Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 78721
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°14 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, ante quien, por Secretaría, se radicará electrónicamente el expediente para a prosecución del trámite (cfr. art. 7 inc. 1, CCA).
Asimismo, ofíciese al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 departamental para que tome conocimiento de lo que aquí se decide.
B.78.721 "FISCO PCIA. BUENOS AIRES C/ RIVERO ANA IRENE S/ APREMIO PROVINCIAL -CUESTION DE COMPETENCIA ART. 7 LEY 12.008-"
I. El Fisco de la Provincia de Buenos Aires promueve juicio de apremio contra la señora Ana Irene Rivero, a fin de percibir la suma de $64.800 en concepto de multa con más sus intereses, impuesta por la Dirección Provincial de Fiscalización del Transporte en razón de la infracción cometida -prestación del servicio de transporte intercomunal sin autorización- el día 16 de diciembre de 2022 (arts. 211, decreto 6864/58; 58 y 58 bis del decreto ley 16.378/57 -texto según ley 10.546/86-).
Cautelarmente, solicita se decrete: 1) el embargo sobre todos aquellos bienes (automotores, embarcaciones, inmuebles, activos financieros y bancarios) que la demandada pudiera poseer; y 2) la inhibición general de bienes de esta última (v. presentación electrónica de fecha 16-XII-2022).
II. El expediente se radicó en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.
La titular del organismo, al tiempo de librar mandamiento de intimación de pago y embargo, concedió el segundo de los requerimientos cautelares peticionados en autos (v. proveído electrónico de fecha 28-XII-2022).
Interesa señalar que, luego de la presentación que realizara la apoderada fiscal, en cuya oportunidad aclaró que había deducido la pretensión ante el fuero contencioso administrativo "...por un error involuntario [...], cuando se debería haber iniciado en el fuero civil y comercial" (v. escrito electrónico de fecha 6-II-2023), la magistrada actuante decidió dejar sin efecto lo dispuesto en su primera intervención (cfr. arts. 36 inc. 3, CPCC y 77 inc. 1, ley 12.008) y, seguidamente, declaró su incompetencia.
Para decidir de esa manera, advirtió, con base en doctrina de este Tribunal, los límites de la competencia del fuero contencioso administrativo, al que le corresponde el conocimiento de las ejecuciones tributarias provinciales iniciadas por la vía de apremio, pero no aquellas en los que el crédito cuyo cobro se procura no es de naturaleza tributaria y en los juicios de apremio que promueven las municipalidades (cfr. arts. 2 inc. 8, CCA; 3, decreto ley 9122/77 -texto según ley 13.244- y 1, ley 13.406) -v. sent. interlocutoria de fecha 16-II-2023-.
A su turno, habiendo sido sorteado el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°14 de aquel departamento judicial, el magistrado a su cargo no aceptó la competencia que se le estaba endilgando tras considerar que la inhibitoria de su par previniente resultaba extemporánea, ya que -a su entender- no cumplía con las oportunidades preclusivas previstas en el Código Procesal Civil y Comercial para su declaración, siendo la única excepción a ello -agregó- "...la competencia federal por razón de la materia, que debe ser declarada en cualquier estado del proceso" (ver resol. electrónica de fecha 9-III-2023).
Por consiguiente, los obrados le fueron devueltos a la jueza especializada, quien mantuvo incólumes sus fundamentos primigenios. En refuerzo de su postura, remarcó "...que la providencia en cuestión, no sólo no había adquirido firmeza [...], sino que no obra en los actuados diligencias consecuentes con lo allí ordenado".
De este modo, denunció formalmente la existencia de una contienda negativa, con lo cual elevó los obrados a esta Suprema Corte para que sea resuelta en los términos del art. 7 inc. 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101- (v. resol. electrónica de fecha 11-IV-2023).
III. Comenzando por la oportunidad en la cual la jueza de origen se desprendió de la causa -algo que el magistrado en lo civil y comercial reputó primordial a la hora de rechazar su propia intervención-, no es posible sostener que la actividad desplegada por aquella haya dado lugar a preclusión, en tanto su pronunciamiento declinatorio de fecha 16-II-2023 no surgió de oficio ni fue consentido por las partes, sino que tuvo lugar ante el señalamiento de un error involuntario cometido y denunciado a tiempo por el propio demandante.
Por tanto, no verificándose óbices de índole procedimental con impacto en los principios de seguridad jurídica y economía procesal (conf. arts. 2, 4, 8, 9, 10, 350 y concs., CPCC; doctr. causa B. 78.915, "Escruela", resol. de 24-X-2023 y sus citas), corresponde pronunciarse acerca de la competencia ratione materiae.
IV. Es preciso recordar que este Tribunal ha expresado que la cuestión relativa a la competencia para decidir en los juicios de apremio, luego de la puesta en funcionamiento del fuero contencioso administrativo, puede suscitar dudas en tanto se trata de casos susceptibles de ser encuadrados en los amplios términos en los que se ha establecido la cláusula general que define la materia contencioso administrativa (arts. 166 in fine , Const. prov. y 1, CCA; doctr. causas B. 67.796, "Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires", B. 67.800, "Caja de Previsión Social para Abogados", B. 67.836, "Cooperativa de Electricidad y Servicios Anexos", todas resol. de 19-V-2004 y B. 75.266, "Municipalidad de San Antonio de Areco", resol. de 6-VI-2018).
Para disiparlas, el legislador, al fijar los límites de la competencia de los jueces del fuero especializado en derecho público, ha dispuesto que a estos les corresponde resolver en materia de ejecuciones tributarias provinciales iniciadas por vía de apremio, pero no en los juicios de este tipo deducidos por el Fisco provincial en los que el crédito cuyo cobro se procura no es de naturaleza tributaria o en los juicios de apremio que promuevan las municipalidades, supuestos en los cuales se previó expresamente la competencia de los jueces en lo civil y comercial o de paz, según corresponda al domicilio fiscal del obligado (conf. arts. 2 inc. 8, CCA y 3, dec. ley 9122/78 -texto según ley 13.244-). De allí que, en tanto la competencia del fuero contencioso administrativo para decidir en los juicios de apremio ha sido circunscripta por reglas expresas a la hipótesis señalada en el párrafo anterior, los órganos jurisdiccionales que deben intervenir en esta clase de asuntos son los correspondientes al fuero civil y comercial o, en su caso, los juzgados de paz (doctr. causa B. 75.266, cit.).
En otros términos y tal como se ha precisado reiteradamente en casos semejantes al presente, los únicos procesos de apremio cuya decisión ha sido confiada a los jueces en lo contencioso administrativo son aquellos en los que se persigue el cobro de tributos provinciales, es decir, de sumas que en concepto de impuestos, tasas o contribuciones han de ingresar al patrimonio de la Provincia, circunstancia que no se verifica en la especie (doctr. causas B. 70.802, "Municipalidad de Navarro", resol. de 30-III-2010; B. 71.145, "Municipalidad de Quilmes" y B. 71.173, "Municipalidad de Avellaneda", ambas resol. de 28-XII-2010; B. 71.257, "Municipalidad de Quilmes", resol. de 18-IV-2011; B. 71.469, "Municipalidad de Florencio Varela", resol. de 7-IX-2011; B. 72.984, "Municipalidad de San Isidro", resol. de 11-V-2016; B. 77.504, "Municipalidad de General Pueyrredon", resol. de 16-III-2022; B. 77.985, "Fiscalía del Estado", resol. de 10-VI-2022; B. 78.800, "Municipalidad de Avellaneda", resol. de 11-VIII-2023 y B. 78.492, "Municipalidad de General Alvarado, resol. de 14-II-2024).
V. A tenor de los fundamentos arriba expuestos, toda vez que del contenido de la presentación de fecha 16-XII-2022 surge que el Fisco de la Provincia de Buenos Aires pretende, por vía de apremio, cobrarse un crédito que no es de naturaleza tributaria, corresponde que sea el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°14 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora el que continúe entendiendo en la controversia (doctr. causa B. 77.985, cit.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°14 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, ante quien, por Secretaría, se radicará electrónicamente el expediente para a prosecución del trámite (cfr. art. 7 inc. 1, CCA).
Asimismo, ofíciese al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 departamental para que tome conocimiento de lo que aquí se decide.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 17/04/2024 17:28:44 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/04/2024 08:59:32 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/04/2024 11:51:29 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 19/04/2024 13:19:39 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/04/2024 14:14:08 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 19/04/2024 14:18:11 hs. bajo el número RR-230-2024 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia