Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 79074
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°2 del Departamento Judicial de Azul, ante quien, por Secretaría, se radicará electrónicamente el expediente para a prosecución del trámite (cfr. art. 7 inc. 1, CCA).
Asimismo, ofíciese al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 departamental para que tome conocimiento de lo que aquí se decide.
B.79.074 "FISCALIA DE ESTADO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ MEDINA JUAN HECTOR Y OTROS S/ APREMIO - CUESTIÓN DE COMPETENCIA ART. 7 LEY 12.008"
I. El Fisco de la Provincia de Buenos Aires promovió juicio de apremio contra Juan Héctor Medina, Daniel Darío Argüello y Lucas Matías Albarracín, a fin de percibir la suma total de $221.864,34 en concepto de multa con más sus intereses, impuesta por el Tribunal de Cuentas provincial en virtud de lo resuelto "...en el expediente N° 4-097.1-2018 relativo a la rendición de cuentas de la Municipalidad de Rauch -Hospital Díaz Vélez- ejercicio 2018".
Pide, a los efectos de asegurar el crédito aquí reclamado, que se decrete, por un lado, la inhibición general de bienes de la parte demandada, a la vez de solicitar, por el otro, el embargo sobre todos los activos (bancarios y financieros) que esta última posea (v. presentación electrónica de fecha 26-X-2023).
II. La causa se inició en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°2 del Departamento Judicial de Azul.
Poniendo de resalto la naturaleza del sujeto demandante y la disposición normativa que prevé el código adjetivo en supuestos de responsabilidad patrimonial (art. 2 inc. 4, CCA), su juez se declaró incompetente para entender en el asunto, tras considerar que se trataba de un caso propio del fuero contencioso administrativo (v. resol. electrónica de fecha 30-X-2023).
De tal manera, las actuaciones pasaron al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 departamental.
Su titular, no obstante, rechazó la inhibitoria al advertir, con base en doctrina de este Tribunal, los límites de la competencia del fuero contencioso administrativo. Remarcó que a este únicamente le corresponde el conocimiento de las ejecuciones tributarias provinciales iniciadas por la vía de apremio, pero no aquellas en los que el crédito cuyo cobro se procura no es de tal naturaleza -lo que sucedería en autos- y en los juicios de apremio que promuevan las municipalidades (cfr. arts. 2 inc. 8 y 76 bis , ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 3, decreto ley 9122/77 -texto según ley 13.244- y 1, ley 13.406).
En vista de ello, planteó formalmente el conflicto de competencia y ordenó elevar el expediente a esta Suprema Corte de Justicia, a los fines de que se dirima de conformidad con el art. 7 inc. 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101- (v. resol. electrónica de fecha 13-XI-2023).
III. Este Tribunal ha expresado que la cuestión relativa a la competencia para decidir en los juicios de apremio, luego de la puesta en funcionamiento del fuero contencioso administrativo, puede suscitar dudas en tanto se trata de casos susceptibles de ser encuadrados en los amplios términos en los que se ha establecido la cláusula general que define la materia contencioso administrativa (arts. 166 in fine , Const. prov. y 1, CCA; doctr. causas B. 67.796, "Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires", B. 67.800, "Caja de Previsión Social para Abogados", B. 67.836, "Cooperativa de Electricidad y Servicios Anexos", todas resol. de 19-V-2004 y B. 75.266, "Municipalidad de San Antonio de Areco", resol. de 6-VI-2018).
Para disiparlas, el legislador, al fijar los límites de la competencia de los jueces del fuero especializado en derecho público, ha dispuesto que a estos les corresponde resolver en materia de ejecuciones tributarias provinciales iniciadas por vía de apremio, pero no en los juicios de este tipo deducidos por el Fisco provincial en los que el crédito cuyo cobro se procura no es de naturaleza tributaria o en los juicios de apremio que promuevan las municipalidades, supuestos en los cuales se previó expresamente la competencia de los jueces en lo civil y comercial o de paz, según corresponda al domicilio fiscal del obligado (conf. arts. 2 inc. 8, CCA y 3, dec. ley 9122/78 -texto según ley 13.244-).
De allí que, en tanto la competencia del fuero contencioso administrativo para decidir en los juicios de apremio ha sido circunscripta por reglas expresas a la hipótesis señalada en el párrafo anterior, los órganos jurisdiccionales que deben intervenir en esta clase de asuntos son los correspondientes al fuero civil y comercial o, en su caso, los juzgados de paz (doctr. causa B. 75.266, cit.).
En otros términos y tal como se ha precisado reiteradamente en casos semejantes al presente, los únicos procesos de apremio cuya decisión ha sido confiada a los jueces en lo contencioso administrativo son aquellos en los que se persigue el cobro de tributos provinciales, es decir, de sumas que en concepto de impuestos, tasas o contribuciones han de ingresar al patrimonio de la Provincia, circunstancia que no se verifica en la especie (doctr. causas B. 70.802, "Municipalidad de Navarro", resol. de 30-III-2010; B. 71.145, "Municipalidad de Quilmes" y B. 71.173, "Municipalidad de Avellaneda", ambas resol. de 28-XII-2010; B. 71.257, "Municipalidad de Quilmes", resol. de 18-IV-2011; B. 71.469, "Municipalidad de Florencio Varela", resol. de 7-IX-2011; B. 72.984, "Municipalidad de San Isidro", resol. de 11-V-2016; B. 77.504, "Municipalidad de General Pueyrredon", resol. de 16-III-2022; B. 77.985, "Fiscalía del Estado", resol. de 10-VI-2022; B. 78.800, "Municipalidad de Avellaneda", resol. de 11-VIII-2023 y B. 78.492, "Municipalidad de General Alvarado", resol. de 14-II-2024).
IV. A tenor de los fundamentos arriba expuestos, toda vez que del contenido de la presentación de fecha 26-X-2023 surge que el Fisco de la Provincia de Buenos Aires pretende, por vía de apremio, cobrarse un crédito que no es de naturaleza tributaria, corresponde que sea el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°2 el Departamento Judicial de Azul el que continúe entendiendo en la ejecución (doctr. causa B. 77.985, cit.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°2 del Departamento Judicial de Azul, ante quien, por Secretaría, se radicará electrónicamente el expediente para a prosecución del trámite (cfr. art. 7 inc. 1, CCA).
Asimismo, ofíciese al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 departamental para que tome conocimiento de lo que aquí se decide.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 24/04/2024 13:58:04 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/04/2024 14:18:45 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 25/04/2024 08:36:06 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/04/2024 08:49:35 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/04/2024 09:16:46 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 29/04/2024 09:20:19 hs. bajo el número RR-288-2024 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia