Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 78801
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°3 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús, ante el cual, por Secretaría, se radicará el expediente para la prosecución de su trámite (cfr. art. 7 inc. 1, CCA).
Asimismo, ofíciese al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 departamental para que tome conocimiento de lo que aquí se decide.
B.78.801 "MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA C/ INSTITUTO DE LA VIVIENDA PCIA BS. AS. S/ APREMIO -CUESTION DE COMPETENCIA ART. 7 LEY 12.008-"
I. La Municipalidad de Avellaneda promovió juicio de apremio contra el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires y/o quien resulte propietario del bien inmueble emplazado en la calle General Villegas N°2.105 (1870) de la ciudad de General Villegas, por la suma de $87.752,93, más intereses y costas -como así también lo que resulte de la liquidación que se practique oportunamente-, por una deuda en concepto de Tasa de Servicios Generales (v. presentación electrónica de 2-III-2023).
II. La causa fue iniciada ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°3 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús. Empero, poniendo de resalto la disposición normativa que prevé el código adjetivo en supuestos de responsabilidad patrimonial de entes públicos estatales (art. 2 inc. 4), su juez se declaró incompetente para entender en el asunto, tras considerar que se trataba de un caso propio del fuero contencioso administrativo (v. resol. de 27-IV-2023).
De tal manera, las actuaciones pasaron al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús. Sin embargo, su titular rechazó la inhibitoria formulada tras ponderar que, habida cuenta de lo expresamente establecido en el art. 3 del decreto ley 9.122/78 -texto según ley 13.244- y tratándose de una acreencia derivada de un tributo municipal, debía ser el fuero civil y comercial el que interviniera.
En lo referente al argumento esgrimido por su colega preactuante, sostuvo que la regla contenida en el art. 2 inc. 4 del Código Contencioso Administrativo resulta aplicable a los supuestos en los que se articula una pretensión indemnizatoria por daños resultantes de la actividad lícita o ilícita de los sujetos estatales, mas no a las ejecuciones fiscales tales como la de autos.
En vista de ello, planteó formalmente el conflicto de competencia y ordenó elevar el expediente a esta Suprema Corte de Justicia, a los fines de que lo dirima con arreglo a la facultad que le confiere el art. 7 inc. 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101- (v. resol. de 12-V-2023).
III. Este Tribunal ha expresado que la cuestión relativa a la competencia para decidir en los juicios de apremio, luego de la puesta en funcionamiento del fuero contencioso administrativo, puede suscitar dudas en tanto se trata de casos susceptibles de ser encuadrados en los amplios términos en los que se ha establecido la cláusula general que define la materia contencioso administrativa (arts. 166 in fine , Const. prov. y 1, CCA; doctr. causas B. 67.796, "Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires", B. 67.800, "Caja de Previsión Social para Abogados", B. 67.836, "Cooperativa de Electricidad y Servicios Anexos", todas resol. de 19-V-2004 y B. 75.266, "Municipalidad de San Antonio de Areco", resol. de 6-VI-2018).
Para disiparlas, el legislador, al fijar los límites de la competencia de los jueces del fuero especializado en derecho público, ha dispuesto que a estos les corresponde resolver en materia de ejecuciones tributarias provinciales iniciadas por vía de apremio, pero no en los juicios de este tipo deducidos por el Fisco provincial en los que el crédito cuyo cobro se procura no es de naturaleza tributaria o en los juicios de apremio que promuevan las municipalidades, supuestos en los cuales se previó expresamente la competencia de los jueces en lo civil y comercial o de paz, según corresponda al domicilio fiscal del obligado (conf. arts. 2 inc. 8, CCA y 3, dec. ley 9122/78 -texto según ley 13.244-).
De allí que, en tanto la competencia del fuero contencioso administrativo para decidir en los juicios de apremio ha sido circunscripta por reglas expresas a la hipótesis señalada en el párrafo anterior, los órganos jurisdiccionales que deben intervenir en esta clase de asuntos son los correspondientes al fuero civil y comercial o, en su caso, los juzgados de paz (doctr. causa B. 75.266, cit.).
En otros términos y tal como se ha precisado reiteradamente en casos semejantes al presente, los únicos procesos de apremio cuya decisión ha sido confiada a los jueces en lo contencioso administrativo son aquellos en los que se persigue el cobro de tributos provinciales, es decir, de sumas que en concepto de impuestos, tasas o contribuciones han de ingresar al patrimonio de la Provincia, circunstancia que no se verifica en la especie (doctr. causas B. 70.802, "Municipalidad de Navarro", resol. de 30-III-2010; B. 71.145, "Municipalidad de Quilmes" y B. 71.173, "Municipalidad de Avellaneda", ambas resol. de 28-XII-2010; B. 71.257, "Municipalidad de Quilmes", resol. de 18-IV-2011; B. 71.469, "Municipalidad de Florencio Varela", resol. de 7-IX-2011; B. 72.984, "Municipalidad de San Isidro", resol. de 11-V-2016; B. 77.504, "Municipalidad de General Pueyrredon", resol. de 16-III-2022; B. 77.985, "Fiscalía del Estado", resol. de 10-VI-2022; B. 78.800, "Municipalidad de Avellaneda", resol. de 11-VIII-2023 y B. 78.492, "Municipalidad de General Alvarado", resol. de 14-II-2024).
IV. A tenor de los fundamentos arriba expuestos, toda vez que del contenido de la presentación de fecha 2-III-2023 surge que el pleito versa sobre la ejecución de un apremio municipal -en concreto, por una acreencia derivada de la omisión de ingreso de la Tasa de Servicios Generales- y no tratándose de un supuesto en el que esté en juego la responsabilidad patrimonial del estado provincial, corresponde que sea el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°3 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús el que continúe entendiendo en la proceso (doctr. causa B. 77.985, cit.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°3 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús, ante el cual, por Secretaría, se radicará el expediente para la prosecución de su trámite (cfr. art. 7 inc. 1, CCA).
Asimismo, ofíciese al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 departamental para que tome conocimiento de lo que aquí se decide.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 26/08/2024 12:58:54 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/08/2024 14:06:15 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 27/08/2024 06:37:37 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/08/2024 12:34:37 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/08/2024 14:11:02 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 28/08/2024 14:16:54 hs. bajo el número RR-659-2024 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia