Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 138854
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPOR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede se admite el recurso y se establece el monto total de la condena al valor en pesos equivalentes a 625,25 módulos, que serán calculados al momento de su pago, con más los intereses admitidos en la sentencia en la medida que no superen la tasa del 6% anual, desde la fecha de mora, que será calculada desde el momento en que cada período de aportes debió ser integrado y hasta el día del efectivo e íntegro pago. Costas de Alzada por su orden en atención al modo en que se resuelve (art. 68, CPCC).
EAS
En la ciudad de La Plata, a los 12 días del mes de Diciembre de 2024 reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación, Doctores Jaime Oscar López Muro y Ricardo Daniel Sosa Aubone, para dictar sentencia en los autos caratulados: "CAJA DE FARMACEUTICOS C/ ESPIL NICOLAS S/ APREMIO" (causa: 138854), se procedió a practicar el sorteo que prescriben los artículos 168 de la Constitución de la Provincia, 263 y 266 del Código Procesal, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor López Muro.
LA SALA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra. ¿Es justa la apelada sentencia del 10/10/2024?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. López Muro dijo:
1.1. La Secretaría de Apremios, el 10/10/2024 mandó llevar adelante la ejecución hasta tanto el demandado ESPIL NICOLAS haga íntegro pago al accionante, CAJA DE PREVISION SOCIAL PARA PROFESIONALES DE LAS CIENCIAS FARMACEUTICAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES del capital reclamado de PESOS SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON 25/100 ($777.825,25) con más los intereses establecidos en el art. 36 de la ley 10.087 desde 10/8/23 y hasta su efectivo pago. Impuso las costas de la ejecución al demandado vencido.
1.2. Contra dicha forma de decidir la apoderada de la ejecutante interpuso recurso de apelación el 14/10/2024, el cual fue fundado en el mismo acto. No hubo réplica de la contraria conforme surge del proveído del 11/11/2024.
Refiere -en prieta síntesis- que la ley 10087 en su art. 33 establece cómo se integra el capital de la Caja debiendo imbricarse directamente con los arts. 40, 42, 43 de ese cuerpo legal en cuanto regula el destino de ese capital, sentándose en el art. 34 que el módulo es la unidad de medida para determinar el monto de aportes y prestaciones; que la M0NEDA con que la Caja recauda los aportes y paga prestaciones, subsidios, etc. es en módulos previsionales, los que son fijados por Asamblea y determinados por el Directorio (art. 34 y 16 inc. 1) de ley 10087); que esos módulos son convertidos en dinero en cada oportunidad de pago, conforme el valor asignado al mismo en el período correspondiente, pero ello no implica en modo alguno, que el auténtico valor recibidos no sea módulos -que por esa conversión no pierde la calidad de tal-, a punto que los haberes previsionales que abona CAFAR a sus afiliados se efectúa en módulos, al valor del módulo vigente en cada mes, al igual que los aportes y demás obligaciones que deben efectuar esos afiliados.
Aduce que aplicar la ley de convertibilidad exclusivamente para favorecer a una única parte que tiene obligaciones pendientes y que es LA DEUDORA, en desmedro de la acreedora, aparecería vulnerando el espíritu de justicia, lo que intenta evitarse con el mentado art. 9º; que es de aplicación lo determinado en el art. 4º del decreto 529/91 que separa de la órbita de injerencia de la ley 23.928 a las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, alimentarias o PREVISIONALES; que al revestir los módulos recepcionados en préstamos naturaleza previsional, ya que integran el régimen financiero de la Caja, la operatoria en cuestión también está fuera de la sombrilla desindexatoria de ley 23.928.
Destaca que la Caja Profesional fue creada en el marco de la ley 10.087, por la cual el patrimonio de la misma pertenece a los jubilados y pensionados como profesionales de las ciencias farmacéuticas y por lo tanto es un perjuicio para la misma y un daño a sus afiliados.
Concluye solicitando se revoque el decisorio y se condene al demandado al íntegro pago de la suma equivalente a 625,25 MODULOS al momento de su íntegro y efectivo pago, ello con más los intereses solicitados y las costas del caso.
2. Tratamiento de los agravios.
2.1. Comenzando la tarea revisora, es importante destacar que la ley 10.087 crea la Caja de Previsión Social para Profesionales de las Ciencias Farmacéuticas de la Provincia de Buenos Aires. La misma fue sancionada el 03/11/1983 y publicada en el Boletín Oficial del 29/11/1983.
El artículo 1 de dicha ley establece que: "Créase la Caja de Previsión Social para Profesionales de las Ciencias Farmacéuticas de la Provincia de Buenos Aires, con el carácter de persona jurídica de derecho público no estatal, conforme las prescripciones de esta Ley, y sus Disposiciones Reglamentarias. La misma tendrá su domicilio en la ciudad de La Plata y los colegios de farmacéuticos de partidos son sus agentes naturales". Por su parte, el art. 2 de la citada normativa determina las funciones de la misma, destacando: "a) Recaudar los recursos, conceder, denegar y abonar las distintas prestaciones que determina esta Ley, sus normas reglamentarias y las complementarias que en su consecuencia se dicten; b) Establecer las prestaciones a otorgar a los afiliados a la misma. (...) d) Realizar todos los actos de disposición y administración que resulten necesarios para el cumplimiento de sus fines; e) Establecer coberturas de salud para los beneficiarios de jubilaciones y pensiones de CAFAR en las condiciones que establezca el reglamento respectivo que tendrá el carácter de obligatorio e irrenunciable y serán financiados por activos y pasivos...(...)".
Con respecto a la unidad arancelaria, el artículo 34 de la ley 10087 establece que: "El módulo es la unidad de medida para determinar el monto de los aportes y prestaciones. La Asamblea fijará su valor, como así las pautas para proceder a su ajuste". Dicho precepto tiene relación con lo estipulado en el artículo 33 en cuanto especifica cómo se forma el capital de dicha Caja. En este sentido no puede dejar de señalarse que el capital de la Caja de Farmacéuticos se forma -entre otros recursos que menciona el artículo 33- con el aporte mensual y anual de los afiliados (conforme inc. "a" y "b" del artículo citado) y dicho aporte es determinado anualmente por la Asamblea de Representantes, quien producirá los ajustes necesarios de la unidad de valor.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha indicado que tratándose de una norma específica de la seguridad social y posterior al dictado de la ley 23.928, la actualización de las remuneraciones, a fin de calcular el valor de las prestaciones, no se hallaba comprendida en la genérica derogación de normas que establecían o autorizaban cláusulas indexatorias contenidas en el artículo 10 de la citada ley de convertibilidad (Causa E. 131.XLIV "Elliff, Alberto José c/ ANSeS s/ reajustes varios" del 11/9/2009, considerando 5to.; voto de la doctora Argibay en causa "Lopez" publicada en Fallos 331:2538). Asimismo, dicha Corte expresó que "esa conclusión concuerda con lo señalado por el Tribunal en el sentido de que el empleo de un indicador salarial en materia previsional no tiene como finalidad compensar el deterioro inflacionario sino mantener una razonable proporción entre los ingresos activos y pasivos, que se vería afectada si en el cálculo del haber jubilatorio no se reflejaran las variaciones que se produjeron en las remuneraciones" (C.S.J.N., causa citada, considerando 6to).
Como se ha señalado precedentemente, la normativa aplicable al caso es la ley 10.087, y aunque la misma fuera previa al dictado de la ley de convertibilidad, sus respectivas modificaciones -siendo la última a través de la ley 13.495 del año 2006- resultan posteriores a la ley 23.928.
La fijación de unidades de medida por parte de diversas cajas previsionales para ser aplicadas en sus relaciones con los respectivos afiliados es a los fines previsionales y la contraprestación que con igual objeto debe cumplimentar la Caja de que se trate. Es que debe observarse que el valor dado en base a módulos que prevé cada ordenamiento específico, persigue la integración del capital de esas entidades y responde al principio de solidaridad, en cuya virtud se busca preservar la ecuación económico financiera en que se asienta el régimen previsional y la protección del sistema de seguridad social del sector profesional que lo integra buscando mantener incólume al momento del efectivo pago el valor del capital no ingresado por los afiliados (conf. esta Cámara Sala II, causas 133356, sent. del 11/04/2023, RS-75-2023; 136960; 138123, sent. del 24/09/2024, RS-249-2024; sent. del 28/11/2024, RS-353-2024).
En virtud de lo expuesto, siendo que la deuda que mantiene el ejecutado con la actora tiene naturaleza previsional y está medida en módulos conforme lo señalado en el escrito de demanda (ver presentación del 16/08/2023, punto II), donde se solicitó el cobro de la cantidad de 625.25 módulos, la condena deberá expresarse en dicha unidad de medida, debiendo el accionado dar cumplimiento a la obligación a su cargo, abonando el valor equivalente a la fecha en que se materialice el efectivo pago.
2.2. El artículo 36 de la ley 10.087 prescribe que el incumplimiento por parte del afiliado de las obligaciones de abonar a la Caja los aportes y/o cuotas y/o demás cargas previsionales establecidas en dicha normativa lo hará pasible de los recargos e intereses cuyo monto y tasa fijará la Asamblea.
En este sentido, es oportuno señalar que la sentencia de grado manda a pagar los intereses de conformidad a lo dispuesto en el artículo 36 de la ley 10.087 desde el 10/08/2023 hasta su efectivo pago. La aludida certificación de fecha 10/08/2023 (ver certificado de deuda adjunto a la demanda del 16/08/2023) contiene un saldo adeudado en módulos y un monto en pesos correspondiente a intereses.
Es por ello que, a efectos de evitar que se apliquen intereses sobre los intereses ya liquidados, los accesorios que da cuenta la condena, deberán calcularse sobre el capital adeudado, es decir sobre los 625.25 módulos (art. 623 del Código Civil; art. 7 del CCyCN) y hasta el efectivo pago.
En tal sentido, en la medida que el importe ejecutado ha sido establecido a valores actuales, corresponde analizar los intereses requeridos por la accionante, cuya cuantía se encuentra dentro de las facultades que el juez puede ejercer oficiosamente.
En el punto II) de la demanda, se solicitó el cobro de 625.25 módulos reclamados señalando que dicha cantidad debería ser cancelada teniendo en cuenta el valor del Módulo vigente al momento del efectivo pago con más un interés del 6% anual, o al valor del Módulo vigente al mes de su vencimiento con más un recargo por mora del 0,0833 diario (de ambos, el que resultare mayor) ello con fundamento en lo prescripto por art. 36 de Ley 10.087 y art. 2 del Reglamento del Valor del Módulo y Normas de Percepción de Recursos aprobado y vigente.
En tal sentido, atendiendo que el resolutorio acuerda los intereses establecidos en el art. 36 de la ley 10.087 y en la medida que los aportes han sido repotenciados del modo indicado, conforme los criterios indicados por la Suprema Corte en los precedentes Vera y Nidera, en los que fijó la tasa del 6% anual pura para los importes fijados a valores actualizados y a partir de allí la tasa pasiva del Banco de la Provincia de Buenos Aires (conforme el precedente Ginossi) y lo señalado posteriormente en “Barrios” a fin de adecuar razonablemente el monto de la sentencia al capital reclamado y sus accesorios, entiendo que debe modificarse la sentencia por cuanto la opción de aplicar la tasa del 0,0833 de interés diario configuraría un 30% de interés anual, tasa que resulta excesiva si se calcula sobre el capital actualizado (art. 771 CCCN). En consecuencia propongo admitir el recurso y establecer el monto total de la condena al valor en pesos equivalentes a 625,25 módulos, que serán calculados al momento de su pago, con más los intereses admitidos en la sentencia en la medida que no superen la tasa del 6% anual, desde la fecha de mora, que será calculada desde el momento en que cada período de aportes debió ser integrado y hasta el día del efectivo e íntegro pago.
Consecuentemente y con el alcance indicado, voto por la NEGATIVA.
A la misma primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Sosa Aubone dijo: que, por análogas razones a las meritadas por el colega preopinante, adhería a la solución propuesta; y, en consecuencia, también votaba por la NEGATIVA.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. López Muro dijo: En atención al acuerdo logrado corresponde, y así lo propongo admitir el recurso y establecer el monto total de la condena al valor en pesos equivalentes a 625,25 módulos, que serán calculados al momento de su pago, con más los intereses admitidos en la sentencia en la medida que no superen la tasa del 6% anual, desde la fecha de mora, que será calculada desde el momento en que cada período de aportes debió ser integrado y hasta el día del efectivo e íntegro pago.
Postulo que las costas de Alzada se impongan por su orden en atención al modo en que se resuelve (art. 68, CPCC).
ASÍ LO VOTO.
A la misma segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Sosa Aubone dijo: que por idénticos motivos, votaba en igual sentido que el doctor López Muro.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente:
POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede se admite el recurso y se establece el monto total de la condena al valor en pesos equivalentes a 625,25 módulos, que serán calculados al momento de su pago, con más los intereses admitidos en la sentencia en la medida que no superen la tasa del 6% anual, desde la fecha de mora, que será calculada desde el momento en que cada período de aportes debió ser integrado y hasta el día del efectivo e íntegro pago. Costas de Alzada por su orden en atención al modo en que se resuelve (art. 68, CPCC). REGÍSTRESE. NOTIFIQUESE. DEVUÉLVASE.
Fin de la sentencia