Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 77578
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°27 del Departamento Judicial de La Plata (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría se radicará allí electrónicamente el expediente para la prosecución del trámite de la causa.
Comunicar mediante oficio lo aquí resuelto al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°4 del departamento judicial homónimo.
B.77.578 “FISCO C/ TRINIDAD S.A. S/ APREMIO - CUESTION DE COMPETENCIA. ART. 7°, LEY 12.008”
I. El Fisco de la Provincia de Buenos Aires promovió juicio de apremio contra la firma Trinidad SA, con el fin de percibir las sumas que esta última adeudaría en concepto de impuesto sobre los ingresos brutos por los períodos 03/96 a 06/96 (fs. 9/10).
II. La causa se inició en el año 1998 ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°27 del Departamento Judicial de La Plata.
El juez por entonces a su cargo, al tiempo de ordenar librar mandamiento de intimación de pago y embargo, decretó la inhibición general de bienes (v. despacho de fecha 11-VI-1998).
En lo que aquí interesa, es menester señalar que, con posterioridad a que se efectuaran diferentes actos procesales -de los que cabe destacar el archivo y desarchivo de las actuaciones (de fecha 23-VI-2016), sumado al otorgamiento de la petición cautelar (de fecha 14-XII-2018)- el magistrado interviniente decidió declararse incompetente antes del dictado de la sentencia. Para así hacerlo, adujo que el presente trataba de un caso propio de la materia contencioso administrativa, toda vez que tiene por objeto la percepción de deudas relacionadas a un tributo provincial (art. 2 inc. 5, CCA; v. resol. electrónica de fecha 25-IX-2019).
A raíz de tal decisorio y con el pase previo a la Receptoría General de Expedientes departamental, las actuaciones fueron asignadas al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°4 de aquel departamento judicial.
Sin embargo, con base en doctrina de esta Corte como de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de la Plata, la titular del órgano, poniendo de resalto que lo resuelto por su par en lo civil y comercial resultaba contrario a puntos atinentes a la "seguridad jurídica" y la "economía procesal", entendió que por tratarse de una causa iniciada con anterioridad al 15-XII-2003 ella no resultaba competente para conocer en la controversia, puesto que, según subrayó, las leyes que pusieron en marcha el fuero especializado no gozaban de efectos retroactivos, debiéndose determinar la competencia en favor del órgano que la poseía al momento del inicio del proceso, motivo por el cual correspondía que la causa continuara tramitando por ante el juzgado remitente (ver sent. interlocutoria de fecha 4-XII-2019).
En su nueva intervención y a tono con su postura primigenia, el magistrado de este último decidió plantear la contienda negativa de competencia en los términos del artículo 7 inciso 1 del Código Contencioso Administrativo, elevando los autos a esta Suprema Corte a los efectos de que sea dirimida (v. proveído electrónico de fecha 12-III-2020).
Cabe señalar que el expediente fue remitido a la Secretaría de Demandas Originarias recién el día 7-XII-2021, conforme se desprende a fs. 76.
III. Con independencia del estado avanzado del trámite, donde la declaración de incompetencia importaría retrotraer indebidamente el proceso con el consecuente dispendio jurisdiccional y agravio a los principios de seguridad jurídica y economía procesal (v. por todas, doctr. causa B. 77.162, "Mastruzzo", resol. de 17-IX-2021 y sus citas), lo dirimente aquí es que el juicio ejecutivo fue promovido en el año 1998.
Ello, por cuanto -como bien apuntó la magistrada del fuero especializado- esta Corte ya se ha referido a la inexistencia de una norma específica que autorice la remisión a los órganos del fuero contencioso administrativo de las causas iniciadas con anterioridad a su puesta en funcionamiento (arts. 215, Const. prov. y 78 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; doctr. causas B. 68.056, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 3-XI-2004; A. 68.187, "Sáenz Rozas", resol. de 20-IV-2005; B. 68.241, "Salinas", resol. de 8-VI-2005; B. 68.340, "Juárez", resol. de 14-IX-2005; B. 68.785, "La Araucana Oeste SA", resol. de 14-VII-2006; B. 71.221, "Fernández", resol. de 22-XII-2010; B. 71.790, "Palavecino", resol. de 9-V-2012; B. 73.045, "Gentil", resol. de 3-VI-2015; B. 73.818, "Chaves", resol. de 2-IX-2015; B. 73.852, "Chamorro", resol. de 14-X-2015 y B. 74.631, "Buchón", resol. de 13-III-2019, entre muchas).
IV. Por lo tanto, corresponde que sea el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°27 del Departamento Judicial de La Plata el órgano que continúe interviniendo en el asunto.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°27 del Departamento Judicial de La Plata (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría se radicará allí electrónicamente el expediente para la prosecución del trámite de la causa.
Comunicar mediante oficio lo aquí resuelto al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°4 del departamento judicial homónimo.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 08/02/2022 11:22:19 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 08/02/2022 16:16:57 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/02/2022 08:54:21 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/02/2022 12:51:01 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/02/2022 13:52:33 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 11/02/2022 15:30:55 hs. bajo el número RR-139-2022 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia