Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 79403
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia del Juzgado de Paz Letrado de Laprida para seguir conociendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se radicarán electrónicamente los obrados para la prosecución de su trámite.
B.79.403 "FISCALIA DE ESTADO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ MUNICIPALIDAD DE LAPRIDA S/APREMIO (INFOREC 904) - CUESTIÓN DE COMPETENCIA ART. 7 INC. 1 LEY 12.008"
I. El Fisco de la Provincia de Buenos Aires promovió juicio de apremio contra la Municipalidad de Laprida a fin de percibir la suma total de $194.400 en concepto de multa con más sus intereses, costos y costas, la cual fuera impuesta a la demandada por la Dirección Provincial de Fiscalización del Transporte -dependiente del Ministerio de Transporte-, en el marco de las actuaciones administrativas identificadas como EX-2023-20961679-GDEBA-DSTECMTRAGP, por haber infringido lo dispuesto en los arts. 58 y 58 bis del decreto ley 16.378/57 -texto según ley 10.456- al efectuar un servicio de transporte de pasajeros intercomunal sin la pertinente autorización (v. presentación electrónica de 11-III-2024).
II. La causa se inició ante el Juzgado de Paz Letrado de Laprida, cuyo titular se declaró incompetente tras entender que el objeto de la litis excedía el ámbito de competencia material que le asigna el art. 61 de la ley 5.827 -texto según ley 13.645-, ello por tratarse de un caso que subsume en la cláusula general que define la materia contencioso administrativa, en tanto la confrontación involucraría la responsabilidad patrimonial de un municipio (v. resol. de 15-III-2024).
De este modo, las actuaciones fueron radicadas ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Azul.
Su titular, no obstante, rechazó la inhibitoria al advertir, con base en doctrina de este Tribunal, los límites de la competencia contencioso administrativa. Remarcó que a este únicamente le corresponde el conocimiento de las ejecuciones iniciadas por la vía del apremio cuando la pretendida acreencia emana de una deuda por un tributo provincial, pero no en aquellas en las que el crédito que se procura no es de tal naturaleza -lo que sucedería en autos al tratarse de una multa- (cfr. arts. 2 inc. 8 y 76 bis, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 3, decreto ley 9.122/78 -texto según ley 13.244- y 1, ley 13.406).
Ante este escenario, planteó formalmente el conflicto de competencia y ordenó elevar el expediente a esta Suprema Corte de Justicia, a los efectos de que se dirima de conformidad con el art. 7 inc. 1 del Código Contencioso Administrativo (v. resol. de 8-V-2024).
III. Este Tribunal ha expresado que la cuestión relativa a la competencia para decidir en los juicios de apremio, luego de la puesta en funcionamiento del fuero contencioso administrativo, puede suscitar dudas en tanto se trata de casos susceptibles de ser encuadrados en los amplios términos en los que se ha establecido la cláusula general que define la materia contencioso administrativa (arts. 166 in fine , Const. prov. y 1, CCA; doctr. causas B. 67.796, "Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires", B. 67.800, "Caja de Previsión Social para Abogados", B. 67.836, "Cooperativa de Electricidad y Servicios Anexos", todas resol. de 19-V-2004 y B. 75.266, "Municipalidad de San Antonio de Areco", resol. de 6-VI-2018).
Para disiparlas, el legislador, al fijar los límites de la competencia de los jueces del fuero especializado en derecho público, ha dispuesto que a estos les corresponde resolver en materia de ejecuciones tributarias provinciales iniciadas por vía de apremio, pero no en los juicios de este tipo deducidos por el Fisco provincial en los que el crédito cuyo cobro se procura no es de naturaleza tributaria o en los juicios de apremio que promuevan las municipalidades, supuestos en los cuales se previó expresamente la competencia de los jueces en lo civil y comercial o de paz, según corresponda al domicilio fiscal del obligado (conf. arts. 2 inc. 8, CCA y 3, dec. ley 9122/78 -texto según ley 13.244-).
De allí que, en tanto la competencia del fuero contencioso administrativo para decidir en los juicios de apremio ha sido circunscripta por reglas expresas a la hipótesis señalada en el párrafo anterior, los órganos jurisdiccionales que deben intervenir en esta clase de asuntos son los correspondientes al fuero civil y comercial o, en su caso, los juzgados de paz (doctr. causas B. 75.266, cit.; B. 78.721, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 19-IV-2024 y B. 79.074, "Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 29-IV-2024, e.o.).
En otros términos y tal como se ha precisado reiteradamente en casos semejantes al presente, los únicos procesos de apremio cuya decisión ha sido confiada a los jueces en lo contencioso administrativo son aquellos en los que se persigue el cobro de tributos provinciales, es decir, de sumas que en concepto de impuestos, tasas o contribuciones han de ingresar al patrimonio de la Provincia, circunstancia que no se verifica en la especie (doctr. causas B. 70.802, "Municipalidad de Navarro", resol. de 30-III-2010; B. 71.145, "Municipalidad de Quilmes" y B. 71.173, "Municipalidad de Avellaneda", ambas resol. de 28-XII-2010; B. 71.257, "Municipalidad de Quilmes", resol. de 18-IV-2011; B. 71.469, "Municipalidad de Florencio Varela", resol. de 7-IX-2011; B. 72.984, "Municipalidad de San Isidro", resol. de 11-V-2016; B. 77.504, "Municipalidad de General Pueyrredon", resol. de 16-III-2022; B. 77.985, "Fiscalía del Estado", resol. de 10-VI-2022; B. 78.800, "Municipalidad de Avellaneda", resol. de 11-VIII-2023 y B. 78.492, "Municipalidad de General Alvarado", resol. de 14-II-2024).
IV. A tenor de los fundamentos arriba expuestos, toda vez que del contenido del escrito postulatorio surge que el Fisco de la Provincia de Buenos Aires pretende, por vía de apremio, cobrarse un crédito que no es de naturaleza tributaria -se trata de una acreencia derivada de una multa- y teniendo en consideración el domicilio fiscal de la demandada, corresponde que sea el Juzgado de Paz Letrado de Laprida el que continúe entendiendo en la presente ejecución.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia del Juzgado de Paz Letrado de Laprida para seguir conociendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se radicarán electrónicamente los obrados para la prosecución de su trámite.
Hágase saber lo aquí decidido al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Azul.
Regístrese por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 26/08/2024 12:59:01 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/08/2024 14:06:17 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 27/08/2024 06:38:19 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/08/2024 12:34:39 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/08/2024 14:11:04 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 28/08/2024 14:16:57 hs. bajo el número RR-662-2024 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia