenanza municipal aplicada. La CSN, en lo atinente a la prescripción, consideró aplicable la doctrina establecida en la causa “Filcrosa” a la que se remitió por razones de brevedad y, por mayoría, revocó la sentencia.
7. Allí se dijo que en los casos en que se persigue la repetición de sumas pagadas a una provincia
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.