Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 144183
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPOR ELLO, y fundamentos expuestos, corresponde confirmar la resolución apelada del 18/06/2026, en todo cuanto ha sido materia de agravios. Costas de Alzada al demandado Horacio Fernando Brena.
En la ciudad de La Plata, a los 15 días del mes de Octubre de 2026, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial, Doctores Jaime Oscar López Muro y Ricardo Daniel Sosa Aubone, para dictar sentencia en la causa caratulada: "CAAITBA C/ BRENA HORACIO FERNANDO S/ APREMIO" (Expte. N°144.183), se procedió a practicar el sorteo que prescriben los artículos 168 de la Constitución de la Provincia, 263 y 266 del Código Procesal, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor Sosa Aubone.
LA SALA RESOLVIÓ PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra ¿Es justa la apelada resolución del 18/06/2026?
2da ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Sosa Aubone dijo:
1. Antecedentes.
Mediante la resolución del 18/06/2026, la Jueza de la anterior instancia consideró que, de la simple vista del archivo adjunto a la presentación del 01/06/2026, surge que la firma correspondiente al demandado Horacio Fernando Brena es una imagen inserta.
Asimismo, señaló que la rúbrica de la parte es un requisito esencial que prueba la autoría de la declaración de voluntad, por lo que el escrito en cuestión se trata de un acto jurídico inexistente e insusceptible de convalidación posterior.
En consecuencia, tuvo por no formulada la aludida presentación del 01/06/2026.
Contra esa forma de decidir, se alzó el referido accionado Horacio Fernando Brena a través del recurso de reposición con apelación en subsidio interpuesto el 24/06/2026.
En el pronunciamiento del 17/07/2026 fue desestimado el primero de los remedios y concedido el segundo; cuyo traslado de la fundamentación allí mismo conferido, fue replicado por el abogado Germán Maximiliano Gliemmo Bacigalupe (como apoderado de la actora “Caja de Previsión Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la Provincia de Buenos Aires”) en su presentación del 10/08/2026.
Con fecha 06/10/2026, este Tribunal intimó al letrado Claudio Adrián Bordoli en su carácter de depositario, para que acompañara el escrito original en formato papel -con la firma ológrafa- del incorporado de manera electrónica el día 01/06/2026, ante la Mesa de Entradas de la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial; bajo apercibimiento de resolver con las constancias obrantes en el expediente.
Finalmente, el 14/10/2026 se presentó la pieza original en soporte papel en cuestión, conforme dio cuenta la certificación actuarial del mismo día.
2. Agravios.
El apelante se agravió de la resolución que tuvo por no efectuada su presentación judicial debido a las irregularidades advertidas en las firmas insertas en la copia digitalizada del escrito original en soporte papel.
Consideró que la decisión incurre en un excesivo rigor formal y vulnera su derecho de defensa y la tutela judicial efectiva, toda vez que impide la oportuna estimación jurisdiccional de su planteo.
Sostuvo que la Magistrada de grado aplicó erróneamente el artículo 48 del Código Procesal, cuando correspondía examinar la validez de la presentación conforme al régimen específico del Acuerdo N°4013/2021 SCBA.
Cuestionó que se haya declarado la inexistencia del acto sin verificar la autenticidad de las firmas, su modalidad de incorporación al sistema, la correlación entre el escrito original en formato papel y la copia digitalizada, y la efectiva exteriorización de la voluntad de la parte.
Al respecto, criticó que la Juzgadora no distinguiera entre una imagen escaneada de una firma ológrafa sin autenticación, una firma electrónica válida del letrado y una firma digital dotada de autenticidad e integridad.
Asimismo, reprochó que no se le haya otorgado la posibilidad de subsanar o ratificar la presentación antes de privarla de efectos, desconociendo los principios de conservación de los actos procesales, verdad jurídica objetiva y proporcionalidad.
Añadió que la mera advertencia de una irregularidad visual no basta para decretar la inexistencia del acto, sino que previamente debe corroborarse si el defecto es subsanable e impide reconocer la voluntad manifestada.
Adujo que cuando la anomalía es corregible mediante ratificación, aclaración o subsanación, la solución jurisdiccional debe orientarse a preservar el acto antes que a invalidarlo.
Destacó que la propia reglamentación contempla mecanismos de control y ratificación, por lo que un vicio formal no esencial no puede derivar automáticamente en la inexistencia del acto.
En esa línea, postuló que impera un criterio restrictivo en materia de nulidades procesales, por lo que la sanción de ineficacia solo es aplicable cuando se compromete de modo insoslayable un requisito esencial del acto y no existe medio razonable para su convalidación.
Por otra parte, denunció que la actora, “Caja de Previsión Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la Provincia de Buenos Aires” (CAAITBA), pretende cobrar aportes previsionales sin acompañar una liquidación detallada y fundada, pese a que el demandado se encuentra jubilado como docente de materias técnicas por el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires (IPS) -donde aportó durante más de treinta y cinco años-, circunstancia que fue notificada de manera fehaciente a la accionante. Agregó que renunció a percibir cualquier prestación jubilatoria por parte de la entidad accionante.
Alegó que la exigencia de la demandante configura una doble carga contributiva sin contraprestación efectiva, la cual compromete su haber jubilatorio -su único medio de subsistencia- y le ocasiona un grave perjuicio patrimonial.
Por último, solicitó que se revoque la decisión atacada y se reconozca la validez de la presentación realizada el 01/06/2026 o, subsidiariamente, que se permita subsanar el déficit apuntado.
3. Tratamiento de los agravios.
3.1. La firma como condición esencial de existencia de los escritos judiciales.
Inicialmente, cabe resaltar que -tal como fuera correctamente apuntado por la Jueza de la instancia previa- la firma constituye un elemento esencial para la existencia de los actos jurídicos, por cuanto es el medio a través del cual se individualiza al autor y se exterioriza su voluntad (arts. 286 y 288 Cód. Civ. Com; 118 inc. 3 CPCC).
En tal sentido, si se litiga por derecho propio, los escritos judiciales deben contener la firma del peticionario y la de su letrado patrocinante (arts. 56 y 118 inc. 3 CPCC; conf. CSJN, Fallos, Tº 246, pág. 279; SCBA, Ac. 35560, S 26-2-85, Ac. 34243 S 13-8-85;Ac. 41125 I 27-9-88; PALACIO "Derecho Procesal Civil", T IV, pág. 90; MORELLO-SOSA-BERINZONCE, "Código...", T II-B, págs. 551 y sigtes.).
Por ende, ante la falta de rúbrica, corresponde declarar la inexistencia del escrito, lo que de suyo implica que este no es susceptible de ser ratificado o confirmado -conforme lo señalado por la sentenciante-, ni produce efecto alguno a su respecto ni de los actos jurídicos posteriores que se encuentran directamente relacionados o derivan de aquél (arts. 259, 262, 284, 286, 287 y 288 Cód. Civ. Com; conf. CC0201 LP 142414 RS 107/2026 S 16/04/2026).
Ello es así, sin perjuicio de los supuestos especiales de los defectos de representación y su posibilidad de ratificación (arts. 369, 370 y 371 Cód. Civ. Com.), de la posible aplicación del instituto de la confirmación para actos anulables (arts. 393, 343 y 395 Cód. Civ. Com.), o bien de un error material en la digitalización de las piezas procesales (conf. CC0201 LP 140733 RS 347/2025 S 23/10/2025).
3.2. Régimen de las presentaciones electrónicas.
En segundo lugar, cuadra recalcar que existen pautas específicas en cuanto a las presentaciones efectuadas por los letrados patrocinantes que no se consideren de “mero trámite”, de acuerdo con lo normado por el Ac. N°4013/2021 SCBA -texto según Ac. N°4039/2021 SCBA-.
En efecto, el art. 5 del Anexo I prevé que: “…En los casos que la parte actúe por propio derecho y no haya celebrado un convenio con esta Suprema Corte ni se encuentre alcanzado por normas que la habiliten a realizar las presentaciones en forma electrónica, el escrito será firmado ológrafamente en presencia de su abogado. Este generará una copia digitalizada del escrito firmado por el litigante y la adjuntará a una presentación electrónica, en la que se reproducirá fielmente su contenido, firmada electrónica/digitalmente a través del sitio web seguro del sistema de Notificaciones y Presentaciones Electrónicas. En caso de discrepancia entre el texto del documento digitalizado y el texto de la presentación prevalecerá el primero…”.
Asimismo, establece que: “…El ingreso en dicho sistema de una presentación de estas características implicará la presentación formal del escrito, la declaración jurada del abogado de que se ha cumplido con lo previsto en el párrafo anterior y, a su vez, la asunción de las obligaciones propias del depositario del escrito firmado en forma ológrafa…”.
Luego, prescribe que: “…El órgano judicial podrá, de oficio o a pedido de parte, ordenar por resolución fundada la exhibición del escrito en soporte papel, bajo apercibimiento de que la presentación se tenga por no formulada en caso de incumplimiento…”.
Finalmente, dispone que: “…El requerimiento previsto en el párrafo anterior podrá ser efectuado de oficio sólo mientras la presentación respectiva no haya sido proveída por el órgano judicial…”.
Así, es evidente que lo que la reglamentación persigue es posibilitar la acreditación de la voluntad del litigante de peticionar en el sentido que el escrito indica.
En este sendero, como derivación del derecho constitucional de solicitar a las autoridades, se impone exigir que las partes y los auxiliares se expresen en el proceso.
A tal fin, la firma del interesado reviste la mayor importancia, en tanto comporta el único medio de exteriorizar inequívocamente su voluntad (conf. CNCom, Sala F, 05/08/2025, "Edudar S.R.L. c/ AIVI Group International S.A. s/ ordinario" - Expte. N°33060/2019; CC0201 LP 142414 RS 107/2026 S 16/04/2026; PALACIO, Lino Enrique - ALVARADO VELLOSO, Adolfo, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1988-1998, T. IV, p. 47).
3.3. Falta de identidad entre la firma del demandado inserta en la copia digitalizada adjunta y la del escrito original en soporte papel. Procedencia de la declaración de inexistencia.
Sobre esa base, de la simple compulsa del escrito en soporte papel presentado el 14/10/2026 ante la Mesa de Entradas de este Tribunal, se verifica que no se trata del original de ejemplar adjunto a la presentación electrónica del 01/06/2026.
Es que, a través de un mero cotejo visual de las firmas ológrafas del ejecutado ubicadas a la izquierda en ambos instrumentos, se advierte que, si bien presentan una configuración gráfica general semejante, existen diferencias claras en la morfología, proporciones, inclinación, disposición espacial y terminación de determinados trazos.
En particular, se comprueba que en la copia digitalizada, las dos firmas aparecen reproducidas en imágenes separadas, sobre fondos azulados y con diferentes dimensiones; mientras que en el documento original, ambas se encuentran estampadas sobre una misma superficie, en posición contigua y sobre un fondo uniforme de color blanco.
A su vez, se observan variaciones en la amplitud y altura de los trazos, la inclinación de determinados segmentos, la configuración de las ondulaciones finales, y la ubicación y extensión de los trazos horizontales que atraviesan o subrayan las rúbricas, a saber:
1. Trazos iniciales: Se notan diferencias en la inclinación, extensión y posición relativa de los primeros trazos verticales, así como en la configuración de las líneas horizontales que los atraviesan.
2. Sector central: Se advierten divergencias en la altura, amplitud, inclinación y separación de los trazos. En la copia digitalizada, algunos movimientos aparecen más extendidos verticalmente, en tanto que en el original se aprecia una distribución ligeramente diferente de las ondulaciones.
3. Terminación de la firma: Se aprecian disparidades en la extensión y dirección del último trazo descendente, así como en su relación espacial con los caracteres manuscritos ubicados debajo.
4. Aclaración de la firma: La inscripción manuscrita situada debajo de la rúbrica presenta variaciones en la forma, inclinación, tamaño y separación de determinadas letras. Asimismo, se detectan diferencias en el tamaño, inclinación, separación y alineación de los números correspondientes al documento de identidad respecto de la aclaración del nombre.
En ese contexto, cobra entidad la apariencia de una firma insertada, pegada o incrustada indicada por la Magistrada de la anterior instancia. Dicha circunstancia se corrobora al posicionar el cursor sobre la signatura de la copia digital y cliquear con el botón izquierdo del mouse y luego con el derecho: el programa informático genera un recuadro perimetral y permite copiar la rúbrica de forma aislada, identificándola como una imagen independiente del resto del texto.
Por consiguiente, se concluye que la copia digital del escrito aneja el 01/06/2026 contiene una firma del demandado recortada y pegada de otro documento; por lo que carece de efecto procesal alguno (arts. 288 Cód. Civ. Com; 118 inc. 3 CPCC; 5 Anexo I Ac. N°4013/2021 SCBA -texto según Ac. N°4039/2021 SCBA-).
En esa directriz, se impone subrayar que la práctica de insertar la "imagen" de una firma infringe la reglamentación vigente. Reconocerle validez equivaldría a permitir su reemplazo por una simple fotocopia (conf. CNCom, Sala A, 27/12/2023, “Ortiz Brian Federico Alejandro c/ Banco Santander Rio SA y otros s/ ordinario”; Ídem, Sala F, 01/04/2025, "García Oliver, Marina c/ García Oliver, Marcos y otro s/ ordinario", Expte. N°14093/2022).
Tratándose la firma del interesado de un requisito esencial, el acto procesal deviene ineficaz para cumplir su finalidad; más allá de que la pieza cuente con firma de letrado, toda vez que no se ha invocado poder para representar a la parte no suscribiente, ni se han alegado o justificado razones de urgencia que hagan aplicable la franquicia consagrada en el art. 48 del Código de rito (conf. CNCiv, Sala I, 25/09/2023, “C.O, E. C. c/ R., J. E. s/ alimentos” - Expte. N°9775/ 2021; Ídem, Sala D, 03/04/2025, “Argentero, Orestes Orlando Gastón c/ BMW de Argentina S.A. y otro s/ ordinario” - Expte. N°11412/2022).
De ahí que, al no mediar representación sino intervención por derecho propio, la presentación del 01/06/2026 se trata de una actuación procesal inexistente e insusceptible de convalidación posterior; por lo que debe tenerse por no formulada, tal como fuera decidido en la resolución impugnada (arts. 259, 262, 284, 286, 287 y 288 Cód. Civ. Com; 5 Anexo I Ac. N°4013/2021 SCBA -texto según Ac. N°4039/2021 SCBA-; conf. CSJN, Fallos 246:279; 278:84; 311:1632; 314:1304; 316:1189; 317:767; 323:2631; 328:1003; 330:519, 344:2383; CNCom, Sala D, 09/11/2021, “Bolívar Aguirre, Margarita c/ Cabana, Armando Santos s/ ejecutivo”; Ídem, 16/03/2023, “Cebreiro, José Pablo c/ Cetraco S.A. y otros s/ ordinario”; Ídem, 03/04/2025, “Argentero, Orestes Orlando Gastón c/ BMW de Argentina S.A. y otro s/ ordinario” - Expte. N°11412/2022, entre otros; PALACIO, Lino Enrique, “Derecho Procesal Civil”, Ed. Abeledo-Perrot, 1988, Tº IV-90).
En esa línea, la exigencia indicada comulga con la vigencia del principio de bilateralidad procesal, desde que las partes sólo pueden hacer conocer sus pretensiones, agravios u oposiciones mediante escritos que, además de reunir los requisitos de forma, dejen certeza en cuanto a la autoría del pretenso litigante (conf. SCBA, Ac. 81.975, 5/11/2003, “Sanabria, Juana contra Fernández Gallardo, María del Carmen y otros. Daños y perjuicios”).
Ello así, en razón de que la rúbrica del contendiente debe ser auténtica, es decir, emanar del propio interesado; condición que no puede quedar librada a manifestaciones posteriores de quien sostiene que le pertenece, o bien a la ratificación del firmante (conf. CNCom, Sala F, 05/08/2025, "Edudar S.R.L. c/ AIVI Group International S.A. s/ ordinario" - Expte. N°33060/2019; COLOMBO, Carlos - KIPER, Claudio, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, anotado y Comentado”, La Ley, Tomo I, p. 708); ni está supeditada al plazo estatuido en el art. 170 del Código Procesal para la articulación de un incidente de nulidad, por configurar un supuesto de inexistencia (conf. PALACIO, L., “Derecho procesal civil”, 2° Ed., Bs. As., 1999, T° IV, p. 150, cit. por SCBA, causa Ac. 81.975 cit.).
En ese orden de ideas, es dable destacar que no es posible sanear un acto inexistente, atento que en principio sólo pueden convalidarse o subsanarse las deficiencias de los actos procesales nulos (conf. CNCom, Sala D, 03/04/2025, “Argentero, Orestes Orlando Gastón c/ BMW de Argentina S.A. y otro s/ ordinario” - Expte. N°11412/2022; CC0201 LP 142414 RS 107/2026 S 16/04/2026).
Por ese motivo, como regla cuadra descartar por fútil cualquier intento de convalidación, confirmación o saneamiento ulterior (conf. CNCom, Sala B, 25/3/2024, "Dinamarca, Víctor Hugo Dante c/ Rossi, José s/ ejecutivo” - Expte. N°16784/2021; Ídem, Sala C, 28/2/2025, "Tedoldi, Mariano Víctor c/Cencosud SA s/ordinario" - Expte. N°2379/2024).
En esa inteligencia, debe remarcarse que la constatación del defecto apuntado (falta de identidad entre la firma incrustada en la copia digital y la del escrito original en soporte papel presentado el 14/10/2026) no requiere acudir a un peritaje caligráfico, pues no se debate aquí si la grafía pertenece o no al puño y letra del accionado.
Precisamente, lo aquí expuesto no implica determinar que la firma estampada en la pieza traída el día 14/10/2026 no pertenezca al demandado Horacio Fernando Brena; sino que -se reitera- dicho ejemplar no es el instrumento original de la copia que fuera digitalizada y acompañada el 01/06/2026, cuya carga de conservación pesaba sobre el abogado Claudio Adrián Bordoli conforme lo prevé la normativa dictada por la Suprema Corte de Justicia Provincial.
Consecuentemente, voto por la AFIRMATIVA.
A la primera cuestión planteada, el Sr. Juez Dr. López Muro dijo: Por análogas razones a las meritadas por el colega preopinante, adhiero a la solución propuesta; y, por tanto, también voto por la AFIRMATIVA.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Sosa Aubone dijo:
En atención el acuerdo logrado corresponde, y así lo propongo, confirmar la resolución apelada del 18/06/2026, en todo cuanto ha sido materia de agravios (arts. 259, 262, 284, 286, 287 y 288 Cód. Civ. Com; 163, 164, 118 inc. 3, 260, 266, 270, 384 y cctes. CPCC; 5 Anexo I Ac. N°4013/2021 SCBA -texto según Ac. N°4039/2021 SCBA-).
Postulo que las costas de Alzada se impongan al demandado Horacio Fernando Brena, dado que reviste la objetiva condición de vencido; a la par de que en el caso no se encuentra configurada ninguna causal de exoneración, ni se advierte la concurrencia de circunstancia alguna que amerite una solución distinta (arts. 68 y 69 CPCC).
ASÍ LO VOTO.
A la segunda cuestión planteada, el Sr. Juez Dr. López Muro dijo: Por idénticos motivos, voto en igual sentido que el doctor Sosa Aubone.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente:
POR ELLO, y fundamentos expuestos, corresponde confirmar la resolución apelada del 18/06/2026, en todo cuanto ha sido materia de agravios. Costas de Alzada al demandado Horacio Fernando Brena. REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE. DEVUÉLVASE.
Fin de la sentencia