Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 78800
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°3 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús para seguir conociendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se radicarán electrónicamente las actuaciones para la prosecución de su trámite.
B.78.800 “MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA C/ INSTITUTO DE LA VIVIENDA PCIA BS.AS. S/ APREMIO -CUESTION DE COMPETENCIA ART. 7 LEY 12.008-“
I. La Municipalidad de Avellaneda, mediante apoderado, promovió juicio de apremio contra el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, a fin de cobrar el crédito que surge de la constancia de deuda N° 795945-6450, por las sumas impagas en concepto de Tasa de Servicios Generales correspondientes a los períodos 1 a 12 de 2020 y 1 de 2021. Asimismo, requiere que el monto reclamado se actualice en función de lo dispuesto en la Ordenanza General Impositiva vigente, más los intereses, costos y costas que resulten de su ejecución.
II. La causa de inició ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°3 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús. Sin embargo, el magistrado a cargo de dicho órgano se declaró incompetente para resolver en el asunto, poniendo de resalto la naturaleza del sujeto demandado y lo dispuesto en el artículo 2 inciso 4 del Código Contencioso Administrativo para los supuestos de responsabilidad patrimonial estatal. Al así resolver, remitió las actuaciones a la Receptoría General de Expedientes departamental para que se proceda a su sorteo entre los juzgados del fuero especializado en derecho público (v. resol. de 27-IV-2023).
De este modo, el expediente fue asignado al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 de aquel departamento judicial, cuyo titular se rehusó a aceptar la competencia que le fuera endilgada en la inteligencia de que los apremios de naturaleza no tributaria, así como también los promovidos por municipalidades, se encontraban excluidos de su ámbito de conocimiento (v. resol. de 12-V-2023).
En este contexto, planteó una contienda negativa ante esta Suprema Corte para que la dirima con arreglo a la facultad que le confiere el artículo 7 inciso 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-.
III. Este Tribunal ha expresado que la cuestión relativa para decidir en los juicios de apremio, luego de la puesta en funcionamiento del fuero contencioso administrativo, puede suscitar dudas en tanto se trata de casos susceptibles de ser encuadrados en los amplios términos en los que se ha establecido la cláusula general que define la materia contencioso administrativa (arts. 166 in fine , Const. prov. y 1, CCA; doctr. causas B. 67.796, "Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires", B. 67.800, "Caja de Previsión Social para Abogados", B. 67.836, "Cooperativa de Electricidad y Servicios Anexos", todas resol. de 19-V-2004; B. 75.266, "Municipalidad de San Antonio de Areco", resol. de 6-VI-2018 y B. 77.985, "Fiscalía de Estado", resol. de 10-VI-2022).
Para disiparlas, el legislador, al fijar los límites de la competencia de los jueces del fuero especializado en derecho público, ha dispuesto que a estos les corresponde resolver en materia de ejecuciones tributarias provinciales iniciadas por la vía de apremio, pero no en los juicios de este tipo deducidos por el Fisco provincial en los que el crédito cuyo cobro se procura no es de naturaleza tributaria o en los juicios de apremio que promuevan las municipalidades, supuestos en los cuales se previó expresamente la competencia de los jueces en lo civil y comercial o de paz, dependiendo del domicilio fiscal del obligado (conf. arts. 2 inc. 8, CCA y 3, dec. ley 9.122/78 -texto según ley 13.244-).
De allí que, en tanto la competencia del fuero contencioso administrativo para decidir en los juicios de apremio ha sido circunscripta por reglas expresas a la hipótesis señalada en el párrafo anterior, los órganos jurisdiccionales que deben intervenir en asuntos como el presente son los correspondientes al fuero civil y comercial o, en su caso, a los juzgados de paz (doctr. causas B. 75.266 y B. 77.985, ambas cit.).
En otros términos, tal como se ha precisado en casos semejantes al presente, los únicos procesos de apremio cuya decisión ha sido confiada a los jueces en lo contencioso administrativo son aquellos en los que se persigue el cobro de tributos provinciales, es decir, de sumas que en concepto de impuestos, tasas o contribuciones han de ingresar al patrimonio de la Provincia, circunstancia que no se verifica en la especie (doctr. causas B. 70.802, "Municipalidad de Navarro", resol. de 30-III-2010; B. 71.145, "Municipalidad de Quilmes" y B. 71.173, "Municipalidad de Avellaneda", ambas resol. de 28-XII-2010; B. 71.257, "Municipalidad de Quilmes", resol. de 18-IV-2011; B. 71.469, "Municipalidad de Florencio Varela", resol. de 7-IX-2011; B. 72.984, "Municipalidad de San Isidro", resol. de 11-V-2016; B. 77.504, "Municipalidad de General Pueyrredon", resol. de 16-III-2022 y B. 77.985, cit.).
IV. Sobre la base de lo expuesto, toda vez que del contenido de la presentación de fecha 2 de marzo de 2023 surge que la Municipalidad de Avellaneda pretende, por vía de apremio, cobrarse un crédito que si bien es de naturaleza tributaria responde al poder de imposición comunal, corresponde que sea el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°3 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús el órgano que continúe conociendo en la presente controversia.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°3 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús para seguir conociendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se radicarán electrónicamente las actuaciones para la prosecución de su trámite.
Hágase saber lo aquí decidido al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 departamental.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 10/08/2023 10:09:06 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 10/08/2023 12:29:35 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/08/2023 09:46:27 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/08/2023 12:52:00 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/08/2023 17:11:24 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 11/08/2023 17:24:54 hs. bajo el número RR-730-2023 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia